El GIL de Jesús Gil se hace con el control del ayuntamiento de Ceuta gracias a la tránsfuga del PSOE, Susana Bermúdez Paredes

Una nueva tránsfuga del PSOE, esta vez en Ceuta, abre la posibilidad de que el GIL se alce con la presidencia de esa ciudad autónoma mediante una moción de censura contra la coalición formada con el exclusivo objetivo de evitar que gobernase el GIL precisamente. Ello ocurría el mismo día en que el presidente de la Asamblea de Melilla hacía caso omiso de la resolución de la Junta Electoral Central que devolvía al PSOE el escaño necesario para que prosperase otra moción de censura, ésta contra la coalición formada en torno al GIL.Dondequiera que aparece la singular formación política creada por Jesús Gil a su imagen y semejanza están aseguradas la moción y la emoción, y también la confusión: la propia y la que crea a su alrededor. La mezcla entre intereses públicos y privados es la esencia del gilismo. Pero para imponerse necesita a su alrededor competidores susceptibles de ser comprados.

La diputada ceutí Susana Bermúdez ha justificado su pase al Grupo Mixto -desde el que votará la moción de censura- con argumentos similares a los utilizados por Malika Mohamed en Melilla para explicar su voltereta: el desconocimiento de la realidad local por parte de los dirigentes que habían decidido «desde Madrid» un pacto PP-PSOE que consideran contra natura, y la necesidad de responder al «clamor popular». En ambos casos se trata de razones insustanciales. No es tan difícil saber lo que pasa en Melilla o en Ceuta. Que existe una relación difícil entre el PP y el PSOE y una considerable distancia entre los programas respectivos no es ninguna originalidad de esas ciudades: pasa en todas. Y si hay incompatibilidad entre el PSOE y el PP, más la hay entre cualquiera de esos partidos y el de Gil.

En Marbella, por ejemplo, no es posible evitar que gobierne, porque tiene mayoría absoluta. Pero es lógico que donde sea posible impedirlo lo intenten las fuerzas responsables. Especialmente en ciudades como Ceuta y Melilla, donde están en juego intereses que desbordan los puramente locales. La fantasía de Gil de hacer de Ceuta una especie de Hong Kong mediterráneo aumenta la aprensión.

La diputada tránsfuga ha añadido una razón moral: que una de las primeras decisiones de los miembros de la nueva Asamblea de Ceuta fue subirse el sueldo. No parece muy prudente hacerlo, pero una forma decente de mostrar la oposición a esa medida habría sido renunciar al escaño, dejando que lo ocupe el siguiente en la lista. Lo que no resulta coherente es invocar motivos morales y marcharse con el escaño puesto, y menos para ponerlo al servicio del GIL.

El problema vuelve a afectar al PSOE. De entrada, ese partido debería pedir excusas por la reiterada ruptura por parte de sus electos de los compromisos contraídos: por dos veces en Melilla y una más ahora en Ceuta. Parece existir, además, un problema de comunicación con la dirección. La anterior ejecutiva ceutí ya dimitió en desacuerdo con la decisión de pactar una coalición alternativa con el PP, constituyéndose una gestora, de la que formaba parte la diputada tránsfuga. Todo un cúmulo de despropósitos que dejan en muy mal lugar a la dirección socialista.

La Junta Electoral Central ha desestimado los recursos presentados contra la decisión de la Junta de Zona de Melilla, que no aceptó el intento de recuperar el escaño por parte de Malika Mohamed. La discusión jurídica era si debía prevalecer la normativa general prevista en el Reglamento de Organizaciones Locales -que considera que la renuncia ha de presentarse ante el pleno-o la específicamente contemplada en el Reglamento de la Asamblea de Melilla -que establece que se presenta ante la Mesa de la Asamblea-. La Junta considera que debe prevalecer la norma específica. El criterio parece más lógico que el contrario, entre otras cosas, porque Melilla no es un municipio como los demás, sino una ciudad autónoma. También parece lógico que se rechace la pretensión del presidente de la Asamblea, Mustafa Aberchán, de aplazar la decisión hasta que dictamine el secretario general de la misma: ese dictamen no es ni preceptivo ni vinculante.

Malika Mohamed había alegado haber recibido presiones. La Junta se limita a considerar poco creíble esa razón a la vista de las cuatro semanas que tardó en darse cuenta. Pero si se entrase a considerar eventuales presiones habría que empezar por investigar los 20 millones con que quisieron sobornar, según propia denuncia, a quien ocupaba el lugar siguiente en las listas del PSOE. No es posible que acusaciones tan graves pasen a ser consideradas componente ineludible de la vida política cuando el GIL está por medio.

La sospechosa espantada de Susana Bermúdez, elegida por las listas del PSOE en Ceuta, al Grupo Mixto, y su previsible resultado, el triunfo de una moción de censura que otorgaría al GIL el gobierno de la ciudad, es un episodio de enorme gravedad política y, adelantamos, probablemente perseguible por la vía penal. Porque todos los indicios apuntan a que nos encontramos ante un caso de corrupción política según ha denunciado los portavoces de los principales partidos. El socialista Ramón Jáuregui ha sido meridiano al hablar de compra de voluntades con el fin de cambiar la decisión de los electores. Una compra no especificada, pero que puede deberse, según esta interpretación de los dirigentes políticos, al dinero o a otros favores.

Como se ha apuntado en estas páginas, la corrupción política es difícil de probar. Pero también lo es la evasión de capitales o el blanqueo del dinero de la droga. Para averiguar si estamos ante este supuesto está precisamente la fiscalía. También para saber si las acusaciones que veladamente se apuntan son ciertas. Podría suceder que el cambio de criterio de la electa socialista de Ceuta haya sido sincera, y en este caso sólo nos encontraríamos en un supuesto de transfuguismo ya conocido y nunca evitado por nuestra legislación electoral. Frente a este fenómeno sólo han existido pactos políticos pero, como recordaba ayer el ministro Rajoy, el GIL no los ha suscrito.

Sea por corrupción (se se probara) o sea precisamente por esta posición antisistema, el GIL es ya un fenómeno letal en el juego democrático. Pero no sólo por su componente de populismo demagógico (a fin de cuentas el GIL tiene derecho como todos a la libertad de expresión), sino por la vinculación siempre peligrosa entre negocio y política. Es difícil, en efecto, deslindar los intereses únicamente políticos del partido gilista de los intereses económicos de su líder.

La realidad es que lo que toca el GIL huele a podrido. Lo dijimos en el caso de Melilla, donde hasta el sustituto de la también sospechosa tránsfuga Malika Mohamed denunció el ofrecimiento de veinte millones de pesetas por apoyar al Gobierno de Aberchán y el GIL. Podemos repetirlo ahora en el caso de Ceuta.

Es posible que haya más de una laguna legal en los asuntos políticos. Pero es hora de poner límite, antes de que los métodos mafiosos se conviertan en el eje del sistema.

Musfafa Aberchán, el alcalde presidente de Melilla, lanzó ayer un órdago sin precedentes a la legalidad democrática al negarse a acatar la resolución de la Junta Electoral Central, que decidió otorgar el escaño de la tránsfuga Malika Mohamed al PSOE.

La Junta, el órgano máximo de arbitraje en materia electoral, consideró que Malika Mohamed perdió su acta el pasado día 9 de julio al presentar su renuncia por escrito ante la Mesa de la Asamblea, el mismo criterio que había mantenido la Junta de Zona de Melilla.

Una hora después del fallo, demostrando que su apego al poder es mucho mayor que sus convicciones democráticas, el alcalde de la ciudad anunció la aprobación de un decreto por el que otorga el escaño a Malika Mohamed, que había presentado un nuevo escrito solicitando la retirada de su dimisión. El voto de esta tránsfuga es vital para el GIL y Aberchán, que tienen ahora los mismos representantes que la oposición. El fallo de la Junta permitía al PSOE y al PP presentar una moción de censura, que ahora queda en el aire.

En el plano jurídico, la decisión de Aberchán de no acatar la resolución de la Junta Electoral Central pone de manifiesto la existencia de un vacío legal, ya que a los legisladores nunca se les había pasado por la cabeza una posibilidad tan insólita como que un alcalde se negara a cumplir un fallo «vinculante e inapelable», como establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral. PSOE y PP pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Aberchán, llevarlo a los tribunales por delitos de prevaricación y desobediencia y/o recurrir y pedir la suspensión cautelar de la medida ante el Constitucional. El PSOE se mostró ayer partidario de esta posibilidad. La batalla jurídica que se avecina promete ser larga y compleja.

Pero, con ser importante, esto no es lo más relevante. Lo que demuestra la negativa de Aberchán a aceptar las reglas de juego de un Estado democrático, amparándose en un vacío legal, es que este político está dispuesto a utilizar cualquier medio para mantenerse en el poder.

Aberchán ha presentado, una y otra vez, la moción de censura como un acto de racismo. Su actuación demuestra que hay razones de profilaxis democrática para apartarle del poder a él y a su mentor, Jesús Gil. Sin ir más lejos, la representante socialista en Ceuta, Susana Bermúdez, anunció ayer que va a votar a favor de una moción de censura que la formación de Gil va a presentar el día 23. El alcalde de Marbella necesitaba un voto y ya lo tiene. ¿Ha pagado por él? El PSOE, que alentó inicialmente con su ambigüedad los pactos con Gil y de cuyas listas han salido las dos transfugas, así lo sospecha.

Lo sucedido ayer en Ceuta y Melilla es la palpable demostración de los métodos mafiosos de hacer política de Gil y sus aliados, que no dudan en vulnerar la ley o recurrir a transfugas -gratis o pagados- para lograr sus fines. Ya saben los ciudadanos de esas dos ciudades lo que les espera si Gil les gobierna.

El GIL ya controla Ceuta, tras desalojar, con el voto tránsfuga de una diputada socialista, al gobierno tripartito constituido en esa ciudad tras las elecciones. Este resultado, unido a lo que que está ocurriendo en Melilla, supone un fracaso considerable de los partidos nacionales PP y PSOE, que se han entretenido en culparse mutuamente mientras el partido de Jesús Gil iba a lo suyo. Entre otras cosas, a conseguir, precisamente, que PP y PSOE proyectaran la imagen de que también ellos, los partidos teóricamente responsables, iban a lo suyo: la defensa de sus intereses particulares.Algo ha tenido que fallar en el plan de los estrategas de ambos partidos cuando asuntos de dimensión literalmente doméstica -rivalidades entre dos familias, un empleo para el marido de la tránsfuga- puede provocar un resultado como el de ayer en Ceuta. La diputada Susana Bermúdez, que reapareció acompañada por Jesús Gil, explicó con extraordinaria sinceridad lo que ella consideraba argumentos justificativos de su deserción: que su partido la había tratado mal dándole un puesto, el de vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, por debajo de sus aspiraciones. Ella quería ser miembro del Gobierno de la ciudad como consejera de Cultura. Luego se supo que el acuerdo también incluye un puesto, al parecer como viceconsejero de algo, para su marido. A Jesús Gil le parece que el comportamiento de Susana Bermúdez «pasará a la historia de la ciudad » y que «será recordada como una auténtica heroína nacional» por haber dado una «lección de moral». Parece un sarcasmo, y tal vez lo sea.

En Melilla, el GIL ya ha sido desalojado del Gobierno de la ciudad, pero el PP y el PSOE discrepan sobre si el todavía presidente, Mustafa Aberchan, debe seguir siéndolo o si su renuncia es condición previa para hacer efectiva la moción de censura. Los socialistas han argumentado con razones no desdeñables su punto de vista, pero resulta insólito que pretendan imponerlo con sus dos escaños sobre 25 y después de que hayan sido sus diputados electos quienes por dos veces rompieran el compromiso. Deberían estar avergonzados, y no pidiendo cuentas a los demás. Pero la reacción de la cúpula del PP resulta igualmente lamentable. Equiparar al GIL con los partidos con los que el PSOE ha pactado en algunas comunidades es una tontería ofensiva que confirma al nuevo portavoz del PP, Rafael Hernando, como un aventajado representante del ala más sectaria de su partido.

Si el PP y el PSOE decidieron concertarse para evitar, desde la legalidad, que el partido de Jesús Gil gobernase en Ceuta y Melilla fue por la singularidad de ese partido combinada con la excepcionalidad de la situación de ambas ciudades. Un partido que era más la pantalla de los negocios particulares de un sujeto con más de 50 procesos abiertos por los más diversos delitos, desde estafa a tráfico de influencias o prevaricación; y dos ciudades en las que habitan 130.000 españoles y cuya soberanía reclama el reino de Marruecos. La combinación entre ambas singularidades era potencialmente peligrosa, y requería una estrategia excepcional. Incluso en Ceuta, pese a que el GIL estaba a escasos votos de la mayoría absoluta y que, por tanto, la operación conllevaba riesgos de impopularidad en el ámbito local. La demagogia de Gil difícilmente se combatirá con peleas que confirmen a sus votantes de que en el fondo todos son iguales: van a lo suyo; para eso prefieren a alguien que no oculta su intención de utilizar el cargo para hacer fabulosos negocios; ven lo que ven y deducen que tal vez algo caerá de la mesa de Epulón.

EL GIL cumple: la tránsfuga ex socialista Susana Bermúdez será consejera de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Ceuta, y su marido, viceconsejero de Participación Ciudadana. La víspera, Bermúdez había amenazado con querellarse contra quienes digan que ha cobrado por apoyar al GIL, pero entre cargo y cargo la pareja ingresará cerca de un millón de pesetas al mes. Es todo un síntoma de la idea que el GIL y su nueva protegida se hacen de lo que puedan ser la cultura, la participación y el patrimonio.La recién nombrada consejera también ha declarado que su decisión de pasarse al Grupo Mixto se debió a un «conflicto de conciencia», porque ella, socialista de toda la vida, estaba en desacuerdo con el pacto de su partido con la derecha para desplazar al GIL. Por supuesto que es una decisión discutible, pero otros -los que la precedían en la lista socialista- expresaron su desacuerdo renunciando a participar en el Gobierno, no llevándose el escaño para ponerlo al servicio de otra formación, y no precisamente de izquierda.

La profesionalización de la política amplía las posibilidades de participación en esa actividad de personas que en caso contrario no podrían hacerlo. Pero su perversión, la idea de que pertenecer a un partido da derecho a cobrar del presupuesto durante generaciones, ha arraigado con sorprendente rapidez. La invocación por parte de la familia Bermúdez de su tradición socialista «de raíz, de historia y de sangre» para justificar su trapicheo resulta un ejemplo patético de esa perversión. Sobre todo si se ilustra con la tremenda foto del padre de la tránsfuga en conchabeo con Gil.