El Grupo KIO de Kuwait amplia sus inversiones en negocios españoles como la banca con el financiero Javier de la Rosa Martí como su representante

LAS RECIENTES operaciones del grupo KIO en España han puesto de manifiesto que algunas inversiones extranjeras de carácter financiero merecen ser seguidas con especial atención por las autoridades, pues en determinados casos pueden interferir el funcionamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Tal es el caso de la compra masiva de títulos bancarios: en general, las autoridades monetarias de los países occidentales han puesto límites a este tipo de adquisiciones por pensar que el control de los bancos debe permanecer en manos nacionales. En España, una reciente ley obliga a dar publicidad a las adquisiciones de paquetes de acciones bancarias que representen más del 5% del capital en estas entidades y somete a autorización las compras que superen el 15%. Se trata de una medida similar a las que rigen en algunos de los países de la Comunidad Europea (CE), aunque es dudoso que pueda mantenerse más allá de 1992 para los ciudadanos de la Comunidad.Las autoridades españolas han tomado conciencia de estos problemas sólo muy recientemente y para algunos sectores delimitados, como puede ser el bancario o el de la defensa. Sin embargo, algunas inversiones en España plantean una duda fundamental en cuanto a la utilidad de las mismas, especialmente cuando -como resultado de estas inversiones- se practican reestructuraciones de sectores de nuestra industria. Puede plantearse entonces un conflicto entre la rentabilidad financiera a corto plazo de las operaciones y los intereses industriales a medio y largo plazo de nuestro país. Tal es el caso de la industria de fertilizantes: existía un plan de reestructuración de la industria química; tras la toma de control de ERT por la sociedad Cros, orquestada por los representantes del grupo KIO en España, se ha llevado a la práctica otro plan sin que nadie se haya molestado en explicar si el antiguo era malo y el nuevo es bueno. Se trata de un problema en el que están en juego muchos miles de puestos de trabajo y muchos miles de millones de pesetas de dinero público si la operación fracasa.

En realidad la cuestión es más general y afecta también, de una u otra manera, a otros países. Los casos de Boesky y Milken en Estados Unidos han llamado la atención sobre la gigantesca reestructuración empresarial a la que se ha procedido en aquel país a partir de operaciones hábilmente ejecutadas en la bolsa y cuya racionalidad habría que buscar en consideraciones financieras más que en las propias circunstancias productivas de la empresa. Dejando a un lado la legalidad discutible de algunas de esas operaciones, el debate que se ha abierto en EE UU afecta a la esencia misma del proceso, es decir, a la utilidad o no para la economía norteamericana de la recomposición que ha tenido lugar en los últimos años. Y aunque se trata de una cuestión abierta, las primeras impresiones no son muy favorables, pues la economía norteamericana continúa perdiendo posiciones en el terreno de las nuevas tecnologías y no consigue resolver el problema del déficit exterior. La comparación con Japón, donde han prevalecido desde siempre los intereses industriales a largo plazo sobre los financieros a corto, es bastante ilustrativa. En cualquier caso se trata de un debate de gran significación que en nuestro país no parece preocupar a casi nadie.

Estas consideraciones no deben llevar de modo alguno a la conclusión de que la inversión extranjera no es deseable en España. El desarrollo de nuestro país depende en buena medida de la misma y no hay razón, salvo un nacionalismo trasnochado e incompatible con la Europa de 1992, para rechazarla. Pero entre las inversiones industriales de empresas solventes realizadas sobre la base de una estrategia industrial a largo plazo y las inversiones especulativas que buscan una rentabilidad inmediata hay una diferencia sustancial que debe ser tenida en cuenta, máxime cuando estas últimas implican reestructuraciones profundas en algunos sectores de la industria. De lo que se trata no es de prohibir la circulación de capitales, sino, simplemente, de que alguien vigile las líneas generales de su evolución para que no nos despertemos una mañana en medio de un caos irremediable.