El fiscal Poyatos renuncia a ser Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional denunciando una campaña contra él por su pasado franquista

EL GOBIERNO tiene motivos para estar agradecido a Rosa Aguilar, diputada de Izquierda Unida (IU), por la denuncia pública que hizo el jueves de la supuesta pertenencia del fiscal Luis Poyatos a una secta de ultraderecha. Lo de menos es si la tal secta es realmente muy ultra y si Poyatos pertenece, o más bien perteneció en el pasado, a la misma. Lo que cuenta es que esa denuncia ha proporcionado al Gobierno un pretexto para paralizar su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El portavoz del Gobierno, Rodríguez, se limitó a comunicar tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer que el asunto no fue planteado por la ministra de Justicia dado que «estaba incompleto» el expediente profesional que debe acompañar a la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Fiscal.La excusa sirve al Gobierno para darse una semana más de plazo antes de tomar -una decisión. Porque no es cierto, como también dijo el portavoz, que el papel del Gobierno en el nombramiento del fiscal de la Audiencia se limite a la ratificación de una decisión tomada por el ministerio fiscal. La decisión, que es sustancialmente política, corresponde al Gobierno. Y había motivos Políticos, con independencia del asunto de la secta, para que el Ejecutivo rechazara poner a alguien como Poyatos al frente de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Este órgano jurisdiccional tiene entre sus manos asuntos de evidente dimensión política, especialmente todos los relacionados con el terrorismo. Colocar de fiscal jefe a a guien en cuyo currículo figura la pertenencia, entre 1967 y 1970, al siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo sería hacer un impagable favor a los abogados -en sentido estricto y en el metafórico- de los terroristas; y a los terroristas mismos, que iniciaron su carrera porque alguien les dijo que «todo sigue igual» que antes de la muerte de Franco.

Por supuesto que la amnistía que selló la reconciliación al comienzo de la transición fue recíproca, y por eso, a la vez que los presos políticos salían de las cárceles y se borraban sus antecedentes, quienes los habían detenido y enviado a prisión pudieron seguir ocupando puestos en la Administración. Pero una cosa es proseguir su carrera profesional y otra facilitar desde el Gobierno el acceso a un puesto tan delicado como el de fiscal de la Audiencia Nacional.

El otro candidato, Eduardo Fungairiño, declaró ayer que «nadie está autorizado para otorgar carnés de demócrata», añadiendo que hasta 1978 todos los fiscales se vieron obligados a jurar los principios fundamentales del franquismo. Sin embargo, no todos fueron fiscales del TOP, un tribunal que acabó sus días juzgando y condenando a estudiantes de bachillerato acusados de asociación y propaganda ilegal. Por mucha buena conciencia que tengan estos gobernantes de ahora -y ésa es una diferencia con los de la UCD-, alguien debería recordarles esas cosas.

Si se ha llegado a esta situación es, en parte, por la falta de previsión del fiscal general, Ortiz Úrculo, que, en un ejercicio de justicia salomónica, destituyó al anterior fiscal jefe, José Aranda, sin contar con una alternativa: el otro único candidato era el citado Fungairiño, uno de los fiscales expedientados por las irregularidades que Aranda no habría combatido con suficiente energía. Tener que elegir entre un fiscal expedientado y un ex fiscal del TOP, involucrado además en el escándalo de la puesta en libertad del mafioso Bardellino, es una situación que pudo y debió haberse evitado.

La renuncia del fiscal Luis Poyatos al cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, si finalmente se produce, será una buena noticia. Permitirá corregir el grave error del fiscal general, Juan Ortiz úrculo, de proponer para un cargo con tanta densidad política y simbólica a una persona en cuya biografía figura su pertenencia al viejo TOP del franquismo, entre otras oscuridades. Sin embargo, que ésa sea una salida para el embrollo en que estaba a punto de meterse el Gobierno no significa que resuelva el problema planteado por el cese del anterior fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, antes de tener resueltos los expedientes disciplinarios o, al menos, de contar con un candidato idóneo para sustituirlo.La posibilidad de qué sea Eduardo Fungairiño, uno de los fiscales expedientados, el llamado a sustituir a Aranda no es una hipótesis fácilmente aceptable desde una perspectiva de normalidad jurídica en la ocupación de cargos públicos. Y, por lo demás, la inacabada resolución de los problemas detectados por la Inspección Fiscal hace difícil encontrar un profesional del ministerio público dispuesto a hacerse cargo de un enjambre como el de tal fiscalía, en la que los amiguismos y los posicionamientos políticos condicionan en buena medida los importantes trabajos que le corresponde acometer.

Ortiz Úrculo elogió ayer en el Congreso de los Diputados que Poyatos «está demostrando su responsabilidad no sólo para normalizar. la Fiscalía de la Audiencia Nacional al pedir el cargo, sino, también, en su caso, para replantearse la cuestión a la vista de las nuevas circunstancias que concurren». ¿Son realmente nuevas circunstancias los datos que se han revelado sobre su biografía? ¿Ignoraba úrculo que su candidato era el antiguo fiscal del TOP y el delcaso Bardellino? ¿O bien considera que ésos son datos irrelevantes, y que lo grave es su pertenencia a esa secta denunciada por Rosa Aguilar? Si así fuera, el error no habría sido de Úrculo al proponer a Poyatos, sino del Gobierno al nombrar a Úrculo fiscal general.

UN GRUPO de fiscales pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria entre los asociados, ha puesto el grito en el cielo ante el fracaso de su consejo a favor de la candidatura de su compañero Luis Poyatos para ocupar la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La descalificación de su propuesta la consideran una «intromisión intolerable» de los poderes Ejecutivo y Legislativo, insinuando que va contra la división de poderes. La Asociación de Fiscales ocupa ocho de las nueve plazas electivas del Consejo Fiscal (la otra es para la Unión Progresista de Fiscales), en el que también se sientan el fiscal general del Estado -que lo preside-, el teniente fiscal y el fiscal jefe de la Inspección. Corresponde al Consejo Fiscal «asesorar al fiscal general del Estado en cuantas materias éste le someta» y, en concreto, «ser oído en las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos». Eso es todo. La propuesta de nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional corresponde hacerla al fiscal general, «previo informe del Consejo Fiscal», pero la decisión es del Gobierno.La candidatura de Poyatos, aunque apoyada con entusiasmo en un primer momento por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, perdió fuerza al conocerse algunos datos de la biografía del aspirante, quien, para evitar mayores problemas a sus padrinos, terminó retirándola. Lo correcto habría sido que el Consejo Fiscal o los miembros del mismo pertenecientes a la AF que apoyaron aquella candidatura entonaran el mea culpa tanto si desconocían las vinculaciones ultraderechistas de Poyatos como si habían considerado, erróneamente, que tales antecedentes no cuestionaban su idoneidad para un puesto con tanta carga simbólica y política.

Pues no. La AF, en un impúdico comunicado, «se ve en la necesidad» de considerar «una intromisión intolerable del poder político ( … ) la descalificación ad hominem de una propuesta de nombramiento que contaba con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal, asumida por el fiscal general del Estado y que, por ello, merecía ser respaldada». Al margen de la falta de respeto a los poderes democráticos, produce perplejidad que encargados de aplicar la ley y el derecho confundan la capacidad de propuesta y audiencia con la de decisión y se asombren de que en el nombramiento de una persona, en este caso un hombre, se tengan en cuenta datos suyos ad hominem. Pues claro.