El Gobierno Aznar cede ante Pujol la Ley del Himno nacional: no será obligatorio ponerse en pie ni que suene en todo acto oficial

Alertado por las críticas nacionalistas, el Gobierno ha’ renunciado a los aspectos más conminatorios del proyecto de real decreto sobre el himno nacional. Era absurdo que se obligara -¿bajo amenaza de sanción?- a todos los presentes a permanecer en pie mientras sonaban sus notas, y bastante discutible que tuviera que sonar en todo acto oficial en que estuviera presente algún miembro de la familia real o el presidente del Gobierno. El contenido del proyecto y la desenvoltura para abandonarlo definen el estilo de este Gobierno.Todos los Estados nacionales, y España es uno de los más antiguos, cuentan con elementos simbólicos que favorecen la vertebración de la sociedad. El cine y la literatura nos han mostrado que esos elementos -la bandera de las barras y estrellas en Estados Unidos, las notas de La Marsellesa en Francia, los escudos de la monarquía en el Reino Unido -son factores de identificación colectiva y depositarios de emociones compartidas que constituyen eficaces vehículos de cohesión. Pero tratar de imponer emociones por decreto crea a menudo el efecto contrario.

La adhesión a los símbolos nacionales ha sido en España bastante débil. Hace 80 años, al presentar en Madrid la revista vascá Hermes, Ortega y Gagsset lamentaba la ausencia entre nosotros de una «emoción nacional por la que comuniquen los bandos enemigos». Contra lo que cree mucha gente, la bandera nacional tiene rango de tal sólo desde mediados del siglo pasado (1843). El himno, la Marcha real, fue adoptado como tal por Carlos III en 1770, aunque la única regulación sobre su uso existente hasta ahora consistía en un par de decretos firmados por Franco en 1937 y 1942.

Su regulación civil era, pues, conveniente, y la oportunidad venía dada por la reciente adquisición de los derechos de autor a los herederos del último compositor que adaptó la melodía: no era presentable pagar derechos a un particular por el himno nacional. Pero la regulación inicialmente propuesta pecaba de un exagerado intervencionismo e incluso de falta de realismo. ¿Se encargaría a la policía de vigilar que todo el personal permaneciera en pie durante la interpretación del himno? En la versión aprobada por el Consejo de Ministros sólo se habal ya del personal uniformado, que habrá de permanecer en posición de saludo. La obligatoriedad se ha sustituido por un cauteloso «cuando proceda», que deja un margen para la discrecionalidad y el sentido común: no todo acto oficial con presencia real o presidencial requiere música. Además, la obligatoriedad estricta es mala vía para consolidar usos que requieren más tiempo que decretos. Esa discrecionallidad se subraya en los actos organizados por las comunidades autónomas o los ayuntamientos: deberá sonar el himno siempre que (y sólo cuando) lo «requiera la naturaleza del acto».

Esta retirada es muy característica del actual Gobierno, siempre dispuesto a decir digo donde dijo -con gran énfasis- interés general o cualquier otra cosa, según convenga. Pero algunos comentarios nacionalistas se podrían aplicar también a ellos mismos. Asegura con razón el lehendakari Ardanza que los sentimientos no pueden imponerse por decreto, pero en Euskadi el himno de la comunidad no es el popularGernikako arbola, como quería toda la oposición y la mayoría de los ciudadanos, sino -un himno que fue del PNV, Gora ta gora, y que, fue impuesto por este partido.