10 mayo 1994

Renunciará también a su acta de diputado al igual que José Luis Corcuera, que en su caso lo hace por sentirse afectado por el 'caso Roldán'

Solchaga dimite como portavoz del PSOE por el ‘caso Rubio’, le reemplaza el ‘felipista’ Almunia con el rechazo de los ‘guerristas’

Hechos

El 10.05.1994 D. Joaquín Almunia fue elegido nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

Lecturas

D. Carlos Solchaga Catalán, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, anuncia el 29 de abril de 1994 su dimisión después de que se haga público que el exgobernador del Banco de España, D. Mariano Rubio Jiménez, defraudaba a Hacienda.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE D. Felipe González Márquez propone para reemplazarle a D. Joaquín Almunia Amann, uno de los líderes del sector ‘felipista’ que es elegido por el grupo parlamentario el 10 de mayo de 1994 como su nuevo portavoz con 91 votos a favor (los ‘felipistas’, 42 en blanco (‘los guerristas’) y 25 ausencias. D. Javier Sáenz Cosculluela (‘guerrista’) y D. Manuel de la Rocha Rubi (Izquierda Socialista) reprocharon a los ‘felipistas’ no haber designado a un candidato de consenso.

D. CARLOS SOLCHAGA DIMITIÓ COMO PORTAVOZ DEL PSOE TRAS LA DETENCIÓN DE RUBIO

Rubio_encarcelado D. Carlos Solchaga Catalán dimitió como Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso (cargo que ocupaba desde 1993) tras la detención de su antiguo colaborador D. Mariano Rubio. El Sr. Solchaga fue quien propuso al Sr. Rubio como Gobernador del Banco de España en 1983 y le defendió en 1992 ante el estallido del caso Ibercorp.

UNA CABEZA RECLAMADA POR ‘LOS GUERRISTAS’ DEL PSOE

Ibarra_1994 La cabeza del Sr. Solchaga por el escándalo Rubio no fue sólo reclamada por los partidos de la oposición (la llamada ‘pinza’ del Partido Popular e Izquierda Unida), sino también dentro del PSOE por el sector ‘guerrista’ con el que estaba enfrentado abiertamente el Sr. Solchaga desde 1990. Uno de los más característicos dirigentes ‘guerristas’, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra la había pedido públicamente.

ALMUNIA, NUEVO PORTAVOZ DEL PSOE CON GRAN DIVISIÓN INTERNA

almunia

A la hora de votar al nuevo Portavoz del Grupo Parlamentario, el Secretario de Organización del PSOE, el ‘felipista’ D. Ciprià Ciscar intentó que Almunia fuera elegido por unanimidad sin votación, pero los ‘guerristas’ encabezados por D. Javier Sáenz Cosculluela forzó una votación secreta. 91 diputados votaron a favor, mientras que 42 diputados votaron en blanco y uno en contra. Aparentemente esos 43 opositores eran los votantes del sector ‘guerrista’.

ONETO (TIEMPO) EN ‘ANTENA 3 NOTICIAS’: «SOLCHAGA ES EL ENCUBRIDOR DE MARIANO RUBIO»

zap_onetoa3El director de la revista TIEMPO (del Grupo Zeta) había pedido reiteradamente desde el informativo de ANTENA 3 TV (también del Grupo Zeta) la dimisión de D. Carlos Solchaga como Portavoz socialista por ser ‘el encubridor’ de D. Mariano Rubio, al que nombró y defendió.

02 Mayo 1994

Responsabilidades políticas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Durante años, los socialistas han sostenido que sólo existían, en relación a los escándalos de corrupción, dos tipos de responsabilidades: las penales, que derivaban de sentencia firme de los tribunales, y las políticas, que se dilucidaban sólo ante las urnas. La única oportunidad de los ciudadanos era, así, castigar con el voto a los partidos implicados en tales escándalos. Tan escueta doctrina carece de respuesta para situaciones como las que ahora están sobre la mesa, y, en ese sentido, alguna razón tiene Solchaga cuando afirma que no hay una jurisprudencia interna aplicable a su caso.Pero se equivoca cuando se ampara en esa laguna para desplazar hacia su partido la responsabilidad de decidir si debe o no irse, y, en el primer caso, cuándo conviene que lo haga. Si decidieran por él, ya no sería una dimisión, y el significado político de su salida del cargo variaría radicalmente. El argumento de que en todo caso hará lo que convenga a su partido no es convincente: de lo que se trata es precisamente de demostrar que se está dispuesto a hacer, en defensa del sistema, incluso aquello que pueda perjudicar al propio partido. Lo mismo vale para el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, que puso su escaño «a disposición del partido» tras el escándalo del el director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

La dimisión es la única fórmula de asumir una responsabilidad política. Su función más inmediata es la de apaciguar a la opinión pública ante escándalos que afectan a la credibilidad del sistema. En ese sentido, su eficacia es proporcional a la rapidez con que se produzca. Resulta contradictorio con este principio el planteamiento de Felipe González, respaldado por la dirección socialista, de que las dimensiones de Corcuera y Solchaga se decidirán cuando se demuestre que fueron negligentes con la gestión de Rubio y Roldán.

La dimisión no significa aceptar una culpabilidad. La de Julián García Valverde como ministro de Sanidad por las irregularidades producidas en Renfe cuando la dirigía no podría considerarse una prueba contra él (como se pretendió en su día con el argumento de que si no fuera culpable no habría dimitido). Pero el caso de García Valverde constituye a la vez un precedente de dimisión de un cargo diferente a aquel por el que se le exigían responsabilidades. Si la dimisión tiene que ver con la necesidad de hacer frente a la alarma social producida, carece de relevancia cuál sea el puesto al que, se renuncie mientras quede claro que la renuncia es consecuencia del reconocimiento de responsabilidades.

Pero esa asunción no podrá ser indiscriminada o arbitraria. Una proyección sistemática hacia arriba produciría el efecto de que nadie respondería personalmente de sus actos: siempre habría alguien responsable del nombramiento de quien se ha mostrado indigno del cargo. Es lo que se puso de manifiesto en Francia con el asunto de la sangre contaminada. Pero la adscripción de responsabilidades tampoco podrá ser arbitraria en el sentido de que la elección de un culpable dependa de su relevancia pública y, por tanto, de su capacidad para calmar las exigencias expiatorias de la opinión pública. La responsabilidad política tiene que guardar relación directa con el mal causado, sea por acción u omisión.

En el caso de Solchaga, su identificación como responsable político delcaso Rubio no deriva tanto de haber avalado su nombramiento y su continuidad como de su fracaso en la investigación de las denuncias planteadas públicamente en 1992 contra el entonces gobernador del Banco de España. Se trata de un criterio objetivo, al margen de las intenciones: o bien no se hizo la investigación que Solchaga se comprometió a impulsar, o bien se hizo mal, puesto que no se detectó aquello que hoy parece evidente y sobre lo que ya existían indicios como para que el ministro se esmerara en investigarlos.

En el caso de Corcuera -y también de Barrionuevo, que lo nombró-, su responsabilidad deriva sobre todo de no haber detectado lo que hoy sabe todo el mundo; no se trata tanto de no haber denunciado lo que sabía, sino de no haberse esforzado por saber: por hacer la vista gorda ante indicios tan abrumadores como el enriquecimiento a ojos vistas de Roldán. Es inaudito que durante más de siete años nadie reparase en la mentira de los títulos inexistentes, en el descontrol de los fondos reservados, en que la Dirección General de la Guardia Civil se había convertido en una oficina de negocios privados de Luis Roldán y sus cómplices. Tal vez existan atenuantes. Pero la opinión pública podrá considerarlas sólo después de la asunción de responsabilidades mediante la dimisión, y sólo entonces podrá tomarse en serio la disposición de los socialistas de supeditar sus intereses partidarios a los del sistema.

05 Mayo 1994

A González ya solo le queda decir adiós

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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A YER, el ministro de Agricultura, Vicente Albero, presentó su dimisión. Lo hizo al darse cuenta de que se había descubierto que él también tuvo una cuenta de dinero negro en Ibercorp. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que ha dimitido cuando ya no le ha quedado más remedio. La Comisión del Mercado de Valores investiga si especuló con acciones del sector agroalimentario cuando era director del ramo en Agricultura. En todo caso, defraudó al Fisco. O sea, que lo suyo es otro gravísimo escándalo. Otro más. Otro de los muchos, de los muchísimos que jalonan en los últimos tiempos la vida diaria del país.

Ya no es posible considerarlos aisladamente. Los hay que, examinados en sí mismos, hubieran podido tomarse por secundarios. Por ejemplo, que el actual gobernador del Banco de España tuviera una cuenta en el muy atareado despacho de De la Concha y compañía. Si el conocimiento de la existencia de esa cuenta ha cobrado trascendencia no es porque haya en ella nada de ilegal -nadie ha pretendido que lo hubiera, por más protestas que haga en sentido contrario el aludido-, sino porque revela que, en un momento determinado, todo el staff de mando del Banco de España tenía rentables negocios con los promotores de Ibercorp: los tenía el gobernador, los tenía el subgobernador y los tenía, así fueran de otro género, el jefe del Servicio de Estudios, cargo que Luis Angel Rojo ostentaba a la sazón. El Banco de España, en esas condiciones, no podía ser una entidad neutral e independiente. Y no lo fue. Mariano Rubio pudo ser el contacto principal con De la Concha, pero el hecho es que la cúpula en pleno del Banco de España tenía intereses en él. Ese es el escándalo mayúsculo, que ayer desembocó en la detención de los propios Rubio y De la Concha por orden del fiscal.

Es algo semejante a lo que venimos sosteniendo en relación al Ministerio del Interior. ¿Que Roldán hizo esto y aquello? Sin duda. Y probablemente más. Pero está igual de claro que, como el propio Roldán dice y varios miembros de la comisión parlamentaria han subrayado, lo suyo no fueron tropelías aisladas. Hubo otros altos cargos de ese departamento que se lucraron a cuenta de los fondos reservados y de comisiones espurias. El «caso Roldán» es de hecho, el «caso Ministerio del Interior».

Los dos pilares de la corrupción

No se trata, no, de casos aislados. En la práctica, el análisis de la corrupción bajo el periodo felipista revela que ésta ha tenido dos líneas vertebrales, a las que, de un modo o de otro, aparecen vinculados todos los escándalos que han ido estallando después. La primera asomó a la luz al destaparse la trama de Filesa. La segunda emergió al saberse del «asunto Ibercorp». En ambos casos, dados a conocer por EL MUNDO, González decidió que había un solo culpable: el periódico que los denunciaba. Si hace dos años, cuando descubrimos la trama de Ibercorp, él hubiera promovido lo que prometió Solchaga -una investigación a fondo-, se habría ahorrado buena parte de lo que ahora se le cae encima. Para empezar, no hubiera mantenido a un gobernador del Banco emisor corrupto y no hubiera nombrado a un ministro de Agricultura corrupto.

Estamos ante la manifestación natural -y hasta cierto punto inevitable- de lo que ha generado la dodécada felipista. Buscando su propia protección, el felipismo ha ido neutralizando todos y cada uno de los mecanismos que la Constitución previó para que el Ejecutivo no pudiera desmandarse y obrar a su antojo: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, los medios públicos de comunicación… A lo que estamos asistiendo es a los efectos producidos por el descontrol que González buscó celosamente. La corrupción no es una excrecencia del felipismo, sino la manifestación de su propia esencia.

Y ahora se esconde. Hace una semana que en este país el desaparecido más preocupante no es Roldán, sino el jefe del Gobierno. La grey, dejada de la mano de «Dios», se ha dispersado. Y, en ese escenario caótico, surge un Rodríguez Ibarra que sugiere malévolo que González no dice nada… porque probablemente no tiene nada que decir. Y aparece un consternado Belloch que constata que España no ha pasado por ningún trago peor desde el 23-F. Y hasta viene un Garzón que convoca a González a capitanear la lucha contra la corrupción («Aunque sea lo último que haga», dice fúnebre), como quien pide a Atila que encabece el combate contra los hunos. Entretanto, se anuncia que algunos -Solchaga, Corcuera, Barrionuevo- están prestos a materializar de una vez la dimisión con la que tanto han mareado durante semanas. Pero eso, que hubiera podido tener algún efecto lenitivo en su día, ahora ya no tiene valor alguno. Es como tratar de apuntalar un edificio que ya ha comenzado a derrumbarse.

Ni siquiera tiene mucho sentido, a estas alturas, el forcejeo que la oposición ha librado en las últimas horas para obligar a González a «comparecer», o sea, a dar la cara en el Congreso. Nada de lo que diga puede alterar el diagnóstico fatal. Claro que representa un desprecio al Parlamento que haya decidido presentarse ante la Prensa antes que ante los representantes de la soberanía popular. Pero, ¿importa realmente ya, un desprecio más o menos?

Lo único que tiene importancia es que -sea ante la Prensa, sea ante el Parlamento, sea lisa y llanamente ante el Rey- González presente ya su definitiva e irrevocable renuncia al cargo. Porque un hombre cuyos continuos y gravísimos errores han quedado hasta tal punto en evidencia no puede seguir ni un momento más al frente del país.

La alternativa de emergencia

El peligro, vistos los antecedentes personales, es que trate de hacer una nueva pirueta y mantenerse en el cargo a costa de lo que sea. Y es un grave peligro porque «lo que sea», en este caso, afecta de modo muy directo a la salud de la democracia española. Ahí sus compañeros de partido, sus hasta ahora aliados de Convergència i Unió y el resto de la clase política han de ser firmes. La egolatría de un hombre no puede hipotecar el porvenir de todo un pueblo. El lehendakari Ardanza advirtió ayer al PSOE del «serio riesgo» que corre de encaminarse a «una especie de suicidio colectivo» y recomendó a González que sea «valiente». Conviene que otros se aseguren de que no tenga más remedio que serlo.

Ya solamente quedan dos salidas. La primera es que el propio González disuelva las Cámaras y convoque elecciones generales, sometiéndose al veredicto popular. La otra -preferible por muchos conceptos- es que presente su dimisión y deje que el PSOE designe un Gobierno de personalidades que no estén sujetas a sospecha de corrupción, encargándolo de gestionar el periodo de transición que conduzca a las elecciones generales, a celebrar después del verano.

En todo caso, conviene insistir en que, por aguda que sea la crisis actual -que lo es, ciertamente-, estamos ante el derrumbamiento de un Gobierno, no ante una crisis del sistema. Por fortuna para todos, la Constitución prevé emergencias como ésta. Son doce años de un modo de gobernar los que se vienen abajo y, dada la falta de práctica en la alternancia que tenemos, eso puede parecer más grave que lo que realmente es. La democracia, sin embargo, puede asumir una situación como ésa sin sufrir ningún daño. Incluso puede aprovecharse de ella para reforzarse.

El PSOE ha cubierto una época. Una de las muchas que está llamado a vivir. La experiencia felipista -que no socialista- ha terminado en un fiasco. Ahora lo que se necesita es que todas las fuerzas políticas colaboren en la más rápida y limpia resolución de la crisis.

Por la vía de las urnas, que no sólo es la mejor, sino la única aceptable.

11 Mayo 1994

Almuna y Solchaga

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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EL NUEVO portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, salió del Gobierno en 1991. Su pase a la reserva fue consecuencia, según la expresión que Semprún atribuye a González en sus memorias, de la necesidad. de «salvaguardar los equilibrios internos». Dicho de otra manera, por la necesidad de ofrecer a los guerristas una mínima compensación que les consolase de la pérdida de la vicepresidencia. Que Almunia, un político de perfil reformista y con fama de buen negociador, haya estado fuera del Gobierno durante estos años le ha permitido mantener el prestigio adquirido a su paso por los ministerios de Trabajo y Administraciones Públicas, sin verse afectado por la espiral de fracasos de la gestión gubernamental durante el último periodo. Pese a todo, 43 diputados socialistas decidieron ayer no respaldarle con su voto, lo que da idea cabal de que las divisiones internas no sólo no están superadas pese al apoyo prestado por Guerra a González, sino que afloran en cuanto hay una elección sobre la mesa.Almunia sustituye a Solchaga, uno de los políticos más notables del PSOE actual. El balance positivo de su paso por Industria (1982-85) se prolongó, ya como principal responsable de la política económica, hasta 1989. Desde esta fecha, Solchaga ha combinado un discurso liberal que ha enfurecido a los sindicatos con una política básicamente socialdemócrata, cuya faceta de aumento del gasto público resultó especialmente inadecuada para la fase recesiva que se iniciaba. Y sin embargo, gran parte del fracaso de la política económica asociada al nombre de Solchaga se debe a decisiones adoptadas, por motivos políticos, contra su criterio expreso. Y su presencia como portavoz del Grupo Socialista tras las elecciones de 1993 favoreció una cierta imagen de continuidad de la política económica que no se correspondía con la realidad. La decisión de González de imponer su candidatura para un puesto tan significado como el que ahora abandona se ha revelado como un error político, por más que Solchaga sea uno de los más solventes parlamentarios socialistas, y probablemente el más brillante orador de su grupo.

Pero el caso de su sucesor demuestra que si bien la renovación bien entendida empieza por uno mismo, ello no tiene por qué significar la jubilación anticipada: irse a tiempo es con frecuencia una forma de poder volver. Ha vuelto Almunia y, en su día, puede que vuelva Solchaga.

Memorias Políticas

Joaquín Almunia

2001

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Carlos Solchaga entendió que el aval que le había prestado a Mariano Rubio por creer en su inocencia le obligaba a asumir su responsabilidad política, y dimitió como portavoz del grupo. También se vio obligado a dimitir, por un asunto de irregularidades fiscales, el ministro de Agricultura, Vicente Albero.

Nuestros aliados nacionalistas, pese al chaparrón, todavía nos respaldaban. No fue el caso de los diputados Garzón y Pérez Mariño, ambos urdieron la redacción de una resolución instnado la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Filesa. La indisciplina de los dos diputados independientes de nuestro grupo, actuando en connivencia con el PP sobre un asunto que afectaba directamente a la dirección del PSOE, encendió todas las señales de alarma y provocó un gran desconcierto entre nuestros parlamentarios.

Le propuse a Felipe que habría que hacer un cambio profundo en la Ejecutiva para que sirviese de apoyo y de altavoz a la acción del Gobierno, en vez de ponerle cada vez más zancadillas. Felipe me dijo que creía que yo era quien mejor podía sustituir a Solchaga. Su propuesta no fue esta vez objeto de controversia, aunque mi nombre no agradaba en absoluto a Alfonso Guerra y sus seguidores. Estos se habían encargado de recordar sus prevenciones ante el nombramiento de Solchaga meses atrás, pero ano estaban en condiciones de presentar su propia candidatura. Tampoco lo hicieron en la reunión del grupo.

Fui elegido portavoz con un porcentaje relativamente elevado de abstenciones – en torno a un tercio de los presentes – correspondientes a los votos guerristas. Habían transcurrido tres años desde mi salida del Gobierno y vovlía a tener sobre los hombros una responsabilidad de gran calado.