15 julio 1998
La suspensión del diario causará inevitablemente su quiebra
El juez Garzón cierra el periódico EGIN acusándolo de estar al servicio de ETA y encarcela a la cúpula de su empresa, Orain

Hechos
El 15.07.1998 el juez de la Audiencia Nacional, D. Baltasar Garzón ordenó la suspensión del periódico EGIN.
Lecturas
La existencia del diario Egin como periódico impreso finalizaría el 15 de julio de 1998 cuando saldría el último número del periódico filobatasuno fundado en 1977.
El 15 de julio de 1998, el juez Baltasar Garzón Real, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ordena la clausura cautelar del diario Egin, de la emisora Egin Irratia y de las actividades de su grupo editor, Orain, S. A., en una operación contra el entramado económico y político de ETA. La Policía registra la sede central del periódico en Hernani (Guipúzcoa), así como sus delegaciones en el País Vasco y Navarra, precinta las instalaciones e interviene documentación y equipos. Son detenidas once personas vinculadas a los órganos de administración del grupo, entre ellas Xabier Alegría Loinaz, dirigente de KAS, y Pablo Gorostiaga González, miembro de Herri Batasuna. La investigación, iniciada en el marco del sumario 18/98, atribuye a los responsables de Orain presuntos delitos de integración o colaboración con organización terrorista y alzamiento de bienes. El magistrado sostiene que ETA no se limita a influir ideológicamente en el periódico, sino que interviene en decisiones empresariales y utiliza sus sociedades como instrumentos de su estructura organizativa.
Fundado en 1977, Egin es el diario de mayor identificación editorial con la izquierda abertzale próxima a Herri Batasuna, con una implantación especialmente destacada en Guipúzcoa. Sus páginas han acogido comunicados y textos de miembros de ETA encarcelados, además de posiciones favorables a las reivindicaciones del movimiento político que comparte buena parte de los objetivos de la organización terrorista. Sin embargo, el fundamento jurídico del cierre no es la afinidad editorial, sino la presunta subordinación orgánica y económica a ETA. Garzón considera especialmente relevante la documentación intervenida a la organización, que reflejaría comunicaciones entre el dirigente etarra José María Olarra Guridi y Xabier Alegría sobre nombramientos, funcionamiento del periódico y movimientos patrimoniales. También investiga el supuesto traslado de activos entre sociedades del grupo para eludir deudas con la Seguridad Social, por importe próximo a 500 millones de pesetas. El 21 de julio de 1998, el juez ratifica la suspensión de actividades de Orain y otras sociedades vinculadas, bloquea cuentas, mantiene embargos y dispone la administración judicial de los bienes



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La decisión provoca un enfrentamiento político sobre los límites de la libertad de prensa y la persecución del terrorismo. El Gobierno de José María Aznar López respalda la operación y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la presenta como una actuación contra el núcleo organizativo de ETA. Desde la izquierda abertzale se denuncia una clausura política de un periódico; otros sectores nacionalistas, incluido el PNV, expresan preocupación por sus consecuencias para la libertad de expresión. Los trabajadores de Egin responden publicando desde el 16 de julio de 1998 una cabecera provisional, Euskadi Información, mientras impulsan la creación de un nuevo periódico. El 30 de enero de 1999 comienza a publicarse Gara, dirigido inicialmente por Mertxe Aizpurua Arzallus, que ocupa el espacio informativo de la izquierda abertzale. Aunque mantiene una orientación política próxima a ese sector, se trata de otra empresa periodística y sin aparante vinculación con ETA.
La evolución judicial del caso resulta especialmente compleja. En agosto de 1999, el propio Garzón levanta la suspensión de actividades y autoriza la posible reaparición de Egin a partir de octubre, aunque condicionada a la viabilidad económica del grupo y al pago de sus deudas. La reapertura no llega a materializarse. En julio de 2003, la Audiencia Nacional ratifica que Orain puede reanudar sus actividades si satisface sus obligaciones económicas, pero mantiene medidas de intervención patrimonial. Posteriormente, la sentencia del sumario 18/98, dictada en 2007 y revisada por el Tribunal Supremo en mayo de 2009, confirma responsabilidades penales de determinados dirigentes, entre ellos José Luis Elkoro Unamuno y Xabier Alegría, pero deja sin efecto la declaración de ilicitud de las actividades de Orain. El resultado obliga a distinguir entre las condenas personales de algunos responsables y la pretensión inicial de considerar ilícita, en su conjunto, la actividad de la empresa editora.
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Principales personas implicadas en la investigación a Orain – EGIN:
| Nombre | Vinculación con el caso | Resultado judicial destacado |
|---|---|---|
| José Luis Elkoro Unamuno | Presidente del consejo de administración de Orain y antiguo dirigente de la izquierda abertzale. | Condenado inicialmente a 24 años; el Supremo reduce la pena a 8 años en 2009. |
| Xabier Alegría Loinaz | Dirigente de KAS y vinculado a las decisiones empresariales investigadas. | Condenado inicialmente a 18 años; pena definitiva de 12 años y 9 meses, incluyendo el delito de alzamiento de bienes. |
| Xabier María Salutregi Mentxaka | Último director de Egin. | Condenado en el sumario 18/98 por integración en organización terrorista; su condena fue revisada en casación. |
| Teresa Toda Iglesias | Subdirectora de Egin. | Condenada en primera instancia; el Supremo redujo su pena. |
| Pablo Gorostiaga González | Antiguo dirigente de Herri Batasuna y vinculado a los órganos de Orain. | Procesado dentro de la pieza empresarial del sumario 18/98. |
| Francisco Murga Luzuriaga | Consejero de Orain. | Condenado por su participación en las actividades investigadas. |
| Isidro Murga Luzuriaga | Secretario del consejo de administración de Orain. | Condenado dentro de la pieza empresarial. |
| Jesús María Zalakain Garaikoetxea | Responsable vinculado a la administración y a las operaciones patrimoniales. | Investigado y condenado por hechos relacionados con el grupo. |
| Iñaki Zapiain Zabala | Responsable de administración de Egin. | Condenado por insolvencia punible. |
| Xabier Otero | Vinculado a la constitución de Erigane. | Condenado por insolvencia punible. |
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Cronología judicial y periodística (1997-2009)
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 17-02-1997 | Se inicia la investigación judicial que acabará integrándose en el sumario 18/98 sobre el entorno de ETA. |
| 28-05-1998 | Garzón interviene bienes y cuentas de varias sociedades presuntamente vinculadas a la financiación de ETA. |
| 14-07-1998 | Auto de suspensión cautelar de actividades del grupo Orain. |
| 15-07-1998 | Operación policial, detenciones y precinto de las instalaciones de Egin y Egin Irratia. |
| 16-07-1998 | Trabajadores del periódico publican el primer número de Euskadi Información, una respuesta provisional al cierre. |
| 21-07-1998 | Garzón ratifica las medidas y amplía la intervención judicial del grupo. |
| 20-11-1998 | Auto de procesamiento de los implicados en el caso Orain y otras piezas del entramado económico. |
| 29-11-1998 | Presentación pública de Gara en el velódromo de Anoeta, en San Sebastián. |
| 15-01-1999 | La Audiencia Nacional considera legítima la clausura cautelar, aunque exige su revisión periódica. |
| 30-01-1999 | Aparece el primer número de Gara, bajo la dirección de Mertxe Aizpurua. |
| 27-07-1999 | La Audiencia Nacional confirma la legalidad inicial del cierre, pero propone suavizar las medidas por la reducción del riesgo que pretendían evitar. |
| 06-08-1999 | Garzón acuerda levantar la suspensión de actividades, con posibilidad de reanudarlas desde el 1 de octubre, condicionada a la viabilidad económica. |
| 01-10-1999 | Fecha prevista para la reapertura; Egin no vuelve a publicarse. |
| 21-06-2001 | Queda firme el procesamiento de los principales implicados en la pieza Orain. |
| 14-07-2003 | La Audiencia Nacional ratifica el levantamiento de la suspensión y permite reanudar actividades previo pago de las deudas, estimadas en unos 8,5 millones de euros. |
| 21-11-2005 | Comienza el juicio oral del sumario 18/98. |
| 14-03-2007 | Concluyen las sesiones del juicio. |
| 19-12-2007 | Se hace pública la sentencia de la Audiencia Nacional, con condenas a numerosos responsables del entramado de ETA, incluidos varios vinculados a Orain. |
| 26-05-2009 | El Tribunal Supremo confirma parte sustancial de las responsabilidades penales individuales, reduce numerosas penas y anula la declaración de ilicitud de las actividades de Orain. |


16 Julio 1998
La decisión judicial
La actuación del juez Baltasar Garzón que se ha saldado con la detención de diez antiguos administradores de la sociedad Orain, editora del diario EGIN y de Egin Irratia, y del administrador único de la actual empresa, y la clausura cautelar de ambos medios de comunicación constituye un episodio judicial sin precedentes desde la vigencia de la Constitución de 1978. Las decisiones del magistrado, cuyas razones jurídico-penales mantiene en absoluta reserva, pueden ser consideradas desde distintas perspectivas, aunque valoradas desde idéntico presupuesto: la confianza en la independencia e imparcialidad del juez, que, como en otros casos de muy distinto signo – recuérdese el reciente proceso, ya visto para sentencia, en el que han sido juzgados altos ex responsables de Interior – ha quedado reiteradamente acreditada. Por otra parte, el sistema de recursos y la red de garantías jurídico-procesales previstas en las normas aseguran que estas decisiones serán contrastadas por otras instancias jurisdiccionales, de tal manera que la efectividad del principio de legalidad está, de antemano, fuera de cualquier duda. La confianza en el imperio de la ley y en el funcionamiento de la Administración de Justicia, secundada por una eficaz investigación policial, son criterios básicos y permanentes en la lucha contra el terrorismo
Las detenciones practicadas ayer están motivadas, al parecer, por indicios solventes que vinculan a los detenidos con actividades presuntamente delictivas: alzamiento de bienes, delito fiscal, blanqueo de dinero y pertenencia a banda armada. Según la información facilitada por Interior, los acusados habrían desarrollado sus funciones administradoras de manera subordinada a las indicaciones de la banda terrorista ETA y formaría parte ,a través de la sociedad editora de EGIN y Egin Irratia, de la denominada red financiera de la organización. Sólo cabe esperar, en consecuencia, la instrucción del procedimiento penal para depurar responsabilidad criminal en la que pudieran haber incurrido. Y si han delinquido, como el magistrado entiende ha sucedido, estaríamos ante una sustancial operación judicial y policial que mermaría la capacidad operativa de ETA.
Pero la responsabilidad penal sólo puede ser personal e individualizada. No existen delitos colectivos – aunque sí autoría compartida – ni es posible que delincan las personas jurídicas, es decir, las sociedades. No puede delinquir un periódico, aunque puedan hacerlo quienes en él escriben. Ni la responsabilidad penal personal e individualizada puede comunicarse a la sociedad en la que el delito se perpetre. De ahí que, a reserva de un mayor y más profundo conocimiento de la motivación legal de la resolución del magistrado, provoque perplejidad, muchas dudas e inquietud la clausura cautelar de dos medios de comunicación de los que los detenidos han sido o son administradores.
Valores constitucionales
Es cierto que el artículo 129 del Código Penal contempla la suspensión cautelar de las actividades empresariales de una sociedad. Pero ese mismo precepto requiere la previa audiencia de los titulares de la empresa o de sus representantes legales – trámite que en este caso no se ha cumplido y es cierto también – y reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional – que dicha facultad judicial debe conjugarse con el artículo 20 de la Constitución que garantiza por cualquier medio, la más plena libertad de expresión derecho que se califica, además de fundamental. Parece, en consecuencia, que el magistrado no ha deslindado la actividad empresarial de los administradores de la estrictamente editorial, arriesgándose a la adopción de una medida sin precedentes, como es el cierre de dos medios de comunicación, en la que han de tenerse en cuenta valores constitucionales de máximo rango en el sistema democrático, que protegen, incluso a medios que pueden ser dolorosamente incómodos y combatan el propio sistema que les ampara.
A la espera de que Garzón explicite las argumentaciones jurídicas que le han llevado a clausurar dos medios de comunicación – cuyos perfiles ideológicos son de sobra conocidos desde el mismo momento de su puesta en marcha – no puede obviarse tampoco la situación precaria en la que quedan los profesionales afectados, para los que debe arbitrarse alguna solución basada en la actual legislación laboral.


22 Julio 1998
Holding ETA
EGIN no era sólo el órgano de expresión de las posiciones políticas o ideológicas del nacionalismo radical vasco. Lo fue en su origen hace 20 años, antes de que entrara bajo la disciplina de ETA, como una pieza central del entramado de empresas creadas por la banda terrorista para financiarse, para transmitir órdenes a sus comandos, para obtener información que podía ser utilizada luego para extorsionar, secuestrar o cometer atentados. Éstas son las conclusiones más relevantes que se extraen de los tres autos dictados desde el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para fundamentar el cierre de EGIN y el auto de prisión de ocho de sus directivos.El magistrado concluye que EGIN era un órgano de expresión sometido a las consignas de la dirección de ETA, que nombraba a su director y le daba instrucciones, como si se tratara del consejo de administración de un grupo empresarial o holding que además de asesinar y chantajear -sus actividades fundamentales- publicaba un periódico a su entero servicio.
Los delitos que se imputan a los acusados son de integración en organización terrorista y allegamiento de fondos, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública. Los indicios que enumera Garzón forman una constelación de figuras delictivas que superan cualquier supuesto de los manejados hasta ahora cada vez que se han planteado dudas sobre la legalidad del diario etarra. La apología del terrorismo tantas veces descartada, la simple colaboración con banda armada o la existencia de delitos económicos y societarios hubieran sido inútiles o insuficientes para una medida tan drástica como el cierre del periódico.
El nuevo Código Penal permite cerrar cualquier empresa, de cualquier sector productivo, que sea objeto de tal cúmulo de imputaciones. Pero además de una pieza del holding ETA, EGIN era un periódico y su cierre reduce el ámbito de la libertad de expresión en sus dos vertientes: la de unos periodistas que informan y opinan y, sobre todo, la de un público que quiere leer precisamente éstas y no otras informaciones u opiniones. La decisión es aún más grave cuando se adopta en la fase de instrucción sumarial, en la que debe extremarse la proporcionalidad entre las medidas cautelares adoptadas y la gravedad del delito imputado.
Las dudas que sugiere la decisión de Garzón son fundamentalmente de proporcionalidad de la medida. El cierre del periódico, por más que sea cautelar, dificilmente será reversible. Pero en sentido contrario hay que admitir que un juez está obligado no sólo a perseguir el delito, sino a impedir que se siga cometiendo. Y si el periódico es una pieza básica en la comunicación de ETA con sus comandos o en las campañas de opinión previas al asesinato de concejales, entonces se deduce que efectivamente Garzón tiene la obligación de parar la máquina delictiva, por más que ésta sea una rotativa.
Hubiera sido deseable un claro deslinde entre las actividades ilegales y el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, de forma que el periódico pudiera seguir publicándose, mientras sus actuales administradores respondían ante la justicia. ¿Pero es posible imaginar un EGIN en manos de un administrador judicial nombrado por Garzón? La actividad regular de EGIN aparece en los autos judiciales indisociablemente unida al funcionamiento de la banda terrorista, tanto en su vertiente financiera como en sus aspectos organizativos y en los directamente vinculados a sus acciones criminales.
Las cautelas legítimas que exige el caso por afectar al ejercicio efectivo de la libertad de expresión, especialmente protegida en la Constitución, deberán resolverse en las instancias de recurso y de amparo, que a no dudar utilizarán los abogados. Las decisiones que tomen los tribunales -sobre todo el Constitucional, si hay recurso de amparo- tendrán suma importancia no sólo para este caso, sino para la doctrina jurídica en torno a la libertad de expresión. Ésta es la superioridad de un sistema de garantías sobre la violencia ciega de una banda mafiosa y fascista. Es verdad que EGIN era un periódico, pero si se confirman los datos de Garzón, hay que deducir que EGIN era sobre todo un instrumento al servicio de ETA.


22 Julio 1998
El dilema del juez Garzón
Nadie podrá argumentar que Baltasar Garzón ha actuado de forma irreflexiva tras leer el auto que dictó ayer en el que fundamenta jurídicamente el cierre del diario Egin. El juez de la Audiencia Nacional explica detalladamente en 45 folios la relación de subordinación del periódico a la estrategia marcada por KAS y ETA, que no sólo utilizaban el medio como aparato de propaganda sino como instrumento de chantaje y de cobertura de sus acciones criminales.
ETA, subraya el auto, opera para lograr sus fines con cuatro frentes: el de las organizaciones de masas que dependen de KAS, el armado, el institucional o político (HB) y el informativo, del cual Egin es la pieza esencial.
Garzón entiende que se ve en la obligación de clausurar el periódico para evitar que éste siga siendo el vehículo de las actividades delictivas de la banda terrorista. Y sostiene que el cierre cautelar no afecta al artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho fundamental de expresión.
El magistrado alega que la clausura del periódico no lesiona la libertad de información, ya que no está motivada por posibles delitos de opinión sino por la propia finalidad criminal de Egin. En esa medida, Garzón considera que no es aplicable la sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, que declaraba inconstitucional cerrar cautelarmente un medio de comunicación por delitos de terrorismo.
Sigue sin convencernos el razonamiento jurídico de Garzón por dos motivos que nos parecen dignos de consideración. El primero es que el Constitucional establece que no se puede cerrar cautelarmente un periódico. Y no fija ninguna excepción. Lo quiera o no el juez, clausurar un periódico siempre lesiona derechos fundamentales de terceras personas y, por tanto, afecta al artículo 20 de la Constitución.
El segundo es que, como el propio Garzón afirma, los comportamientos delictivos sólo se pueden atribuir a las personas físicas en el Derecho penal español. El juez podía y debía actuar contra los responsables del periódico pero no criminalizar el medio como tal.
Sin embargo, el magistrado ha interpretado que era incompatible permitir la continuidad de Egin y evitar la comisión de delitos. Enfrentado a este aparente dilema, Garzón se ha inclinado por la segunda prioridad. Tal vez hubiera sido posible lograr lo uno sin renunciar a lo otro. En cualquier caso, tendrá que ser el propio Constitucional el que aclare si la decisión del juez está ajustada a Derecho. Tenemos dudas de que así sea, aunque ello no nos impide reconocer el serio y exhaustivo trabajo realizado por el instructor.


16 Junio 1998
EGIN
No sé si la empresa editora de EGIN habrá incurrido en actividades delictivas. Cómo podría saberlo. Que Baltasar Garzón así lo crea -o diga que lo cree- no me garantiza nada. He visto a ese juez cambiar de criterio demasiadas veces en asuntos de demasiada trascendencia pública. No sé a qué juega. O sí lo sé, pero no me interesa.
Pide el ministro del Interior que esperemos a conocer todos los datos antes de pronunciarnos. Me parece una demanda razonable, siempre que la información llegue pronta. De lo contrario, estará reclamando de nosotros un acto de fe, y yo hace tiempo que perdí la fe. Sobre todo en los ministros.
De momento, lo único que sé es que han cerrado un diario. Y eso me inquieta. Me inquieta mucho.
Y me inquieta especialmente porque no estoy de acuerdo con la línea editorial de EGIN.
Suelo leerlo. Hay muchas cosas en él que me resultan interesantes. Me divierten a menudo los chistes de López & López. Me parecen muy inteligentes las críticas de televisión de Raimundo Fitero. Su sección de Internacional incluye con frecuencia informaciones que no es fácil encontrar en otros medios. Tiene colaboraciones de opinión que me parecen muy apreciables: las del dramaturgo Alfonso Sastre lo son con frecuencia.
Pero lo que más me inquieta del cierre de Egin no es que silencie opiniones que juzgo de valor, sino lo contrario: que acalle voces de las que discrepo de manera muy sustancial.
A ver si consigo explicarme: cuando discuto con alguien, quiero, necesito hacerlo en igualdad de condiciones. Me hace falta que él sea tan libre de exponer sus razones como libre soy yo de exponer las mías. Porque lo contrario es como participar en un combate con alguien que tiene las manos atadas.
Aplaudí ya hace tiempo a Miguel Angel Rodríguez -por primera y única vez- cuando dijo algo que es muy sencillo, pero también muy importante: «Las ideas no matan». No. Ni siquiera las ideas de quienes defienden a los que matan. El único modo de polemizar con quienes creen que ETA tiene razón -y no todos los que trabajan en Egin lo piensan- es dejándoles exponer sus criterios; no amordazándolos. Si el Estado les impide hablar, no sólo les censura a ellos: también me hunde a mí. Porque entonces yo también estoy obligado a callar. Por elemental honestidad: no soy capaz de discutir con quien no puede contestarme.
Quizá mi idea de la libertad de expresión sea errónea. Pero llevo 30 años peleando por ella, y aplico sus beneficios incluso a quienes me encarcelaron y torturaron para que me callara: algunos pasan hoy por ser gente de bien, y mandan mucho.
Necesito que la voz de EGIN sea libre. Para que desde las páginas de ese periódico puedan poner a caldo a quienes quieran. A mí, si se tercia. Y para sentirme libre de ponerles a caldo a ellos.
Quiero oír todas las voces. Todas. También la de EGIN.


17 Julio 1998
¿Libertad de expresión?
En numerosos países que son bastiones de la libertad de imprenta está prohibida la difusión de Mein Kampf de Adolf Hitler. Craso error: hasta para el más lerdo su lectura provoca el vómito neuronal. Las empresas no delinquen, como el pensamiento, pero pueden ser tapaderas instrumentales del crimen. Un juez cierra un bar de carretera abastecido de legítimas putas sin que en él se trate con blancas; con negras. Baltasar Garzón ha clausurado cautelarmente el diario EGIN y su emisora asociada (ilegal) no porque pidan la independencia de Euskadi, ni porque repudien la Constitución, ni porque sostengan cualquier proyecto político, sino por sospechas fundadas (que ya se aclararán) de que la empresa editora colabora activamente con actividades terroristas. Todo ello sin considerar que no es precisamente noticia el que el boletín oficial de la muerte sea el órgano de expresión de ETA, cuya dirección reside desde hace años en España, siendo ancilar encontrar a Iñaqui de Rentería y al resto de los comandos en suelo francés o donde estén.
ETA es KAS, esa Koordinadora Abertzale Socialista, que de lo último tiene lo mismo que el NSDP alemán nazi, también semántico Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. La suspensión de la gaceta del terror afecta tanto a la libertad de expresión como el cierre francés de la empresa Sokoa respecto a la fabricación de muebles.
Egin, por otra parte, se las trae. Libertad de expresión para extorsionar en ejercicio de matones, señalar víctimas mortales, amedrentar, vilipendiar, enjundiar, calumniar; no hay medio que haya hocicado más en la sangre de las víctimas a las que apuntaba. En los primeros años de la Transición nos llevaron de la mano a Raúl del Pozo y a mí al entonces Club Internacional de Prensa para que defendiéramos este miserable pasquín en el que tantas veces te han anunciado que te van a matar. Acudimos porque ambos nos apuntábamos al bombardeo de Berlín y entonces la libertad de expresión, incluida la de estos animales de bellota, era importante.
Raúl y yo quedamos solos defendiendo el derecho de estos paquidermos a barritar aunque dieran trompadas sin sentido. Es derecho de las bestias pastar en sus territorios. No nos engañábamos: tras darles lo suyo nos comentábamos: «Estos burros nos van a dar las gracias pegándonos un tiro». No ha sido así, pero a todo se llegará.
Las instituciones políticas no pueden clausurar un periódico, un juez nacional, sí. Tal como puede clausurarse mi propio despacho profesional si sirviera de soporte físico para lavar dinero negro extraído del narcotráfico. Tan miserable periódico se ha beneficiado hasta ahora de la extorsión publicitaria, y de informaciones periodísticas que servían para apuntar a la nuca o la cartera de los ciudadanos. Garzón ha tenido el valor de cerrar tal boletín mortuorio, y no puede ser censurada su valentía ni tenida abyectamente por compensación de trato de su sumario sobre Segundo Marey. La libertad de expresión no ampara a EGIN, igual que no amparaba a EL ALCÁZAR que propiciaba una intervención militar en España. Raúl del Pozo y yo nos hemos distanciado: no me cabe en la cabeza la libertad de expresión que estaba practicando EGIN; la libertad para señalar a los muertos.
El Análisis
La clausura de Egin plantea un conflicto que no puede resolverse simplemente recordando que era el periódico más próximo a Herri Batasuna y que sus páginas habían acogido mensajes de miembros de ETA. Una publicación puede sostener posiciones políticas profundamente controvertidas, incluso coincidentes de simpatía hacia criminales, sin que esa afinidad constituya por sí misma un delito. En un Estado democrático, la responsabilidad penal debe derivarse de conductas concretas individualizadas, no de su línea editorial, por mucho que esta pueda asquear, salvo que se haya tipificado expresamente sobre una línea al respecto. No es lo mismo publicar opiniones favorables a una dictadura, o un grupo armado, que participar directamente en los asesinatos cometidos por dicha dictadura o grupo armado.
La cuestión cambia cuando la investigación sostiene que la empresa editora no actúa con autonomía, sino que sus responsables obedecen instrucciones de la organización criminal, en este caso ETA, participan en sus estructuras o utilizan las sociedades para ocultar bienes y eludir obligaciones económicas. En esas circunstancias, el hecho de que una empresa publique un periódico no debería convertirla en inmune a las medidas judiciales. Sus administradores y directivos pueden cometer delitos en el ejercicio de sus funciones y una estructura empresarial puede servir como instrumento para cometerlos. Pero precisamente por la importancia de la libertad de prensa, la suspensión de una publicación exige una justificación especialmente rigurosa y proporcionada: afecta también a periodistas, trabajadores y lectores que no tienen por qué haber participado en las conductas investigadas.
La evolución del caso demuestra por qué esa distinción es esencial. Las condenas firmes de varios responsables de Orain acreditan que la investigación no se redujo a una controversia sobre opiniones periodísticas, que Orain estaba infectada por miembros de ETA. Sin embargo, el levantamiento de la suspensión en 1999 y la decisión del Tribunal Supremo de 2009 de dejar sin efecto la declaración de ilicitud de las actividades de Orain impiden concluir que toda la empresa y su actividad periodística fueran, jurídicamente, una organización criminal, y ponen en entredicho que Garzón tirara por elevación contra todo el periódico. Para cuando llegó esa resolución Egin ya había desaparecido y su espacio había sido ocupado por Gara. También Garzón debe ser cuestionado por una medida cautelar que destruyó una empresa antes de que hubiera una sentencia firme.
JF Lamata
