El General Andruta Ceaucescu, hermano del ex dictador de Rumanía, es condenado a 15 años de prisión por genocidio

En diciembre de 1989, Nicolae y Elena Ceaușescu fueron ejecutados tras un consejo de guerra que duró lo que un café frío. Sin garantías, sin posibilidad de defensa real, con el veredicto escrito antes de empezar. Fue un final acorde a la violencia y arbitrariedad de su régimen, pero no un ejemplo de justicia en una democracia naciente.

Un año después, la Rumanía que trataba de dejar atrás el culto al líder y la represión empezó a hacer algo que en tiempos del “Conducător” era impensable: juicios con cierta normalidad. El 22 de junio de 1990, Andruță Ceaușescu, hermano del dictador, fue condenado a 15 años de prisión por un crimen directo y brutal: matar a siete personas a tiros de revólver durante las protestas del 21 de diciembre en Bucarest. Y el 19 de diciembre de ese año, la sentencia fue ratificada.

Esta vez no hubo tribunales improvisados ni sentencias dictadas al calor de la urgencia política. Hubo investigación, pruebas, testigos, y una condena que no se basaba en un apellido, sino en hechos concretos.

El contraste no es menor. Si el juicio-relámpago a los Ceaușescu fue el acto fundacional de la nueva Rumanía, estos procesos de 1990 fueron los primeros pasos para construir un Estado de derecho. Un país que, tras décadas en las que la ley era la voluntad del líder, empezaba a descubrir que la justicia no necesita venganza, sino verdad y procedimientos claros.

Andruță Ceaușescu, con su apellido maldito y su implicación directa en la represión sangrienta, tuvo en 1990 algo que sus víctimas en la Plaza de la Revolución no tuvieron: un juicio. Y esa diferencia, incómoda pero necesaria, fue parte del aprendizaje de una Rumanía que quería ser democrática, aunque aún cargaba con demasiados fantasmas del pasado.

JF Lamata