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Renunciará también a su acta de diputado al igual que José Luis Corcuera, que en su caso lo hace por sentirse afectado por el 'caso Roldán'

Solchaga dimite como portavoz del PSOE por el ‘caso Rubio’, le reemplaza el ‘felipista’ Almunia con el rechazo de los ‘guerristas’

HECHOS

El 10.05.1994 D. Joaquín Almunia fue elegido nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

D. CARLOS SOLCHAGA DIMITIÓ COMO PORTAVOZ DEL PSOE TRAS LA DETENCIÓN DE RUBIO

Rubio_encarcelado D. Carlos Solchaga Catalán dimitió como Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso (cargo que ocupaba desde 1993) tras la detención de su antiguo colaborador D. Mariano Rubio. El Sr. Solchaga fue quien propuso al Sr. Rubio como Gobernador del Banco de España en 1983 y le defendió en 1992 ante el estallido del caso Ibercorp.

UNA CABEZA RECLAMADA POR ‘LOS GUERRISTAS’ DEL PSOE

Ibarra_1994 La cabeza del Sr. Solchaga por el escándalo Rubio no fue sólo reclamada por los partidos de la oposición (la llamada ‘pinza’ del Partido Popular e Izquierda Unida), sino también dentro del PSOE por el sector ‘guerrista’ con el que estaba enfrentado abiertamente el Sr. Solchaga desde 1990. Uno de los más característicos dirigentes ‘guerristas’, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra la había pedido públicamente.

ALMUNIA, NUEVO PORTAVOZ DEL PSOE CON GRAN DIVISIÓN INTERNA

almunia

A la hora de votar al nuevo Portavoz del Grupo Parlamentario, el Secretario de Organización del PSOE, el ‘felipista’ D. Ciprià Ciscar intentó que Almunia fuera elegido por unanimidad sin votación, pero los ‘guerristas’ encabezados por D. Javier Sáenz Cosculluela forzó una votación secreta. 91 diputados votaron a favor, mientras que 42 diputados votaron en blanco y uno en contra. Aparentemente esos 43 opositores eran los votantes del sector ‘guerrista’.

ONETO (TIEMPO) EN ‘ANTENA 3 NOTICIAS’: «SOLCHAGA ES EL ENCUBRIDOR DE MARIANO RUBIO»

zap_onetoa3El director de la revista TIEMPO (del Grupo Zeta) había pedido reiteradamente desde el informativo de ANTENA 3 TV (también del Grupo Zeta) la dimisión de D. Carlos Solchaga como Portavoz socialista por ser ‘el encubridor’ de D. Mariano Rubio, al que nombró y defendió.

02 Mayo 1994

Responsabilidades políticas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Durante años, los socialistas han sostenido que sólo existían, en relación a los escándalos de corrupción, dos tipos de responsabilidades: las penales, que derivaban de sentencia firme de los tribunales, y las políticas, que se dilucidaban sólo ante las urnas. La única oportunidad de los ciudadanos era, así, castigar con el voto a los partidos implicados en tales escándalos. Tan escueta doctrina carece de respuesta para situaciones como las que ahora están sobre la mesa, y, en ese sentido, alguna razón tiene Solchaga cuando afirma que no hay una jurisprudencia interna aplicable a su caso.Pero se equivoca cuando se ampara en esa laguna para desplazar hacia su partido la responsabilidad de decidir si debe o no irse, y, en el primer caso, cuándo conviene que lo haga. Si decidieran por él, ya no sería una dimisión, y el significado político de su salida del cargo variaría radicalmente. El argumento de que en todo caso hará lo que convenga a su partido no es convincente: de lo que se trata es precisamente de demostrar que se está dispuesto a hacer, en defensa del sistema, incluso aquello que pueda perjudicar al propio partido. Lo mismo vale para el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, que puso su escaño «a disposición del partido» tras el escándalo del el director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

La dimisión es la única fórmula de asumir una responsabilidad política. Su función más inmediata es la de apaciguar a la opinión pública ante escándalos que afectan a la credibilidad del sistema. En ese sentido, su eficacia es proporcional a la rapidez con que se produzca. Resulta contradictorio con este principio el planteamiento de Felipe González, respaldado por la dirección socialista, de que las dimensiones de Corcuera y Solchaga se decidirán cuando se demuestre que fueron negligentes con la gestión de Rubio y Roldán.

La dimisión no significa aceptar una culpabilidad. La de Julián García Valverde como ministro de Sanidad por las irregularidades producidas en Renfe cuando la dirigía no podría considerarse una prueba contra él (como se pretendió en su día con el argumento de que si no fuera culpable no habría dimitido). Pero el caso de García Valverde constituye a la vez un precedente de dimisión de un cargo diferente a aquel por el que se le exigían responsabilidades. Si la dimisión tiene que ver con la necesidad de hacer frente a la alarma social producida, carece de relevancia cuál sea el puesto al que, se renuncie mientras quede claro que la renuncia es consecuencia del reconocimiento de responsabilidades.

Pero esa asunción no podrá ser indiscriminada o arbitraria. Una proyección sistemática hacia arriba produciría el efecto de que nadie respondería personalmente de sus actos: siempre habría alguien responsable del nombramiento de quien se ha mostrado indigno del cargo. Es lo que se puso de manifiesto en Francia con el asunto de la sangre contaminada. Pero la adscripción de responsabilidades tampoco podrá ser arbitraria en el sentido de que la elección de un culpable dependa de su relevancia pública y, por tanto, de su capacidad para calmar las exigencias expiatorias de la opinión pública. La responsabilidad política tiene que guardar relación directa con el mal causado, sea por acción u omisión.

En el caso de Solchaga, su identificación como responsable político delcaso Rubio no deriva tanto de haber avalado su nombramiento y su continuidad como de su fracaso en la investigación de las denuncias planteadas públicamente en 1992 contra el entonces gobernador del Banco de España. Se trata de un criterio objetivo, al margen de las intenciones: o bien no se hizo la investigación que Solchaga se comprometió a impulsar, o bien se hizo mal, puesto que no se detectó aquello que hoy parece evidente y sobre lo que ya existían indicios como para que el ministro se esmerara en investigarlos.

En el caso de Corcuera -y también de Barrionuevo, que lo nombró-, su responsabilidad deriva sobre todo de no haber detectado lo que hoy sabe todo el mundo; no se trata tanto de no haber denunciado lo que sabía, sino de no haberse esforzado por saber: por hacer la vista gorda ante indicios tan abrumadores como el enriquecimiento a ojos vistas de Roldán. Es inaudito que durante más de siete años nadie reparase en la mentira de los títulos inexistentes, en el descontrol de los fondos reservados, en que la Dirección General de la Guardia Civil se había convertido en una oficina de negocios privados de Luis Roldán y sus cómplices. Tal vez existan atenuantes. Pero la opinión pública podrá considerarlas sólo después de la asunción de responsabilidades mediante la dimisión, y sólo entonces podrá tomarse en serio la disposición de los socialistas de supeditar sus intereses partidarios a los del sistema.

11 Mayo 1994

Almuna y Solchaga

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

EL NUEVO portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, salió del Gobierno en 1991. Su pase a la reserva fue consecuencia, según la expresión que Semprún atribuye a González en sus memorias, de la necesidad. de «salvaguardar los equilibrios internos». Dicho de otra manera, por la necesidad de ofrecer a los guerristas una mínima compensación que les consolase de la pérdida de la vicepresidencia. Que Almunia, un político de perfil reformista y con fama de buen negociador, haya estado fuera del Gobierno durante estos años le ha permitido mantener el prestigio adquirido a su paso por los ministerios de Trabajo y Administraciones Públicas, sin verse afectado por la espiral de fracasos de la gestión gubernamental durante el último periodo. Pese a todo, 43 diputados socialistas decidieron ayer no respaldarle con su voto, lo que da idea cabal de que las divisiones internas no sólo no están superadas pese al apoyo prestado por Guerra a González, sino que afloran en cuanto hay una elección sobre la mesa.Almunia sustituye a Solchaga, uno de los políticos más notables del PSOE actual. El balance positivo de su paso por Industria (1982-85) se prolongó, ya como principal responsable de la política económica, hasta 1989. Desde esta fecha, Solchaga ha combinado un discurso liberal que ha enfurecido a los sindicatos con una política básicamente socialdemócrata, cuya faceta de aumento del gasto público resultó especialmente inadecuada para la fase recesiva que se iniciaba. Y sin embargo, gran parte del fracaso de la política económica asociada al nombre de Solchaga se debe a decisiones adoptadas, por motivos políticos, contra su criterio expreso. Y su presencia como portavoz del Grupo Socialista tras las elecciones de 1993 favoreció una cierta imagen de continuidad de la política económica que no se correspondía con la realidad. La decisión de González de imponer su candidatura para un puesto tan significado como el que ahora abandona se ha revelado como un error político, por más que Solchaga sea uno de los más solventes parlamentarios socialistas, y probablemente el más brillante orador de su grupo.

Pero el caso de su sucesor demuestra que si bien la renovación bien entendida empieza por uno mismo, ello no tiene por qué significar la jubilación anticipada: irse a tiempo es con frecuencia una forma de poder volver. Ha vuelto Almunia y, en su día, puede que vuelva Solchaga.

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