10 mayo 1994
Numerosas irregularidades detectadas por las últimas auditorías de la Cruz Roja, que revelan deudas de 7.530 millones con la Seguridad Social y 1.154 millones con Hacienda.
Carmen Mestre (PSOE) dimite como presidenta de la Cruz Roja, forzada por las denuncias de irregularidades y mala gestión

Hechos
10.05.1994 Dña. Carmen Mestre dimitió como máximo responsable de la Cruz Roja Española.
Lecturas
María del Carmen Mestre Vergara presenta su dimisión como presidenta de Cruz Roja Española después de que la publicación de las auditorías de la institución deje al descubierto una situación financiera difícilmente sostenible. Economista y antigua directora general de la Energía, secretaria general de Comunicaciones y presidenta de Caja Postal, Mestre había llegado a la presidencia de Cruz Roja en enero de 1990, nombrada por el Gobierno en sustitución de Leocadio Marín Rodríguez, después de haber ejercido desde 1988 como vicepresidenta ejecutiva. Su mandato pretendió modernizar una gigantesca organización humanitaria, diversificar su financiación —creó una Fundación Cruz Roja que incorporó a importantes empresarios y financieros— y reorganizar unos servicios que abarcaban desde hospitales y ambulancias hasta asistencia social, socorrismo y cooperación. Pero aquella expansión terminó acompañada de pérdidas crecientes, endeudamiento y una gestión descrita internamente como extraordinariamente presidencialista.
Cruz Roja Española no era una empresa pública ni un departamento ministerial. Era —y es— la sociedad nacional española del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una organización humanitaria con personalidad propia y una singular vinculación con el Estado. En 1994 esa relación era especialmente intensa: el Gobierno designaba formalmente a su presidente, el Ministerio de Asuntos Sociales financiaba y supervisaba importantes programas subvencionados y en su Consejo Nacional participaban representantes de la Administración. El dinero público recibido quedaba sujeto a fiscalización y justificación, incluido el control del Tribunal de Cuentas. Sólo en 1993 Asuntos Sociales había destinado a Cruz Roja unos 2.505 millones de pesetas, aproximadamente una cuarta parte de las subvenciones sociales distribuidas por el departamento.
Las cifras conocidas el 10 de mayo explicaban la crisis. Las auditorías de Ernst & Young registraban pérdidas de 351 millones de pesetas en 1990, 1.159 millones en 1991 y 1.416 millones en 1992, acompañadas de numerosas salvedades por insuficiencia de documentación. A finales de 1992 Cruz Roja debía 7.530 millones a la Seguridad Social y 1.154 millones a Hacienda, estos últimos correspondientes a retenciones del IRPF practicadas a trabajadores pero todavía no ingresadas. Hacienda había abierto además una inspección correspondiente a cinco ejercicios. Algunas asambleas provinciales carecían de sistemas contables adecuados y determinados gastos relacionados con la presencia de Cruz Roja en la Expo de Sevilla —una operación que rondó los 1.000 millones de pesetas— no aparecían suficientemente justificados en la documentación auditada.
A ello se sumaban las operaciones inmobiliarias. La más polémica procedía de 1991: Cruz Roja abandonó su sede de la calle Eduardo Dato de Madrid mediante una permuta valorada en 1.594 millones de pesetas, pese a existir una tasación anterior de 2.472 millones; apenas cuatro días después, Caja Postal concedió sobre aquel mismo inmueble una hipoteca de 2.937 millones. Parte de la contraprestación incluía además una donación de 160 millones cuyo cobro seguía pendiente. Otra propiedad valorada por la propia institución en cerca de 600 millones fue vendida por 400. Mestre y sus colaboradores defendieron la racionalidad económica de las operaciones y rechazaron que existiera apropiación personal, pero la sucesión de ventas alimentó la acusación de estar desprendiéndose del patrimonio de Cruz Roja en condiciones desfavorables.
Había además dinero público pendiente de justificar. El Tribunal de Cuentas había examinado las subvenciones procedentes del 0,5 % del IRPF de 1990 y señalaba que Cruz Roja había recibido aproximadamente 3.000 millones de pesetas. La documentación presentada sólo justificaba entonces los gastos correspondientes a las asambleas de Madrid y Barcelona; años después de concedida la subvención continuaba faltando documentación del resto de la organización. El Ministerio de Asuntos Sociales era precisamente el encargado de controlar los programas subvencionados.
La publicación conjunta de esos datos acabó con Mestre. La nueva ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alonso, ya no le proporcionó el respaldo político que había recibido de su antecesora, Matilde Fernández Sanz. Mestre presentó su renuncia el 10 de mayo denunciando un «proceso de intenciones» construido, según ella, sobre medias verdades y juicios de valor, y recordó que precisamente durante su presidencia se habían introducido las primeras auditorías de la institución. Provisionalmente asumió sus funciones la vicepresidenta Carmen Veiga Porto. El Comité Nacional aceptó formalmente la dimisión el 24 de mayo y propuso una terna; tres días después el Consejo de Ministros nombró presidente a Juan Manuel Suárez del Toro Rivero.
La dimensión del problema resultaría todavía más visible posteriormente. Alberdi reconoció inmediatamente que el endeudamiento global podía alcanzar unos 15.000 millones de pesetas y, al cierre de 1994, la nueva dirección cifraría la deuda total en 24.306 millones. Suárez del Toro distinguiría después entre irregularidades y una «gestión discutible» y emprendió un severo saneamiento de la institución.
El diputado del PP, Luis Ramallo definió la dimisión de Mestre como “La gota que colma el vaso de la corrupción.” “Felipe González nos entrega la España de la porquería. Cruz Roja tiene un déficit de 7.000 millones pese a haber estado Mestre durante todo su mandato vendiéndolo todo, porque Mestre ha convertido la Cruz Roja Española en la Cruz Roja socialista. En esta ocasión se sumaron también partidos como Izquierda Unida o ERC: “Este país no puede soportar tanta corrupción”.
El que no pudo soportarlo fue el popular tertuliano y aristócrata José Luis de Vilallonga, que a través de una tribuna de opinión en el diario ABC anunció que se daba de baja como militante del PSOE por ‘vergüenza y asco’.


11 Mayo 1994
Mestre y la fosa séptica de Cruz Roja
LA guinda en el ya largo rosario de dimisiones la puso ayer Carmen Mestre, presidenta de la Cruz Roja, salpicada, como la mayoría de quienes se han visto obligados a coger la puerta, por las graves sospechas sobre su gestión. Una guinda especialmente amarga, teniendo en cuenta que las presuntas irregularidades se han cometido con un dinero destinado a fines benéficos.
La presidenta de la Cruz Roja ha tomado la decisión al verse entre la espada y la pared, una vez que el Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia su actuación, al demostrar que bajo su mandato la institución perdió 1.148 millones de pesetas en la polémica permuta de su sede central. Se trata del histórico edificio que Cruz Roja tenía en la madrileña calle de Eduardo Dato. Cuando se produjo la permuta -en 1991-, Mestre valoró en 1.594 millones de pesetas el inmueble, que la empresa General de Tasaciones había cifrado en 2.742 millones dos meses antes. Turbio asunto. Algo tenía que ocultar la presidenta cuando realizó la operación por su cuenta y sin informar previamente al Comité Nacional de la Cruz Roja, contraviniendo el artículo 18 de los estatutos.
Pero no es esa la única irregularidad de una trayectoria polémica y permanentemente cuestionada. Antigua directora general de Energía, Carmen Mestre pertenecía al llamado trío de «las matildes» (junto con Paulina Beato y Matilde Fernández) y cuando ésta última ocupaba la cartera de Asuntos Sociales, la aupó a la Cruz Roja. Dos objetivos se propuso al tomar el testigo que le dejaba Leocadio Marín -otro guerrista-: incrementar la labor humanitaria y sanear la economía. Los hechos desmienten este programa. Desvió fondos recaudados para el pueblo kurdo hacia países africanos para ganarse el voto de éstos, con la vista puesta en la comisión de la Cruz Roja Internacional. Y las cuentas no sólo no cuadran sino que están plagadas de agujeros negros. El Fisco está inspeccionando los últimos cinco ejercicios de la institución al haberse detectado retenciones del IRPF, realizadas a los trabajadores, pero no ingresadas. Lo cual podría considerarse apropiación indebida. Por no hablar del déficit del pabellón que mantuvo la Cruz Roja en la Expo o de episodios tan bochornosos como el pago, con dinero de la institución, de la estancia en la magna feria -atenciones suntuarias incluidas- a presidentes de asambleas locales de la Cruz Roja.
No basta con que Mestre coja los bártulos. Debe dar la cara y explicar la calamitosa gestión y a dónde ha ido a parar el dinero. También debe responder Cristina Alberdi, titular de Asuntos Sociales -Ministerio que tiene la tutela de la Cruz Roja-. Y por supuesto el Ejecutivo, que debe encargar una auditoría urgente a la Intervención General del Estado, como pide IU, para esclarecer la utilización de los recursos durante la etapa de Mestre.
Otro escándalo. La imagen de otra institución manchada. Otra fosa séptica más que se abre bajo los pies del Gobierno… por ahora.


11 Mayo 1994
No, la Cruz Roja, no, por favor
Es un cuento de una querida amiga paraguaya que acaba de regresar de Asunción, y explica la tribulación de los suyos. Tras el aplazamiento del viaje presidencial a Rumania y Bulgaria, se ha suspendido la primera visita de Felipe González al bravísimo y sufrido Paraguay. Se trataba de recordar que aquel país también existe, celebrar la recuperada democracia y además hacer buenos negocios. El presidente Juan Carlos Wasmosy, el Partido Colorado y el Ejército, adecentaron y ornaron la ciudad, y se habían lustrado las botas, para quedarse «afeitados y sin visitas».
-¿Y qué negocios podemos hacer con los paraguayos?
-Muchísimos; se van a privatizar cementeras, ferrocarriles, la línea aérea de bandera,…
-¿Y qué más?
-Bueno, fundamentalmente nos interesaría que el Gobierno español nos ayudara a privatizar el contrabando y la corrupción. El plantón de Felipe nos tiene desolados.
Yo que fui testigo de algunas de sus mejores horas sudamericanas, donde González («Felipillo») sí era considerado como un dios, también ahora me abochorno escuchando los ecos que de nuestros desastres rebotan en la orilla de América. Pero que la podre alcance también a la Cruz Roja roza ya la imaginería, la iconografía, el dislate y el patatús de la corrupción despatarrada, soez, en calzoncillos, roldanesca, barriobajera y puta. Y por no aumentar mi espanto, y aun a riesgo de perder mi credibilidad, haré el esfuerzo de poner las manos en el fuego por Carmen Mestre, ya que no por su capacidad gestora sí por su honradez personal. Esta mujercita frágil y con voz de pito, resultó ser de hierro y, como directora general de la Energía, se las tuvo tiesas a los intocables elefantes del sector eléctrico español, a quienes disciplinó tras cincuenta años de barritar a sus anchas. Hasta los Oriol llegaron justificadamente a temer su conocimiento de los temas, su voluntad y su carácter. Luego supuse, y sigo suponiendo, que los derrames contables y el lucro cesante de la Cruz Roja bajo su presidencia eran otro desaguadero ilegal hacia las finanzas del PSOE, en el que ella delinquía pero no se lucraba. Hace dos años, cuando comenzaron a emerger sus malas cuentas hoy auditadas, Carmen lloraba de impotencia y me achacaba la publicidad de sus problemas a filtraciones «guerristas», entonces en el apogeo de su encono con Solchaga. Ahora su dimisión, sin siquiera hacer un amago de justificación de su presidencia, me llena de zozobra. Carmen Mestre también, y desde la Cruz Roja; no, eso no, por favor. Espero que Carmen sí tire de la manta, pero no por venganza o autodefensa chantajista sino por el coraje moral del que ya nos va quedando poco. La ecuación Banco de España-Boletín Oficial del Estado-Guardia Civil-Cruz Roja, y todo lo que se cierne en el horizonte, es tan inverosímil que ya sólo quedaría una manera de despejar la incógnita: entendiendo cabal y terriblemente que la corrupción en España lejos de ser la suma de unos cuantos mangantes ha sido una cultura implantada deliberada y organizativamente bajo la Administración socialista.
APOYO
La orgía dimisionaria- Primero, no se me amontonen, que habrá dimisiones para todos. Otra vez el pendulazo: de dimitir ni el gato a cesar hasta la superiora de las Clarisas. El ejercicio de la asunción de responsabilidades públicas es muy saludable, pero la dimisión no estrictamente personal ha de razonarse, adquiriendo así su cualidad ejemplificadora para los demás y expiatoria para el sujeto. No vale decir «¡Ahí os quedáis!». Felipe, «el cruel», siempre obligó a sus altos cargos a «comerse el marrón», por decirlo en lenguaje carcelario, a pudrirse en sus despachos hasta más allá de lo soportable, tal como Pilar Miró o Mariano Rubio saben muy bien por sus respectivas experiencias. Era un método perverso y egoísta, pero justificable. Peor será entrar ahora en un carrusel de dimisiones tan explicables como inexplicadas. Muerto el perro se acabó la rabia. Damos el espectáculo de una bacanal de dimisiones, y aplacamos a las fieras. Las dimisiones «políticas» y las dolosas pueden acabar confundiéndose. Miren, así no. Se dimite frente al pizarrón y haciendo los deberes suspendidos.


18 Mayo 1994
Una explicación
CON SU reciente dimisión como presidenta de la Cruz Roja, Carmen Mestre no ha saldado enteramente las responsabilidades contraídas durante los años en que ha estado al frente de esta institución. Hacer mutis por el foro no basta cuando se deja tras sí una gestión envuelta en la sospecha y salpicada de numerosos puntos oscuros. Éstos deben ser aclarados. Moral y políticamente está obligada a dar una explicación pública de su gestión.Pero no sólo Mestre debe explicarse. También deben hacerlo, en lo que les corresponda, la ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández y, llegado el caso, la actual titular de este departamento, Cristina Alberdi. Esta última no ha eludido una posible comparecencia ante el Parlamento para explicar «lo que estimen oportuno los diputados y senadores». Mientras, la ex presidenta de la Cruz Roja, que es la que más cosas tiene que decir al respecto, parece rehuirla. De su versión depende, más que de ninguna otra, que su gestión al frente de la Cruz Roja pueda ser entendida sólo como una discutible o incluso desacertada forma de administrarlos recursos económicos y patrimoniales puestos en sus manos y no como una manifestación de despilfarro y aprovechamiento personal.
De su versión, aunque no sólo. Hechos tan llamativos, entre otros, como el creciente endeudamiento de la Cruz Roja hasta alcanzar los 15.000 millones de pesetas, la oscura permuta de su antigua sede central, la falta de justificación ante el Tribunal de Cuentas de las subvenciones públicas. (unos 2.500 millones de pesetas al año procedentes del 0,5% del IRPF) o el impago de 7.530 millones de pesetas de cuotas a la Seguridad Social exigen una exhaustiva investigación externa.
No hace siete años que la. Cruz Roja Española se dotó de unos estatutos -los primeros tras los aprobados por el Gobierno franquista de Burgos en 1937con los que pretendió adaptarse a los tiempos actuales y ponerse en línea con las instituciones de igual carácter que funcionan en las sociedades democráticas europeas. Objetivos básicos de esa renovación fueron su democratización interna -eliminación de las formas militarizadas que, en un remedo retórico del Ejército, caracterizaron durante lustros su estructura y funcionanmiento- y su saneamiento económico, lastrado por un déficit crónico superior a los 7.000 millones de pesetas. Es posible que se haya conseguido el primer objetivo. Pero el segundo se ha alejado cada vez más en estos años. Con ello se ha puesto: en riesgo la credibilidad social de la institución y la tarea humanitaria que lleva a cabo.
El Análisis
Las cifras justifican sobradamente la salida de Carmen Mestre Vergara. Una institución humanitaria no puede acumular pérdidas crecientes, millones en retenciones de sus trabajadores pendientes de ingresar en Hacienda, enormes deudas con la Seguridad Social, subvenciones públicas insuficientemente justificadas y operaciones inmobiliarias cuya rentabilidad para Cruz Roja resulta, como mínimo, difícil de comprender. Hay responsabilidad de gestión y existe también un problema ético de administración: quien gobierna una organización sostenida por voluntarios, socios, donantes y subvenciones públicas está obligado a extremar precisamente aquello que las auditorías revelan insuficiente —control, austeridad, documentación y transparencia—. Pero una cosa es eso y otra llamar corrupción a lo que todavía no se ha demostrado que lo sea. No aparece acreditado que Mestre haya construido una fortuna con el dinero de Cruz Roja, cobrado comisiones o creado una contabilidad clandestina para enriquecerse. La comparación automática con Luis Roldán Ibáñez o Mariano Rubio Jiménez confunde categorías distintas.
Mestre ha tenido además la desgracia política de que sus cuentas aparezcan en la peor primavera imaginable. España contempla simultáneamente a un antiguo gobernador del Banco de España encarcelado y a un antiguo director general de la Guardia Civil convertido en prófugo; cualquier deuda, cuenta sin justificar o venta patrimonial sospechosa adquiere inevitablemente el color de la corrupción. Eso no exonera a Mestre de explicar hasta la última peseta ni convierte una gestión ruinosa en aceptable, pero obliga a conservar las proporciones. Roldán plantea la sospecha del enriquecimiento del gestor; Mestre, con lo hasta ahora conocido, plantea fundamentalmente la del empobrecimiento de lo gestionado. La primera puede constituir corrupción; la segunda puede bastar por sí sola para exigir una dimisión, sin necesidad de atribuir a quien dimite un delito que ningún tribunal ha probado.
J. F.
