Caso GAL: el juez Garzón encarcela a los socialistas Rafael Vera y a Ricardo García Damborenea por vinculación con banda armada

Vera, anteayer. García Damborena ayer. El juez Garzón ha vuelto a imponer un ritmo trepidante, expeditivo y carcelario al caso GAL. Y la opinión pública está inquieta y desconcertada. Primero porque desde hace tiempo se teme os e sospecha que el Gobierno no dice la verdad o, como mínimo, toda la verdad. Es cierto que estamos ante un tema delicado – y que en países con más tradición democrática hay casos ‘pantanosos’ – pero si el Gobierno no ha logrado pasar página con inteligencia, ahora debe cargar con la responsabilidad que corresponda si ha tolerado el contraterrorismo. Pero la sociedad tampoco entiende que un juez que fue candidato socialista hace menos de dos años, y alto cargo de Interior después, es´te ahora metiendo en la cárcel a otros cargos de Interior. Y que las acusaciones principales se basen en las declaraciones de dos condenados, Amedo y Domínguez, que ya no están en prisión por decisión de Garzón. Antes, cuando se pedía su indulto, los medios jurídicos progresistas se revolvían; ahora callan. Ni tampoco se entiende que se reabra el sumario 1/88, en el que Amedo y Domínguez no arriesgan nada porque ya han sido juzgados. Mientras, el hombre de la seguridad durante once años, Vera, está en la cárcel. ETA es cocherente cuando dice que es una gran noticia. Lo lamentable es que hay quienes no lo son y por lo bajo piensan como Idigoras.

Juan Tapia.

Ricardo García Damborenea parece tener, como Jano, dos caras opuestas. Si el legendario rey del Lacio podía, gracias al premio por haber acogido a Saturno, mirar a la vez al pasado y el futuro, Damborenea parece que siempre pudo mirar todo aquello que ocurría a su alrededor con dos rostros distintos: tierno y frío, calculador y visceral, risueño y malencarado.

García Damborenea nació en Madrid hace 55 años en una familia numerosa en la que tuvo que compartir los sinsabores y las complicaciones de la Guerra Civil con sus padres (ella vasca y él andaluz), hermanos y hermanastros. Fueron estas complicaciones las que hicieron que se criara en Bilbao y que su vida se desarrollara desde entonces en el País Vasco, donde estudió Medicina y llegó a ser director de la residencia sanitaria de Cruces.

Tanto por una personalidad desbordante como por una innegable ambición parece que sus dos únicas opciones siempre han sido las de ser líder o nada. Para serlo se afilió al PSOE en 1976, con una cierta sorpresa de los más cercanos, y muy pronto consiguió que el desaparecido Enrique Casas le animara a dejar la Medicina y liberarse para el trabajo en el partido.

Eran momentos de sequía para el PSOE y, para atravesar el desierto con cohesión y esperanza, debían venir muy bien los gritos enardecidos del nuevo dirigente que cifraba en el nacionalismo todos los males del país: consiguió el 90% de los votos y fue elegido secretario general del partido en Vizcaya, cargo que tuvo hasta 1989.

Quien desde entonces persiguió sin fortuna el poder en el seno del Partido Socialista de Euskadi, no permitió ni corrientes ni consensos. Su antinacionalismo no impidió que fuera de los primeros en defender el acuerdo con los nacionalistas tras las autonómicas. El gobierno de coalición salió adelante tras la inicial tibieza de Benegas y Jáuregui. Había también una batalla política que le enfrentaba fundamentalmente con José María Benegas. Este, antes de derrotarle en el congreso de 1985, le ofreció ser vicesecretario pero García Damoborena no podía aceptar: o líder o nada. Perdió, saludó amablemente al ganador, y cambió -según cuentan- las cerraduras de la sede socialista.

La aureola de amenazado sin miedo le consigue apoyos en la política española y en los medios de comunicación, cuando los iba perdiendo en casa por otro tipo de actitudes personalistas e irreductibles. Se acerca a Nicolás Redondo y se envalentona como crítico en el XXXI Congreso del PSOE. En mayo del 89 pierde la Secretaría General de Vizcaya, crea la corriente Democracia Socialista y viaja por España criticando la falta de democracia interna y el abandono de las tesis socialistas, tiene que presentarse ante el Comité de Conflictos. Si no podía ser en el PSOE de Felipe González lo acabaría intentando en las generales de 1990 con Democracia Socialista ya convertida en partido a su medida. Pero o no midió bien los apoyos electorales, o prefirió el suicidio político ritual.

Tras el fracaso, desapareció durante cuatro años. Ante los focos apareció en junio de 1994 pidiendo en Zaragoza, junto a Aznar, el voto para el PP. Por algún tiempo dio la impresión de que el líder conservador le consideraba más un amigo que un adversario del PSOE que coincidía en su camino pero la cita en la Audiencia Nacional ha hecho que el pasado, para todos los que le han rodeado y más para él, pese demasiado.

El ingreso en Alcalá-Meco de Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, representa un salto cualitativo de alcance todavía no previsible en el empeño del juez Garzón por esclarecer la guerra sucia contra ETA practicada por los GAL entre 1983 y 1987. Vera, cuyo ingreso en prisión incondicional y comunicada fue decretado anoche por Garzón, fue durante muchos años el jefe operativo de la lucha antiterrorista y, aunque no se sentara en los Consejos de Ministros, fue un responsable político muy próximo a los Gobiernos de Felipe González. Vera negó ayer ante el juez todos los cargos. Con independencia de cómo evolucione el sumario y de la presunción de inocencia a la que Vera tiene derecho, lo ocurrido anoche puede considerarse como un paso importante en, el camino emprendido por Garzón para intentar encontrar otras responsabilidades que las de los meros funcionarios policiales en las actividades de los GAL.En esta escalada de los acontecimientos cabe incluir otro elemento. Garzón ha decidido no sólo profundizar la investigación del secuestro por los GAL de Segundo Marey, sino reabrir el sumario 1/88 por el que ya fueron juzgados y condenados los ex policías Amedo y Domínguez. Ha solicitado permiso para ello a la Audiencia Nacional. Esta institución ha decidido aplazar hasta el lunes su decisión sobre la reapertura de este sumario -llamado caso Amedo-, pero, al parecer, la decisión ya está tomada, en el sentido de aceptar la petición. Sólo estaría pendiente aquilatar la argumentación jurídica.

Esa petición, apoyada en todos sus extremos por el ministerio fiscal, estaría motivada por la aparición de nuevas revelaciones sobre la financiación con fondos reservados de las actividades de los GAL. La reapertura del sumario sobre el caso Amedo servirá sin duda a los intereses de la justicia. El que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tome esa decisión podría significar que ha superado su anterior doctrina sobre el «vacío legal» que, según se hizo constar entonces, impidió al juez Garzón investigar los fondos reservados con los que presumiblemente se financiaron las andanzas delictivas de Amedo y Domínguez. Cierto es que hoy, tras el auto dé la Sala Segunda del Supremo a favor de la investigación del, posible uso delictivo de los fondos reservados, la justicia tiene un mayor respaldo en este terreno.

Aunque pueda haber razones para ello, no puede dejar de señalarse que la decisión de reabrir precisamente el sumario 1/88 favorece también los intereses de Amedo y Domínguez. Nada de lo que estos últimos digan en el marco de ese resucitado sumario, aunque sea autoinculpatorio, podrá volverse contra ellos porque ya fueron juzgados por estos hechos.

Amedo y Domínguez quedarán así más libres para contar todo lo que quieran -no todo lo que saben, según reconocen en declaraciones públicas- sobre hechos que, directa o indirectamente, puedan estar relacionados con el sumario por el que fueron condenados. La situación sería diferente si el sumario reactivado hubiera sido el del Monbar, que Garzón tiene sobre su mesa: un sumario relativo al atentado registrado en Bayona en septiembre de 1985, en el que fueron asesinados cuatro presuntos miembros de ETA y de cuya organiza ción tanto el juez Garzón como el fiscal Gordillo consideran sospechosos a Amedo y Domínguez. La irregular situación de ambos ex policías, testigos de cargo pero también, inevitablemente, autodenunciantes de una serie de hechos de los que, de una u otra forma, fueron protagonistas, es cada día que pasa más difícilmente explicable.

El juez puede argumentar que esta estrategia procesal es hoy por hoy inevitable, ya que el avance del sumario de los GAL depende en lo, sustancial de lo que quieran declarar dos convictos condenados a más de cien años de cárcel. Quizás por ello esa estrategia sea la única manera de que la justicia pueda sortear los formidables obstáculos -los procesales, perfectamente legítimos, y los extraprocesales, claramente obstruccionistas- con que se encontrará en su camino. A la postre, en ningún país democrático, salvo en España, la justicia ha tenido que enfrentarse a un desafilo tan desmesurado al tiempo que arriesgado: nada menos que investigar penalmente a todo el aparato del Estado -mandos políticos y profesionales, medios personales y financieros- que ha tenido la responsabilidad de la lucha antiterrorista y de la seguridad a lo largo de la década de los ochenta.

En cualquier caso, no deja de ser penoso que para que la justicia resplandezca en este asunto lo tenga que hacer a remolque de personajes que sólo colaboran con ella en lo que les conviene y que, en esa medida, pueden dirigirla hacia unos u otros objetivos. El juez deberá hacer, uso de una extraordinaria habilidad profesional para sacar la verdad judicial en una situación tan extraordinariamente confusa.

En la cárcel de Alcalá-Meco conviven desde ayer terroristas detenidos por los servicios policíales y dos de los más altos mandos de la lucha antiterrorista, entre ellos el ex secretario de Estado Rafael Vera. La perplejidad que ayer expresaron los ex ministros Barrionuevo y Corcuera es compartida por mucha gente. No es fácil entender que Vera y su secretario estén en la cárcel bajo la acusación de haber encubierto a los organizadores de varios asesinatos, y que esos organizadores, condenados en firme a más de un siglo de cárcel, anden por ahí de copas o amenazando desde la radio con seguir tirando de la manta.Desde luego, en todo el asunto de los GAL hay motivos de sobra para sorprenderse. Desde la ceguera política de un Gobierno que al menos ignoró lo que ocurría, hasta la elección por quienquiera que fuera de alguien como Amedo para llevar a término semejante aventura. Ahora que las entrevistas que vende han desvelado de qué tipo de personaje se trata, resulta francamente incomprensible que cualquier responsabilidad, al nivel que sea, de la lucha antiterrorista haya pasado por sus manos.

Porque nunca se repetirá suficientemente que no es el terrorismo, sino la respuesta ilegal a sus desafíos lo que pone en peligro el sistema democrático. Cuanto mayor sea el margen concedido a las prácticas ilegales mayor será la dependencia de las autoridades civiles respecto a elementos no democráticos. Y éstos no dejarán de chantajear, en una escalada sin fin, al Estado democrático. Pero que ello sea así no significa que la sociedad tenga que aceptar el chantaje. No hay Estado que pueda sobrevivir a una tenaza formada por el goteo de acciones terroristas, por una parte, y el chantaje permanente de las tramas antiterroristas ilegales, por otra. Si la alarma social justifica el encarcelamiento de banqueros o sindicalistas acusados de delitos económicos, cuesta trabajo considerar normal que Amedo y Domínguez estén en libertad.

El juez Garzón no puede ignorar las gravísimas implicaciones de su decisión de encarcelar a los hombres clave de la cúpula del Ministerio del Interior en los años ochenta -y concretamente, a los responsables de la lucha antiterrorista- sobre la base de declaraciones dé esos dos convictos. Es de suponer, por tanto, que aparte de la palabra de Amedo, cuyo valor es como mínimo discutible, el juez tendrá otras pruebas. Y si es así debe continuar la instrucción hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, sin importar la relevancia política del acusado. Pero no puede al mismo tiempo tolerar que Amedo aproveche su situación de libertad para administrar la información. Es. lo que ha hecho en sus entrevistas de los últimos días, en las que ha amenazado reiteradamente con desvelar nuevos datos inculpatorios contra otras personas. Un Estado y un país no pueden estar a merced de lo que en cada momento, y de acuerdo con intereses particulares -suyos o de quienes administran su locuacidad y su silencio-, decida declarar o dejar de declarar alguien como. Amedo.

¿Por qué Garzón no inculpa, pues, a Amedo y Domínguez en el sumario de Segundo Marey, como ha hecho con Vera, Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo, De Justo y desde ayer mismo Damborenea, en virtud precisamente de la denuncia de los ex policías? La explicación no puede ser su supuesta condición de arrepentidos en los términos del artículo 57 del Código Penal. De las reducciones de pena derivadas de la aplicación de ese precepto podrían eventualmente beneficiarse cuando el tribunal juzgue los hechos que hoy investiga el juez Garzón; pero esos beneficios no podrían serles aplicados por adelantado. Si de sus declaraciones se deducen implicaciones delictivas de los ex policías -y ellos mismos han reconocido su participación en distintas fases del secuestro de Marey, por mucho que ahora se presenten como sus salvadores-, alutomáticamente perderían el beneficio del régimen abierto: el mantenimiento del tercer grado es incompatible, según el artículo 252 de la ley penitenciaria, con la existencia de otras causas.

Parece existir, así pues, un pacto tácito que les garantiza la no inculpación mientras sigan haciendo revelacionés. Ello podría tal vez justificarse en aras de la eficacia de la investigación. El juez instructor habrá, en todo caso, de explicar los motivos. Pero es in verosímil aceptar ninguno que justifique esa dosifica ción de sus declaraciones por parte de los dos convictos, sometiendo al Estado a una presión y unas tensiones intolerables. Que digan todo lo que saben, y aporten las pruebas correspondientes, o se callen. Y que la justicia haga lo que deba.

Pedro Zola [Pedro J. Ramírez] desenfunda su pluma dominical para denunciar que «nunca en la historia de nuestra democracia se había montada una coalición tan formidable a base de políticos hipócritas, virtuosos del derecho, servicios policiales y del espionaje militar, medios financieros, tertulias radiofónicas, manipulaciones televisivas y periódicos de ideología aparentemente opuesta, dirigido todo ello contra un hombre que avanza en solitario, sorteando obstáculos sin cuento, y que ha logrado internarse en el área del Poder con mayúscula, llevando consigo el peligroso esférico de la Ley y la Verdad».Valdría la pena superar esa situación de España amedrentada en que vivimos y aplicarse a descifrar la cita anterior que no desmerece del estilo y el brío de otras denuncias memorables de Luis María Ansón. Vayamos por partes. Los políticos hipócritas son todos aquéllos a quienes Pedro Zola obsequia con su oprobio inextinguible por tierra, mar y aire, prensa, radio y televisión. Son los alineados con el Gobierno y con el PSOE, pero también cualesquiera otros que desafinen, desentonen, pierdan ritmo o se separen del texto. Los virtuosos del derecho son los abogados defensores de los inculpados. Los servicios policiales y del espionaje militar que tantas consideraciones le guardaron en otras ocasiones aparecen sin concreción alguna y así es imposible ilustrar al público nesciente. Los medios financieros pueden concretarse cuando haga falta en aquéllos que osen negar sus favores a las empresas periodísticas de Pedro Zola y afines asimilables, en expresión de Dionisio Ridruejo.

Tertulias radiofónicas son las de la competencia, o incluso aquéllas de la COPE y Onda Cero en las que participa Pedro Zola si sucede que en su ausencia discurren por derroteros inapropiados o recogen opiniones que disienten. Las manipulaciones televisivas deben entenderse restringidas a las consideradas favorables a Julián Sancristóbal. Los hermanos Amedo, a quienes la sociedad civil, siempre solícita con el necesitado, ha provisto del merecido Mercedes 500, son harina de otro molino, según dio puntual cuenta el diario Le Figaro el 8 de febrero. Por último, los periódicos de ideología aparentemente opuesta es una forma de encubrir la mención de ABC, cuya falta de disciplina en el caso GAL está siendo una dura prueba para la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI).

En privado, los de la AEPI, para explicar la actitud de ese diario, que algunas mañanas viene como decía Cuco Cerecedo muy rico enabeceína, apuntan a presuntos asesoramientos facturados al Ministerio del Interior por el hermano Rafael. Pero guardan la compostura externa no fuera a ser que Ansón ordenara fuego a sus baterías con la probada impavidez, la imperturbable constancia y la minuciosa e incansable atención con la que sabe distinguir a sus adversarios. Es legendaria la generosidad desinteresada de Ansón con sus amigos y compañeros, pero de su enemistad, ¡líbranos Señor! Bien lo sabe Pedro Zola, que se guarda también de incurrir en entusiasmos sin contraste, como el de aquel panegírico inmejorable de Mariano Rubio el 17 de julio de 1988. Por eso, a la descripción épica del Juez Campeador, añade previsor que «no se trata de canonizar a Baltasar Garzón, cuyo trastorno mental transitorio de la primavera de 1993 ya fue suficientemente glosado».

Otras glosas siguen pendientes como la de esa incitación al Ejército para que se lanzar a la guerra sucia contra ETA aparecida con la firma de Pedro J. Ramírez el 27 de mayo de 1979 en las páginas 6 y 7 deABC. Mientras, la explotación del vertedero es una fiesta y hasta Pilar Urbano, después de aclarar que «Escrivá tenía el trasero duro de flagelarse» y de pasar sobre ascuas por el marquesado de Peralta, se declara entusiasta de Julio Anguita. Por lo visto, todo aprovecha para el convento.