Caso Sogecable: el juez Liaño procesa a Polanco y Cebrián por falsedad documental y apropiación en los fondos de los abonados

Hace poco más de un mes este periódico publico una amplia información bajo el título Objetivo: acabar con Polanco.En ella se desvelaba la operación de acoso y derribo que el Gobierno había emprendido a propósito de la plataforma digital contra el Grupo PRISA, con EL PAÍS como objetivo final. Para evitar cualquier contaminación paranoica, contamos esa trama utilizando casi exclusivamente el material publicado por un periódico de Madrid que se ha sumado con tanta euforia a la operación que ya no se distingue bien si es el que traza la estrategia o el que la narra. Nuestro intento de objetivar el caso recibió no pocas críticas. Algunas, interesadas, de los propios conjurados, estaban descontadas. Otras, de lectores nuestros,acostumbrados a pensar por cuenta propia, nos han preocupado y han dado pie a intensos debates entres los periodistas que hacemos este diario con independencia profesional desde hace 20 años. Lamentablemente, los acontecimientos de esta semana han venido a refrendar lo que entonces dijimos.

En los seis últimos días han ocurrido los siguientes hechos:

1. El director de la revista ÉPOCA presentó el lunes en la Audiencia Nacional una denuncia contra los responsables de Sogecable (antes CANAL PLUS) por apropiación indebida y estafa, entre otros delitos. Por lo que el propio denunciante ha hecho trascender, la acusación estaría apoyada en los artículos publicados en su revista sobre la base de un estudio jurídico-mercantil de las -cuentas públicas de Sogecable, todas ellas inscritas en el registro y depositadas año a año en el Ministerio de Fomento. La propia revista ha publicado que ese estudio obra en poder del Gobierno.

2. La denuncia se adjudica por reparto el mismo lunes al titular del Juzgado Central número 1, Javier Gómez de Liaño, que 24 horas después decide abrir un procedimiento penal sin solicitar al fiscal un informe previo de competencia, trámite no obligatorio, pero habitual en casos en los que es discutible la instancia judicial que debe entender de un caso.

3. Un abogado y profesor de Derecho Financiero, en ejercicio de la acción popular, presenta el jueves una querella contra los 20 consejeros de Sogecable y el auditor de sus cuentas con las mismas acusaciones y los mismos juicios de valor que figuraban en la denuncia anteríor.

4. El juez instructor admite la querella a trámite el viernes porque «coincide en esencia» con el texto de la denuncia anterior. No podía ser de otra manera cuando los dos escritos beben de la misma fuente: varios artículos publicados en ÉPOCA y EL MUNDO.

5. El magistrado rechaza el procedimiento habitual de dar traslado a la querella a través de los abogados y decide notificarla personalmente, invocando el artículo 118.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello cita esa misma tarde en su juzgado a la mitad del consejo y a la otra mitad para ayer, sábado. Varios consejeros, entre ellos los cinco que representan a CANAL PLUS Francia y que residen *en el país vecino, no pueden personarse. La noticia de la citación convoca, lógicamente, a todos los medios a las puertas de la Audiencia, sobre todo una vez conocido que el auto del juez prohíbe salir de España sin su autorización a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, José María Aranaz -presidente, consejero delegado y secretario general de Sogecable- y al auditor de las cuentas de la sociedad.

Hasta aquí la secuencia judicial. No está demás destacar que ningún escrito acusatorio invoca hechos des conocidos ni operaciones ocultas, por mucho que algunos -muy especialmente la televisión y la radio públicas- traten de enmarcar esta actuación judicial en el contexto de otros sumarios que se sustancian ante la Audiencia Nacional por delitos económicos, especialmente los que afectan a Javier de la Rosa y Marío Conde. No parece casual que este último tenga que sentarse en el banquillo de los acusados mañana mismo por el denominado caso Argentia. Basta una ojeada a la mancheta que encabeza este espacio editorial para comprobar que los tres consejeros de Sogecable a los que el juez prohíbe salir de España sin su visto bueno ocupan idénticas responsabilidades -presidente, consejero delegado y secretario generalen la sociedad editora Diario EL PAÍS, SA. Estamos seguros de que esa coincidencia es la que buscan quienes han puesto en marcha esta operación. Pero estamos igualmente seguros de que se trata de una acusación falsa que se desmontará en el terreno de la justicia.

En 20 años de ejercicio de un periodismo independiente y libre nunca hemos flaqueado en nuestro compromiso con el Estado de derecho y en nuestra confianza básica en el sistema judicial. Por serias que hayan sido a veces nuestras discrepancias con decisiones concretas, también de los jueces, que hemos expresado de forma contundente cuando nos ha parecido oportuno, siempre hemos creído que nuestra arquitectura judicial tiene las debidas garantías para defender los derechos de todos. También, desde luego, los de aquellas personas que son falsamente acusadas.

Nuestra seguridad de que se trata de un caso falso no nos impide ver también que puede tratarse de un caso largo y que los instigadores últimos buscan, antes que la condena penal, el daño que causa el procedimiento mismo a los querellados. Entre ellos figuran quienes fundaron este periódico y aseguraron su indepeñdencia. No nos cabe la menor duda sobre su honorabilidad, cuya mejor prueba son sus 20 años de gestión en EL PAÍS. Estamos seguros de que este juicio es extensivo a todos los consejeros de Sogecable y que así se demostrará ante los tribunales.

Más allá de alguna discusión mercantil de carácter técnico que pretende trasladarse falazmente al ámbito penal, ¿cree alguien seriamente que peligra la solvencia financiera de Sogecable? Justamente: porque se trata de un buen negocio, que gana dinero y que ha decidido invertir 65.000 millones en la plataforma digital, ha desatado el Gobierno durante las últimas semanas lo que ya se conoce como la guerra digital Entre los accionistas de Sogecable están el primer grupo de comunicación de este país, el mayor banco y el líder europeo de la televisión de pago. Los cinco consejeros; que representan a Canal + Francia, incluido su presidente, figuran en la lista de querellados. Esta empresa participa en media docena de canales de otros tantos países europeos, con más de ocho millones de abonados, sin que nadie le haya planteado hasta hoy un pleito de esta naturaleza. Puede que se deba a la clásica singularidad española, pero estamos seguros de que miestra justicia es plenamente homologable a la europea.

En medio de este paisaje suena a excusa no pedida la proclamación que hizo ayer el vicepresidente Álvarez Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema. La simple duda debería ofenderle, aunque estaría bien que despejara una duda: ¿qué ha hecho con ese informe que, según ÉPOCA, tenía en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?

No es cierto que cualquier resolución judicial injusta sea necesariamente una prevaricación: el nuevo Código Penal mantiene la vieja doctrina según la cual ese tipo delictivo exige además que el juez perpetre esa arbitrariedad o bien a sabiendas con independencia. de su gravedad (artículo 446) o bien por imprudencia grave o ignorancia inexcusablecuando resulte manifiestamente injusta (artículo 447). El magistrado Gómez de Liaño aceptó a trámite la pasada semana una denuncia -redactada con la temeridad típica de un rábula- por apropiación indebida, delito societario, falsedad y estafa contra el presidente y los miembros del Consejo de Administración de Sogecable y contra un auditor de la firma Arthur Andersen; bien pudiera ocurrir, sin embargo, que el titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional no haya dictado a sabiendas una resolución injusta o que haya adoptado simplemente una medida manifiestamente injusta movido sólo por una ignorancia excusable o por una imprudencia leve. 

No faltan precedentes de otros aparatosos error es cometidos por el magistrado Gómez de Liaño en su carrera como administrador de la justicia; algunas resoluciones salidas de su refitolera pluma posteriormente revocadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional muestran los frágiles cimientos de sus verbosas construcciones doctrinales: sirva de ejemplo su fallida pretensión de tomar declaración al fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el caso Lasa-Zabala. Tampoco sus actuaciones como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estuvieron presididas por la prudencia; si su cruce de improperios con Andrés de la Oliva -Miembro también de ese órgano constitucional- acreditó una propensión al histerismo preocupante en cualquier magistrado, la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid se vio obligada en diciembre de 1993, a exigir la dimisión. de Gómez de Liaño por sus intimidatorias presiones sobre la juez Susana Polo para influir sobre la tramitación de, un sumario.

También es reciente la irónica reconvención dirigida al magistrado Gómez de Liaño por el Congreso de los Diputados a causa de su inconveniente solicitud de una imposible autorización de la Cámara para que declarasen como testigos los miembros de una inexistente Comisión de Secretos Oficiales.Con independencia de la calificación que pudieran merecer en el futuro la admisión de la querella contra Sogecable por el magistrado Gómez de Liaño y otras eventuales resoluciones al respecto, el tratamiento, mediático de los casos judiciales que afectan a figuras públicas ha dejado anticuado o al menos incompleto el capítulo I del Título III del Código Penal sobre las clases y los efectos de las penas: principales y accesorias; privativas de libertad o de otros. derechos y multas; graves, menos graves y leves. El legislador afirma que «no se reputarán penas» la detención y la prisión preventiva ni las demás medidas cautelares; sin embargo, la percepción social de los castigos impuestos por los jueces, adecuadamente jaleada por los medios amarillistas, llega a conclusiones muy alejadas de la teoría de Cesare Beccaria sobre los delitos y las penas.

Una sesgada campaña de prensa puede conseguir que la adopción de medidas cautelares contra un justiciable (desde la retirada del pasaporte hasta la prisión preventiva, pasando por la fijación de una fianza y el procesamiento) o su presencia en el banquillo de una vista oral signifiquen en la práctica la imposición de una pena: hasta la subida de los escalones de la Audiencia Nacional para recibir la notificación de una querella temeraria o para declarar como testigo o como imputado puede ser manipulada mediáticamente con el propósito de meter a personas honorables en el mismo saco con De la Rosa, Mario Conde y Ruiz-Mateos.

Andaba Cebrián atareado cual Teresa de Calcuta en la trabajosa faena de pedir firmas de intelectuales en el Kurdistán iraní que añadir al glorioso manifiesto en defensa del asediado Grupo Prisa, cuando una extraña luz opalina, una aparición, un reflejo ultraterreno parecido al que en Fátima alimentó hace 80 años los tres misterios, le deslumbró para revelarle el verdadero camino:

-Déjate de pendejadas, Jean Luis, y vete al grano. Que se enteren de quién manda aquí.

Y vaya si nos hemos enterado, ¡zuuummba!, su decisión de arrear estera sobre la piel de toro olvidándose del mamoneo de las firmas nos ha puesto el corazón en un puño, chapeau monsieur Cebrián, el oleaje del maremoto provocado en un par de días por la impresionante artillería mediática que maneja, ¡zuuummba!, ha dejado a los cuatro pardillos que aún osamos cuestionar su poder anonadados, desnortados cual frágil barquichuela zarandeada por la galerna.

Su gesto de autoridad ha tenido además el detalle pinturero de hacer soltar el chupinazo de la traca a un señor como Asensio, un caballero que se ha pasado la vida amenazando, por sí o por vía interpuesta, a otros con informaciones/dossieres para conseguir publicidad/créditos, y que de pronto se dice amenazado por un tal Rodríguez, el mundo al revés, chapeau again, señor Cebrián, la tormenta ha sido tan fuerte, la visión de los demonios familiares hispanos que, como en un aguafuerte de Goya, usted ha sacado a pasear durante un par de días de mayo nos han asustado tanto, las vomitonas sobre la regala de la nave han sido de tal cuantía que todos, desde el capitán al grumete, nos hemos apresurado a pedir calma, a impetrar concordia, desde Pujol a Felipe pasando por Aznar, haya paz y tranquilidad. Porque hay miedo.

¡Usted sí que manda! ¿Too much to do about nothing, que dijo el ilustre dramaturgo? Lo justo. Lo necesario para que nos enteremos de la firme voluntad, la determinación, la negativa radical de dos señores, dos tipos prominentes, a sentar sus posaderas en el banquillo de los acusados, a rendir cuentas ante la Justicia. Ese es el envite.

Felipe González no quiere saber nada del caso GAL, y en su determinación a eludir cualquier responsabilidad penal en los 30 asesinatos de los GAL está dispuesto a llevarse el país por delante, incluida la Corona, no le quepa a nadie duda. Porque este señor prominente, que nunca ha sabido nada de los escándalos de sus directos colaboradores, lo sabe todo de los demás, incluido el Rey y su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Durante más de 13 años este caballero ha utilizado el Cesid no para defender los intereses estratégicos de España sino para aprovisionarse de información confidencial sobre sus eventuales enemigos políticos. «Tengo que dosificar la información que tengo», ha dicho textualmente. Chantaje a todo un país. Es cierto que a veces la utiliza mal, como en el caso de la torpe descalificación que ha intentado hacer de Juan Villalonga, un asunto que ante la España informada arruina su condición de sedicente hombre de Estado que nos han vendido, porque, a su evidente mala intención, añade un total desconocimiento de las reglas del mercado.

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No quieren sentarse en el banquillo

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Y si González, Felipe, se niega a asumir sus responsabilidades en el caso GAL, Polanco, Jesús, hace otro tanto en el caso Sogecable. Polanco reclama derecho de pernada con la Justicia y rechaza comparecer ante el juez Gómez de Liaño. «Si no podemos con él en el juzgado, ya podremos en la Sala». Y palo a Gómez de Liaño. Palo inmisericorde, brutal, hasta hacerle doblar la rodilla, mientras el Papa Clemente, uno de los nuestros en la terminología del filme de Scorsese, mueve sus poderosos hilos contra el juez en El Palmar de la Audiencia Nacional.

-No he visto nada tan violento en mi larga vida profesional -asegura uno de los juristas españoles de más prestigio- Nunca se ha visto que una Sala ordene a un juez levantar el secreto sumarial, que es un instrumento del que el instructor se vale para salvaguardar la pureza del sumario.

Una medida que da idea de la fragilidad del andamiaje judicial español, sometido a la real voluntad de un par de pícaros, minado por las termitas que han invadido nuestro sistema democrático a lo largo de más de 13 años de arbitrariedad y nepotismo.

Porque si estos bizarros señores de Canal Plus realmente no han hecho nada malo, si no tienen nada que temer, ¿por qué no dejan al juez instruir el sumario en paz? Pero ¿hay o no indicios de delito? Para los que carecen de memoria o no quieren tenerla, he aquí la sucinta descripción de las señales de ilicitud penal que el propio juez hacía en su auto del 10 de mayo:

a) Delito de apropiación indebida (artículos 535 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos y 252 del actual), consistente en operaciones de ingeniería financiera que permitieron repartirse como dividendos lo que en realidad eran los depósitos constituidos por los abonados.

b) Delito societario por falsedad en documentos mercantiles (artículos 390 y 392 del Código Penal), al alterarse sustancialmente el contenido de las cuentas anuales, con distorsión de la imagen fiel de la sociedad.

c) Delito de estafa (artículo 248 del Código Penal), al aprovechar la Ley 37/1992 de rebaja del IVA para aumentar el precio y, por tanto, elevar las cuotas netas.

Será difícil que los querellados logren obviar la acusación de estafa (aunque, es de justicia admitirlo, hay opiniones en contrario); más difícil aún les resultará orillar el de apropiación indebida, pero lo que es una evidencia es que del delito societario no les salva ni la Sexta Flota, ni el Gran Berta mediático que Jean Luis maneja con tanta maestría. Y el delito de falsedad en documento mercantil, y más tratándose de reputados financieros todos, es algo tan penalmente castigado como socialmente censurado en la Europa rica a la que aspiramos integrarnos.

Lo dicho, Polanco y Cebrián no quieren ir a declarar ante el juez Liaño ni anestesiados, de modo que permanezcan atentos a la pantalla porque algo hará de aquí al lunes el Papa Clemente para intentar aliviarlos de ese trance.

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40 señores le echan un pulso a 40 millones

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Este país va viento en popa, pero 40 señores (los Felipe, Polanco, Barrionuevo y asimilados) forzados a sentarse en el banquillo han decidido echarle un pulso al futuro de 40 millones de ciudadanos. Su intención de esta semana de truenos parece clara: obligar a Pujol a abandonar a su suerte al Gobierno de Aznar e ir a elecciones anticipadas a la altura de octubre próximo, para, de nuevo en el machito, hacerle un corte de mangas a los tribunales de Justicia.

Lo más aterrador de este martes de dolor que hemos vivido ha sido constatar lo fácil que le resultará al trío de la bencina Cebrián-Pradera-Rubalcaba (polancaba para los amigos) montar de nuevo el número, poner el país patas arriba, situarlo al borde del abismo. Esto ha sido un ensayo general con todo. Basta que la proximidad de los juicios en puertas de Filesa, Roldán, Gal, Sogecable, etcétera. así lo aconsejen para que el susodicho trío saque la artillería pesada -no importa el calibre de la munición, que aquí también el medio es el mensaje- conecte los amplificadores y ponga a los españoles al borde del infarto. Todo un país a punto de ingresar en el euro, inerme ante el poder de 40 tipos.

Por eso es más necesaria que nunca la calma en el Gobierno. Calma inteligente para no entrar, cual Cascos desbocado, al primer trapo que se le muestre. De aquí a septiembre el Gobierno tiene que callar y gobernar y dejar que los jueces hagan su trabajo. Por supuesto, asegurándose de que los jueces van a poder dictar justicia en libertad, aventando la estulticia de los Urculos y la maldad calculada de los Clementes.

Y una recomendación al señor Cascos: no se empeñe en conseguir la retroactividad de la futura ley del fútbol, porque con ello le hará usted el favor de su vida a Polanco. La situación financiera de Sogecable es dramática. No exagero un ápice. Las cuentas consolidadas del grupo presentan un pasivo total de 87.218,1 millones de pesetas y unos compromisos futuros de 114.607,6 millones, reconocidos en la memoria, pero no incluidos en balance. En total, 201.825,7 millones. Así que tranquilo, señor Cascos. Déles tiempo. Estos señores tienen que cocerse en su propia salsa. Tienen que ahorcarse con su propia soga. Financieramente hablando, claro.

Hay amores que matan. Y fotografías que asesinan. La que publicaba ayer EL PAÍS, con Polanco, Cebrián y Matías Cortés entrando en la Audiencia Nacional, valía por todos los editoriales que el periódico ha omitido sobre el candente asunto de Sogecable y las antiguas cuentas de CANAL PLUS, nutridas con los fondos, hoy en paradero desconocido, de los descoificadores alquilados. Es el valor de la instantánea, de la foto fija. No siempre es verdad que una imagen vale por mil palabras, pero esta vez sirve el tópico. La cara de Polanco reflejaba tribulación. La de Cebrián, sonrisa sardónica. La del abogado Matías Cortés, pánico.

Es la observación que dicta la objetividad. El periodista que esto escribe no se solaza por ello. Pero hay en el escenario un fondo de carcajadas homéricas esparcidas por los cuatro puntos cardinales. Hacia el sur se remansan en los Montes de Toledo. El azar judicial y otros factores han alterado la disposición de las piezas en el tablero de este ajedrez. Ahora la partida es otra. Y se duda de que el polanquismo puede ni siquiera ofrecer tablas.

A don Jesús, el del ‘Gran Poder’, le ha perdido la soberbia. También la vanidad. Pero, sobre todo, el desprecio del enemigo buscado. Nunca lo hay pequeño, pero menos cuando se le tenía que saber potencialmente grande. Hechos cantan. El imperio puede caer sin la lentitud del Imperio Romano. Especialmente cuando Roma, acaso Milán, tiene algo que ver con Berlusconi. El regocijómetro de TELECINCO está a punto de averiarse por exceso de señal.

De momento, el polanquismo mediático informa, pero no opina. Posiblemente lo haga hoy tras larga reflexión. Ayer, EL PAÍS informaba, citando a la representación jurídica de Sogecable, sobre una cuestión de competencia contra la Audiencia Nacional. Se adivina que no contra Clemente Auger, su presidente, sino contra Javier Gómez de Liaño, el juez que entiende del caso. Curioso. El señor Auger, amigo de Polanco, había intentado, tras la denuncia de Jaime Campmany, director de ÉPOCA, forzar la competencia de Manuel García Castellón, especialista en apoyos, basándose en una antigua denuncia contra Sogecable y ANTENA 3 sobre retransmisión de partidos de fútbol. Bueno, Auger simplemente se lo sugirió a García Castellón, titular del Juzgado número 6 de dicha Audiencia.

O sea, que en principio podía valer la Audiencia Nacional, sólo que ‘iuxta modum’, que decían los padres del Vaticano II ante ciertas enmiendas de los textos.

García Castellón aceptó la sugerencia. Le dijo temblorosamente a Gómez de Liaño: “Javier, esto puede corresponderme a mí”. La respuesta fue: “Dile a Clemente que me lo pida sin intermediarios, que voy a poner la grabadora”.

Así está el patio por ahora. El Gobierno sigue atentamente la partida.

Al señor Aznar tiene que sonarle eso de ‘mover pieza’. No respira para concentrarse mejor.

Lorenzo Contreras

Deberíamos releer, de cuando en cuando , el libro de Max Scheler El resentimiento en la moral, que publicó el filósofo alemán por los años veinte y, casi simultáneamente, lo pudieron leer los españoles en la traducción que hizo José Gaos para la Revista de Occidente. Porque su explicación de la envidia, nuestro defecto más nacional, parece que describe puntualmente, como si fuera una crónica de actualidad, los ataques que se han emprendido por la plataforma digital -todavía técnicamente inexistente- promovida por el Gobierno, contra la plataforma digital -ya en servicio- del grupo promovido por PRISA. «La envidia», nos dice Scheler, «surge del sentimiento de impotencia que se opone a la aspiración hacia un bien por el hecho de que otro lo posee. Y el conflicto entre esta aspiración y esa impotencia se descarga en una actitud de odio contra el poseedor de aquel bien, al parecernos que el otro y su posesión son la causa de que no poseamos el bien». Una envidia que puede llevar conexos «sentimientos de venganza, de odio, de maldad, de ojeriza o de perfidia».Este defecto de la envidia viene de lejos en nuestras tierras ibéricas, porque ya Ibn Hazan, el autor de El collar de la paloma, tan bellamente traducido por Emilio García Gómez, decía en tiempos del califato: «Los habitantes de España sienten envidia por el sabio que entre ellos surge y alcanza maestría en su arte. Tienen en poco lo mucho que puede hacer, rebajan sus aciertos y se ensañan, en cambio, con sus caídas y tropiezos, sobre todo mientras vive, y con doble animosidad que en cualquier otro país. Y si la suerte le lleva luego a descollar claramente sobre ellos o le hace abrir una senda que no es la que ellos frecuentan, entonces se declara la guerra al desgraciado, convertido en pasto de murmuraciones, cebo de calumnias, imán de censuras, presa de lenguas y blanco de ataques contra su honor. Le atribuirán lo que no ha dicho, le colgarán lo que no ha hecho, le imputarán lo que no ha proferido ni ha creído su corazón…».

Esto es lo que pretenden hacer todas esas fuinas político-periodísticas, que claman en orquestada algarabía, desde medios de comunicación diversos -alguno de los cuales debería respetar más su largo y noble pasado-, contra Jesús de Polanco y sus realizaciones empresariales que, entre otras cosas, han creado cerca de 4.000 puestos de trabajo directos más los numerosos inducidos. Los que emprendimos esta Promotora de Informaciones, SA, cuyo buque, insignia sigue siendo EL PAÍS, estamos orgullosos de las ampliaciones que logró nuestro presidente hacia otros medios de comunicación -en momentos en que no estaba claro su porvenir- como la SER, Canal+ y ahora el Canal Satélite Digital.

Pero, como decía Alain, «nada es más peligroso que una idea, cuando sólo se tiene una», y esos envidiosos tienen la idea fija y única de acabar con esta empresa de comunicación. A veces los descubrimos porque, como decía un personaje de Cunqueiro, «conocerás que es el zorro el que salta en la noche en que salta de lado. El can y el lobo saltan de frente». Felizmente, nuestros lectores siguen haciendo de EL PAÍS el líder -en auge, por cierto- de la prensa nacional y nuestros oyentes y televidentes sitúan a las empresas correspondientes en cuotas de muy notable competencia.

Yo lamento que la política del Gobierno apoye y fomente esos ataques tan personales -a una persona física y a una persona jurídica- creyendo, sin duda, que con ello gana poder en la sociedad. Sería preferible que animase a todos los españoles, en estas horas difíciles que se avecinan, con una política a la altura de los tiempos y de la tarea que a España debe incumbirle en la nueva Europa. Sino parece como si en la aldea el energúmeno de turno entrara en la sala de baile y con su bate de béisbol -porque es muy moderno y ya no usa garrote- rompiera las luces y dejase a oscuras la reunión.

La querella presentada y admitida a trámite por el magistrado Javier Gómez de Liaño contra los consejeros de, Sogecable, empresa propietaria de Canal Plus, está provocando una situación de auténtica tensión por cuanto se produce en el epicentro de la llamada guerra digital. La apresurada admisión de la querella y la inmediata citación de los consejeros, encabezados por su presidente Jesús Polanco y el consejero delegado Juan Luis Cebrián, ha generado una auténtica alarma social, que indudablemente no se desprende de la. entidad jurídica de la querella.El juez, desde el absoluto respeto a su independencia, y como depositario del poder público de administrar justicia, antes de tomar una decisión de la gravedad que supone citar con aparatosidad y gran urgencia a los supuestos imputados, debe tomar con carácter previo las medidas necesarias que garanticen, al menos indiciariamente, la perpetración de los supuestos delitos que se imputan, la concurrencia de los. requisitos procesales mínimamente exigibles, ponderando adecuadamente todos los elementos que concurren, para evitar daños, a veces irreparables, a las personas imputadas.

No se le oculta al magistrado que la presentación de la querella se produce en un escenario de absoluto enfrentamiento del Gobierno con un grupo editorial y con unas terminales mediáticas que se han posicionado en la llamada guerra digital. Exigencia que se ha de extremar si las medidas adoptadas afectan a la libertad de las personas, al acordarse, en tres casos, la autorización del juzgado para salir del territorio nacional. Por ello le es exigible una mayor prudencia en su actuación, que en. este caso ha orillado con su precipitada actuación.

El querellante, Javier Sainz, imputa la comisión de graves delitos -estafa, apropiación indebida, falsedad en documentos mercantil y societario- todo ello con el único soporte de dos recortes de prensa de un semanario y un rotativo madrileños, a los que une una certificación de ingresos al objeto de obviar la fianza, y una habilitación del Colegio de Abogados para actuar en el procedimiento penal. Ni siquiera se acompañan las cuentas anuales de la sociedad que están a disposición de cualquier ciudadano en el Registro Mercantil. La «urgencia» del caso determina que ni siquiera se dé traslado al fiscal para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional, ni se examine la habilitación del querellante como letrado.

Es sabido que cualquier licenciado en Derecho puede ser habilitado por el Colegio de Abogados, sin necesidad de su incorporación al mismo, cuando se trate de la defensa de asuntos propios o de parientes, con todos los derechos concedidos a los abogados. Pero, curiosamente, Javier Sainz ejercita la acción popular con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Española y 19 de a Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, en ningún caso se rata de la defensa de sus intereses o los de su familia, por lo que, al revestir la forma de querella, es exigible la firma de letrado en ejercicio, y no es admisible la habilitación para otros supuestos.

Se pregunta el querellante por el paradero de los 23.000 millones de pesetas de los abonados- a Canal Plus y manifiesta en su querella en qué situación deberían estar depositados, y añade que «quizá» han servido para dar beneficios irreales y repartirlos como dividendos a los accionistas. Nunca, como bien apuntaba el editorial de Diario 16, un quizá tuvo tanta relevancia judicial. No cabe duda que la precipitada actuación del magistrado Gómez de Liaño ha causado, posiblemente, un irreparable daño a un grupo de prestigiosos profesionales y empresarios con su pública comparecencia en la Audiencia Nacional.En algunas informaciones publicadas en torno a la pregunta ¿dónde están los 23.000 millones de Canal Plus, se ha dado una respuesta con fundamento en una errada interpretación del artículo 1767 del Código Civil, donde se establece que el depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del depositante y, si así se hace, deberá responder de los daños y perjuicios. Se considera que los abonados son depositantes, es decir, se supone que se han dirigido a Canal Plus para que les custodie el dinero, como si de una entidad bancaria se tratase, y obviando lo esencial de la relación entre el abonado y la sociedad, que es la prestación de un servicio codificado, mediante el pago de un canon y la entrega de un descodificador, de cuya devolución responde la cantidad entregada como fianza.

Aun admitiendo en términos dialécticos la entrega de dinero en el inicial planteamiento, estaríamos ante un depósito irregular, que atribuya la propiedad del dinero al depositario, que puede decidir libremente, sustituyéndose la obligación de custodia, típica del contrato de depósito, por la disponibilidad a favor del depositante de las cantidades entregadas.

Tal vez el error venga de la traducción de la palabra francesa depót -no olvidemos que Canal Plus de Francia, primera empresa europea de televisión codificada, es socio de Sogecable-, término que aparece en el contrato de los abonados a la compañía española. Pero de todos es sabido que los contratos son lo que se desprende de su contenido, y no de su denominación. Insistimos, no se está ante un contrato de depósito, ni en cuanto a a cantidad entregada como fianza que constituye la garantía de la devolución del descodificador, una vez resuelto el ontrato por la causa que fue, ni en cuanto a la entrega del descodificador al abonado, por cuanto si está autorizado para servirse o usar el mismo el contrato pierde el carácter de depósito, y la figura jurídica del depósito mercantil exige que al menos el depositario sea comerciante, circunstancia ésta que no se da en los abonados a Canal Plus, salvo aIguna coincidencia que, por supuesto, queda fuera del objeto del contrato.

Se trata, en definitiva, de una fianza que responde de la devolución del descodificador y la única obligación que asume Sogecable es la de entregar al abonado su importe una vez que quede resuelta la relación contractual, todo ello con independencia de la debida anotación en sus cuentas anuales de la deuda contraída con los abonados. Por cierto, ante la pregunta ¿dónde se encuentran los 23.000 millones de pesetas de los abonados? se nos ocurre pensar que una parte muy importante de dicha cantidad se encuentra en el domicilio de los más de un millón cuatrocientos mil abonados, puesto que debemos creer que los descodificadores no le han caído del cielo a Canal Plus, y en algún momento y lugar habrá tenido que abonar su importe.

Decía Beuve-Mery, director fundador del prestigioso diario Le Monde: «Los hechos son sagrados, las opiniones son libres». He aquí, pues, los hechos: El 24 de diciembre, un acuerdo, entre las empresas Sogecable, ANTENA 3 de Televisión y TV de Cataluña pone fin a la guerra del fútbol. El acuerdo oscurece las perspectivas de triunfo, en libre competencia, de la plataforma digital patrocinada por el Gobierno, de la que TV de Cataluña y ANTENA 3 se separan.

El 30 de diciembre, el diario EL MUNDO dirigido por un consejero áulico y amigo personal del presidente del Gobierno, publica un editorial de dos páginas en el que le conmina a tomar medidas contra dicho pacto.: «¿Qué consecuencia tendrá éste para la vida política?», se pregunta, y se responde a sí mismo: «A corto plazo, el prestigio y, el principio de autoridad del Gobierno de Aznar quedarán por los suelos, y su ridiculización neutralizará en gran medida la mejora de la cuestión económica. A medio plazo, el regreso de González de la mano de Polanco será inevitable». Más adelante añade: «Aznar se siente personalmente burlado y sabe que lo que está en juego es la credibilidad de su proyecto político».

El 7 de enero comienza en EL MUNDO una campaña que trata de acusar a Jesús de Polanco, presidente de PRISA, EL PAÍS y Sogecable, de contribuir a la financiación irregular del PSOE: es el caso Ferrer Europa.

El 30 de enero empieza la. comercialización de Canal Satélite Digital, la plataforma de CANAL PLUS.

El 31 de enero, el Gobierno aprueba un decreto-ley sobre televisión digital, tratando de prohibir el descodificador utilizado por CANAL PLUS; aumenta el IVA a los consumidores de televisión de pago, y establece la obligatoriedad de depositar las fianzas de los abonados en la Caja General del Estado. La medida no afecta a los depósitos anteriores de CANAL PLUS, que denuncia el decreto ante la CE y lo recurre ante el Supremo y ante el Constitucional. La CE exige al Gobierno que tramite el decreto como proyecto de ley, emendando los aspectos contrarios a la normativa comunitaria.

El 4 febrero se envía al fiscal anticorrupción el caso Ferrer Europa y las investigaciones sobre supuestas irregularidades de ANTENA 3 TV.

El 7 de febrero es nombrado director general de RTVE Femando, López-Amor, militante del partido del Gobierno, tras la dimisión de Mónica Ridruejo por su discrepancia con la política seguida en el tema de la televisión digital. ELPAÍS denuncia que López-Amor fue sancionado en su día por abuso de autoridad.

El 21 de febrero, el Gobierno envía a las Cortes un proyecto de ley reguladora de las emisiones deportivas que constituye, de hecho, una expropiación de los derechos adquiridos por CANAL SATÉLITE DIGITAL en el pacto del 24 de diciembre.

El 24 de febrero, el director de la revista ÉPOCA, socio de la plataforma digital del Gobierno y uno de los más conspicuos representantes de la derecha más reaccionaria, presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Sogecable por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. La única prueba que adjunta es un artículo publicado ese mismo día en su revista denunciando un supuesto mal uso de los depósitos de garantía de los abonados de CANAL PLUS. En el, reportaje se alude a que el Gobierno maneja informes a este respecto, extremo que no ha sido desmentido. Los depósitos de garantía de CANAL PLUS España son utilizados en la misma forma que en el resto de los países europeos.

Un día después, el juez Javier Gómez de Liaño admite a trámite la denuncia. El juez es hermano de Mariano Gómez de Liaño, abogado de Mario Conde y acusado de complicidad con él en el caso Banesto.

El 27 de febrero, Javier Sainz Moreno, ejerciendo la acción popular, presenta querella contra los miembros del Consejo de Administración de, Sogecable y el auditor de la compañía. Sainz Moreno es licenciado en Derecho, pero no tiene habilitación del Colegio de Abogados para llevar a cabo semejante acción. El juez admite la querella y la acumula a la denuncia.

El viernes 28 de febrero, el juez cita para esa misma tarde a la mitad del consejo de Sogecable y ala otra mitad para el sábado por la mañana a fin de hacerles entrega de la querella. No admite que pueda hacerse mediante procurador. La filmación del momento en el que los consejeros entran en la: Audiencia Nacional es reproducida por TVE decenas de veces. El presidente, el consejero delegado y el, secretario. del Consejo de Administración de Sogecable y de PRISA no podrán abandonar España sin permiso previo del juez, que, no obstante, asegura que no se trata de medidas cautelares; la misma prohibición afecta al auditor de las cuentas del Sogecable. Las actuaciones del sumario son declaradas secretas. El juez ha intervenido, toda la contabilidad de Sogecable y ha exigido que se le entregue una lista de los 1,4 millones, de abonados a CANAL PLUS. Televisión Española airea la noticia, como antes lo hizo reiteradamente en el caso Ferrer Europa, dentro del capítulo dedicado a la corruppción, y junto a las referidas a Conde y a De la Rosa. Del mismo modo proceden el diario EL MUNDO y el ABC, donde colabora Campmany. Los mismos periodistas se sirven de su presencia en la emisora episcopal para comentarlas «preocupaciones penales» de Polanco. y Cebrián.

El 3 de marzo comienza el juicio contra Mario Conde por el caso Argentia Trust.

El 11 de marzo, DIARIO16 publica en su primera página: «El juez Liaño pretende, encarcelar a Cebrián».

El 20 de marzo, Conde es condenado a seis años de cárcel.

El 22 de marzo, EL PAÍS publica un manifiesto firmado por cientos de intelectuales y artistas de todo el mundo en protesta por el acoso a PRISA y en defensa y solidaridad de Polanco y Cebrián.

El 26 de marzo, la sala de lo penal acuerda la prisión provisional de Conde, eludible mediante fianza de 2.000 millones de pesetas, cuyo plazo para depositar la tras una ampliación, vence el 7 de abril.

El 3 de abril, el juez Liaño acepta la ampliación de la querella contra el director general de CANAL PLUS.

El 4 de abril, el diario ABC ataca en su portada a CANAL PLUS por la emisión de los muñecos del guiñol, que, considera, «a juicio de destacados dirigentes del PP, una burla descarada de José María Aznar y sus, colaborado res?’. El coordinador general del PP, Angel Acebes, admite que dirigentes de su partido están preocupados por este programa que él califica como un espacio de opinión. Un columnista de EL MUNDO asegura que «Cebrián y Polanco se quieren largar» de España. La sala de la Audiencia rechaza los argumentos de Conde para evitar el pago de la fianza. El juez Liaño publica un auto prohibiendo a Polanco y al auditor de Sogecable que se desplacen al extranjero. Insinúa la posibilidad de que puedan resultar imputados, pese a que todavía no ha tomado declaración a ninguno de los querellados más de un mes después de haber admitido la denuncia. Polanco debía recibir el 28 de abril el doctorado honoris causa por la universidad americana de Brown. como reconocimiento a sus tareas a favor de la comunicación. El Grupo PRISA hace una, nota pública protestando por la manipulación y los manejos en tomo a Sogecable y avisando de los peligros de la situación creada para la libertad de expresión y él libre ejercicio empresarial.

Hasta aquí, los hechos. Ahora, brevemente, las opiniones: todas estas noticias están relacionadas entre sí. Nos encontramos ante una formidable ofensiva del poder contra un grupo de comunicación índependiente y no dispuesto a doblegarse a sus caprichos. La criminalización de las actitudes de los fundadores y primeros responsables. de este periódico, en el marco de esa ofensiva, no es un tema que afecte sólo a este diario ni a las personas implicadas. La crispación que viene sufriendo España amenaza seriamente la normalidad, de la convivencia entre los ciudadanos. La seguridad jurídica, está en entredicho; el Estado de Derecho, amenazado; la libertad de expresión y la de empresa, en peligro.

Se ha puesto una querella contra los gerentes de CANAL PLUS, entre ellos el señor Polanco, editor del periódico EL PAÍS, por apropiación indebida y falsedad en documento, argumentando que el depósito entregado por los contratantes de las emisiones codificadas de CANAL PLUS, se ha destinado a hacer otros negocios sin consentimiento de los deponentes, lo que según la querella está prohibido por el Código Civil, y las posibles ganancias no se han repartido entre los propietarios, que son los depositantes.Un pequeño análisis de los hechos denunciados demuestra que no constituyen ningún delito, y un juez, que debe ser un profesional del Derecho, no puede ni debe desconocer.

La cantidad que se entrega en metálico al recibir los descodificadores del CANAL PLUS, no es ningún depósito, aunque se emplee esa palabra en el contrato, como tampoco es una fianza la cantidad de una mensualidad que se paga por los inquilinos al ocupar la vivienda.

Cualquier estudiante de Derecho sabe que el depósito tiene por finalidad principal la custodia o guarda de algo, y que se llama prenda cuando se entrega algo en garantía de una obligación, en este caso devolver el descodificador, como en otros casos en el de contadores eléctricos o del agua, etcétera. Y si se trata de un estudiante, un poco enterado sabe que la entrega de dinero en garantía de una obligación principal, se llama prenda irregular que produce el efecto de transmitir la propiedad del dinero al acreedor y éste debe devolverlo cuando se cumpla la obligación, en este caso devolver el descodificador. Y se puede disponer de ese dinero libremente, salvo que alguna ley especial señale un destino específico, como es el caso de los arrendamientos urbanos.

El Gobierno del Partido Popular, en una de sus actuaciones más graves contra la libertad de prensa y de manifestación, impone por decreto un descodificador que aún no existe en el mercado, para arruinar a los que ya existen en el mercado, de una empresa del grupo de CANAL PLUS, y obliga a que los nuevos «depósitos» se ingresen en la caja general de depósitos.

El querellante contra los gerentes de CANAL PLUS, es un abogado no ejerciente, que «ejercita» la acción popular, sin estar habilitado para ello, según su propio colegio de abogados, y que presenta la querella después de la denuncia de Campmany, en base a un artículo aparecido en la revista ÉPOCA de la que es director el propio Campmany.

En España existe la llamada acción popular, que consiste en que cualquier persona, aún no siendo perjudicada por un delito, puede querellarse, es decir, no sólo denunciar sino mostrarse parte del proceso a todos los efectos, proponer prueba, pedir condena y apelar.

Para que no exista un abuso de la acción popular, la ley exige una fianza, que en la práctica suele ser irrisoria, y la posibilidad de condena en costas si se ha actuado con temeridad. Pero es insuficiente, por lo que los jueces de instrucción deben rechazar aquellas que acusen de hechos que no son delitos o que claramente se deduzca que no se han podido cometer.

En base a estos hechos denunciados, el juez Gómez de Liaño ha admitido la querella, declarando secreto el sumario, solicitando la lista de más de un millón de abonados, y sin tomar declaración a los querellados, adopta la medida cautelar personal de que no pueden salir de España sin su autorización. Y deniega la salida a Polanco, por la «alta probabilidad de ser citado como imputado para esas fechas», al solicitarla con motivo de recibir el doctorado «honoris causa» por la Universidad norteamericana de Brown.

¿Y el simple análisis expuesto en los párrafos anteriores, de que, los hechos imputados no constituyen delito alguno, no lo sabe un juez de instrucción? Si nunca se ha incumplido la obligación de devolver el «depósito» a quien se ha dado de baja en el CANAL PLUS y entregar el descodificador, ¿dónde están los perjudicados? Si en lugar de solicitar una cantidad en «depósito», se hubiera exigido como precio de compraventa del descodificador, ya desaparecería la apropiación, estafa y falsedad. Pero no se quiere entregar la propiedad para que los usuarios no los revendan o comercialicen, y a cambio, existe la obligación de reparación gratuita.

La portavoz del Grupo Popular de la Comisión de Comunicaciones ha empleado el astuto argumento de que al disponer CANAL PLUS de esos fondos, si todos los socios rescindieran sus contratos, no tendría el dinero para pagar a todos. Olvida la portavoz popular que con este argumento, lo mismo le sucedería al banco más solvente del mundo.

Los lectores comprenderán enseguida, que se trata de una cuestión política, y que en el fondo no interesan los argumentos jurídicos, aunque sean tan claros como los expuestos, y que cada cual tiene ya formada su opinión según su ideología. Y de lo que se trata es que no se obtengan ingresos para financiar el grupo PRISA propietario del diario EL PAÍS.

La campana orquestada pública y privadamente contra un medio de comunicación por no ser progubernamental, es una de las actuaciones políticas más peligrosas para la democracia, y en contra de la libertad de opinión e información. Y no vale decir que ese medio no es independiente sino que es prosocialista, pues, en primer lugar nueve millones de votantes no pueden quedarse sin el único medio afín a ellos, y en segundo lugar aunque se tratase de una publicación que respondiera a intereses muy minoritarios, en un Estado de derecho no puede ser silenciado.

La actuación judicial parece, desgraciadamente, una continuación de esta campaña, pero esperemos que el sistema de recursos, que tiene todo Estado democrático, impida que se imponga la mordaza pretendida a la opinión pública

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional trasladó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su preocupación ante la «extraña actitud» del juez Gómez de Liaño en relación con el caso Sogecable, del que es instructor. Tal actitud se habría «exacerbado» en los últimos días. Que un juez instructor pida amparo al Consejo por considerarse «vejado» por el tribunal que corrige una decisión suya -la de prohibir viajar al extranjero a Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián- es ya bastante fuerte; que ante un se gundo correctivo de la Sala – éste sobre el secreto del sumario- reaccione planteando que los magistrados podrían haber cometido un delito (de prevaricación, se supone) al dictar esta resolución supera todo lo conocido. «Insólito», «absurdo», «un disparate», «invierte las reglas esenciales del proceso penal», han dicho las aso ciaciones judiciales. Una de ellas indica en un comunica do que, con su iniciativa, Liaño «deja claro que no es un juez imparcial».No puede decirse, por tanto, que la alarma no esté extendida. Tampoco que carezca de fundamento. Después de elevar al CGPJ la queja por lo que considera extralimitaciones de la Sala de lo Penal, ayer mismo volvía Liaño a decretar el secreto para las nuevas diligencias que él mismo ha encomendado a la Policía Judicial, de las que son muestra el interrogatorio abusivo al que dos inspectores sometieron a un distribuidor de CANAL PLUS en un pueblo de León.

Los jueces de instrucción tienen un enorme poder que no siempre emplean con responsabilidad. Lo menos que puede decirse de las últimas decisiones de Liaño es que contienen una desbordante carga de subjetividad. Algo que no es nuevo en su trayectoria: hace dos años, el CGPJ -del que entonces era vocal- se vio obligado a intervenir ante lo desbocado de los escritos con que replicó a un voto particular del magistrado Andrés de la Oliva, que había considerado conveniente la abstención de Javier Gómez de Liaño en un asunto relacionado con el sumario del caso Banesto, en el que su hermano Mariano es imputado.

Pero el llamado caso Sogecable -que cada día que pasa se configura más y más como el caso Liaño- precisa otras consideraciones. El levantamiento del secreto ha permitido confirmar algo que ya se suponía: la intervención directa del Gobierno en la creación de la inconcebible denuncia presentada por uno de sus socios en la plataforma digital. El periodista Miguel Platón, autor del reportaje publicado en la revista ÉPOCA que sirvió de base para las querellas (y hoy director de información de la agencia de prensa gubernamental EFE), declara que su artículo se basó en un informe realizado por Gerardo Ortega, Rafael Pérez Escolar y una tercera persona que podría ser Ramón Tamames. Ortega manifestó, por su parte, que lo había redactado a instancia «de un secretario de Estado». Pérez Escolar ha sido socio de Conde y está procesado con él en el caso Banesto. Tamames ha realizado igualmente informes para el ex presidente que llevó dicho banco a la quiebra.

En un editorial publicado en EL PAÍS el 2 de marzo se decía: «Suena a excusa no pedida la proclamación que hizo ayer el vicepresidente Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema… ¿Qué ha hecho con ese informe que, según ÉPOCA, tenía en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?».

Resulta que el Gobierno no sólo conocía el informe, sino que lo había ordenado: se trataba de un documento sobre las cuentas de Sogecable destinado a buscar eventuales motivos para un procesamiento de sus administradores. Y ello se produjo en medio de la ofensiva contra el Grupo PRISA desatada por el Gobierno a raíz de la firma del pacto sobre el fútbol televisado que desbarató sus planes sobre el sector de la comunicación.

Pero la opinión pública ha conocido después otros datos relevantes sobre este asunto: las amenazas desde La Moncloa a Antonio Asensio de llevarle a la cárcel por haber firmado con Polanco dicho acuerdo y la disposición del PP a aprobar leyes antieuropeas y anticonstitucionales con tal de salirse con la suya. El juez Gómez de Liarlo, por su parte, admitió a trámite la denuncia (y las querellas posteriores) por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil: precisamente los mismos de que está acusado Mario Conde . Otra casualidad.

La empresa de CANAL PLUS ha insistido una y otra vez en que todo este asunto se trata de un montaje y que no ha cometido ningún delito. Hoy es evidente que la transparencia de las cuentas de Sogecable, auditada sin mácula por Arthur Andersen, contrasta con otros interrogantes que saltan a la vista: ¿quién en el Gobierno encargó el informe de marras?, ¿con qué motivo y finalidad? y ¿con qué dinero se pagó?