El Gobierno socialista concede una prórroga a CANAL PLUS para que Jesús Polanco pueda poner en marcha la cadena fuera de plazo

EL Consejo de Ministros celebrado ayer decidió permitir a Canal Plus que posponga el inicio de las emisiones hasta el próximo 3 de julio. Atiende con ello la petición de prórroga que la cadena de televisión realizó el pasado uno de marzo. Canal Plus -cuyos accionistas mayoritarios son la cadena francesa del mismo nombre (25%) y PRISA, editora de El País, (25%)- justificó su solicitud por razones comerciales y técnicas. Las dificultades con las que ha tropezado son de carácter municipal: el Ayuntamiento de Madrid se retrasaba en la concesión de las licencias de obra. El Gobierno lo ha considerado razón suficiente para que Canal Plus disfrute de una prórroga de tres meses. El Consejo de Ministros ha desestimado en cambio otra petición de seis meses y el argumento de retrasos en la entrega de los decodificadores. Una inspección municipal apreció a Canal Plus deficiencias en la ventilación y en las medidas contra incendios de las instalaciones, por lo que denegó la licencia. Aún no han remitido la documentación. La concesión de Canal Plus fue muy criticada por otros licitantes debido a su carácter de pago. Se argumentaba que siendo tan sólo posibles tres cadenas privadas, no parecía lógico obligar al público a pagar por ver una de ellas cuando podría disfrutarla gratuitamente de ser otro el concesionario. Durante la selección entre los aspirantes a una licencia se atribuyó a Jesús de Polanco -presidente de PRISA y de Canal Plus- la frase de «no hay cojones para negarme a mí una cadena de televisión». No sólo no se le ha negado la cadena: tampoco la única prórroga otorgada a una de las tres concesiones.

El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones anunció que se consultaría con las otras dos televisiones privadas, Antena 3 y Tele 5, como partes directamente implicadas en el asunto. Esta consulta no se ha llevado a cabo en todo el tiempo transcurrido. Esta prórroga equivale a un agravio comparativo para el resto de las televisiones privadas, que, en cumplimiento de la ley, se pusieron en marcha en el plazo marcado. Quien en todo caso sí se ha sentido agraviado es el grupo Zeta, cuyo proyecto de TV fue descartado por el Gobierno en beneficio de Canal Plus. Zeta comunicó ayer que presentará un nuevo recurso contra esta decisión. El consejero delegado de Canal Plus, Juan Luis Cebrián, señaló, a principios de marzo, que «analizadas las condiciones del mercado y del producto que pensamos ofrecer, hemos decidido que nuestra operación comercial comience en septiembre». Causó sorpresa el tono taxativo de la afirmación, habida cuenta de que la decisión finas no dependía de la dirección de Canal Plus, sino del Consejo de Ministros.

Cebrián añadió que «el tiempo que prevé ley no nos ha resultado suficiente para poner a punto el canal. A estas razones se añade que algunos proveedores extranjeros se están retrasando en la entrega de sistemas técnicos que no se fabrican en España y que son necesarios para la televisión de pago». En realidad, los responsables técnicos de la cadena importaron una primera partida de decodificadores -el aparato que permitirá sintonizar la programación restringida a los espectadores de pago- que no eran adecuados. Fue otro de los motivos alegados por Canal Plus en su petición, si bien el Gobierno lo desestimó por considerarlo un problema interno de la empresa. La posibilidad de que alguna de las concesiones de televisión privada no estuviera en antena después del 4 de abril se contempla en la ley de Televisión Privada, en la que se admite siempre y cuando haya «causas justificadas». Para José Luis Martín Palacín, secretario general de Comunicaciones, causas justificadas son las no imputables a los propios concesionarios o aquellas de fuerza mayor. Por otra parte, la ley de Procedimiento Administrativo prevé la posibilidad de alargar un plazo en un tiempo igual a la mitad del plazo concedido, en este caso tres meses. El retraso en los trámites administrativos para las licencias de obra municipales ha sido considerado «no imputable al concesionario», por lo que se ha aplicado la ley de Contratos del Estado. Estos tres meses permitirán a Canal Plus ultimar su proyecto y evitar las situaciones difíciles -algunas, incluso, jocosas- por las que la necesaria precipitación ha hecho pasar a sus competidores. Otro beneficio añadido a éste es el que se deriva de iniciar la emisión en pruebas durante el verano. La época estival es tradicionalmente «floja» para los medios de comunicación; bajan las ventas de Prensa escrita y descienden también la audiencia televisiva y las inserciones publicitarias. En un momento en el que descienden los ingresos de los medios -dato fundamental, por los altos presupuestos de las producciones televisivas- Canal Plus salvará el expediente con la «emisión en pruebas», esto es, programas de autopromoción o de muy bajo coste. Por ello, Cebrián ha insistido en que la solicitud de prórroga estuvo determinada por razones de estrategia comercial. Canal Plus comenzará a emitir su programación definitiva en septiembre, cuando la actividad retorna a la normalidad. Este asunto no preocupa a Tele 5. Según su portavoz, Pedro Paniagua, «nuestro canal no se considera en absoluto discriminado con esta medida, puesto que, precisamente por razones comerciales, empezamos a emitir el pasado 3 ,de marzo, es decir, un mes antes de que se agotara el plazo legal». Pedro Paniagua señala que «en relación con la prórroga concedida por el Gobierno a Canal Plus para el inicio de las emisiones, según decisión adoptada ayer en Consejo de Ministros, Tele 5 quiere manifestar que acepta y rerspeta tal decisión, pues suponemos que la Administración habrá estimado que las causas alegadas por esta televisión están suficientemente justificadas». El portavoz de Tele 5 insistió en que conoce por experiencia propia las dificultades que entraña la puesta en marcha de un canal de televisión «en un plazo de tiempo -seis meses- que es siempre escaso». Por ello, «comprendemos la petición de aplazamiento hecha por Canal Plus». En el comunicado que emitió la cadena beneficiada por la prórroga se señalaba que «para Canal Plus es un motivo de satisfacción el apoyo y la comprensión de Tele 5 y Antena 3 a la prórroga concedida por el Gobierno».

Otros implicados en el negocio de la televisión privada no se manifiestan tan conformistas con la decisión del Gobierno. Univisión -empresa creada con capital del grupo Zeta y del magnate Rupert Murdoch- vio como su candidatura a una cadena fracasaba. Por este motivo presentó un recurso, que ya ha sido admitido a trámite, destinado a paralizar el proceso de concesión de licencias. Cuando se hizo público que Canal Plus solicitaría la prórroga, Antonio Asensio, presidente de Zeta y de Univisión, anunció un nuevo recurso, argumentando que la «ley es taxativa respecto a la fecha límite». En un comunicado de Univisión hecho público ayer se califica la decisión de conceder una licencia a Canal Plus de «decisión política del Gobierno interesada en favorecer a El País», y se considera que la concesión de la moratoria «vuelve a ser un acto político». La nota recuerda que una de las causas de extinción de las concesiones previstas en la ley es la de «no haber iniciado, sin causa justificada, las emisiones dentro del plazo fijado». Por ello, Univisión presentará un recurso y pedirá «que se repare la injusticia que considera que se cometió al no concederle una licencia». En un editorial que hoy publican los diarios del Grupo Z se dice de la decisión: «No se trata de un favor cualquiera. Buena parte de las dificultades que han vivido los otros dos canales de TV privada han estado motivados por su voluntad de ser escrupulosos y de cumplir los plazos legales. Canal Plus, mucho más listo, ha preferido arreglarlo todo para conseguir un plazo especial a su convenmiencia». El editorial recuerda que los promotores de Canal Plus se opusieron a la ley de Televisión Privada antes de cambiar de opinión. Ahora, afirma, podría pedir otra prórroga en julio. «El Gobierno les ha dado tantas muestras de «comprensión especial» que los de Canal Plus pueden estar tranquilos. Más que la opinión pública, por supuesto». Manuel Martín Ferrand, director general de Antena 3, en un escueto comunicado emitido ayer, declaró: «No tenemos nada decir. Lo que deseamos es la pronta aparición del Canal Plus para completar el mapa audiovisual previsto por las leyes».

Los promotores de CANAL PLUS se han salido con la suya: El Gobierno les hace el favor de no exigirles empezar a emitir en el momento ordenado por la ley. No se trata de un favor cualquiera: buena parte de las dificultades que han vivido los otros dos canales de TV privada, que son ANTENA 3 TV y TELECINCO, han estado motivadas por su voluntad de ser escrupulosos y de cumplir los plazos legales. CANAL PLUS, mucho más listos, ha preferido arreglarlo todo para conseguir un plazo especial a su conveniencia.

CANAL PLUS ha tenido una muy curiosa relación con la ley de la TV privada. Durante mucho tiempo la consideró injusta y anunció que no la aceptaría. Luego, aunque el texto legal no cambió, CANAL PLUS sí: acató la ley y optó a una concesión. El Gobierno le correspondió dándole inmediatamente una licencia. Más tarde, CANAL PLUS ha visto que los plazos fijados por la ley no le convenían, pero el Gobierno, amable y comprensivo, le ha resuelto el problema.

El perjuicio es para la calle. El Gobierno prometió que en abril tendríamos tres canales de TV privada, y anunció que si alguna de las concesionarias no cumplía los plazos le retiraría el permiso. El argumento presentado por CANAL PLUS para el aplazamiento (que no ha podido organizar debidamente su debut) no es de recibo. Cuando venza el nuevo plazo, en julio, que es un mal mes para iniciar una programación, el argumento podría volver a ser válido. Y así indefinidamente. El Gobierno les ha dado tantas muestras de comprensión especial que los de CANAL PLUS pueden estar tranquilos. Más que la opinión pública, por supuesto.

La decisión del Consejo de Ministros de conceder una prórroga de tres meses a CANAL PLUS para el inicio de los emisiones supone un nuevo favor político que recibe la empresa. El anterior fue la misma concesión de la licencia para emitir, que supuso una aplicación arbitraria de la Ley de Televisión Privada, al dirimirse en favor de un canal de pago una actividad que estaba definida -de forma discutible, desde luego- como un servicio público, accesible, por tanto, a todos sin restricción alguna. La moratoria concedida ayer, admitiendo la endeble excusa de CANAL PLUS de que no tenía licencia de obras para construir, vuelve a beneficiar, de nuevo, a esa empresa en detrimento de sus competidoras, ya que representa un agravio comparativo tanto para los canales que ya están en antena – TELECINCO y ANTENA 3 TV- como para los licitadores que no llegaron a obtener la concesión y para los que, dado el severo y restrictivo condicionado de la ley, ni siquiera se presentaron. Este nuevo acto de favoritismo alimenta las sospechas de que el Gobierno busca la complicidad del influyente periódico hermano de CANAL PLUS, de cuya trayectoria, salvada la independencia de sus profesionales, habrá que pensar que ha estado y va a seguir estando condicionada a las prebendas, a los favores políticos, a la interesada dinámica -en fin- del «do ut des».

LA CONCESIÓN de una prórroga de tres meses a la sociedad de televisión CANAL PLUS para comenzar sus emisiones ha desatado una campaña de difamación por parte de algunos medios contra EL PAÍS. De manera reiterada y gratuita señalan que la opinión de nuestro periódico y su independencia estarían mediatizadas por los intereses de dicha sociedad, participada en un 25% por PRISA, holding propietario de la editora de nuestro periódico.No es costumbre de EL PAÍS, y no vamos a romper ahora la tradición, el polemizar con otros diarios, que sin duda buscan en estas escaramuzas un sistema de potenciar sus ventas. El truco nos parece legítimo, pero está en desacuerdo con nuestras normas profesionales. El respeto al lector nos obliga a no aburrirle con discusiones entre periodistas más preocupados por mirarse al ombligo que por narrar e interpretar la realidad.

La prórroga concedida a CANAL PLUS parece una decisión lógica en tanto que no daña a nadie -los otros concesionarios de licencias de televisión comparten ese juicio- y se ajusta a derecho. Pero ligar el devenir de aquella empresa a la posición de nuestro periódico resultaría tan absurdo como suponer que la autorización gubernamental al señor De la Rosa para invertir en Tele 5 implica un contubernio entre los intereses de KIO en España y el partido socialista.

Respecto a la independencia y calidad de nuestro periódico, nos preocupa el juicio de nuestros lectores antes que el de la competencia.

Las opiniones de EL PAÍS -equivocadas o no- han sido siempre nítidas; sus dueños, conocidos; sus cuentas, auditadas desde el comienzo, y sus motivaciones, públicas. Esta trayectoria le ha valido desde hace más de 10 años, con el apoyo del público, el liderazgo de la Prensa española. Es a los lectores a quienes este diario se debe: a ellos -y sólo a ellos- a los que debe rendir cuentas. Y si hemos roto por un momento nuestra política de silencio frente a la insidia es únicamente para recordar que si callamos tantas veces es por prudencia y sentido de la dignidad. Cosas que algún inmaduro colega debería aprender, antes de pasar por la tentación de convertir a su diario en un libelo.

EL Gobierno, saltándose su propia legalidad y en un nuevo acto de favoritismo que, con seguridad, se verá compensado informativamente con creces, ha decidido conceder una prórroga al CANAL PLUS, el canal del periódico EL PAÍS. Los responsables de EL PAÍS, que primero anunciaron que ellos no entrarían en el proyecto televisivo, que después se integraron en él según las condiciones que marcaron ellos y no el Gobierno, que se vieron beneficiados por una concesión que bordea la legalidad y que ahora han vuelto a saltarse la ley con la ayuda del Gobierno para no emitir en el plazo marcado, han aprovechado la actual situación de debilidad del Ejecutivo para, en un nuevo favor político, comenzar a emitir no cuando marca la ley, sino cuando a ellos les conviene hacerlo. Frente al resto de sus competidores que han cumplido los plazos o frente a UNIVISIÓN que ofrecía técnicamente un proyecto no de pago que respetaba escrupulosamente todas las condiciones, y que fue rechazado por el Consejo de Ministros sin razones objetivas, el Canal Plus ha impuesto al Gobierno sus propias condiciones y, al final, han recibido del poder un trato de favor que puede constituir un auténtico escándalo.Una tarde de marzo del pasado año Jesús Polanco, presidente de EL PAÍS aseguraba a este cronista que este Gobierno no tenía arrestos para dejar a su periódico sin televisión. Otra tarde de marzo, un año después, ese mismo Gobierno, desconcertado por el «escándalo Guerra», no ha tenido arrestos ni siquiera para cumplir su propia ley.