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El político había demandado al humorista después de unas declaraciones suyas en INTERVIÚ

Pedro Ruiz da en antena desde TV3 el teléfono del Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y anima a los ciudadanos a llamarle a quejarse por los impuestos

HECHOS

El 27.02.1989 en el programa ‘Dullans Dullans’ de TV3, presentado por Dña. Mercedes Milá, su invitado, D. Pedro Ruiz, mostró el número de teléfono del Secretario de Estado de Hacienda, D. José Borrell.

JosepBorrell1989 D. José Borrell (PSOE), Secretario de Estado de Hacienda, ha lanzado una campaña contra famosos que no paguen todos los impuestos que le corresponden para que den ejemplo a la ciudadanía, siendo la cantante Sra. Lola Flores o el humorista D. Pedro Ruiz sus dos principales objetivos.

D. Pedro Ruiz, que considera que es víctima de una persecución política, animó a todos los telespectadores a llamar por teléfono al Sr. Borrell para «agradecerle» el pago de impuestos.

28 Marzo 1988

Ciudadanos y ciudadanos

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

Habrá muchos ciudadanos españoles, y entre ellos el propio interesado, que quieran ver en la pelea que el humorista Pedro Ruiz mantiene con Hacienda -como la que otros famosos han sostenido más o menos recientemente- una especie de trasunto de la batalla cotidiana que enfrenta al esforzado hombre de a pie, de quien siempre se supone la buena fe, contra el insaciable fisco. Con independencia de las fobias o filias que el personaje pueda despertar, esa transposición abusiva de sus problemas personales con las instancias recaudatorias del Estado es todo menos lo que el señor Ruiz quiere hacer creer a sus incondicionales, entre los que se encontrarán, sin duda, miles de defraudadores. Y es que prevalerse de una situación de popularidad para desnaturalizar el alcance real de sus querellas con Hacienda no está al alcance del ciudadano medio español, al que no queda más remedio que pasar por ventanilla o por el juzgado.Echando mano de su habilidad e ingenio, no le ha sido dificil a Pedro Ruiz dar un sesgo beneficioso a su conflicto. Desde hace meses, la imagen de un voraz, dilapidador e inquisidor fisco se ha convertido en un filón recurridísimo en la actuación profesional de este personaje. Podrán gustar o molestar sus ingeniosidades y ocurrencias a costa del afán recaudatorio del Estado y de las personas que hoy lo impulsan, juzgarse injustas, frívolas o plenamente acertadas; lo que nadie puede dudar es que todas ellas caben en el amplio marco de libertad de expresión y de ejercicio de la crítica de que hoy gozan los españoles.

Pero dicho esto, el hecho de dejar de pagar durante años los impuestos, que es el supuesto que anima la particular batalla de Ruiz, ni puede ser pasado por alto ni aprobado tampoco desde los criterios de igualdad legal y solidaridad social que deben animar la convivencia ciudadana. Es incontestable que la dimensión fiscal del Estado moderno está siendo percibida por los ciudadanos españoles con núedo y con preocupación. Culpa de ello la tienen los métodos amenazantes y con frecuencia dudosamente legales utilizados para recaudar impuestos. La propia indefinición del delito fiscal, lo que facilita más que nada su empleo como arma intimidatoria contra los contribuyentes, y los sistemas de trabajo de la inspección tributaria abonan este estado de cosas. Defenderse de estos métodos y de los propios impuestos, en lo que tengan de desmesurados e injustos, es un derecho de los ciudadanos, que pueden recurrir a los instrumentos legales y políticos de la democracia y a la creación de estados de opinión. Pero pasar del pago de impuestos es simplemente inaceptable.

Quienes así actúan, sean ciudadanos conocidos o anónimos, intentan amparar su conducta en la sospecha de que parte de lo recaudado se pierde en un excesivo gasto público o en despilfarros de gestión, en vez de ir a parar a lo que justifica la facultad recaudatoria del Estado: la mejora de los servicios públicos, tan deficitarios y llenos de graves carencias todavía, como los contribuyentes tienen ocasión de comprobar día a día. Pero ni el derecho legítimo a conocer el destino de los impuestos e, incluso, a exigir responsabilidades por sus desviaciones, ni el posible agravio comparativo, son causas suficientes para que el ciudadano actúe por su cuenta y a su manera.

Una campaña sistemática de descrédito del sistema fiscal, como otras que se llevan a cabo contra el aparato parlamentario, es también un ataque a las libertades democráticas y al régimen de convivencia que la Constitución ampara.

04 Marzo 1989

Pedro Ruiz y Borrell

ABC (Director: Luis María Anson)

El domicilio del secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, se ha visto saturado de llamadas telefónicas de particulares. El motivo: el humorista Pedro Ruiz hizo público en un programa de TV3 el teléfono particular del alto funcionario. La broma es de dudoso gusto, pero perfectamente coherente en la lógica del esperpento: “¿No dicen que la transparencia es imprescindible a efectos fiscales? ¡Pues ahí va una dosis de transparencia!”. El señor Borrell se ha ganado numerosas enemistades públicas, en buena parte por lo ingrato de su cometido, y sobre ciudadanos soportan. Esa política de intimidación fiscal ha dado pingües beneficios al Estado; no parece injusto – aunque sea desagradable – que el ciudadano se haya tomado una compensación por vía de la burla política, tan arraigada en el esperpento nacional.

14 Marzo 1989

Jugadores de ventaja

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

LA PELEA que con tanto estrépito y algarabía ha enfrentado en los dos últimos años al fisco y a los famosos Lola Flores y Pedro Ruiz está a punto de concluir ante los tribunales tras un proceso dominado por la confusión, la demagogia y los excesos verbales. El humorista se ha librado por los pelos de sentarse en el banquillo por la comisión de un delito fiscal. La justicia ha determinado que lo defraudado -7,6 millones de pesetas en tres ejercicios fiscales- no alcanza el mínimo de cinco millones por año que el Código Penal exige para que la defraudación tenga carácter delictivo. La cantante no ha podido eludir el juicio público y ayer compareció ante la Audiencia de Madrid acusada de defraudar a la Hacienda pública 52 millones de pesetas.Aunque con resultado por el momento desigual en el terreno de la justicia, ambos casos se prestan a parecidas consideraciones. Su condición de famosos ha servido a la Hacienda pública como elemento ejemplificador en la persecución de una conducta tan antisocial -sea cual sea su tipificación delictiva- como la de dejar de pagar los impuestos correspondientes. Pero los propios afectados, que se han quejado de ser víctimas de esa persecución selectiva, no han dudado en echar mano en defensa propia de esa misma condición. Y para ello han utilizado todas las armas que les ponía a mano su popularidad, hasta llegar, como en el caso del humorista, al esperpento de presentarse a sí mismo como un ejemplo a imitar. Los ciudadanos se han visto cogidos así entre dos fuegos: por un lado, la sospecha de que Hacienda utilizaba la sanción de conductas fiscalmente insolidarias de personajes famosos como escarmiento vara descarriados y como elemento de distracción de la atención pública ante otros casos mucho más importantes y generalizados de fraude fiscal; y por otro, la pretensión de éstos de exculpar su actuación como respuesta justa e ineludible al acoso de un voraz, dilapidador e inquisitorial fisco.

La defraudación de sólo 7,6 millones de pesetas habrá ahorrado a Pedro Ruiz el trago de sentarse en el banquillo, pero deja al descubierto su pésimo comportamiento como contribuyente. Lola Flores podrá escapar de la condena si el tribunal atiende sus alegatos sobre la penuria de su economía doméstica, pero no podrá convencer a nadie de que ha obrado correctamente olvildando la declaración de sus ingresos durante cuatro años. Ni el exceso de gasto público, ni los despilfarros de gestión, ni los deficientes servicios públicos pueden amparar este tipo de actuaciones cuando, además, la carga impositiva es soportada abrumadoramente por los millones de asalariados obligados a la disciplina fiscal en razón del origen de sus rentas. Ciudadanos, por otra parte, que no disponen de ningún recurso de notoriedad para eludir esa obligación social.

Tampoco puede dejarse de denunciar la culpa que le corresponde a la Hacienda pública en la creación del clima de crispación y de temor con que los ciudadanos españoles han descubierto la dimensión fiscal del Estado moderno. La inseguridad jurídica en la que en estos momentos se mueve el contribuyente español es patética, y quienes la han propiciado o no han querido o sabido corregirla a tiempo siguen en sus cargos públicos como si nada les afectase. La deficiente precisión legislativa, la indefinición legal, el recurso a métodos amenazantes y a veces dudosamente constitucionales y la indefensión práctica del contribuyente son aspectos preocupantes que perviven en el sistema tributario español. Acabar con ellos no sólo es euestión de alternativas políticas; también es tarea de los ciudadanos, que tienen en sus manos los instrumentos legales y políticos de la democracia y la posibilidad de crear estados de opinión. Lo que resulta inaceptable es que alguien pretenda hacer creer a los contribuyentes que lucha contra tales defectos no pagando a Hacienda. Tal actitud no deja de ser una tomadura de pelo a los millones de ciudadanos que cumplen con sus deberes fiscales.

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