El Gobierno Azaña cierra todos los periódicos de derechas encabezados por ABC, EL DEBATE, INFORMACIONES y LA NACIÓN

Mí distinguido amigo y compañero: EL LIBERAL de esta mañana publica la siguiente noticia.

“Parece ser que el Sr. Galarza dijo a los informadores que el Estado se ha incautado de los periódicos ABC y EL DEBATE’ en virtud del anticipo de seis millones que hizo aquel a los periódicos”.

Las anteriores líneas escritas con el sano propósito de excitar al público contra nosotros cuando no podemos defendernos, podrían ser disculpables en otros diarios más modernos; publicadas en EL LIBERAL, sin una sola palabra de comentario, indican tan mala fe y falta de generosidad para los colegas suspendidos como inaudito cinismo. Yo deseo añadir ante la opinión y el Gobierno de la Repúblicas las afirmaciones siguientes:

Primera. Que la empresa propietaria de EL LIBERAL y HERALDO DE MADRID debe actualmente al Estado español más que la de ABC, porque ésta ha pagado en todo momento y religiosamente en los plazos que marcaba la ley durante la Monarquía y durante la República, la devolución del anticipo, lo que no siempre hizo EL LIBERAL, por lo pronto en tiempos de la Monarquía, tan odiada por él.

Segunda. Que la no menos odiada Dictadura del general Primo de Rivera publicó un decreto eximiendo de responsabilidad a los periódicos morosos entre los cuales estaban EL LIBERAL, HERALDO DE MADRID y otros muchos republicanos y monárquicos; pero no ABC, como consta en los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, que el Gobierno conoce seguramente.

Tercera. Que tengo la prueba exacta e irrecusable de cuanto afirmo, como sabe el gerente de la Empresa editora de EL LIBERAL, D. Antonio Sacristán, a cuya caballerosidad apelo y a quien no impidieron sus sentimientos republicanos hacer durante la dictadura las gestiones que creyó oportunas para que EL LIBERAL y demás periódicos morosos fueran eximidos de responsabilidad por no haber satisfecho en los plazos marcados por la ley la devolución del anticipo.

Cuarta. Que desde el advenimiento de la República ha sufrido ABC tres suspensiones gubernativas, dos de ellas con la correspondiente incautación de sus edificios, varias denuncias y yo una prisión de un mes, todo ello fundado únicamente en la defensa que hizo de sus ideales el periódico que dirijo. Invito al público a que suponga lo que habría sido de ABC desde el mismo día 14 de abril de 1931 de no haber cumplido siempre sus compromisos con el Estado; si le hubiera sorprendido la proclamación de la República en situación parecida a la de EL LIBERAL, moroso durante la Monarquía.

Todo ello se prestaría también a muy sabrosas consideraciones que no son del caso, sobre el trato que recibían antes y ahora los periódicos de oposición. Es curiosa en efecto, la meditación sobre el hecho indudable de que a EL LIBERAL, hace cinco años, se lo perdonaran sus trampas, y que este periódico admita la posibilidad de que a otro diario, que siempre cumplió la ley a rajatabla, se le incauten sus propiedades en virtud del anticipo que se hizo a los periódicos, mientras los que no abonaron como debían su devolución sigan viviendo alegremente por el hecho de llamarse ministeriales.

La actitud de EL LIBERAL produce en mi ánimo más pena que indignación. Ese colega encontró siempre en la casa ABC – ¿no es verdad, Sr. Sacristán? – el más decidido apoyo para resolver las dificultades económicas que tuvo a pesar del anticipo, porque éste no favoreció a la Prensa, sino al público, que pagaba a cinco céntimos los periódicos cuando el papel en blanco costaba doce. El producto correspondiente a la diferencia del precio que el Estado facilitaba iba a parar íntegro a las arcas de la Papelera Española.

Ya que no por gratitud, aunque no fuera más que ‘por su caso’ era EL LIBERAL el menos indicado para tirarnos la primera piedra.

Yo ruego a usted, señor director de EL SOL / LA VOZ, la publicación de esta carta. Si estima usted que este periodista sin periódico, indefenso y perseguido en momentos de inevitable pasión política, tiene algún derecho a defenderse, al menos, para que el público no falle sin enterarse de sus argumentos, yo le agradeceré profundamente que atienda mi ruego.

Muy suyo afmo. Amigo y compañero, que e. s. m.

Juan Ignacio Luca de Tena

A los cincuenta y ocho días de suspensión inmotivada volvemos a ponernos en relación con nuestros lectores sin que, en rigor, sepamos a que atribuir la medida de gobierno que durante este lapso de tiempo nos ha impedido comunicarnos con ellos. En nuestra labor anterior al 10 de agosto último – fecha de la intentona antigubernamental – no se halló pretexto para instruir contra nosotros procedimiento judicial alguno, ni siquiera para aplicarnos la llamada ley de Defensa de la República. Si se nos hubiera permitido seguir usando del derecho a la exposición de nuestro pensamiento, nadie pensará que habríamos hecho otra cosa que condenar la violencia como táctica política y, por tanto, reprobar la tentativa sediciosa. ¿Por qué, pues, se nos suspendió? Como medida preventiva. No por lo que dijimos, sino por la presunción de lo que habríamos de decir. Y no porque se pensara que en lo que hubiésemos dicho se hallase cosa punible, sino para suprimir la contradicción aun en aquellos asuntos en que es lícita, y si es sincera, obligada. Así lo interpretan los periódicos ministeriales que tardíamente han consagrado a este negocio alguna atención.

La privación injustificada de nuestros derechos constitucionales, los perjuicios materiales cuantiosos y la vejación que se nos ha inferido, aunque nos vayan ocasionando la natural contrariedad no amenguan nuestra serenidad  ni nos hacen perder de vista un solo instante el interés supremo de la nación a cuya defensa venimos consagrados. Y, por supuesto, no desvirtúan en lo más mínimo el acatamiento que desde su instauración hemos prestado a la República. Ni clara ni encubiertamente la hemos combatido jamás. Y si hemos discutido proyectos de ley – cuando no eran más que proyectos – que para la comunidad nos parecían añosos, eso mismo han hecho republicanos eminentes en el Parlamento y fuera de él. El día 14 de abril decíamos literalmente:

Nosotros, que no vacilamos ni un momento en declararnos ganados por la voluntad nacional y que acatamos su imperio desde el punto y hora en que tuvo su elocuente expresión e las urnas electorales, firmes en nuestro credo de siempre, seguros de que cumplimos un deber de genuino patriotismo, al lado del Poder constituido nos ponemos para en la medida de nuestras fuerzas contribuir al logro de esas esperanzas que hoy alientan en la mayoría de los pechos españoles y sin más condición ni límite que el absoluto respeto del orden y de la ley.

Esta ha sido nuestra actitud antes y esta seguirá siendo en lo sucesivo. Tanto peor para los que, por tener de la política un concepto estrecho y personal,  y por no concebir otra forma de colaboración que la lisonja, no lo comprendan así.

Todo régimen político normal, y mucho más un régimen que se dice democrático, requiere la oposición y contradicción. Sin ellas no hay democracia posible. Sin libertad de examen y de opinión podrán realizarse grandes cosas, lo único que no podrá hacerse en una República liberal. Esperemos que algún día serenados los espíritus, se restaure este concepto elemental en la vida pública y se pongan de acuerdos actos y las doctrinas, ahora en contradicción.

No sería justo y constituiría un caso de ego dedicar esta primera columna tras cincuenta y ocho días arbitraria suspensión, a cuanto ha vivido EL DEBATE. De la suspensión ya hablaremos. Tal suceso es un episodio, uno más, resultante de la política general de los años últimos. Y es esa política la que queremos examinar ahora.

El complot

Fuera solamente monárquico o monarquizante. Es un hecho que en el moviiento no faltaron republicanos entreverados con los monárquicos. Hubo conjurados que no iban contra un régimen, si contra un Gobierno. No contra la República, sino contra los hombres que la dirigen y administran. No eran rebeldes a una institución; pero se alzaban contra una política que juzgaban funesta. Ni siquiera tienen estas observaciones el mérito de la novedad: los diarios extranjeros más perspicaces las han anticipado… y el ministerialismo de la Prensa no suspendida ha cuidado de que no sean conocidas del público español.

Por lo demás es vana esa cautela: porque ¿quién ignora que elementos republicanos – viejos y nuevos republicanos – alentados a los comprometidos y acaso cobraron esperanza de ser cosechadores de lo que sembraran los conjurados? Y de la impopularidad de la política contra la cual se alzara la sedición, ofrecieron prueba cumplida las calles de Madrid el 10 de agosto y los siguientes días. ¡Qué diferencia entre los grupos de manifestantes que no cubrían el trayecto de la Cibeles a la Gran Vía y las desbordantes y frenéticas manifestaciones de abril de 1931!

Imposible es que todo ello haya quedado inadvertido por el Gobierno.

El Gobierno en la represión no ha procedido ¡ni con mucho! Guiado por tan noble concepción de sus deberes. En algún episodio merece franco elogio y no lo hemos de callar: por ejemplo al indultar al general Sanjurjo, acto de clemencia realizado contra la inhumana presión de algún sector y que honra al presidente de la República y al jefe del Gobierno. Más junto a ese generoso proceder se alienan todos los demás actos del Gobierno violentos y sañudos.

Nuestra posición

Casi huelga decir que EL DEBATE reaparece en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar en que se colocó el 14 de abril de 1931. Punto por punto reproduciríamos el artículo que en aquella fecha escribimos, sin que en nuestra conducta, durante el tiempo ya transcurrido pueda encontrar nadie la más leve rectificación; sin que, ahora nuestro pensamiento nos dicte ninguna otra. Si algo tuviéramos, no que modificar, pero sí que acentuar en lo escrito entonces, sería la expresión de nuestro propósito de contribuir tanto cuanto podamos a la pacificadora espiritual de España y al acabamiento de la Guerra Civil en que hemos vivido, incompatible con el éxito de cualquier empresa nacional y con la prosperidad del país.

Respecto al Gobierno, delimitaremos y definiremos nuestra posición una vez más. Y para más autoridad de testimonio usaremos palabras tomadas de la declaración colectiva del Episcopado español del 20 de diciembre de 1931, a la cual nos referíamos al principio de este artículo Expresábamos allí nuestro acatamiento al Poder. Aladiremos que el acatamiento no es forzado respeto; no consiste tan sólo en la no agresión. Es preciso que no haya en los ciudadanos ‘sombra de hostilidad hacia los poderes encargados de regir la cosa pública”.

No es el acatamiento frase ritual verbalismo vacío: por él, los buenos patriotas ‘aportarán’ su leal concurso a la vida civil y pública; y los católicos de modo singular han de tener presente que por la doctrina que profesan, están obligados a cumplir tal deber con toda integridad y conciencia”.

Pero dentro de la legalidad perseveramos en la oposición irreductible a todos los actos de gobierno y a todas las leyes en pugna con los principios fundamentales de nuestra doctrina, que, a la vez, tenemos por constitutivos de la personalidad nacional española: Religión, Familia cristiana y propiedad cristiana también.

No sólo porque hiriese nuestros sentimientos, sino por el daño, hondo y seguro que España sufriera deploraríamos que el Gobierno persistiese en la política antirreligiosa como si entendiera o quisiera que las gentes entendiesen y juzgasen tal política como característica inseparable de la República española. Si se ha dicho que no se puede gobernar en España prescindiendo de las fuerzas socialistas, ni con desconocimiento o olvido de lo que pesan en la vida española, mucho más cierta es la imposibilidad de gobernar a nuestro país echando extramuros de la vida legal y ciudadana a los hombres y gentes que integran la derecha católica. Sin su concurso nada sólido y duradero se podrá edificar en nuestra tierra. Se podrá, sin la derecha, destruir. Pero sólo con ella se podrá hacer verdadera política nacional.

En la madrugada del día 10 de agosto último un grupo de unas noventa o cien personas entre paisanos y militares retirados intentó penetrar en el Ministerio de la Guerra y en el Palacio de Comunicaciones, donde ya lo aguardaba apercibida con bastante antelación, la fuerza pública, que la rechazó haciéndolo bajas considerables. Poco después se supo que en Sevilla el general Sanjurjo se había proclamado capitán general de Andalucía publicando un manifiesto en el que se declaraba que la rebelión no iba contra el régimen republicano sino contra un Gobierno y unas cortes a merced de la tiranía socialista y contra el propósito desemembrador que, a su juicio representaba el Estatuto de Catlauña. En vista de ello, a pesar de haber sido sofocado el movimiento fácilmente, sin posibilidad de ulteriores consecuencias fue decretada la suspensión de todos los periódicos españoles de matriz monárquico o simplemente derechista.

LA NACIÓN a la que no se le había aplicado ni el más leve correctivo desde que se proclamó la República, porque para hacerlo era menester declarar ilegales ideas que en ningún país civilizado lo son, no escapó a la medida. Hoy, a los setenta y dos días de incomunicación con el público, el Gobierno se digna permitir que volvamos al disfrute de nuestra propiedad y nuevamente al ejercicio de los más rudimentarios derechos de la ciudadanía. Esperamos que también nos permitirá preguntar por qué nos privó de ellos ya que no intervenimos ni directa ni indirectamente en el planteamiento ni en la ejecución de los sucesos, que hubiéramos procurado evitar con nuestro consejo de conocerlos anticipadamente, porque las consecuencias estaban previstas.

La supresión fulminante de todos los periódicos oposicionistas (cosa que no se había hecho hasta ahora más que en Rusia) dio como primero y funestísimo resultado – formar una opinión engañada es siempre funesto – que no se opusieran relatos fieles, juicios serenos y observaciones ecuánimes al cúmulo desvergonzado de diatribas cobardes, ruinas calumnias, delaciones villanas, crueles burlas plebeyas contra amordazados e indefensos y excitaciones delictivas de una morbosidad repugnante, con que se han deshonrado para siempre, si no lo estaban ya por su versátil servilismo – ayer aduladores interesados de la Monarquía, como hoy falsos y dañosos defensores de la República – unos papeles abyectos, que gran parte del público ha rechazado estos días con incisiva repugnancia, como si temiera mancharse a su contacto.

Ha sido tal el alarde de impudicia de esos diarios, prevalidos de la ausencia de impugnadores que si a lo que han hecho en el terreno de la soplonería, de la difamación y del mentir a sabiendas se le llamara periodismo renegaríamos de ser periodistas, y si la suya se considerase alguna vez como la voz de España, nos avergonzaríamos de ser españoles.

En este primer artículo no es posible mayor puntualización: pero estamos seguros de que con el tiempo podrá ser plenamente esclarecido que el movimiento no fue monárquico – el Sr. Bergamín invocaba el testimonio del Sr. Lerroux – que sólo una hábil estratagema de quien estuviese a la vez al habla con algunos conspiradores y con los encargados de estrangular ruidosamente la conspiración pudo determinar la dolorosa sorpresa de Madrid y llevar engañado a Sevilla al general Sanjurjo, en la creencia de que en otras provincias sería secundado y, en fin de cuentas, que los sucesos de ambas poblaciones no tuvieron la importancia, el alcance y la significación que le han atribuido los periódicos del escándalo para justificar lo que con pena estamos contemplando los españoles y con estupor los extranjeros.

Es natural que el Gobierno se defienda, creyendo que defiende al régimen: pero nosotros nos permitimos decirle que si no deja de respirar el ambiente que han creado una prensa insensata y unos intransigentes ambiciosos llevará al país a una catástrofe, porque la acumulación de odios hostilidades, desesperaciones y deseos recíprocos de venganza y de exterminio hará imposible la convivencia de muchas generaciones. Y sin esa convivencia no habría nación.

Al reaparecer no tenemos nada que rectificar: nuestras convicciones son tan inquebrantables como nuestro propósito de defenderlas dentro de la más estricta legalidad. Estos días se ha hablado mucho de republicanizar la República. Nos parece bien; pero a los que no somos republicanos no se nos puede republicanizar. Lo que se nos ha de exigir es que vivamos con nuestras ideas, conforme a la ley y sometidas a la autoridad constituida.

Y eso ya hemos tenido buen cuidado de hacerlo siempre, sin engañar a nadie porque representa la mejor razón de nuestro legítimo derecho, sobre todo para el día en que podamos ejercitarlo plenamente, libres de las violentas e injustificadas coacciones de ahora.

(No queremos que reaparezca nuestro periódico sin que en la primera página del primer número quede grabada la fotografía del primer jefe de Gobierno del mundo que ha suspendido 114 periódicos por el delito de interpretar el sentir de millones de ciudadanos disconformes con su política. Nosotros no olvidaremos nunca esta lección de libertad).

La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera; durante todos los Gobiernos de seis reinados y de dos Repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal. No hablemos de la Constitución que prohíbe la suspensión de periódicos si no es por sentencia firme de Tribunal competente: nuestro caso no puede justificarse ni siquiera con la ley de Defensa de la República que faculta el ministro de la Gobernación para suspender los periódicos por un determinado tiempo, que debe fijar al acordar la sanción y que determina las causas o motivos en virtud de los cuales puede ser impuesta. A nosotros no se nos ha comunicado jamás por qué se nos imponía este castigo excepcional en España.

Más de cien periódicos suspendidos al mismo tiempo que el nuestro, al ir reapareciendo, han protestado enérgicamente de la arbitrariedad, más prolongada en nuestro caso, con que el Gobierno ha querido castigar no sabemos qué imaginarios delitos. A todos esos queridos colegas y a otros que no fueron suspendidos nuestra gratitud más efusiva y cordial.

Séanos permitido nombrar únicamente a los de Madrid, para no caer en laguna omisión involuntaria: LA NACIÓN, INFORMACIONES, EL SIGLO FUTURO, EL DEBATE, DIARIO UNIVERSAL, EL IMPARCIAL, LA ÉPOCA y EL TIEMPO han publicado a diario artículos, sueltos y caricaturas, rivalizando en una nobilísima campaña, que cuantos escribimos en ABC no olvidaremos nunca. Quede consignado, también, nuestro profundo agradecimiento hacia un diario madrileño de ideas republicanas, que, sin necesidad de abdicar de ellas, sino, por el contrario, manteniendo el mismo criterio que sustentó siempre sobre la libertad de Prensa, ha sabido defenderla ahora como en otras ocasiones. LA LIBERTAD ha hecho honor a su nombre.

De los otros periódicos de izquierdas preferiríamos no hablar. Nos han dado una magnífica lección de… comodidad. Ninguno ha dicho, naturalmente, que era contrario a la libertad de imprenta.

Estos periódicos, intentando defender lo indefendible de su posición, han afirmado que los periódicos suspendidos no pretendíamos libertad de Prensa, sino impunidad para nuestras campañas de oposición al Poder constituido. Contra este argumento habilidoso tenemos que declarar una vez más nuestro criterio clara y reiteradamente expuesto: jamás hemos pretendido nuestra impunidad, ni cuando, durante la Monarquía, defendimos a esos periódicos deseábamos la de ellos. Queremos unas leyes que definan los delitos y unos tribunales de justicia que los castiguen, señalando las sanciones, la cuantía de las multas, las penalidades de los responsables del delito y la duración de las suspensiones. Nuestro constante criterio de máxima libertad y máxima responsabilidad no puede consentir sin la más enérgica protesta que la vida de los periódicos esté pendiente de sectarismos, venganzas o pasiones. Esos periódicos republicanos, que con su actitud dicen defender a la República, van contra ella, porque su nueva manera de pensar en muchos asuntos está en patente contradicción con lo que antes decían era esencia del régimen nuevo.

Pedimos normas claras y terminantes para poder vivir. Si es un delito no pensar como el Gobierno, y no rendirse incondicionalmente al fervor ministerial, que se nos diga. Si la crítica razonada de los actos de un Gobierno se considera ahora delictiva en España, que se señalen en una ley aquellos asuntos de los que se quiera prohibir traten los periódicos y nosotros la acataremos, nos parezca buena o mala, como hemos acatado la de Defensa de la República. El Gobierno, éste o cualquier otro, hace muy bien en imponer la ley. Es su derecho y su deber. Lo inadmisible está en que mientras obliga que los ciudadanos la cumplan, sea el mismo Gobierno el primero que la infringe.

Allá él. ABC la ha cumplido y la cumplirá siempre. Nuestras ideas son cada día más firmes, y continuaremos nuestro camino serenamente, sin ánimos de venganza ni bajas pasiones personales por el incalificable atropello de que se nos ha hecho víctimas porque ABC no es un libelo, pero también sin temores ni sobresaltos para mantener en cada caso la firmeza de nuestro criterio hasta donde la ley nos autorice…