El Gobierno del PSOE con Javier Solana Madariaga de ministro de Educación promulga la nueva Ley e Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)

EL DEBATE del Pleno del Congreso del pasado jueves sobre el proyecto de Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) ha puesto de manifiesto, una vez más, las dificultades para pasar de las palabras a los hechos en la articulación de pactos sobre los que asentar el funcionamiento del sistema político en general, y del sistema educativo en particular, que se encuentra en la Constitución. Sin embargo, no deja de ser positivo que por una vez los diputados se hayan enfrascado, aunque sea agriamente, en la discusión de una materia que afectará de modo trascendental al futuro de este país.El sistema educativo no puede estar a merced de los vaivenes políticos. El presidente del Gobierno, en el pleno sobre la cuestión de confianza del pasado 5 de abril, propuso que la calidad de la enseñanza -objetivo fundamental de la LOGSE- fuera uno de los temas de diálogo entre todas las fuerzas parlamentarias con vistas a los retos que surgirán a partir del año 1993, propuesta aceptada por buena parte de las fuerzas políticas parlamentarias de la oposición. Que ello no supone ningún cheque en blanco al Gobierno y a su partido se verá, a partir de ahora, en el largo trámite parlamentario que todavía espera a la ley. En todo caso, las numerosas enmiendas parciales presentadas por los partidos políticos auguran un debate vivo que impedirá que la tramitación parlamentaria del proyecto del Gobierno sea un camino de rosas.

Un proyecto de ley que, probablemente, es mejorable y que debería aspirar a la perfección si tenemos en cuenta la carga de futuro que conlleva, pero que aporta elementos sustantivos de avance sobre la actual situación. Ése es el reto que aguarda ahora al partido en el Gobierno y a los de la oposición, por lo que a todos hay que demandarles que aborden en profundidad los contenidos prácticos de la ley y eviten a la ciudadanía un mal remedo de los debates ideológicos del siglo XIX. ¿Es posible con la mencionada reforma educativa contribuir a fomentar la tolerancia con las opiniones ajenas, en mayor medida que la que a veces demuestran los parlamentarios? ¿Es posible con esa nueva ley hacer compatible el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos con el derecho de esos mismos hijos a su libertad de conciencia? ¿Es posible que el nuevo sistema educativo llegue a formar profesionales competitivos en la Europa que nos aguarda? Son algunas preguntas que requieren una respuesta adecuada en el debate sobre la nueva ley.