El Gobierno Aznar aprueba el Plan Hidrológico Nacional del ministro Jaume Matas con el polémico trasvase del Ebro

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por una amplia mayoría el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Todo transcurrió conforme a un guión que parecía escrito mucho antes de su puesta en escena y el Partido Popular contó con el respaldo de Convergencia i Unió y de Coalición Canaria; en el caso de los nacionalistas catalanes, tras un vertiginoso cambio de actitud que les llevó de rechazar el Plan en el Parlament al voto afirmativo dado ayer en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo (con promesas de inversiones millonarias de por medio).

Dentro de lo previsible que resultó el desarrollo de tan trascendente jornada parlamentaria, merece ser destacada la celeridad con la que está siendo tramitada una ley que, en palabras del consejero de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, ‘es probablemente el proyecto de Estado más importante de este siglo’. Sin entrar a discutir la capacidad de prospectiva que hace falta para sostener esa afirmación en el primer año de la centuria, al ‘ministro’ de Zaplana no le falta razón en cuanto a los duraderos y profundos efectos que puede tener el Plan Hidrológico Nacional si es ejecutado en sus términos actuales. De ellos se ha hablado y escrito de forma extensa y, si algo quedaba fuera de toda duda, era la conveniencia de que un tema de este calado se tratase sin ninguna prisa. Sin embargo, el PHN puede convertirse en ley en vigor el próximo mes de junio. Apenas unos días después del plazo máxima que el Congreso se había dado para debatir las enmiendas en la comisión correspondiente. Para entonces, en cambio, el proyecto no sólo habrá sido ya aprobado por el pleno del Congreso sino que muy posiblemente habrá pasado de forma inusitadamente veloz por el Senado, una vez que los acuerdos entre PP y CiU Parecen haber cerrado la puerta a modificación alguna en la Cámara Alta.

Para los intereses de Aragón el trámite parlamentario constituye una frustración, ya que vuelve a reproducirse la situación que se dio en el Consejo Nacional del Agua y en la fase de elaboración del anteproyecto: la escasa receptividad del Gobierno a la hora de admitir cambios de importancia en su proyecto y la imposibilidad de que el paso por el Congreso haya servido para establecer puentes de negociación entre sociales y populares, entre el Ejecutivo Aznar y los representantes aragoneses.

Dos diputados del PSOE murciano, partidario del trasvase del Ebro, prefirieron ausentarse antes que desobedecer a su partido. Del otro lado no se observó ninguna conducta semejante. Los populares aragoneses siguen cerrando filas con el ministro Matas – que no asistió más que a la votación que certificaba su ansiada victoria política – y defienden en todo momento que el PHN reportará grandes beneficios al a Comunidad. La forma en que está siendo tramitado por las Cortes Generales no les ayudará mucho en su intento de disolver el sentimiento de rechazo mayoritariamente sentido en Aragón.

Heraldo de Aragón

EL agua no debe seguir siendo en nuestro país un elemento de discordia. Los seres vivos necesitan de este preciado elemento para su supervivencia y, de todos ellos, es el hombre el que ha ido perfeccionando, con el paso de los siglos, su sistema de convivencia hasta alcanzar un sistema desarrollado que facilite el desarrollo personal y social de manera solidaria y respetuosa con el otro. Ante los problemas enconados y difíciles, los humanos tenemos un arma invencible que es el diálogo y en él deberíamos fundamentar nuestro sistema democrático de convivencia. El diálogo para alcanzar un consenso que dé solución a los posibles conflictos.

En España tenemos planteado, desde hace décadas, un problema. Condiciones geográficas y climáticas por un lado y, por otro, la deficiente actuación del hombre sobre la naturaleza y sus elementos nos sitúan ante un conflicto vital: necesitamos agua para la vida y el desarrollo de algunas zonas y estamos obligados a encontrar una solución que palie estas carencias. Los socialistas ofrecemos diálogo para resolver este problema. Proponemos consenso para que la solución una los distintos territorios de nuestro país, frente a los intentos de división o fractura que planean otros. Trabajamos para la vertebración y la cohesión del país porque estamos convencidos de que un tema de esta naturaleza necesita un gran acuerdo político y social. Es más, creemos firmemente que el Plan Hidrológico que España necesita o es consensuado o no será.

Frente a esto, nos encontramos un Plan presentado por el Gobierno Aznar que ha batido todas las marcas parlamentarias, al encontrarse con siete enmiendas a la totalidad de otros tantos grupos políticos representados en las Cortes Generales y la oposición de los parlamentos autonómicos de Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Cataluña y Navarra. Pero eso no es lo peor. Es un Plan que no tiene mayoría social. Se enfrenta a la oposición de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España, CCOO, UGT, Confederación de Consumidores y Usuarios, Plataforma Rural, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Adena, Greenpeace. Así hasta más de 400 organizaciones representativas de los más diversos ámbitos sociales y ciudadanos de todo el Estado.

El Gobierno está empeñado en mantener una propuesta que no responde a lo que verdaderamente puede considerarse un Plan, ni es hidrológico y tampoco es Nacional. Para que fuera, con propiedad, un Plan, debería incluir, y no lo hace, una objetivación de los fines perseguidos en política territorial, agrícola, energética, turística y de gestión de la demanda del agua. El que ofrece el Gobierno ni expone objetivos, ni hace un diagnóstico integrado de la realidad hidrológica (no hidráulica) española, ni siquiera analiza cuál ha sido el grado de aplicación y cumplimiento de la actual legislación en materia de aguas. Para poder ser calificado con propiedad como un Plan debería definirse antes qué modelo de ordenación territorial queremos: en infraestructuras, en política forestal, en regadíos, etc.

Los socialistas sí tenemos en cuenta un debate sobre la ordenación del territorio en España. No podemos seguir concentrando población (3 de cada 4 ciudadanos viven en el 3% del territorio), con procesos de desertización y envejecimiento en la mayoría de la España interior. Y necesitamos fijar medidas que reduzcan los actuales desequilibrios regionales. El texto del Gobierno no dedica ni una palabra a este importante asunto. De igual forma, queremos que el Gobierno presente un Plan de Regadíos, otro forestal, el Plan Director de Infraestructuras y una estrategia de lucha contra el cambio climático. La planificación hidrológica deberá tener en consideración los contenidos de las conclusiones sobre política territorial que resulten de dicho debate. El Gobierno también ignora en su Plan el proceso de revisión en curso de las políticas comunitarias, incluida la agrícola, que afectarán de forma decisiva a nuestro país en los próximos años.

Visto que no es un Plan, intentaré demostrar que tampoco es Hidrológico y que se queda en lo meramente hidráulico, es decir en el mero transporte de agua. Estamos ante un Plan hidráulico que contempla un solo trasvase y que se reduce a regular un trasvase desde un río, el Ebro, que ha tenido una reducción de caudal del 50 % en los últimos 40 años y que en los próximos 40 será deficitario. Los problemas hidrológicos de nuestro país no se resuelven sólo con obras hidráulicas. Hace falta una apuesta decidida por mejorar la gestión del agua en España, lastrada hoy día por un funcionamiento inadecuado de las Confederaciones Hidrográficas. Así lo reconocían en el Libro Blanco del Agua: «es evidente que la Administración hidráulica no ha sido capaz de reconvertirse en sus estructuras, objetivos y capacidades, al ritmo que exigía la legislación de aguas». Sin embargo, en el Plan no se prevé la reforma de las Confederaciones. ¿Quién puede creerse que se puede hacer algo serio en eta materia sin superar el caos administrativo actual, gracias al cual sólo están legalizados la cuarta parte del medio millón de aprovechamientos de agua existentes?. ¿O sin integrar a las comunidades autónomas en un marco de corresponsabilidad en la gestión del agua?.

Mejorar la gestión del agua supone situar como objetivo principal una gestión integral en la que la eficiencia, el ahorro, el uso de las tecnologías cada vez más avanzadas y la preservación de nuestros ecosistemas permita obtener un agua de mejor calidad y suficiente para atender las necesidades existentes. ¿Dónde están estos objetivos en su Plan?. ¿Cómo se puede llamar Plan Hidrológico a uno que no establece ningún plan de eliminación de vertidos cuando la contaminación de las aguas es el factor de mayor influencia en lo que a la pérdida del recurso agua se refiere?. La lucha contra la contaminación ofrece posibilidades mayores de aumentar la disponibilidad del agua más que a través de la construcción de nuevas infraestructuras.

Los socialistas apostamos con contundencia por poner orden en el caos de la Administración hidráulica, facilitando la reordenación de los derechos del agua. Nuestro objetivo principal es el de fomentar un uso mucho más eficiente del agua, y para ello, ante todo, hay que conocer con rigor cuánta agua se utiliza y cuánta es efectivamente necesaria para cada uso, así como los auténticos requerimientos de caudal ambiental en cada río -desconocidos por completo en estos momentos, a tenor del contenido de los Planes de Cuenca vigentes-. Según el INE y el Ministerio de Agricultura, en España sólo el 10% de los regadíos pueden considerarse eficientes, y, además, se desaprovechan casi 5.000 hectómetros cúbicos exclusivamente por pérdidas en las infraestructuras agrarias. Ante esto, nosotros proponemos la creación de Bancos Públicos de Agua, para aflorar las numerosas operaciones potenciales de reasignación de usos del agua en toda España, que contribuirían a reducir los déficits existentes, sin la conflictividad y los impactos ambientales negativos que genera un trasvase.

Otras alternativas factibles son la reutilización y desalación. Las plantas desaladoras que nosotros proponemos no emiten ni un solo gramo más de dióxido de carbono que el trasvase previsto del Ebro a Almería. Porque la energía necesaria para transportar 1.050 hectómetros cúbicos a lo largo de ese trasvase es exactamente la misma que la que se requiere para desalar los 400 hectómetros que planteamos como una de nuestras medidas urgentes. Con la información que facilita la propia administración, se puede estimar que más de dos tercios de la demanda de la Comunidad valenciana se puede obtener fácilmente a través de medidas internas de ahorro, depuración, reutilización y desalación con menos coste económico, social y ambiental que las medidas que propone el Gobierno y, por supuesto, en menos tiempo. No obstante, el PSOE no descarta los trasvases, pero deben plantearse como última solución, una vez constatada la insuficiencia de todas las demás posibilidades de obtención de agua dentro de la propia cuenca

Y el Plan Hidrológico no es nacional. El Sr. Aznar aún no se ha enterado de que en nuestro país no se pueden plantear ya trasvases entre cuencas sin que exista un acuerdo satisfactorio para los territorios de las cuencas cedentes. El Gobierno ha despreciado la opinión de esos territorios. Nosotros proponemos la necesidad de promover el consenso entre el Gobierno y las comunidades, en un foro adecuado al Estado de las autonomías, una Conferencia Sectorial de Política del Agua. Consenso que sólo puede basarse en la certeza de que el Gobierno propone una opción racional y viable desde el punto de vista económico, ambiental, técnico y social. El trasvase que propone el Gobierno no cumple ninguno de esos requisitos.

Frente a este conjunto de despropósitos y promesas de difícil cumplimiento, los socialistas ponemos el acento en una moderna gestión del agua, en el ahorro, en la reutilización, en la desalación y tenemos muy en cuenta los estudios sobre evaluación estratégica ambiental y los efectos del cambio climático.

Por último no puedo dejar de dudar de la viabilidad financiera de este Plan. Hasta el profesor Barea la pone en duda. ¿Cómo dar crédito al compromiso del Gobierno cuando el esfuerzo inversor del sector público estatal cada vez es menor y este año se queda en el 3,27% del PIB? ¿Cómo esperar una rápida ejecución de las obras aquí contenidas si los Presupuestos Generales del Estado en su capítulo VI han pasado de 1,176 billones en 1990, hace 10 años, a 1,014 billones en el 2000, el 61% en pesetas constantes? ¿Y cómo no caer en el descreimiento total cuando las inversiones en materia de aguas de la Administración central entre obras hidráulicas y saneamientos no alcanzaron en 1999 los 138.000 millones de pesetas, cuando en 1995 fueron casi 300.000? ¿Qué crédito merecen? Poco.

El Plan del Gobierno es caro. Sólo el trasvase del Ebro costará, según los cálculos del propio Ministerio, 700.000 millones de pesetas. Las alternativas del Grupo Socialista a ese trasvase se pueden financiar con 415.000 millones de pesetas. El Plan del Gobierno supone que Murcia y Almería deberán esperar mas de diez años para ver resueltas sus necesidades de agua. Los socialistas no queremos esperar una década. Sabemos que se pueden resolver los problemas de agua de Murcia y Almería de manera más inmediata. Nuestro Plan aborda las necesidades urgentes que se derivan de los déficits hídricos que existen en todas las cuencas españolas, a través de la reforma de las Confederaciones.

El Plan del Gobierno no es nacional. Lejos de vertebrar nuestro Estado autonómico, conduce al enfrentamiento entre distintas comunidades. No une, separa. No integra, divide. Y un Plan Hidrológico Nacional en la España autonómica, sin consenso social está destinado al fracaso. Para llevar adelante el Plan que necesita España es preciso, como ya dijera Indalecio Prieto ante las Cortes de 1933, conquistar la voluntad de todos, ganar el espíritu de todos, lograr la convicción de todos, porque este género de empresas no pueden constituir una bandera política sino un empeño común.

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