El Gobierno Aznar anuncia el acercamiento de más de 100 presos etarras en lo que supone el mayor gesto a favor de los terroristas

Hay motivos para pensar que el traslado a cárceles próximas al País Vasco de un centenar de presos de ETA anunciado ayer por el Gobierno no producirá gestos de reconocimiento, sino tal vez lo contrario, por parte de quienes lo exigían con más énfasis; sin embargo, había más razones a favor que en contra. El ministro Mayor Oreja eligió un tono tecnocrático para enumerarlas, pero no había razón para ocultar que el motivo principal era político: evitar que el acercamiento de los presos se convierta en un tema de divergencia entre las fuerzas democráticas frente a los problemas que han de abordar estos próximos meses en el camino hacia la paz. Es un asunto que lleva años envenenando las relaciones entre partidos nacionalistas y no nacionalistas -por ejemplo, en la Mesa de Ajuria Enea- y que amenazaba ya con afectar al consenso en materia antiterrorista entre el Gobierno y el partido socialista. Desde 1995 existe un pronunciamiento casi unánime del Parlamento vasco a favor de que se ponga fin a la política de dispersión. Esa política, que en su día contó con el apoyo de los nacionalistas, cumplió su papel a fines de los ochenta para favorecer la reinserción, pero hace tiempo que resulta estéril y es posible que contraproducente. La posición del Parlamento de Vitoria es ampliamente respaldada por la población vasca, según indican las encuestas. Por otra parte, también existe un emplazamiento, reiterado antes del verano, del Congreso de los Diputados para que el Gobierno flexibilice su política penitenciaria de acuerdo con la situación creada por el alto el fuego de ETA.

El Gobierno ha sido más bien reticente por dos motivos principales: primero, por su criterio de acompasar las medidas penitenciarias a los avances en el proceso de paz. Pero aunque no haya habido alto el fuego definitivo, ni siquiera una clara voluntad de diálogo de ETA sobre esa hipótesis, la suspensión de los atentados se ha mantenido durante un año. Ése es el avance. Segundo motivo: la persistencia de la intimidación bajo la forma de sabotajes y coacciones a los no nacionalistas. Es un argumento a tomar en consideración, pero llevado hasta el final supone poner la política penitenciaria en manos de los encapuchados.

Un tercer argumento, éste implícito, fue que el pequeño ensayo de acercamiento a la península de los presos de las islas y plazas africanas realizado en diciembre fue calificado de gesto mezquino e incluso de provocación por los nacionalistas, y seguido por la convocatoria de una manifestación en enero (y ya no por el acercamiento genérico, sino por el traslado a cárceles vascas). Es grande la tentación de responder con un «pues entonces, nada», pero no habría sido inteligente ceder a ella.

ETA intenta permanentemente obligar al nacionalismo democrático a definirse en torno a sus propios objetivos y planteamientos. El acercamiento de los presos es una bandera de ETA y HB a la que se sumaron los nacionalistas democráticos de manera bastante confusa: interiorizando como propio el argumento -que Arzalluz había expresamente rechazado en 1989- de que existe un derecho de los presos al acercamiento. Los efectos de esa confusión, llevada hasta el ridículo de la denuncia ante instancias internacionales, fueron gravísimos: aportaron una apariencia de coartada jurídica y moral a las peores barbaridades. Por ello sigue siendo necesario aclarar que la ley no ordena, sino recomienda – y siempre en el marco de una política individualizada de reinserción- el acercamiento del recluso a su medio familiar.

Pero que no sea un derecho no significa que no sea conveniente. El propio PP estaba más bien de acuerdo antes de que el asunto se envenenara. No hay que agravar el sufrimiento de los familiares, si puede evitarse. En la época en que funcionaba eficazmente la reinserción, la dispersión buscaba aliviar la presión de los comisarios de ETA sobre los presos que deseaban soltar amarras. Ahora se ha convertido en bandera de movilización de esos mismos familiares y en pretexto para la unidad de acción nacionalista en torno a los planteamientos más radicales.

Existían, por tanto, motivos poderosos a favor de una flexibilización de la política penitenciaria. Y también margen para hacerlo sin asumir un riesgo desproporcionado: el acercamiento es, por definición, una medida reversible. Y permite transmitir a los presos de ETA el mensaje de que lo que no consiguieron con brutalidades como el secuestro de Ortega Lara y lo que vino después es posible alcanzarlo en el marco de la suspensión de la violencia; y que a este paso pueden seguir otros en la misma dirección.

Reclamaban a Aznar que moviera ficha y lo ha hecho: el Gobierno dio a conocer ayer que va a trasladar a 105 presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi o directamente afincadas en territorio vasco.

Puede matizarse que algunos de los acercamientos que ha anunciado no lo serán tanto. Hay presos que van a ser trasladados de Málaga a Jaén, o de Salamanca a Valladolid, o de Madrid a Valencia, lo que no parece un avance muy sustancial, ni siquiera en kilómetros. A cambio, también es cierto que un importante contingente de reclusos de ETA se encuentra en situación de detención preventiva, por lo que su ubicación no es potestativa de la Administración penitenciaria, sino de los tribunales.

Pero, matizado todo lo matizable -tanto por un lado como por el otro-, es evidente que no estamos ante una medida testimonial, sino ante la iniciativa más importante que haya tomado en este sentido el Gobierno desde que hace casi un año ETA declaró su tregua. Es una cuarta parte del colectivo de reclusos etarras la que ve mejorar su situación.

Hemos defendido reiteradamente el acercamiento de los reclusos a sus zonas de origen geográfico -de todos los reclusos, sea cual sea el motivo de su encarcelamiento-, en orden al cumplimiento del fin que nuestra Constitución asigna a la privación de libertad: la más pronta rehabilitación del delincuente. Así fuera ya sólo por eso, difícilmente podría parecernos mal la decisión del Gobierno.

Pero, a las razones generales, se suman en este caso las de estricta oportunidad política.

El proceso de negociación del Gobierno con ETA se había estancado, y eso estaba provocando una cierta inquietud en la ciudadanía -sobre todo en la vasca, pero no sólo- y poniendo en aprietos al sector del campo abertzale más sinceramente partidario de la paz. Con esta medida, el Gobierno relanza el proceso de paz y quita argumentos a los extremistas que ya estaban preconizando la vuelta al enfrentamiento violento, ante la supuesta inutilidad de la vía pacífica.

Rompiendo con el tono general de aprobación con el que casi todos los partidos han acogido el anuncio de los 105 traslados, el PNV y EH dicen que es «vergonzante» e «insuficiente». Todo indica que la iniciativa les ha cogido con el pie cambiado, justamente cuando se disponían a celebrar con discursos basados en el inmovilismo del Gobierno tanto los aniversarios del pacto de Estella y de la tregua de ETA omo la reunión de la Asamblea de Municipios Vascos. Les molesta haberse quedado sin agravio.

Aznar ha movido ficha y a ellos les toca ahora resituar las suyas sobre el tablero. Bien está. Que el juego siga. Todo valdrá la pena, mientras el juego siga siendo pacífico.