Search
La judicatura recibe en pie de guerra al nuevi fiscal y recurren su nombramiento al Supremo

El Gobierno nombra a Eligio Hernández nuevo Fiscal General del Estado en sustitución de Leopoldo Torres

HECHOS

  • El 4.04.1992 El Consejo de Ministros anunció el nombramiento de D. Eligio Hernández como Fiscal General del Estado ante la dimisión de D. Leopoldo Torres.

04 Abril 1992

Otro de los suyos en la Fiscalía

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

EL Gobierno inició ayer los trámites para la sustitución de Leopoldo Torres por Eligio Hernández al frente de la Fiscalía General del Estado. El relevo, los perfiles y trayectorias del fiscal general saliente y el entrante y la triquiñuela legal para nombrar a éste último muestran hasta qué punto el Gobierno ha patrimonializado la Justicia y cuánta tierra hay sobre la tumba de Montesquieu. Propuesto por el Gobierno para el cargo como premio de consolación al no haber sido elegido senador en las elecciones generales del 89, Leopoldo Torres no tardó en devolver el favor con una trayectoria caracterizada por la docilidad. Al presentar una querella contra EL MUNDO por delito de injurias contra el Gobierno, que la Audiencia Nacional ni siquiera estimó admitir a trámite, quedó patente que su rigor jurídico era inversamente proporcional a su supeditación a la voluntad política del Ejecutivo. Torres debió «olvidar» a quienes debía el cargo y cuál era su papel político -y este gesto le honra- cuando avaló recientemente las críticas de los fiscales a Justicia, que reclamaban mayor autonomía. La destitución no es sino la penitencia impuesta por tal pecado. Si desalentador resulta recordar la «etapa Torres», inquieta pensar en el papel que puede jugar al frente de la Fiscalía un hombre como el socialista Eligio Hernández. Basta repasar su trayectoria para constatar que no accede al cargo avalado precisamente por su experiencia o por su cualificación técnica. Tras una breve etapa como magistrado, ocupó cargos gubernativos (gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, primero; y delegado del Gobierno en Canarias, después) y fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE. Sus fidelidades son inequívocas, como se puso gráficamente de relieve cuando, siendo delegado en Canarias, aplaudió la decisión de Interior de no dar información sobre los Fondos Reservados al juez Garzón. El nombramiento de Hernández vulnera flagrantemente el espíritu del Estatuto del Ministerio Fiscal, cuyo artículo 29.1 establece como requisito ser un jurista «de reconocido prestigio» con «más de quince años en el ejercicio efectivo de la profesión», fórmula concebida para garantizar que van a primar los criterios profesionales sobre los políticos y «blindar» así la independencia de la Fiscalía General. Pero el Consejo del Poder Judicial computa como años de ejercicio los que Hernández pasó como delegado del Gobierno en Canarias, bajo la rúbrica de «servicios especiales». Una añagaza técnica que pervierte el sentido del Estatuto y que le viene de perillas al Gobierno para colocar en el puesto clave de la Fiscalía General a un hombre de su confianza.

04 Abril 1992

Relevo en falso

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

NO POR esperado, como efecto previsible del conflicto abierto con el Gobierno a causa del informe del Consejo Fiscal sobre la situación del ministerio público, deja de ser políticamente sorpresivo el relevo de Leopoldo Torres al frente de la Fiscalía General del Estado en plena legislatura. Sin duda, el enfrentamiento institucional entre Justicia y los fiscales había adquirido connotaciones personales que lo hacían difícilmente superable. Pero el desenlace que se le ha dado de ningún modo ha resuelto el conflicto.El deterioro de las relaciones entre el Gobierno y el ministerio público sigue su curso. De ahí que el probable sucesor de Torres en el cargo, Eligio Hernández, en la actualidad vocal del Consejo General del Poder Judicial y delegado del Gobierno en Canarias durante algo más de siete años, herede el conflicto más agravado, si cabe. Lo lamentable es que esta forma de resolver los conflictos institucionales, reduciéndolos a un problema de personas, suele terminar afectando negativamente a los ciudadanos, lo que, en el caso del ministerio fiscal, se agrava al ser específicamente función suya la de tutelar los derechos de los mismos.

En cualquier caso, la posible ascensión de Eligio Hernández, un hombre cuya actividad política se ha desarrollado prácticamente en el área de Interior, y la caída de Torres, sin esperar al término de la legislatura, no dejan de tener una significación de anormalidad. La destitución de Torres añade, además, una nota muy particular: ser el colofón controvertido de una trayectoria iniciada hace poco más de dos años con su no menos controvertido nombramiento al frente de la Fiscalía General del Estado.

by BeHappy Co.