El Gobierno UCD nombra a Carlos García Valdés nuevo Director General de Instituciones Penitenciarias en sustitución del asesinado Jesús Haddad Blanco

EL NOMBRAMIENTO del señor García Valdés como director general de Instituciones Penitenciarias, después del oscuro asesinato de su antecesor, Jesús Hadad, constituyó una de las mayores sorpresas deparadas por el Gobierno Suárez a lo largo de su gestión. Mientras que en otros campos tan conflictivos y polémicos como el de la situación de la población penal el partido en el poder no ha sabido o no ha querido hacer abstracción de sus intereses particulares y ha persistido en utilizar hombres y estrategias cuya idoneidad y eficacia se hallan lastradas por criterios de grupo, esa inesperada decisión parecía significar el propósito de realizar una auténtica política de Estado en ese terreno minado que son las prisiones españolas. El nuevo director general era -y es- un hombre independiente, con ideas claras y realistas sobre la forma de llevar a cabo la reforma de una de las mayores lacras y más vergonzosos legados recibidos por la España democrática del inmediato pasado. Y si el Gobierno mereció en su día aplausos por esa designación, el señor García Valdés se hizo acreedor del máximo elogio por su decisión moral al aceptar el cargo, situando por encima del riesgo de que el marco político le impidiera realizar su programa y deteriorar su bien ganado prestigio sus deberes como ciudadano, como humanista y como experto en las instituciones penitenciarias.Dos meses después de esa esperanzadora medida hay ya suficientes indicios para aventurar la hipótesis de que el Gobierno no parece resuelto a llevar hasta sus últimas consecuencias sus promesas iniciales de dar pleno respaldo y completa libertad de acción al nuevo director general de Instituciones Penitenciarias.

Los dictámenes de los expertos, la encuesta realizada por el Senado y los patéticos testimonios que han hecho llegar a la opinión miembros de la Copel suministran datos más que suficientes para entender las razones del clima permanente de insurgencia dentro de las cárceles, con su terrible cosecha de motines, autolesiones e incendios. Ahora bien, los recientes incidentes en la prisión de Guadalajara, la desaparición de reclusos en Carabanchel, los infundios sobre «matanzas» entre los reclusos de esta última cárcel y la reciente fuga masiva en Barcelona dan también motivos para temer que la labor del señor García Valdés pueda estar siendo objeto de un boicot planeado, que utilice desde formas de resistencia pasiva, tales como la huelga de celo o la estricta aplicación de la letra de la ley por parte de un sector de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, hasta el empleo de provocadores para movilizar a la población reclusa en contra de sus intereses. Por lo demás, quienes han seguido de cerca la limpia trayectoria del actual director general de Prisiones y conocen su competencia técnica para plantear y realizar la reforma penitenciaria no pueden por menos de sospechar, a la vista del atasco de sus proyectos, que no está recibiendo los apoyos, las ayudas y los concursos que necesita para llevarlos adelante.

De ser así habría que lamentar, ante todo, que se esté a punto de desaprovechar una ocasión tal vez única para humanizar y democratizar la situación de las cárceles españolas. Pero también sería obligado censurar al Gobierno, en un plano más general, haber jugado con las esperanzas de la población reclusa y con la confianza de la opinión pública y haber dado un monumental «embarque» a un hombre honesto e independiente, cerrándose así el camino para incorporar a las tareas de la política del Estado a quienes no pueden ofrecer, a falta de una incondicional lealtad a los intereses partidistas de UCD, más que sus conocimientos como expertos y su patriotismo como ciudadanos.