Desde el inicio de la crisis bancaria en 1978, el Banco de España, ya sea directamente o a través del Fondo de Garantía de Depósitos, ha remitido al Fiscal general del Estado 12 querellas que afectan a nueve bancos (Navarra, Pirineos, Meridional, Valladolid, Descuento, Cantábrico -sobreseída-, Occidental, Levante y Banca Catalana). En los casos de los bancos Meridional, Pirineos y Banca Catalana se interpusieron dos querellas a cada entidad o grupo bancario. A este total hay que añadir la causa abierta por el caso de Rumasa.

Aunque la crisis bancaria ha alcanzado a unas 50 entidades, sólo las citadas se han visto envueltas de una u otra forma en responsabilidades criminales. A pesar de todas las baterías empleadas por la fiscalía, la maquinaria de la Justicia no ha conseguido todavía ni una sola condena en estos largos siete años de ‘ procesos. Todo lo más, 42 procesamientos que afectan a ocho bancos o grupos bancarios y la incertidumbre que pesa sobre otros 31 querellados (23 de Banca Catalana, entre los que se encuentra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y 8 del Banco de Levante, incluido su ex presidente José Miguel Garrigues Walker).

La extrema complejidad que se supone a la operativa bancaria dibuja una cierta imagen de impunidad en el sector. Da la sensación de que bajo la cobertura de indescifrables operaciones mercantiles nunca se puede acabar de discernir la legalidad o no de ciertos negocios bancarios y, por tanto, mucho menos imputar a sus autores posibles irregularidades.

Sin embargo, la realidad que aparece en los relatos sumariales es bien distinta. En lugar de las ingeniosas o inextricables jugadas esperadas del While collar criminality (delincuente de cuello blanco), aparecen, las más de las veces, simples delitos de burdas falsificaciones o vulgares desfalcos. Por tanto, la causa de la inoperancia penal en este campo quizá habría que buscarla más bien en el anacronismo de las leyes y en la inercia de hábitos marcados por Poderosas influencias.

Juan Palomeras Bigas, el ex presidente del Banco de Navarra, fue el pionero de la última ola de heterodoxia en el sector bancario. Se puede decir que es el único que ha pagado con cárcel, casi dos años, sus veleidades financieras. Aunque también fue el primero en conseguir la absolución en una de sus causas. En cambio, para el resto de procesados, la prisión- sigue siendo desconocida y en todo caso sus estancias se cuentan por días.

El 14 de septiembre de 1983, Palomeras se sentó en el banquillo de la Audiencia de Barcelona para responder de una estafa frustrada relacionada con su banco y por la que le pidieron tres años de prisión. Se le acusaba de unas prácticcas que luego han sido repetidas y perfeccionadas por otros banqueros procesados. Se trataba de simular compras de inmuebles por cuantías muy superiores a los precios reales. Era la forma más sencilla de sangrar el banco.

En aquella ocasión, la acusación sostuvo que el entonces presidente del Banco de Navarra compró, en 1976, una finca Veléz-Málaga que significó un desembolso para la entidad de 483 millones de pesetas, pero que peritajes posteriores redujeron a 40 millones. La diferencia debía repartirse entre las contratantes, pero la operación no llegó a consumarse por la intervención judicial del Banco.

Tres años después, el Banco de Descuento perfeccionó esta mecánica en una operación esencialmente idéntica pero introduciendo sociedades intermediarias. El sumario abierto por el Juzgado de instrucción número 8 de Madrid por el que se procesó a los administradores del banco Diego Prado y Colón de Carvajal (presidente) Angel Peradejordi Romero (vicepresidente), a los consejeros Enrique García-Ramal y Lópcz de Haro, Jorge Pérez Dóriga y Tovar, y al directivo Vicente: de Miguel Lasanta, presenta varias pruebas de ello. Según el relato judicial, directivos del Descuento compraron la totalidad de las acciones de la sociedad Isapahan Tapis d’Orient por 200 millones de pesetas, lo que equivalía a la compra de un inmueble en la calle Serrano, que era el único bien de la compañía. Las acciones fueron compradas en la misma fecha por Guadiario, otra sociedad vinculada al banco, y un año después el propio banco compró directamente el inmueble por 530 millones de pesetas.

Abundantes créditos

La autoconcesión de créditos y avales por los propios consejeros o a sus empresas, superando los límites de riesgo e infringiendo las normas legales, ha sido otra de las prácticas extendidas. Los 20 directivos procesados del Banco de los Pirineos, cuyo presidente, Higinio Torras Majem, se encuentra huido, saben de estos asuntos. El banco, actualmente ya liquidado, concedió el 75% de los créditos, sin garantías reales, a empresas del grupo Fomine y del Grupo Industrial Pirineo, en las que ostentaba una participación mayoritaria.

El estilo de funcionamiento queda patente con la facilidad que algunos consejeros conseguían préstamos con simples reconocimentos de deuda «para resolver cuestiones personales».

El descontrol en la autoconcesión de créditos fue otro de los deportes preferidos de estos banqueros. Así, por este y otros despropósitos el Banco de Valladolid fue a parar en 1978, a la Corporación Bancaria, hospital de bancos creado a principios e aquel año. Tres años después y tras una querella del Fondo de Garantía de Depósitos fue procesado el que fuera su presidente, Domingo López Monso, junto a otros dos directivos. Al parecer, el grupo de empresas de Domingo López disfrutaba créditos por un valor de 6.000 millones de pesetas, lo que suponía el 30% de los depósitos.

Pero en la carrera de la concen

tración del riesgo fue el Banco Occidental el que más destacó, hasta el punto de que el 80% de los créditos se canalizaban hacia el centenar de empresas participadas o controladas por el propio banco. En 1984, su presidente, Gregorio de Diego Jiménez fue procesado a consecuencia de una querella del Fondo de Garantía.Crecer a cualquier precio

Sin embargo, la característica más significativa de la nueva heterodoxia bancaria fue la de crecer a cualquier precio. Para lograr la máxima expansión se recurrió a todo. Primero a lo más elemental. Dar duros a cuatro pesetas. Es decir, a pagar el dinero a un precio muy por encima del de mercado. Occidental, Valladolid, Pirineos, como otros tantos, ofrecían y pagaban a finales de la década de los setenta intereses anuales superiores al 18%. Algunos banqueros descubrieron que aún era mejor abrir cuentas en su propio banco y cobrar elevados extratipos.

Pero todo ello era todavía insuficiente. Hacía, falta dotarse rápidamente de una mayor infraestructura .La compra de cajas cooperativas obreras, que además de aportar un gran volumen de recursos contaban ya con una propia red de oficinas, cayó como agua de mayo.

Gregorio de Diego, presidente del Occidental, adquirió por 2.500 millones la Central de Ahorro Popular, entidad que se nutría de cuotas de los trabajadores. Por su parte, el Banco de Navarra absorbió en poco tiempo la Caja Continental (siete oficinas y 400 millones de recursos) la Caja de Crédito y Ahorro de Barcelona (11 oficinas y 240 millones) y la Caja de Crédito para la Vivienda (17 oficinas y 1.300 millones). Las consecuencias de esta última adquisición aún colean en un Juzgado de Instrucción a raíz de una querella de los afectados, principalmente payeses, que sostienen que en la absorción desaparecieron de 500 millones de pesetas.

Con todo, el sistema más audaz de recabar fondos consistió en la emisión de bonos por parte de los bancos industriales que eran facilmente colocados en las cajas de ahorros, aprovechando relaciones personales. El Industrial del Mediterráneo y el Occidental conocieron bien estos sistemas.

Cuatro procesamientos en 1981 por las irregularidades del Banco Meridional y los ocho recientes en el caso Rumasa completan un primer balance de 42 procesados por todas las actuaciones penales en la crisis bancaria.

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Múltiples conexiones entre diversos implicados

La inmensa mayoría de entidades alcanzadas por querellas criminales se movía prácticamente en los mismos medios. Sus personajes constituían un mundillo financiero característico en el que abundaban las relaciones personales y los negocios.En 1978, Juan Palomeras, ex presidente del Banco de Navarra, manifestó que había sido una víctima del franquismo cuando tuvo que vender su primer fondo de inversión, Fondiberia, con el que había captado unos 70 millones de pesetas entre ahorradores modestos. De improviso apareció una disposición legal que exigió un mínimo de 200 millones de pesetas para este tipo de entidades y Juan Palomeras tuvo las horas contadas para vender la entidad, que fue adquirida por Banca. Catalana.

Pasado el susto, Palomeras constituyó una financiera utilizando el apoyo legal de la productora de películas Motion Pictures Incorporated (MPI). El grupo MPI, ya propietario del Navarra, consiguió una participación importante en el Cantábrico y otra más reducida en el Valladolid, que finalmente pasó a manos de Rumasa.

En 1975, varios consejeros del Banco, de Descuento acordaron la venta de sus participaciones a Rumasa. La operación no se llegó a consumar al desatarse un litigio entre las partes que acabó con una querella de Rumasa contras los consejeros.

Directivos del Descuento lograron mayor lucro con Sofico, al conseguir un beneficio extra de 1.700 millones de pesetas en la compra a aquella sociedad de siete parcelas, en Marbella mediante una de sus participadas, Castellana 113.

Aunque Rumasa prefería comprar, a mediados de la década de los setenta vendió a Gregorio de Diego., presidente del Occidental, el Banco de Córdoba, quien le cambió el nombre por el de Banco Comercial Occidental.

Sin embargo, la historia fuerte del Occidental fue su asociación con el Banco Ambrosiano. Su presidente, Roberto Calvi, llegó a ocupar un sillón en el consejo del Occidental, antes de aparecer colgado en el puente de los Frailes Negros, en Londres.

Una legisslación obsoleta regula los delitos económicos

En la mayoría de los sumarios instruidos contra banqueros aparecen siempre las referencias a los mismos delitos: falsedades y apropiación indebida. Los artículos reiteradamente citados del Código Penal son siempre el 302 y 303, que hacen referencia a las falsedades, y el 535, que tipifica la apropiación indebida. Se trata de unos artículos que regulan todas las conductas imaginables menos precisamente las que podrían afectar a los grandes fraudes económicos.

Así, entre las falsedades, la jurisprudencia recoge desde falsificaciones de recetas del Seguro Obligatorio hasta las de cartillas de la Beneficencia, pasando por letras, cheques y otros documentos mercantiles como libretas de ahorros. En cuanto al 535 se citan casos de apropiaciones de alhajas, comisiones de vendedores, facturas, letras, décimos de lotería, vehículos, juguetes, entre otras tantas.

Como puede comprobarse, el legislador no estaba pensando precisamente en las complejas contabilidades de los grandes bancos y corporaciones, en las sociedades fiduciarias o en las cajas B que aparecen en este tipo de irregularidades. El código actual resulta, por tanto, un instrumento excesivamente tosco para que jueces y fiscales puedan utilizarlo para castigar los fraudes urdidos mediante complejas operaciones financieras.

En 1980, el Gobierno de UCI) elaboró un proyecto de ley del Código Penal en el que dedicó un capítulo entero a fraudes financieros bajo la rúbrica de delitos contra el orden económico. El texto, en el que tuvo una participación destacada el catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, llegó hasta la comisión correspondiente del Congreso, pero fue retirado ante la proximidad de las nuevas elecciones. Posteriormente, en 1983, el Gobierno socialista elaboró un anteproyecto que tampoco corrió mejor suerte. En este último se intentaba regular de forma específica los llamados delitos financieros, los delitos contra la Hacienda Pública y los relativos al control de cambios.

La ‘caja B’

Sin embargo, la reforma urgente de 1983, que recogió flecos de los proyectos citados, incluyó en el código el artículo 15 bis, que establece: «El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica o en representación legal o voluntaria de la misma responderá personalmente, aunque no concurran en él y sí en la entidad en cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo». Para el profesor Roberto Bergalli, este nuevo artículo puede llegar a jugar un papel importante en la persecución de delitos cometidos mediante sociedades. Uno de los conceptos más enigmáticos aparecidos en este tipo de irregularidades es el de las llamadas cajas B. Para algunos economistas, la existencia de estas cajas no implica- siempre una intencionalidad delictiva. El concepto genérico de caja B supone la instrumentación de una contabilidad paralela, no declarada, para canalizar una parte de las entradas y salidas de un negocio. Ello supone una reducción importante de la actividad, con el conecuente fraude fiscal.

Sin embargo, algunos economistas estiman que se puede utilizar este mecanismo sin ánimo defraudador con el único objetivo de constituir con los fondos aportados nuevas sociedades que actuarían en plena legalidad, pero que por cualquier razón no ilícita se quisieran desvincular de la sociedad matriz.

En otros casos, además del ánimo de defraudación fiscal, la caja B se ha utilizado, sobre todo, con el propósito de extraer fondos de una entidad financiera en beneficio exclusivo de los consejeros. El sumario del Banco de Descuento describe el funcionamiento de una caja B mediante la cual los consejeros del banco retiraban sus fondos, que sustituían por simples avales y en todos los casos sin pagar intereses. En este sumario se describen 16 procedimientos distintos utilizados por los consejeros para extraer fondos.

En ese diario de su dirección se ha publicado un artículo, en la página 56 y 57, que se titula Balance penal de la crisis bancaria, en el cual se dice que yo, Domingo López Alonso, y dos administradores más del Banco de Valladolid fuimos procesados por irregularidades con el citado banco, y que las empresas de mi grupo debían al Banco de Valladolid 6.000 millones de pesetas, que representaba el 30% de la inversión del banco. Es totalmente falso que en el Banco de Valladolid haya existido ningún procesamiento atribuido a la crisis bancaria ni a operaciones bancarias de ningún tipo.

Al Banco de Valladolid no le afectó la crisis bancaria, sino la intromisión del Banco de España por sí y siguiendo directrices del presidente del Gobierno en aquella época por las críticas que recibía del periódico El Imparcial, del que yo era accionista.

No es el momento de en esta réplica señalar los responsables de aquella injusta actuación, en la que se me desposeyó de mis bienes, de mi dinero y de mis acciones por encontrarse aún sub júdice, pero quiero resaltar que con mi patrimonio cubrí no sólo el posible riesgo de todas las empresas que pudiesen tener vinculación con algún pariente o amigo, sino también la de clientes del banco que yo no conocía. Mis empresas no le debían un duro al banco que no estuviera garantizado con imposiciones a plazo fijo e intervenidas por agente de cambio y bolsa, y buena prueba de mi actuación es que al haber entregado cantidades con exceso a todos los riesgos imputados, aún no me han sido liquidados ni entregada la documentación correspondiente a los mismos, y que entre otras actuaciones judiciales inicié un procedimiento exigiendo una rendición de cuentas en primera instancia, y en la Audiencia ha sido fallado a mi favor como no podía ser de otra forma, y que se encuentra apelado al Tribunal Supremo.

Para los 5.605 millones que por orden del Banco de España me han cargado de terceros, yo entregué 13.455 millones, de los que espero la rendición de cuentas desde hace cinco años.

Si debiera dinero, me habrían rendido las cuentas y me hubieran exigido la deuda, pero como me lo deben y en elevada cantidad, no quieren rendirlas. Esta es la seriedad del Banco de España.

Cualquier culebrón que se precie, requiere de unos ingredientes necesarios, pero el caso de Domingo López Alonso los tiene todos, los necesarios y los suficientes. Durante años, ha quedado oculto a la opinión pública. López Alonso, utilizando una estrategia muy diferente a otro conocido personaje que reivindica su patrimonio incautado como es Ruiz Mateos, irrumpe ahora con la fuerza de la razón que le dan los Tribunales de Justiica. Han tenido que pasar 20 años que se han consumido en negociaciones, engaños, pleitos, recursos, apelaciones, valoraciones, ejecuciones y un sinfín de argucias procesales que sólo pretenden dilaciones.

Los impulsores del atropello nunca contaron con la fortaleza de espíritu de López Alonso, que no se rindió nunca a lo que califica como atraco perpetrado por quienes, según dice él, amparados en la imagen de una institución como el Banco de España, instrumentan falsas situaciones de insolvencia, engañan a quien se les pone por delante y no tienen empacho en acusar falsamente, engañar a los jueces, falsear documentación, despreciar a la justicia y apropiarse de una verdadera fortuna.

El motivo: en apariencia siempre es el mismo, la supuesta insolvencia de una entidad financiera que se certifica con la única patente de corso de la palabra del Banco de España. Detrás de la apariencia de insolvencia, están los espurios intereses de toda una pléyade que ostenta el poder político y económico. Los intereses políticos flotan en el ambiente en más de una de las intervenciones bancarias. El Banco de Valladolid fue intervenido para doblegar a Domingo López Alonso, su presidente, y a la vez propietario del diario EL IMPARCIAL que dirigía Emilio Romero. El acallar las críticas contra el Gobierno de la UCD y el haber publicado que Mariano Rubio había sido imputado en una querella por cohecho, instruida en un juzgado de Madrid, fueron motivos más que suficientes para que de la noche a la mañana el Banco de Valladolid pasara de forma súbita a la bancarrota.

El ejecutor interesado: el Banco de España se convierte en juez y parte, nadie fiscaliza verdaderamente sus resoluciones y, parapetado en la santidad de la casa, instrumenta operaciones de acoso y derribo, siguiendo intereses de sus mandamases o al servicio de los intereses políticos que se aplican con fervor. Para que sus resoluciones quedasen amparadas en la legalidad, utilizó como instrumento la Corporación Bancaria, un comité de representantes de la banca a los que les hace firmar la acreditación de insolvencia del banco de turno. Quien se opone, o manifiesta reparos a la intervención pasa a la lista negra. A Francesc Cabana, que representaba a Banca Catalana en la Corporación Bancaria y se opuso a la calificación de insolvencia del Banco de Valladolid, se le aplicó el reglamento: Banca Catalana fue intervenida años después.

Para eliminar a tan molestos partícipes que ponen en entredicho las calificaciones de insolvencia dadas por el Banco de España, nada mejor que sustituir el instrumento de la Corporación Bancaria por el más controlado desde la casa, el Fondo de Garantía de Depósitos en entidades bancarias, una variante del ‘yo me lo guiso, yo me lo como’. Pero para conseguir todavía mayor opacidad, ahora el Fondo de Garantía ya ni siquiera se ocupa de la recuperación de los activos de los bancos que son intervenidos. Esta función queda en manos de sociedades instrumentales autorizadas por el Banco de España, como SCI Gestión, que no consolida su contabilidad en la intervención de Banesto.