El Gobierno del PP nombra nuevo Presidente de Telefónica a Juan Villalonga, amigo personal de José María Aznar López, para que culmine el proceso de privatización

Los grandes grupos financieros: BBV, Santander, BCH y La Caixa se están repartiendo, con permiso y ventajas de sus «primos» políticos, el gran pastel del sector público. Las prisas privatizadoras del Gobierno Aznar, y las declaraciones de aficionados de algunos ministros, les están colocando a estos voraces comensales las mejores y más cremosas partes del dulce al alcance de sus manos. A este paso, el reparto de altos cargos de la Administración por los Consejos de las llamadas empresas públicas va a ser la última vez que se haga. Lo mismo que va a pasar a mejor vida el intervencionismo en los nombramientos, al margen de los órganos de gobierno de las empresas.

El gran dedo del Estado se va a quedar anquilosado, víctima del reúma presupuestario. Sólo quedarán los «tarugos», las empresas con pérdidas, en todo aquello que un día fue el INI y el INH, los dos grandes instrumentos industriales del franquismo y de la naciente democracia. Una prueba más del despilfarro oficial en el que incurren los que llegan a las poltronas oficiales: ¿para qué va a servir todo el montaje de Argentaria que pusieron en pie Carlos Solchaga y Francisco Luzón, las fusiones con enormes plusvalías, la creación del macrobanco público, si ahora y de un plumazo Francisco González se dispone a venderlo en trozos y al mejor postor? ¿Cuándo se celebrará el entierro de Téneo, con su escudo de «capitán América» incluido, tras separarlo del INI e intentar Javier Salas el milagro del pan y los peces? ¿Dónde han quedado los intentos de Oscar Fanjul por permanecer al frente de Repsol, con sus apoyos internacionales sabiamente buscados a través del Financial Times, ante la guillotina que le habían preparado Aznar y Rodrigo Rato? Los esfuerzos de Cándido Velázquez se han acabado estrellando ante el «espíritu» de los pilaristas que encarna Juan Villalonga, y el cargo-recompensa del antiguo secretario de Estado socialista, Pedro Pérez, poco ha durado ante el designio de otro «broker» financiero como César Alierta.

El primer Gabinete de la derecha española se ha puesto en manos de los banqueros de cinco estrellas, de los financieros amigos de su presidente, y de los empresarios de la CEOE y Fomento consensuados con Pujol y Duran Lleida. Es lo lógico, lo saludable y lo clarificador. Nada de los laberínticos designios y fórmulas de Felipe González y los suyos, desplazándose de derecha a izquierda según los vientos. El principio que se aplica desde el poder es muy simple: se crea Estado, desarrollo, competitividad y trabajo desde el capital y las empresas; pues démosle facilidades a las mismas, y cuantas más, mejor.

El desmontaje real del Estado de bienestar se va a realizar al mismo ritmo con que se acorta la «mili». En Europa, lo mismo, ya ha llevado a las calles a miles de trabajadores. Muy pocos se atreven a colocarle el cascabel al gato: cortar de verdad el gasto público y no la inversión pública. Menos duplicidades de sueldos y más kilómetros de autovías. Menos, mucha menos Administración, y más prestaciones sanitarias y sociales. El PSOE lo intentó al llegar al poder y se rindió ante los primeros y envenenados caramelos económicos. El PP ni siquiera ha hecho el menor gesto. En eso llevan ventaja a sus antecesores.

El último Consejo de Ministros ha dado un espaldarazo definitivo a la economía de libre mercado. El régimen de monopolio que ha imperado en sectores básicos en España durante más de 50 años quedará parcialmente desmantelado en virtud de una serie de medidas liberalizadoras que tienen como objetivo aumentar la competencia y reducir los precios. El ministro de Industria, Josep Piqué, resumió el pasado miércoles los objetivos del Gobierno: «Antes de privatizar, hay que desregular». Para la mayoría de los sectores sometidos al régimen de monopolio, tiene mucha más trascendencia la desregulación que la simple privatización de las empresas que dominan el mercado. La trascendencia que van a tener estas medidas no se puede valorar en el cortísimo plazo, pero si observamos lo que ha ocurrido con la introducción de la competencia en la telefonía móvil nos podemos hacer una idea de lo que sucederá cuando podamos elegir entre más de un operador de telefonía convencional. El consumidor, por la vía de los mejores precios y servicios, es el verdadero beneficiario de estas medidas. Otro tanto se puede decir del sector energético, donde todavía existen empresas que pagan la electricidad artificialmente cara o del sector de los carburantes, donde aún falta mucho camino por recorrer hasta poder afirmar que, en efecto, existe un libre mercado. ¿Cómo podía pretender el anterior Gobierno que fuera creíble su política privatizadora con un reglamento de televisión por cable que daba a Telefónica y a sus socios ventajas comparativas respecto a los posibles aspirantes a entrar en ese mercado? La nueva ley que regulará la televisión por cable, anunciada por el Gobierno, acabará con los privilegios de Telefónica y dará vía libre para que las empresas que lo deseen puedan crear sus propias redes o accedan a las ya instaladas por el monopolio. Con esa política decidida de liberalización, las privatizaciones que se anuncian para los próximos meses son mucho más creíbles. Ahora sí que podemos valorar como un cambio radical hacia el libre mercado la política de venta de empresas públicas, que busca asignar mejor los recursos y no simplemente hacer caja para reducir el déficit público. En ese sentido hay que valorar positivamente la política de nombramientos llevada a cabo en dos de las empresas públicas más importantes y que van a sufrir de forma más directa la desregulación: Telefónica y Repsol. En ambos casos, el Gobierno ha tenido la deferencia de negociar con sus accionistas mayoritarios (BBV y La Caixa) las personas que debían ocupar sus presidencias. Tanto Alfonso Cortina como Juan Villalonga han tenido el visto bueno de los accionistas privados. Tanto uno como otro son profesionales de valía indiscutible a los que se ha elegido por sus méritos, no por su afiliación política.

LA PRIVATIZACIÓN del capital de Telefónica que aún posee el Estado (alrededor de un 20%) obliga a dirigir desde hoy un gran foco de atención sobre la primera empresa española, sobre su situación actual y sobre sus estrategias de futuro. La cuestión es tanto más pertinente por cuanto que Juan Villalonga, presidente de la compañía por voluntad del presidente del Gobierno y en su condición de amigo personal -criterio escasamente profesional-, ha dado muestras de indecisiones y no pocas arbitrariedades en la gestión de la compañía durante los meses que lleva al frente de la misma.Villalonga ha modificado sustancialmente el equipo de gestión anterior -no solamente los cargos inmediatos a la presidencia-, un equipo que en síntesis había conseguido excelentes resultados a la hora de transformar un monopolio ineficiente en una empresa con proyección internacional, sobre todo en América Latina. El responsable de Telefónica ha modificado ya dos veces el staff directivo: la primera, para nombrar varios directores que pasaron a engrosar la ya larga lista de direcciones generales de la empresa, y la segunda, para reducir esa lista inicial a cinco. Después de estos dos cambios, continúa sin aclararse cuál es la línea maestra de la compañía. Ahora se dispone a renovar el consejo de administración, al parecer bajo las recomendaciones del informe Cadbury (consejeros independientes, ajenos a los negocios de la compañía), y será otra excelente ocasión para conocer su forma de entender la gestión y sus criterios de independencia.

Esta ausencia de definición produce una cierta perplejidad. ¿Espera la presidencia actual de Telefónica a que se produzca la privatización para cristalizar un equipo propio? ¿Apuesta Villalonga por un reforzamiento accionarial del llamado núcleo duro de la empresa y que, de paso, garantice su propia continuidad personal, antes de desvelar sus estrategias? ¿0 está jugando con varias posibilidades para elegir la correcta en el momento político oportuno? Estas incertidumbres son reales y afectan a la sociedad.

Son muy significativos los bandazos de los últimos meses en tomo a Telefónica Internacional. Villalonga ,no vaciló en cambiar a los responsables de esta joya del grupo en plena fase de crecimiento de su rentabilidad. A la hora de definir su situación patrimonial anunció un plan para que Telefónica comprara directamente a Patrimonio del Estado su filial internacional, una propuesta desgraciada en la que la compañía era juez y parte al mismo tiempo: fijaba el precio -de compra y de venta- sin tener en cuenta las reglas más elementales del mercado. Advertido el escandaloso arbitrismo de la operación, el Gobierno ha optado por el sistema de concurso abierto.

También han existido clarísimas vacilaciones en la política de alianzas internacionales (acerca del papel de Unisource) y se da una paradójica falta de determinación en la estrategia industrial: cuando las grandes compañías de telecomunicaciones abandonan o segregan sus participaciones industriales, Telefónica retorna al pasado con la ratificación de su mayoría accionarial en Amper, después de los proyectos de reducir su participación progresivamente hasta el abandono total. ¿Cómo entenderlo si después de varios meses el presidente de Telefónica no ha dado una explicación coherente y pública de lo que quiere hacer con la compañía, aparte de privatizarla?

No estaría de más que a la clarificación interna de la empresa, que es urgente e imprescindible, se añadiera una explicitación pública no menos necesaria en aspectos tales como los acuerdos para la interconexión con el segundo operador, el nuevo equilibrio tarifario o la plataforma digital. Cuestiones decisivas para que la opinión pública y los inversores puedan apreciar el valor real de Telefónica.

Sería un error confiar todo el esfuerzo al pulimentado de las cotizaciones en Bolsa y a los excelentes informes de los analistas de los bancos de inversiones; tan importante es no dar palos de ciego en la estrategia de fondo. Por más brillantes que aparezcan los logros a corto plazo, la falta de criterios establecidos, posiciones claras y alianzas nítidas acaba pasando factura en la cuenta de resultados. Esta amenaza es especialmente peligrosa en empresas como Telefónica, en cuyos activos tardan en aflorar los problemas de fondo, pero cuando lo hacen generan efectos catastróficos.

EL CONSEJO de Administración de Telefónica va a proponer a la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía un cambio en los estatutos encaminado a endurecer las condiciones para acceder a los cargos de consejero, presidente, vicepresidente o consejero delegado de Telefónica; además, se pretende aumentar el número mínimo de acciones que dan derecho a acceder a la Junta y limitar el derecho a voto para que ningún titular pueda representar más del 10% del capital. En síntesis, lo que Juan Villalonga y el Consejo actual proponen es lo que en el argot empresarial se conoce como blindar los órganos directivos interponiendo barreras restrictivas y condiciones más duras de representación en las instituciones de gobierno de Telefónica; tampoco cabe la menor duda de que tales propuestas recortan drásticamente los derechos de los accionistas, precisamente cuando las compañías más avanzadas y poderosas apuestan por la democracia empresarial y la gestión equilibrada y controlada desde la propiedad.Telefónica no es la primera sociedad anónima que blinda su consejo; otras lo han hecho, y el pretexto utilizado casi siempre es prevenir las operaciones hostiles de compra. Nada hay que decir desde el punto de vista legal de las modificaciones estatutarias, aunque las de tipo restrictivo no son precisamente un buen ejemplo de los códigos de buen gobierno de las sociedades. Pero en el caso de Telefónica hay que recordar que es una empresa recientemente privatizada, que su presidente fue nombrado por el Gobierno y que los actuales puestos en el Consejo no han sido renovados o ratificados en el normal juego democrático de la compañía después de la privatización.

Así que, mientras no medie una explicación más satisfactoria y específica que la socorrida apelación a las operaciones hostiles -que, por cierto, pocas veces lo son para los accionistas, que suelen ver cómo aumenta el valor de sus acciones-, la decisión del consejo de Telefónica sólo puede interpretarse como un recurso ventajista para dificultar los cambios en la dirección y gobierno de la compañía. La decisión última está en manos de los accionistas, que pueden y deben pedir las aclaraciones oportunas. Quizá sería el momento de que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones exprese su opinión y demuestre auténtica preocupación por el buen funcionamiento del mercado.