El Gobierno Aznar cambia el Código Penal para encarcelar a aquel presidente autonómico que desobedezca al Estado

Lo malo de tener una idea es tener sólo una: la del PP es que a ellos no les tiembla el pulso, como a otros, a la hora de hacer frente a los nacionalismos disgregadores. Y no les preocupa quedarse solos en la defensa de esa firmeza. Ayer el PP se quedó más que solo: por primera vez en la historia, la oposición en bloque no es que votase en contra, sino que renunció a participar en la votación de una propuesta del Gobierno: una reforma del Código Penal que permite encarcelar a quien convoque, ampare o financie una consulta ilegal.

Ese desenlace, con bronca incluida, perjudica la causa de quienes consideran que, en efecto, el proyecto de Ibarretxe es una amenaza muy seria para la estabilidad democrática; pero era un desenlace previsible. Porque una reforma legal con tan graves consecuencias potenciales no puede hacerse a las bravas, sin verdadero debate parlamentario, sin el preceptivo informe -por tratarse de una ley orgánica- del Consejo del Poder Judicial, y mediante un procedimiento tortuosamente irregular: como enmienda en el Senado a una ley que no tiene que ver con el asunto. Era lógico que la oposición se negase a secundar una iniciativa planteada en esos términos, y más cuando ni siquiera había sido objeto de consulta previa en el marco del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo firmado por PP y PSOE.

Frente a la imagen de soledad proyectada por el PP en este desagradable final de mandato, los incondicionales de Aznar suelen aducir que cuenta con la compañía de la mayoría absoluta de los representantes del pueblo. Sin embargo, hay asuntos en los que tan importante como la mayoría es el consenso político. La Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna ha resultado un eficaz instrumento contra ETA; pero ello se debe en buena medida al trabajo de depuración de su contenido impulsado por la oposición, lo que a su vez permitió que fuera aprobada casi por unanimidad. Ahora el PP dice desear el consenso, pero no deja de boicotearlo con iniciativas unilaterales, además de desorbitadas. Porque una cosa es la firmeza en la aplicación de la ley y otra aplicar el Código Penal a toda clase de conductas ilícitas. Existen otras vías no penales de oponerse a los designios de Ibarretxe e incluso normas penales de aplicación al caso sin necesidad de escenificar una reformaad hóminem.

Intentar frenar el plan soberanista del nacionalismo vasco amenazando con la cárcel al lehendakari, mediante una reforma dudosa que provoca un plante de la oposición en bloque, y el anuncio de uno o varios recursos de inconstitucionalidad es sin duda una idea; pero no es una buena idea.