El Gobierno Zapatero inicia el proceso para legalizar el matrimonio homosexual en España con Juan Fernando López Aguilar como ministro de Justicia

EL Congreso, a instancia del PSOE, ha aprobado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que presente un Proyecto de Ley que establezca la modificación del Código Civil para permitir la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, norma que el ministro de Justicia se ha comprometido a tener lista para primeros del próximo año. Se trata de un grave error jurídico que, dada la actual composición del Parlamento, saldrá casi con seguridad adelante. Otro juicio merece la proposición de ley, presentada por CiU y apoyada, entre otras fuerzas políticas, por el PP, que prevé el reconocimiento de una amplia gama de derechos para las parejas de hecho, incluidas las del mismo sexo, aunque no la adopción. Se encuentra aquí una posición de equilibrio entre quienes rechazan la legalización de ese tipo de uniones y quienes pretenden equipararlas al matrimonio. Posición, además, respetuosa con los derechos de los homosexuales y con la concepción clásica del matrimonio. El PP rectifica así en parte su posición anterior, aunque en su programa electoral ya preveía la posibilidad de abrir el debate sobre el reconocimiento de determinados efectos legales a las uniones de hecho.

Una cosa es el reconocimiento de efectos civiles, como los relativos a los derechos sucesorios o a la percepción de pensiones ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, a las uniones entre homosexuales, y otra la legalización del matrimonio. El Grupo parlamentario socialista justifica su posición en la necesidad de «acabar con la discriminación que sufren las parejas de gays y lesbianas». Pero una discriminación es una distinción injusta, un tratamiento desigual de situaciones iguales. Y existen diferencias esenciales entre una pareja homosexual y otra heterosexual, ya que sólo ésta puede procrear y, por lo tanto, dar lugar a una familia. La familia es una institución natural que se asienta en el matrimonio y éste, a su vez, consiste en la unión estable entre un hombre y una mujer con los fines principales de procrear y educar a los hijos. Una pareja homosexual merece todo el respeto y el reconocimiento jurídico, pero nunca la consideración de matrimonio. No se trataría, pues, de una leve reforma del Código Civil, sino de una transformación radical de nuestro Derecho de familia y una desnaturalización de la institución social más básica. Por lo demás, esta medida dista de obtener en el seno de la sociedad el consenso necesario para ser aprobada. Si es mayoritaria la opinión de que se legalicen las uniones de hecho, no lo es ni la admisión del matrimonio entre personas del mismo sexo ni que se les permita la adopción. Ni siquiera es ésta una opinión unánime entre los votantes del Partido Socialista.

El PSOE vuelve a abusar de la noción de igualdad. Es justo tratar igual lo que es igual, mas no hay injusticia en tratar de manera diferente lo que no es igual. Éste es el caso que nos ocupa: una agresión injusta a la familia basada en una concepción equivocada de la igualdad. Una última consideración no menor: ciertamente, una mayoría eventual puede cambiar las leyes; lo que no quiere decir que toda decisión mayoritaria sea, sólo por ello, justa. La oposición de izquierdas no aceptó la justicia de la posición del Gobierno de Aznar en la guerra de Irak, a pesar de que contó con el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento. Por lo demás, la iniciativa de CiU, que no admite ni el matrimonio entre homosexuales ni el derecho a la adopción, cuenta con un apoyo parlamentario muy superior al que ostenta la iniciativa socialista. Posee, pues, una legitimidad democrática mayor. La minoría mayoritaria socialista no debería despreciar este argumento cuantitativo.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha señalado enero de 2005 como fecha probable para que quede reconocido legalmente el matrimonio homosexual en España. A partir del próximo septiembre, el Congreso iniciará la reforma de los correspondientes artículos del Código Civil para incluir una regulación del matrimonio a la que puedan acogerse tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales. El Gobierno cuenta desde el pasado martes con un mandato expreso de una amplia mayoría del Congreso, de la que se ha excluido el Grupo Parlamentario Popular, para sacar adelante esta regulación, bloqueada en dos ocasiones durante la anterior legislatura por la mayoría absoluta del PP.

España inicia, pues, los pasos para ser uno de los países de Europa -Holanda y Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania- en los que el matrimonio homosexual ha encontrado algún tipo de acomodo mediante fórmulas legales que tienden a su equiparación efectiva con el matrimonio heterosexual. Desde determinados sectores se alega que esta iniciativa legislativa ni es urgente ni responde a una demanda social. Es el mismo argumento que se utilizó en su día frente al divorcio, la despenalización parcial del aborto y, hasta hace poco, frente a la regulación de las parejas de hecho. ¿Quién diría ahora que estos cambios no respondían a una demanda social? Hoy son asumidos por la mayoría de la sociedad española como un paso adelante en sus relaciones de convivencia, sin que por otra parte supongan impedimento alguno para el libre desarrollo y protección del modelo de familia tradicional. En todo caso, el argumento de la demanda social no deja de resultar aleatorio. El PP lo invoca ahora para apoyar una ley estatal sobre parejas de hecho, heterosexuales y homosexuales, que bloqueó con determinación desde el Gobierno.

El matrimonio homosexual es una demanda urgente para esa parte de la sociedad española que, por su orientación sexual, se siente discriminada en sus derechos civiles y que exige una protección legal equiparable a la del resto de los ciudadanos, incluido el derecho a regular su relación de pareja mediante el matrimonio. Sólo desde un exclusivismo moral o religioso, que no puede imponerse en el ámbito público, puede alguien escandalizarse porque el Estado ampare legalmente a estos ciudadanos desde la exigencia constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación en razón de las preferencias sexuales.

1. El pasado 29 de junio, el Congreso de los Diputados votó favorablemente una proposición no de Ley del Partido Socialista que solicita la equiparación legal plena de las uniones de personas del mismo sexo con el verdadero matrimonio. El Gobierno, por medio del ministro de Justicia, se apresuró a anunciar que en septiembre remitirá a la Cámara un proyecto de Ley en este mismo sentido y que confía en que el llamado matrimonio homosexual sea posible legalmente ya para comienzos del año próximo. También se votaron varias proposiciones de Ley que legitimarían las uniones homosexuales de diversos modos.

2. Las personas homosexuales, como todos, están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde a cada ser humano. No es en modo alguno aceptable que se las menosprecie, maltrate o discrimine. Es evidente que, en cuanto personas, tienen en la sociedad los mismos derechos que cualquier ciudadano y, en cuanto cristianos, están llamados a participar en la vida y en la misión de la Iglesia. Condenamos una vez más las expresiones o los comportamientos que lesionan la dignidad de estas personas y sus derechos; y llamamos de nuevo a los católicos a respetarlas y a acogerlas como corresponde a una caridad verdadera y coherente.

3. Con todo, ante la inusitada innovación legal anunciada, tenemos el deber de recordar también algo tan obvio y natural como que el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común. Las razones que avalan estas proposiciones son de orden antropológico, social y jurídico. Las repasamos sucintamente, siguiendo de cerca las recientes orientaciones del Papa a este respecto.

4. a) Los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana se fundamentan en la realidad antropológica de la diferencia sexual y de la vocación al amor que nace de ella, abierta a la fecundidad. Este conjunto de significados personales hace de la unión corporal del varón y de la mujer en el matrimonio la expresión de un amor por el que se entregan mutuamente de tal modo, que esa donación recíproca llega a constituir una auténtica comunión de personas, la cual, al tiempo que plenifica sus existencias, es el lugar digno para la acogida de nuevas vidas personales. En cambio, las relaciones homosexuales, al no expresar el valor antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos, ni pueden engendrar nuevos hijos.

A veces se arguye en contra de estas afirmaciones que la sexualidad puede ir hoy separada de la procreación y que, de hecho, así sucede gracias a las técnicas que, por una parte, permiten el control de la fecundidad y, por otra, hacen posible la fecundación en los laboratorios. Sin embargo, será necesario reconocer que estas posibilidades técnicas no pueden ser consideradas como sustitutivo válido de las relaciones personales íntegras que constituyen la rica realidad antropológica del verdadero matrimonio. La tecnificación deshumanizadora de la vida no es un factor de verdadero progreso en la configuración de las relaciones conyugales, de filiación y de fraternidad.

El bien superior de los niños exige, por supuesto, que no sean encargados a los laboratorios, pero tampoco adoptados por uniones de personas del mismo sexo. No podrán encontrar en estas uniones la riqueza antropológica del verdadero matrimonio, el único ámbito donde, como Juan Pablo II ha recordado recientemente al Embajador de España ante la Santa Sede, las palabras padre y madre pueden «decirse con gozo y sin engaño». No hay razones antropológicas ni éticas que permitan hacer experimentos con algo tan fundamental como es el derecho de los niños a conocer a su padre y a su madre y a vivir con ellos, o, en su caso, a contar al menos con un padre y una madre adoptivos, capaces de representar la polaridad sexual conyugal. La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en cuestión estas evidencias.

b) La relevancia del único verdadero matrimonio para la vida de los pueblos es tal, que difícilmente se pueden encontrar razones sociales más poderosas que las que obligan al Estado a su reconocimiento, tutela y promoción. Se trata, en efecto, de una institución más primordial que el Estado mismo, inscrita en la naturaleza de la persona como ser social. La historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial.

El matrimonio, en cuanto expresión institucional del amor de los cónyuges, que se realizan a sí mismos como personas y que engendran y educan a sus hijos, es la base insustituible del crecimiento y de la estabilidad de la sociedad. No puede haber verdadera justicia y solidaridad si las familias, basadas en el matrimonio, se debilitan como hogar de ciudadanos de humanidad bien formada.

Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social.

Se dice que el Estado tendría la obligación de eliminar la secular discriminación que los homosexuales han padecido por no poder acceder al matrimonio. Es, ciertamente, necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación injusta. Pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones injustas de los grupos o de los individuos. No es justo que dos personas del mismo sexo pretendan casarse. Que las leyes lo impidan no supone discriminación alguna. En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matrimonio fuera tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que ni tiene ni puede tener el mismo significado social. Conviene notar que, entre otras cosas, la discriminación del matrimonio en nada ayudará a superar la honda crisis demográfica que padecemos.

c) Se alegan también razones de tipo jurídico para la creación de la ficción legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice que ésta sería la única forma de evitar que no pudieran disfrutar de ciertos derechos que les corresponden en cuanto ciudadanos. En realidad, lo justo es que acudan al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco.

En cambio, se debe pensar en los efectos de una legislación que abre la puerta a la idea de que el matrimonio entre un varón y una mujer sería sólo uno de los matrimonios posibles, en igualdad de derechos con otros tipos de matrimonio. La influencia pedagógica sobre las mentes de las personas y las limitaciones, incluso jurídicas, de sus libertades que podrán suscitarse serán sin duda muy negativas. ¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratando de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas contraria a la verdad del matrimonio?

5. Pensamos, pues, que el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales y, más aún, su equiparación con el matrimonio, constituiría un error y una injusticia de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la sociedad. Naturalmente, sólo la autoridad legítima tiene la potestad de establecer las normas para la regulación de la vida social. Pero también es evidente que todos podemos y debemos colaborar con la exposición de las ideas y con el ejercicio de actuaciones razonables a que tales normas respondan a los principios de la justicia y contribuyan realmente a la consecución del bien común. Invitamos, pues, a todos, en especial a los católicos, a hacer todo lo que legítimamente se encuentre en sus manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de nuestro País resulten favorables al único verdadero matrimonio. En particular, ante la situación en la que nos encontramos, «el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley» que pretenda legalizar las uniones homosexuales.

6. La institución matrimonial, con toda la belleza propia del verdadero amor humano, fuerte y fértil, también en medio de sus fragilidades, es muy estimada por todos los pueblos. Es una realidad humana que responde al plan creador de Dios y que, para los bautizados, es sacramento de la gracia de Cristo, el esposo fiel que ha dado su vida por la Iglesia, haciendo de ella una madre feliz y fecunda de muchos hijos. Precisamente por eso, la Iglesia reconoce el valor sagrado de todo matrimonio verdadero, también del que contraen quienes no profesan nuestra fe. Junto con muchas personas de ideologías y de culturas muy diversas, estamos empeñados en fortalecer la institución matrimonial, ante todo, ofreciendo a los jóvenes ejemplos que seguir e impulsos que secundar. En este proyecto de una civilización del amor las personas homosexuales serán respetadas y acogidas con amor. Invocamos para todos la bendición de Dios y la ayuda de Santa María y de San José.

La instigación de los obispos a los diputados católicos para que voten contra el proyecto de ley del Gobierno que legalizará la unión entre personas del mismo sexo me recuerda el contrato de la derecha venezolana con 150 brujos para que Chávez pierda el referéndum del poder. Por vía cristiana es difícil, porque los venezolanos pobres son católicos y a Chávez se le vio en Guadalupe a los pies de la Virgen. Los argumentos de la derecha son los de siempre: hipócrita, falsario, cara. Y un punto de nacionalismo: «¿Por qué no le reza a la Virgen venezolana del Coromoto?». Le daría una hostia, dicen (Academia: «vulgar, malsonante. Golpe, trastazo, bofetada»).

Que yo sepa, aquí no hay diputados católicos. Si los hay, será cosa interior, o un sacrificio personal como Trillo cuando carga con las andas en Semana Santa. Otros llevarán flagelos o cilicios -en Madrid se venden en las calles de Arenal y Mayor-, pero los que pertenecen a algunas de las sectas más afamadas -Opus, Kikos, Legionarios, Guerrilleros: y las más secretas- no lo suelen decir. Quizá por modestia. Puede que en el partido socialista haya muchos, como Bono, que siempre hace exhibición pública de su fe, y me parece bien. Católicos o brujos, ¿qué más les dará una ceremonia y unas repercusiones puramente civiles? Si lo niegan en sus altares, es cosa de ellos y de los homosexuales que se consideren católicos. Yo creo que ni siquiera el matrimonio de sexos distintos se debe celebrar en la Iglesia, mucho menos el de los Príncipes, pero tampoco se lo prohibiría a nadie. Luego se divorcian igual, por lo civil, o acuden a misteriosas falsificaciones para que la Iglesia declare nulo su matrimonio. Espero que los brujos de Venezuela fracasen y dejen a Chávez; espero que los de aquí también fallen. ¡Dejad el sexo en paz! (Me preguntaron en público si yo había apostatado del bautismo: claro que no, cómo voy a renegar de algo cuyo poder me parece inverosímil, y que ni siquiera hice yo: agarrotado por otros, el brujo de Pozuelo echó agua fría sobre el yo-bebé: creo que lloré y protesté. O sea, que ya apostaté).

(Coromoto: la Virgen se apareció al cacique Coromoto, que huía de los cristianos asesinos con los suyos, los Cospes, y le dijo que se dejaran echar «un poco de agua en la cabeza», y todo se arreglaría. La leyenda dice: «Casualmente el español Juan Sánchez pasaba por allí…»).

LA Conferencia Episcopal española, en su documento «A favor del verdadero matrimonio», exhorta a los diputados católicos a votar en contra del proyecto de ley que considerará como matrimonios las uniones contraídas por personas del mismo sexo. Nadie puede negar, sin vulnerar la libertad de expresión, el derecho que asiste a los obispos a pronunciarse sobre cuestiones morales y jurídicas, incluso, por supuesto, a dirigirse no sólo a los católicos sino a todos los hombres y a la autoridad política legítima. Por lo que se refiere al contenido de su exhortación, le asiste además la razón.

El documento reconoce la dignidad inviolable de los homosexuales y la condena de cualquier forma de menosprecio, maltrato o discriminación. Condena, sin matices, todas las violaciones de sus derechos y los comportamientos que lesionen su dignidad. Además, en cuanto cristianos, los homosexuales «están llamados a participar en la vida y en la misión de la Iglesia». Pero no existe un derecho a contraer matrimonio sino entre personas de distinto sexo. El matrimonio sólo puede contraerse entre un varón y una mujer. Y no es éste un principio dogmático propio de la Iglesia católica y válido sólo para católicos, sino un principio fundamental de todo Derecho, ya que se asienta en la naturaleza humana y en la de la institución matrimonial. Admitir un inexistente matrimonio entre personas del mismo sexo entrañaría un grave daño al bien común, a la justicia y a la institución familiar. No se trata de argumentos de fe que sólo obliguen a los creyentes, sino de poderosas razones antropológicas, sociales y jurídicas que avalan la complementariedad natural entre los sexos, el interés de los hijos y el buen uso de las palabras de «padre» y «madre». La imposibilidad de que las parejas del mismo sexo procreen es pura cuestión de hecho. Si se aprueba la legislación anunciada, quedarán seriamente afectadas la institución del matrimonio y la familia. Por lo demás, los derechos e intereses de las parejas homosexuales de hecho pueden quedar garantizados mediante el reconocimiento de efectos civiles que no impliquen la equiparación injusta con el matrimonio. El documento recuerda el deber de los parlamentarios católicos de expresar su desacuerdo con el proyecto de ley y de votar en contra. Acaso cabría añadir también el de todos los parlamentarios de buena voluntad que no quieran cometer la injusticia de equiparar mediante la ley lo que no es equiparable desde el punto de vista de la realidad, de la naturaleza y de la justicia.

EL Diccionario de la Academia admite para la voz «matrimonio» varias acepciones y diversas posibilidades de calificación. Admite, por ejemplo, la significación que tiene esa palabra, «matrimonio», en algunos lugares de América, que se aplica a un plato de arroz y alubias guisadas que debe de ser parecido a lo que en mi tierra de Murcia llamamos por las buenas «arroz y habichuelas». Lo que no admite la Academia es que matrimonio se use para designar la unión entre dos varones o dos hembras. Para la Academia, la unión entre personas que define la palabra «matrimonio» siempre ha de ser entre hombre y mujer, por muy mariquitón que sea él y por muy marimacho que sea ella.

Esta limitación semántica se va a quedar obsoleta en cuanto los socialistas aprueben la ley del matrimonio entre homosexuales. De modo que haremos bien en encargarle al Nebrija, como académico de confianza de los socialistas, una nueva definición de matrimonio, que naturalmente incluya la unión de hombre con hombre y de mujer con mujer, sin olvidar una referencia ilustrativa a los transexuales. Un caso curioso y divertido que no debe quedar al margen de la definición de la Academia sería el matrimonio entre un hombre, convertido quirúrgicamente en mujer, con una mujer, convertida fisiológicamente en hombre, transformación que presenta mayores dificultades que la otra, pero hoy todo es posible para un buen cirujano.

Ni las leyes ni el Diccionario deberían dejar fuera de la definición de «matrimonio» ninguno de los casos posibles entre las ricas variantes que ofrece la naturaleza, por un lado, y la imaginación y la ciencia de los hombres, por otro. Incluso debería precisar el Diccionario del Nebrija que se pueda llamar «matrimonio» al plato de arroz y habichuelas, lo mismo si el arroz es chino o es de Calasparra, y si las habichuelas son fabes asturianas o son de El Barco de Ávila. Hay que evitar cualquier posibilidad de discriminación y abrir para todo lo que sea o se llame «matrimonio» cualquier modalidad posible.

Para tener previstas las vueltas que puede dar el mundo en la concepción legal, moral y social del «matrimonio», el Nebrija podría hacer la caridad lingüística de adelantar a la Academia en la definición de todos los supuestos imaginables, e incluir dentro de la definición de esa voz, en evolución tan evidente, la unión entre una persona humana, hombre o mujer, y un animal irracional, macho o hembra, para hacer vida común conforme a derecho.

Quizá conviniera en este caso dedicar una mención especial a las llamas del Altiplano, esos animales tan provocativos en su manera de andar, y que en el arte de mover el culito de manera procaz le dan sopas con honda a Naomi Campbell. También a los perritos malteses, que poseen la misma habilidad. Yo tengo una maltesa llamada Daphne, tan descarada que a veces me da vergüenza que la vean los invitados y tengo que encerrarla en una habitación, no sea que algún amigo salido quiera casarse con ella por las nuevas leyes. Y además, hay que legalizar las tradicionales uniones de hecho entre cabras y cabreros. Hala, Nebrija, a trabajar.

Los obispos españoles están en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Quizás se acuerdan de aquello de que, en un principio, el Creador los hizo varón y hembra y les dijo: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre» (Mt. 19,4-6). Aunque luego llegó el hombre y los separó. Digo «el hombre», porque, por lo menos en España, yo creo que cuando se promulgó la Ley del Divorcio la mayoría de los legisladores eran de sexo masculino. A los obispos no les gustó nada la Ley del Divorcio, pero acabaron resignándose, imagino, mientras veían cómo el número de candidatos a casarse por la Iglesia descendía drásticamente mientras aumentaba en la misma medida (o sea, drásticamente) el de los que aspiraban a hacerlo en los ayuntamientos, los juzgados, los barcos y hasta la selva africana (este último es el caso de ciertas desternillantes bodas de famosos). Era el principio de la crisis del matrimonio como pilar ordenador de la sociedad.

Los socialistas, al contrario que los obispos, están a favor del matrimonio entre personas de idéntico sexo. En la página de internet Socialist Worker-On line incluso se llega a afirmar, con una conmovedora inocencia (o desfachatez, que nunca se sabe): «Nos plantamos decididamente en el bando de los gays y lesbianas que exigen tener el mismo derecho a casarse con sus seres queridos como lo tienen los heterosexuales. No creemos que la institución del matrimonio sea una cosa maravillosa». Eso: como el matrimonio no es una ganga, pues que se casen los gays y las lesbianas, que ya se enterarán. Como se ha enterado una pareja de mujeres que se casaron en Ontario hace un año, para descubrir al poco que «el matrimonio es la tumba del amor» y, lo que es peor, que ahora no pueden divorciarse porque la misma ley que les permitió unir sus vidas se olvidó de contemplar la posibilidad del divorcio entre personas del mismo sexo, aunque lo haga para las de distinto género.

Cada vez hay menos matrimonios y más niños que nacen fuera de él. Como no sea por las bodas «rosa», dentro de poco no se casarán ni los inmigrantes a la caza de papeles. Lo ideal, y lo más lógico, sería ver a la corte eclesial pedir a los diputados católicos que voten en contra del «divorcio para parejas gays y lesbianas», dado que la mayoría de los heterosexuales empezamos a creer, como Aurélien Scholl, que puestos a suicidarnos es preferible la cuerda a la pistola, la asfixia a la cuerda, el opio a la asfixia, y el matrimonio al opio.