El General Sani Abacha se convierte en el nuevo dictador de Nigeria tras la anulación de un proceso electoral

Nigeria vuelve a cerrar el círculo de sus esperanzas democráticas. Este mes de noviembre de 1993, el general Sani Abacha se ha hecho con el poder en Lagos, poniendo fin al efímero gobierno interino de Ernest Shonekan y a la ilusión de una transición que, en teoría, debía culminar con el final del régimen militar. El camino que ha llevado hasta aquí es una tragicomedia de promesas rotas: el general Ibrahim Babangida, tras ocho años de dictadura, había prometido que cedería el poder a un gobierno civil elegido en las urnas. Las elecciones de junio de 1993, en las que el empresario Moshood Abiola despuntaba como ganador, fueron reconocidas por observadores nacionales e internacionales como limpias. Pero Babangida las anuló, alegando irregularidades, y se aferró al poder hasta que, asediado por la presión social y militar, dejó paso a Shonekan. El gobierno interino, sin legitimidad, apenas sobrevivió tres meses antes de que Abacha, hombre fuerte del ejército, se quitara la máscara y asumiera directamente la presidencia.

El nuevo dictador, Sani Abacha, no es un desconocido. Su nombre está vinculado a la historia reciente de todos los golpes militares que han marcado Nigeria desde los años setenta. Muchos analistas lo consideran el auténtico cerebro de las asonadas: fue clave en 1983 contra Shagari, en 1985 contra Buhari, y en la propia maniobra de 1993 que frustró las elecciones. Ahora, sin intermediarios, ocupa el sillón presidencial y promete estabilidad y orden, aunque todos saben que estas palabras en el léxico militar nigeriano significan represión y perpetuación en el poder.

El petróleo, maldición y bendición de Nigeria, vuelve a ser el combustible de este régimen. Occidente, con sus empresas energéticas, no es un espectador inocente. Shell, la multinacional anglo-holandesa, mantiene intereses centrales en el Delta del Níger, y su colaboración con el aparato militar es notoria: protección de instalaciones, financiación encubierta, denuncias de violaciones de derechos humanos. Otras compañías, como la estadounidense Chevron y la francesa Elf, tampoco se han mantenido al margen. El resultado es un maridaje entre dictadura y petróleo en el que el sufrimiento de la población nigeriana apenas pesa frente a los dividendos energéticos.

Nigeria ha vuelto a confirmar, una vez más, que la democracia es posible en las urnas pero imposible en los cuarteles. Y que, mientras los generales se repartan el poder y las petroleras occidentales financien la estabilidad de la represión, la mayor potencia africana seguirá siendo rehén de sus contradicciones.

J. F. Lamata