El juez Gómez de Liaño encarcela al General Rodríguez Galindo por su vinculación con los GAL en el asesinato de Lasa y Zabala

ABC, según su sostenida tradición liberal, manifiesta una vez más su acatamiento a las decisiones de la Justicia, las comparta o no las comparta.

El magistrado Gómez de Liaño decretó ayer la prisión incondicional del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. Objetivamente, el juez ‘ha encarcelado’ 57 años de abnegada biografía militar; ha encarcelado la desarticulación de 120 comandos etarras la detención de Mobutu y la histórica caída de la cúpula etarra en Bidart el 29 de marzo de 1992, ‘ha encarcelado’ al cuartel de Inchaurrondo, al que se consagró durante quince años, convirtiéndolo en el buque insignia y el más eficaz – ¿el único? – núcleo de la lucha antiterrorista.

Respetamos profundamente la decisión de Gömez de Liaño, que, obviamente, si ha decretado la prisión de Rodríguez Galindo, no lo ha hecho por su admirable hoja de servicios, sino porque pudiera estar implicado, en algún grado de responsabilidad, en determinados episodios concretos de la ‘guerra sucia’ contra ETA. Expresamos nuestra convicción de que la investigación judicial acabe por acreditar la inocencia de Rodríguez Galindo. Compartimos el estupor y preocupación enérgicamente expresados por la AVT.

Es inquietante que meras declaraciones peirodísticas de fuentes averiadas, testimonios impulsados por la voluntad de autoexculpación y sospechosos documentos hayan podido servir de fundamento bastante para la gravísima resolución judicial. Pero en última instancia, nos asiste la convicción de que si Rodríguez Galindo está en la cárcel, es porque, como expresión de lealtad exigible a cuantos ostentas la autoridad y el mando, ha hecho íntegramente suyas, lo sean personalmente o no, todas aquellas responsabilidades en que haya podido incurrir hasta el último de sus subordinados. Margaret Thatcher, en la Cámra de los Comunes, cuando un diputado de la oposición exigía explicaciones por la muerte en Gibraltar de unos terroristas del IRA, abatidos por los agentes del SAS respondió: “No fueron los agentes: he sido yo”. Pues bien, estamos seguros de que Galindo habrá formulado a Gómez de Liaño, con idéntica contundencia, una respuesta parecida a la de Thatcher.

González está en América de vacaciones. El lector comparará una y otra conducta: la lealtad hacia sus subordinados, frente a la cobardía desleal, los enredos, las manipulaciones, las mentiras dentro y fuera del Parlamento, los trampantodos de González, único responsable de la decisión de adentrarse por los vericuetos de una guerra sucia, si es que tal decisión fue efectivamente adoptada, tal y como todos los indicios parecen apuntar. Galindo, en la cárcel; González, de gira por Iberoamérica.

La negativa del general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo a responder al magistrado Gómez de Liaño, acogiéndose a la prerrogaiva que tiene todo imputado, no le ha evitado seguir el mismo camino de tres de los agentes que estuvieron bajo su mando en Itxaurrondo. La inculpación de quien fuera hasta el año pasado punta de lanza de la lucha contra ETA y responsable directo de la detención de numerosos comandos de la organización terrorista es un hecho de indudable gravedad. Se suma a la escalada de revelaciones e imputaciones producida en los juzgados desde que se reactivara el caso GAL en 1994, y que ya ha involucrado a buena parte de los altos cargos políticos y policiales que formaron parte de la cúpula de Interior en los años ochenta. El juez de la Audiencia Nacional, con el respaldo absoluto del fiscal, considera que existen indicios suficientes para incriminar al general Galindo como inductor en el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala en octubre de 1983, la primera acción atribuida a los GAL. De ahí su decisión de decretar contra él prisión incondicional incomunicada, sin tener en cuenta sus protestas de indefensión, por haber en el sumario documentos incriminatorios secretos procedentes al parecer del CESID.

A la luz de las indagaciones realizadas en el caso Lasa y Zabal, gana verosimilitud la tesis de la participación de miembros de la Guardia Civil en acciones ilegales contra refugiados de ETA en el sur de Francia, configurando el llamado GAL verde. Dada la notoriedad alcanzada por Galindo en la lucha antiterrorista, parece comprensible que su encarcelamiento provoque en algunos sectores de la sociedad estupor e incomprensión. Sin embargo, lo que procede es dejar que la justicia investigue sin obstáculos los hechos delictivos que configuraron en los años ochenta la llamada guerra sucia contra ETA.

Es cierto que las actividades de los GAL se extinguieron en 1987, en tanto que los atentados terroristas siguen destrozando vidas humanas. Pero esta evidencia no puede utilizarse como excusa para pretender la impunidad de quienes pudieron organizar o amparar desde el Estado una estrategia delictiva de lucha contra el terrorismo. Y a efectos de su esclarecimiento en los tribunales, tampoco cabe aducir los espúreos intereses que se adivinan tras la resurrección judicial de los GAL. Por desgracia, sus crímenes no osn una invención y su recuerdo impune continúa lastrando la legitimidad de la acción del Estado contra los violentos. La democracia no se debilita cuando un poder de ese Estado investiga y castiga los crímenes que pudieron cometer alguno de sus servidores. Por el contrario, es auto-depurando sus responsabilidades cuando el Estado democrático demuestra su solidez y superioridad moral frente a quienes todavía siguen matando.

ENVIAR A prisión a un general es un hecho afortunadamente infrecuente. En España no se había producido desde la ya lejana intentona golpista del 23-F de 1981. Con todo, el encarcelamiento preventivo del general Rodríguez Galindo, dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, debe ser examinado bajo el criterio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El texto judicial anuncia un inminente auto de procesamiento en virtud de los testimonios acumulados hasta ahora y de unas pruebas documentales que se mantienen bajo secreto sumarial.A la luz de las informaciones que han trascendido hasta ahora sobre el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala, parecía más que probable que la instrucción judicial condujera al procesamiento de Rodríguez Galindo, que, desde entonces y hasta su ascenso al generalato, ha sido el jefe del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. No hay, pues, mayores sorpresas en el anuncio de su procesamiento. Otra cosa es su encarcelamiento preventivo, que tiene en sí mismo un contenido simbólico que el juez no puede ignorar y que le obliga a extremar la prudencia.

El auto del juez establece que ha adoptado esta medida -a petición del fiscal- a fin de evitar posibles confabulaciones que dificulten la investigación o destruyan pruebas. ¿Es creíble que 13 años después de ocurridos los hechos aún se puedan destruir pruebas u organizar conspiraciones para borrar las huellas de unos hechos que se iniciaron con el secuestro de Lasa y Zabala en Bayona (Francia) a finales de 1983 para terminar con el asesinato de ambos a tiros en Alicante? Así lo creen el fiscal y, el juez, y es de esperar que en el transcurso de la instrucción pueda demostrarse fehacientemente que no estamos ante un nuevo episodio de prisión preventiva como método para ablandar al acusado y obtener un testimonio acusatorio de terceros, a ser posible de sus superiores jerárquicos. El Tribunal Constitucional sentó doctrina reciente en la materia y estableció de forma taxativa que no puede ser un método para quebrar la voluntad, del imputado.

Los argumentos principales aducidos por el juez Gómez de Liaño para decretar la prisión preventiva contra el general Rodríguez Galindo están relacionados con un posible entorpecimiento de la investigación. ¿Cómo podría el general Galindo entorpecer hoy el sumario de forma distinta a como haya podido hacerlo durante estos 13 años?

También se argumenta que, habiéndose decidido el encarcelamiento de los guardias Dorado Villalobos y Bayo, subordinados de Galindo y acusados de ser los asesinos de Lasa y Zabala, era inevitable encarcelar también al general. No resulta tan evidente. Habría que demostrar que es idéntico el riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia o que obstruya la instrucción sumarial. Cuando se toman decisiones tan drásticas como meter a alguien en la cárcel sin estar condenado y mientras goza, por tanto, de su derecho a la presunción de inocencia, hacen falta argumentos más sólidos. Ni el juez Gómez de Liaño ni el fiscal del caso, Jesús Santos, los han explicitado de forma convincente.

Rodríguez Galindo es, o ha sido, un hombre clave de la lucha antiterrorista. Los crímenes de ETA no justifican los de los GAL, pero el hecho no secundario de que ETA siga matando obliga a todos los servidores del Estado a extremar su prudencia ante decisiones que pueden incidir en los mecanismos de defensa de la sociedad frente a sus ataques. La ética de la responsabilidad obliga a tener en cuenta las consecuencias de las propias decisiones, y no sólo su coherencia interna. Consecuencias río sólo por la utilización que de tales hechos pueda hacer ETA, sino sobre todo por sus efectos en las propias fuerzas de seguridad. El Estado no puede suicidarse, incluso si algunos de sus miembros han sido indignos de la confianza en ellos depositada. Y dicho esto, las investigaciones judiciales sobre los GAL deben seguir hasta el final.

El procesamiento y encarcelamiento del general Enrique Rodríguez Galindo en tanto que presunto promotor e inductor del secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala representa un verdadero triunfo del sistema democrático.

Hacer esta afirmación no representa dar por hecha la culpabilidad del general de la Guardia Civil. Si es culpable o no -y de qué, en concreto- deberá dilucidarlo el tribunal que finalmente lo juzgue. Lo que aplaudimos es la demostración palmaria de que existe en España una Justicia que es igual para todos y no se deja amilanar ni por galones ni por campañas de prensa intimidatorias.

«No podemos mirar hacia otro lado. Sería poco ético y gravemente delictivo», dijo ayer el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos. Y tiene razón. Hay testimonios coincidentes y pruebas documentales que apuntan a la culpabilidad de Rodríguez Galindo en el asesinato de Lasa y Zabala. Con indicios de semejante peso, ningún juez dejaría de procesar y encarcelar a cualquier otro imputado. El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño se ha limitado a tratar al muy condecorado general como a cualquier otro ciudadano. Ha tenido el valor de cumplir con su obligación, por difícil, incómoda y amarga que fuera.

Insisten los incondicionales de Enrique Rodríguez Galindo en acusar al juez Gómez de Liaño -lo mismo que a su compañero en la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón- de poner mucho más celo en el desentrañamiento de la trama de los GAL que en el hostigamiento del terrorismo etarra. Pero, cada vez que creen tener un ejemplo de negligencia de estos jueces en la persecución de los crímenes de ETA, yerran. No hay tal, como saben muy bien ETA y sus amigos, que odian a Garzón con la misma fuerza que pronto odiarán a Gómez de Liaño. Otra cosa es que los paladines del general Galindo añoren a algún instructor anterior, que no creía que la Justicia debe ser ciega, porque la prefería tuerta.

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UNA DEFENSA ERRADA.- Se equivocan también cuando identifican la trayectoria del general Galindo con la Guardia Civil como tal. No sólo se equivocan: también causan un grave perjuicio al Cuerpo. La Guardia Civil en su conjunto no puede ser tenida por responsable de los delitos que haya podido cometer Rodríguez Galindo, como tampoco lo es de los que se le imputan a su ex director general, Luis Roldán. ¿Qué quieren: que, si llega a demostrarse la culpa del general, caiga ésta sobre el conjunto del instituto armado? En su afán ditirámbico, parecen no darse cuenta de que, conforme a su lógica, si Galindo es intangible porque fue jefe de quienes desarticularon 120 «comandos» de ETA, aún más intangible habría de ser su repudiado Felipe González, que fue jefe supremo de quienes desarticularon esos 120 «comandos» y muchos más.

Aprovechándose de esa cuña, Juan Alberto Belloch se apresuró a afirmar ayer que «lo único acreditado respecto al general Galindo es que la Guardia Civil de Intxaurrondo detuvo a ciento veinte comandos de ETA. El resto no está probado». Es más que dudoso que al ex ministro de Justicia e Interior le importe gran cosa el destino del ex coronel de Intxaurrondo. A cambio, es seguro que le importa mucho el lugar en el que puede quedar él, que propuso el ascenso de Galindo a general y su nombramiento como asesor del Ministerio del Interior. Un problema que no tiene la ex secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, que dio siempre la espalda muy visiblemente al general ahora procesado.

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QUIEREN FRENAR LA MAREA.- Los jefes felipistas se han atenido a esa estrategia cada vez que uno de los suyos ha sido detenido por su participación en la «guerra sucia»: mientras tiene la boca cerrada, halagos en masa; en cuanto la abre, las cañas se tornan lanzas. Así lo hicieron con Amedo y Domínguez, que fueron «policías ejemplares» hasta que confesaron. Así lo hicieron más tarde con Sancristóbal y compañía.

Barrionuevo, Corcuera y Vera volvieron a hacer ayer lo propio con Galindo: desde la sede central del PSOE -comprometiendo con ello al Partido Socialista como tal- proclamaron que Rodríguez Galindo es y será luz y guía de demócratas y compendio de virtudes, aprovechando para dirigir todas sus baterías contra el juez Javier Gómez de Liaño y el fiscal Jesús Santos, en un indisimulado -seguramente por indisimulable- intento de amedrentarlos.

Han puesto en marcha la totalidad de sus recursos, conscientes de que la Justicia ha metido su dedo en un punto neurálgico de primera importancia. Es un tinglado enorme, son demasiados años de abusos que creían intangibles y demasiadas fortunas fabricadas a tanto el kilogramo de patriotismo, con cargo a los fondos reservados, los que de repente corren el peligro de venirse abajo por la tarea valiente y honesta de un juez y un fiscal. De ahí su alarma.

Y aún se atreven a hablar de que la opinión pública está «indignada». La opinión pública democrática está indignada, sin duda. Pero no porque la Justicia esté haciendo su trabajo: eso enaltece las instituciones. Lo que la indigna es comprobar cuán bajo han caído algunos muy importantes servidores del Estado con la excusa de defenderlo.

Dice Rodríguez Galindo que él se hace responsable de los actos de sus subordinados. Salen a continuación Barrionuevo, Corcuera y Vera y afirman que ellos se hacen responsables de todo lo que hizo Galindo. Muy bien. ¿Y quién se hace responsable de lo que hicieron Barrionuevo, Corcuera y Vera? ¿Nadie? ¿No debería manifestarse a ese respecto alguien que ha aprovechado este momento para tomarse unas muy relajantes vacaciones por los mares del Sur?

Íñigo Iruín, el batasuno, el duro, el abogado de los asesinos, el enlace de los criminales, el cínico inmenso, el gateador de alfombras, el pekinés asustado que se esconde y refugia en los tibios faldones togados de los jueces estrella, ha declarado que el encarcelamiento del general Rodríguez Galindo es una prueba de la buena voluntad de la Justicia para que ‘esto’ – ‘esto es España’ – se convierta en un Estado de Derecho. Íñigo Iruín, el batasuno, el hermano de ETA, el abogado de la pobredumbre, el transmisor de consignas, el celebrante de brindis ante la muerte, el intransigente en las inconcebibles negociaciones de Argel, el chihuahua asustado que se cubre y protege en los cálidos faldones togados de los jueces estrella, ha manifestado que ‘esto’ – y ‘esto’ es España – es ya un Estado de Derecho. Es decir, que ‘eto’ es un Estado de Derecho porque el hombre que más ha contribuido a que los terroristas que defiende, alienta, ama y abraza Íñigo Iruín, ha sido enviado a prisión por un fiscal demagogo – y permítaseme decir, acojonado – y un juez acojonado – y permítaseme sospechar que demagogo – que no han encontrado mejor solución para contar sus cotilis de vanidad y miedo que el astringente de llevar a la cárcel, de forma humillante y tremenda, al hombre que mejor ha defendido a la sociedad enfrnetándose al terrorismo de ETA. EL señor fiscal, bueno es recordarlo, que ha pedido todas las cuatelas y limitaciones para el general Rodríguez Galindo durante su estancia en prisión es el mismo – Jesús Santos – del ‘caso Matalaz’ en el que cuatro etarras tuvieron que ser excarcelados al haber superado el tiempo máximo de prisión preventiva sin haber sido juzgados por la Audiencia Nacional. O sea, que con Galindo, un eficaz e impecable fiscal, y con los etarras, como mínimo y pecando de generosidad calificativa, un vago. Porque algunos fiscales y jueces que administran la justicia de ‘esto’ – y esto es España – llevan años tocándose la bandurria – uno de ellos desde el Consejo General del Poder Judicial – cuando se trata de castigar con eficacia al terrorismo de ETA. Que el GAL ha constituido una de nuestras mayores vergüenzas colectivas, nadie lo pone en duda, pero mucho me temo que existen otros propósitos y derivaciones en esta obsesiva actuación judicial. Además, no hay prueba contra el general Galindo, y sólo testimonios de miserables en su contra o indicios de escasa consistencia. Los barrotes de la celda de Galindo representan el gran triunfo de ETA. ‘Esto’, es decir España, no es un Estado de derecho porque así lo defina el perverso Íñigo Iruín. ‘Esto’ es un Estado de Iruín, un Estado de Artapalo, un Estad de Bienzobas y un Estado de Lasarte. Porque el impulsor, la sombra de las mayores atrocidades humanas – ETA mil escupitajos contra mil tragedias – ha vencido.

Sabemos quiénes son los responsables de este cambalache de dimes y diretes, de acusadores indignos y jueces de fotografía. El rencor es virulento, y si está soportando por millones de pesetas y medios de comunicación detrás, más aún. El enemigo de ETA, el héroe de la soledad, está en la cárcel, y en la calle, los asesinos, los violentos y los cómplices del peor terrorismo.

¿Estado de Derecho? Mejor, Estado de Iruín. Les deseo a todos que mañana se libren del disparo en la nuca, de la bomba en el coche, de la metralla enloquecida que no sabe a quien asesina. Será por suerte o porque Dios lo ha querido. En esa boina de riesgo estamos todos, menos los que matan y los que dicen hacer justicia con los huevos por corbata.

Alfonso Ussía

Estamos viviendo el affaire Dreyfus, o su versión más parecida, como siempre que lo que está en juego es el honor de un militar. En estas sociedades europeas, monárquicas o no, el honor de los militares es como la virtud de las doncellas: algo que todos debemos respetar y respetamos. Un militar encarcelado y enjuiciado (oficial como Dreyfus, general como Galindo), es algo que suena todavía a blasfemia, incluso en las repúblicas más veteranas, porque el militar es el último resplandor en activo de las viejas monarquías.

Si a los clérigos les vienen los prestigios de un Dios antiguo, a los militares les vienen de un rey antiguo, y eso sigue latente en nuestro corazón civil, social, irracional y laico de todos los laicismos. Por eso había ayer tanta tensión en Madrid. Galindo, un general muy laureado (lo que viene a significar muy «monarquizado»), es en realidad una gran figura al margen de la democracia. Los generales no vienen de ninguna elección popular, sino de todas las guerras.

Nuestra ciudadanía no parece aún acostumbrada a estos generales mandados, juzgados o condenados por civiles, por jueces y políticos, pues España es un país que no ha leído nunca a Montesquieu ni entiende muy bien quién se mueve a nivel de quién. La detención de Galindo puede ser oportuna o inoportuna, política o impolítica, pero es legal de toda legalidad.

Dreyfus partió por la mitad a Francia con su culpabilidad/inocencia. Detrás de la causa Dreyfus estaba la causa judía. Detrás de la causa Galindo está la causa democrática. Si creemos en la democracia y respetamos el poder independiente que tiene la Justicia, hemos de respetar las actuaciones del juez, que está cumpliendo objetivamente con su deber, sin prejuicios ni otras consideraciones que no sean las generales de la Ley. Pero detrás de nuestra fe democrática, o contra ella, está la fe irracional en la tradición, la costumbre, el honor, el heroísmo y otras constantes calderonianas de la vida española. Todo eso que con cierta vaguedad llamo viejo monarquismo, o más bien tradicionalismo. Creencias más que ideas, como hubiera dicho Ortega.

El general Galindo cumplió con su deber mediante el ritual sagrado de la disciplina. Se atuvo a las órdenes de tres civiles que estaban por encima de él, para bien o para mal, de modo que su conducta es hasta democráticamente irreprochable. Esos tres civiles que ahora se le adhieren, entre otras cosas por miedo o precaución sobre lo que Galindo tiene que decir, son quienes pueden haber conculcado la democracia con sus decisiones y procedimientos. En seguida han salido garantes del general. Lo que yo no sé es quién va a salir garante por ellos, pues a su vez eran unos mandados en el organigrama del Estado. ¿El entonces presidente del Gobierno? El entonces presidente del Gobierno se ha comprado una camisola con palmeras, un mambo vacacional, y anda en viaje de bodas consigo mismo.

Y aquí es donde la democracia queda descabezada. Un presidente democrático, elegido por el pueblo, tiene que actuar democráticamente. La «militarización» de la democracia por parte de Felipe González es la cuestión a debatir. Equivale a todo un asalto a la democracia. Galindo es hoy un rehén que la democracia le toma a la Tradición. El origen «sagrado» del Ejército y de las armas se pone en pie ante la profanación. Pero Galindo no es más que una capitular en el sangriento códice que se está descifrando. Aquí nadie ha entendido nada.

En plena polémica finisecular sobre la autoría de las obras de Shakespeare, Mark Twain opinó que seguramente esas piezas maestras no las había escrito William Shakespeare, sino un autor hasta hoy desconocido que también se llamaba William Shakespeare. Como no quiero prejuzgar a quien aún debe ser juzgado, daré por hecho que el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala no fueron cometidos por Dorado y Bayo siguiendo órdenes del entonces teniente coronel Galindo y que tampoco Mikel Zabalza fue torturado hasta la muerte en el cuartel de Intxaurrondo: esos crímenes los cometieron otros guardias civiles, que bien podían llamarse también Dorado, Bayo y Galindo, y ocurrieron en otra comandancia, a la que podemos llamar para abreviar Intxaurrondo. Porque lo único seguro es lo que se hizo a esas víctimas y otras semejantes en Euskadi durante los primeros años de la democracia, delitos siniestros que las autoridades de Interior y las fuerzas de seguridad de la época no sólo no contribuyeron a esclarecer y castigar, sino todo lo contrario. T-O-D-O L-O C-O-N-T-R-A-R-I-O. No conozco a nadie que viviese durante esos años en el País Vasco ignorante de que se representaban tales tragedias y de que su autor, si no era Shakespeare, también se llamaba Shakespeare. Si hubiese existido tal despistado, para ponerse al día le habría bastado leer las clases teóricas de lucha antiterrorista que por entonces escribía Casinello.Sólo los partidarios y cómplices de ETA se atreven a asegurar, con su habitual desfachatez, que todos los guardias civiles o policías nacionales fueron torturadores y asesinos, como hoy lo siguen diciendo también de los ertzainas. Pero sólo los encubridores o los responsables políticos de tales desafueros osan proclamar con majadería campanuda que ningún miembro de las fuerzas de seguridad cometió esas barbaridades y que todo es un montaje sibilino de los amigos de ETA, que suelen ser cualquier cosa menos sibilinos. Estos disculpadores son complementarios de los otros acusadores, y todos ellos ultrajan a los miembros de las fuerzas de orden público que combatieron el terrorismo con riesgo de sus vidas y dentro de la más estricta legalidad. Ahora, cuando se investiga a fondo tales delitos gracias a delaciones de los que entonces hicieron de actores secundarios y se encarcela preventivamente a protagonistas que quizá los cometieron (o quizá no, quizá fueron obra de otros que se llamaban como ellos), algunas personas que con gran convicción sostienen que las pesquisas deben llevarse hasta sus últimas consecuencias se escandalizan de los resultados penales lógicos que empiezan a derivarse de ellas… y de los que se atisban en el futuro. Pero ¿qué es lo que creían que iban a descubrir los indagadores?, ¿que Lasa y Zabala murieron de gripe?, ¿que el culpable fue el mayordomo o algún vagabundo que pasaba por allí?, ¿o bien esperaban que se investigara a fondo, con el máximo celo… y no se encontrase nada?

Pero es que Galindo es un héroe de la lucha antiterrorista, como no dejan de vitorear un día sí y otro también las portadas de ABC. Y mi amigo Juan Alberto Belloch asegura que lo único indudable en todo este asunto es que Galindo desarticuló 120 comandos etarras. Vamos por partes: la primera obligación de los héroes es la de no aumentar los males que combaten. De poco sirve desarticular comandos si los procedimientos utilizados para ello motivan que se congestione el banderín de enganche de ETA y aumenten los simpatizantes de la guerrilla. Y eso es precisamente lo que propiciaron las torturas y las ejecuciones disfrazadas llevadas a cabo por Galindo -(me refiero, claro está, al héroe que las cometió, no al otro). Los clarividentes señalan que las inculpaciones a la cúpula de Interior o más arriba aún por el caso GAL, el encarcelamiento de Galindo y quiza mañana de otros generales, todo eso proporciona balones de oxígeno a la banda terrorista, muy contenta de esta respiración asistida. Olvidan subrayar con el mismo ahínco cuánto pábulo proporcionó a ETA la tortura y el GAL antes, cuando sucedían esos hechos heroicos y atroces de cuya eficacia la situación actual del País Vasco proporciona un balance nada halagador. Tomemos el caso Jarrai, los jóvenes que destrozan cada fin de semana las capitales vascas y que acaban de asaltar las facultades del campus de Ibaeta. El pienso para vacas locas con que se ha alimentado desde la infancia los digamos cerebros de esa aguerrida hueste está compuesto de venenos diversos: el odio sabiniano al invasor español, el radicalismo antisistema de la pata coja del izquierdismo, la colectivización romántica de los derechos humanos interpretada al acordeón por clérigos más deficientes de lo usual, etcétera; lo peor de cada casa, vaya. Entre tanta opresión alucinatoria, tantos presos exterminados que siguen felizmente vivos y tanta conculcación de derechos inalienables que no lo son, los únicos datos verdaderos que ponen algo de bulto en la sombra vana son los malos tratos, los asesinados, amortajados en cal viva, los atentados del Batallón Vasco-Español y el GAL. Es cierto, los jarraitxus no han conocido a Franco, pero de pequeños conocieron a Galindo y compañía. Gracias a eso se les ha podido convencer de que todo sigue igual.

Quienes deploran que mientras ETA sigue matando se encarcela a generales y se procesa a ministros deben recordar que la legitimación social que aún encuentran los terroristas en una minoría vasca se debe a desmanes quizá cometidos por tales funcionarios. No basta con decir que el GAL acabó hace diez años o que ya no se tortura como antes: los efectos nocivos de tales formas de proceder seguirán notándose hasta que se raspe hasta el hueso si es preciso para extirpar ese absceso purulento. Es ridículo y además imbécil disculpar de antemano a los encausados en nombre de su gloriosa trayectoria cuando es precisamente la calidad de esa trayectoria lo que se está juzgando. Además puede deducirse de tales loores y regateos de pruebas que, si las circunstancias lo exigieran, volveríamos a las andadas. Dos cosas son nefastas contra el nacionalismo violento: la brutalidad y la pasividad tímida. Es decir, por un lado, la tortura o el crimen, y por otro, entre muchos ejemplos, el silencio institucional de la Universidad del País Vasco durante 16 años (los que separan los asesinatos de Juan de Dios Doval y de Tomás y Valiente), ahora felizmente roto. Luchar a la vez contra la brutalidad y la pasividad o la tibieza es lo que se está intentando hacer, esperemos que con suerte. Somos muchos los vascos que esperamos de la fuerza e la ley (auxiliada por la cordura de la política) el antídoto contra quienes desean imponer la ley de la fuerza. Nosotros no tenemos inconveniente ni dificultad en llamarnos españoles, siempre que quede claro que la España de la que formamos parte sólo coincide en el nombre con esa otra que defienden los héroes del ABC.

Fernando Savater

Coincidimos punto por punto con los enunciados y principios del señor Savater en EL PAÍS, que pueden sintetizarse en este caso en un único pronunciamiento: la ‘guerra sucia’ contra ETA, el GAL, le ha hecho un flaco favor a la causa de la paz en el País Vasco. La Ley ha de ser igual para todos en un Estado de Derecho y los procedimientos de la lucha antiterrorista han de ceñirse escrupulosamente a lo que establece la Ley. Pero decimos más: los responsables principales y últimos de tal ‘guerra sucia’ son quienes la imagiaron, diseñaron y pusieron en práctica desde la máxima autoridad política del Gobierno, con independencia de que los siguientes escalones de funcionarios del Estado implicados deban asumir también sus propias responsabilidades. El GAL es hoy un problema para España primero, porque fue creado en las cavernas del Gobierno socialista y después porque González violentó en su momento los más elementales procedimientos democráticos y propició la ocultación de responsabilidades de los ciudadanos, impidiendo – con el pueril y grotesco argumento de que no se investigara políticamente mientras el caso estuviera en los tribunales, cuando el proceso democrático es justamente el inverso – que una comisión de investigación parlamentaria esclareciera el asunto. Entendemos lo incómodo que debe resultar asumir la defensa del felipismo soslayando tan estruendosas obviedades. A Fernando Savater le vamos a recomendar amistosamente que deje de interpretar el papel de ‘private dancer’ y que lea, por ejemplo, este texto de un amigo suyo llamado Martín Prieto que publicaba el pasado lunes: «Lo que desde sus más amplias fias (su suelo electoral) mueve Felipe a indignación en su descarado oportunismo. Existen momentos en su vida política en los que ya no se muestra como pragmático, siquiera como cínico, sino como vendedor de mulas ciegas… Felipe, uno de los personajes más egoistas y trapaceros que ha dado la reciente Historia española, sólo experto en nadar y guardar su propia ropa, ns ha puesto otra vez al borde del a guerra civil de papel a cuenta del emprisionamiento del general Galindo… el abogado de Felipe, ex ministro de Justicia e Interior (Belloch) y antaño gran promesa de la magistratura progresista, intentando justificar su pobre minuta de un acta de diputado; y el peligroso Jaimito de esta historia tirándole a doce mil kilómetros el sedal a los surubíes en el río Paraná. No me interesa escribir de Galindo; hay que hablar mucho de Felipe González…» Conclusión: El viejo ardid consiste en tratar de desviar la atención y las responsabilidades hacia el cuarto de los subalternos es un truco demasiado manoseado como para que, a estas alturas, no resulte ya inservible. Fernando Savater, por otra parte, debería leer con atención su propio periódico. En el editorial ‘Un juicio limpio’, mal que le pese a Savater, EL PAÍS se aproxima a las posiciones reales de ABC, no a las que se inventa el filósofo para luego fustigarlas.

LA pregunta con la que encabezo este artículo -golpeando tímidamente a la puerta del periódico- no es tan idiota como puede parecerle en principio a cualquiera, entre los rendidos apologistas de esta democracia, que muy bien podrían exclamar al leerlo: ¿Pero qué dice este tío? ¡Aquí puede hablar todo el mundo! ¡Estamos en un Estado democrático! Bueno, bueno, pare usted ese carro -respondería yo a tal interpelante- pues no está tan clara la cuestión, y no será la primera vez que yo mismo, que es lo que tengo más cerca, soy objeto, a pesar de mi débil existencia en la sociedad española, de furibundos ataques basados en una infame teoría, según la cual el que a un escritor se le haya concedido algún pequeño premio público (pequeño entre los grandes han sido los míos, digámoslo así), o, ya en mi caso, que a mis setenta años se pueda decir que durante unas semanas se puso en el Teatro María Guerrero algún drama mío, me invalidaría incluso como ocasional crítico de la vida política. Como si un escritor que recibe un premio público quedara incorporado ipso facto a la Corte y, ya en su condición de artista áulico, quedara, efectivamente, invalidado para decir que encuentra vulnerada la libertad de expresión en algunos casos, o que la práctica de la tortura forma parte aún de los sistemas habituales de interrogatorio policiaco en esta democracia, o que es urgente que se emprenda el camino de una negociación para la paz -paz y no pacificación, que es cosa indeseable- en Euskadi, o que, en su opinión, la Constitución Española tendría que ser modificada para que un día, ojalá no lejano, pudiera quedar sólidamente establecida la tan deseada paz entre nosotros, y no digamos que se le ocurriera manifestarse como contrario a la institución de la monarquía y partidario, pues, de una república federal, por ejemplo. (Nunca se me ha ocurrido expresar una idea tan audaz).

«Usted a callar -me vienen a decir-, que para algo el Ministerio de Cultura le ha invitado a dar una conferencia en Guadalajara o en Moratalaz, y además lo han alojado -¡canalla!- en un excelente hotel. ¿No le da vergüenza?». Cosas por el estilo me han dicho alguna vez en tal o cual periódico, durante estos tiempos en que, por si no lo sabían, mi actividad política se reduce a depositar mi voto democrático, cuando llegan las ocasiones para ello, en una urna, y pare usted de contar. Por lo demás, sólo de vez en cuando escribo un artículo como éste -que se publica o no-, superando un posible complejo de traidor a mi patria por el hecho de vivir en Euskadi y de considerar justa la idea del derecho a la autodeterminación de las naciones que todavía continúan ocultas o semiocultas (en realidad, ocultadas), como si no existieran, en el interior de los estados burocráticos establecidos y consagrados como eternos a consecuencia de los avatares -entre ellos, las bodas reales y las guerras- de la Historia. Tal es mi culpable pensamiento -pues malditas, en verdad, resultan mis razones, los productos de mi desvelada razón- en un campo entregado a las pulsiones más viscerales de los patriotas españoles, entre los que los más fervorosos y enragés son, por cierto, vascos entregados a las ardientes pasiones del auto-odio.

Estoy agotando las posibilidades de escribir este artículo pues toda la (poca) fuerza de que dispongo se me está yendo por la boca en el intento de pedir permiso para hablarles sobre un tema que estos días ha promovido grandes tempestades de opiniones, no tan encontradas como en un principio pudiera parecer; y a eso es precisamente a lo que iba, pues he podido observar, o así me ha parecido, un acuerdo de fondo entre los partidarios y los detractores de la disposición del juez Gómez de Liaño que, con dos cojones (como dirían groseramente en mi barrio), ha llevado al general Rodríguez Galindo a una prisión preventiva. ¿Se me permite, pues, decir dónde estoy yo? Pues aquí estoy: en el lugar que voy a decir brevemente a continuación, tratando de expresar algunas dudas y extrañezas.

Grandes debates, tertulias radiofónicas agitadas. Sí, muy bien, pero, ¿cómo es posible que haya un acuerdo -y lo hay si no es que algunas de las gentes que hablan tienen miedo o son hipócritas- sobre la pulcritud moral y legal de las prácticas habituales de la Guardia Civil, cuando es tan sabido que la realidad es muy diferente, y ello está muy documentado y al alcance de quien desee salir de su ignorancia al respecto? ¿Cómo es posible que de tal manera se acepte por tantos comentaristas que los muchos testimonios de tortura existentes no son sino meros cumplimientos de órdenes de ETA a sus militantes, y que de eso no hay nada, a no ser de vez en cuando algún «error» o la desdichada y excepcional circunstancia de que a algún guardia «se le haya ido la mano»? El mero hecho de decir esto -que «se le puede haber ido la mano» a algún interrogador-, ¿no le plantea a quien tal cosa diga la cuestión de qué estarían haciendo con sus manos esos señores guardias para que la consecuencia sea todo un mundo de traumatismos y fracturas en un detenido hasta su muerte? ¿No saben quienes dicen lo de la consigna que una grandísima parte de las gentes que han salido de su experiencia de detención maltrechos no tenían la menor relación con ETA y han sido puestos, a lo largo de estos años, en libertad sin cargos por los jueces? (Son personas que en su mayoría, creo yo, testificarían sobre sus infernales experiencias, en el caso de que por fin se hiciera, como tendría que hacerse ya, el gran proceso a la tortura en España).

En cuanto a las personas muertas en tortura, por ejemplo, ¿Mikel Zabalza se murió porque a un guardia «se le fue la mano»? ¿Y a quién se le fue la mano y se llevó su cadáver para tirarlo al río Bidasoa? Los casos sobre los que ahora se ha tratado son los de Lasa y Zabala, y todo el mundo los conoce; pero, ¿se puede olvidar, por ejemplo, aquel horror de Almería? Entonces correspondió al ministro Rosón mentir sobre lo ocurrido y, claro está, salvar el honor de la Guardia Civil, en relación a aquella carnicería en la que un grupo de beneméritos guardias hizo picadillo a tres desgraciados muchachos: Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero. Pero es ya una larga historia y no creo que sea posible ignorar que, desde sus orígenes, los cuartelillos de la Guardia Civil han sido moradas de horror para los gitanos y los quinquilleros, por ejemplo, y, desde luego, no sólo para ellos. La memoria del llamado «crimen de Cuenca» reveló ya cómo se trabajaba en esos espacios «al servicio del orden».

Así pues, yo creo que habría que partir de esta realidad. En cuanto al cuartel de Intxaurronzdo, hasta impecables dirigentes del PNV han dicho que ha sido, desde hace años, un lugar que metía miedo a cualquiera que pensara en él y no digamos si pasaba por los alrededores, lo cual se procuraba evitar por si acaso, incluso por parte de los más acendrados pacifistas. ¿Será posible, una vez más, falsear las cosas de tal manera que todo siga igual? ¿Es posible escuchar sin preocupación esos cantos a la Guardia Civil en labios de quienes algún día han militado en la izquierda? ¿O es que ya entonces no se enteraban ustedes de nada, y todavía no saben en qué país vivimos? ¿O no se atreven a saberlo? ¿Cómo es que la Guardia Civil produce esa especie de terror sagrado? ¿Por qué? Pero es que alguna vez, amigos míos, habrá que coger a este toro por los cuernos.

Será una tontería pero a mí me parece que el procesamiento del general Rodríguez Galindo es el acontecimiento más importante para la democracia después de la muerte de Franco, o, mejor dicho, llegaría a serlo en la medida en que no se terminara, como me temo, por localizar las responsabilidades de los crímenes en uno o unos pocos chivos expiatorios.

Permítanme que yo piense de un modo diferente -¿se puede?- a esos pensadores y críticos de tertulia, y manifieste mi idea de que la verdad es lo contrario de lo que se dice: que lo grave es, en suma, la Guardia Civil como institución, y que multitud de guardias civiles son personas inocentes y dignas de la mayor consideración humana y social, procedentes de las capas más pobres e incultas de la sociedad, víctimas también ellos de este sistema, asendereados -¿con sus almas de charol?- y, desde luego, temidos por el común de las gentes, lo que no debe de ser muy agradable. Para mí está claro que, como se ha pensado con sobradas razones en momentos de mayor coraje cívico, la disolución de la Guardia Civil es una de las muchas asignaturas pendientes de la Historia de España.

En realidad, de lo que se trata es de crear las condiciones para la paz, y para ello va a ser preciso mucho valor instalado en una imaginación de nuevo cuño. Desde luego, yo daría mi vida -que a estas alturas de su transcurso ya no es casi nada, aunque sea lo único que tengo- por esa paz, y, como ya dije alguna vez, estoy dispuesto a trabajar por esa necesaria negociación aunque sea como limpiador de la habitación en la que los interlocutores se pongan a hablar, por fin, bajo la mirada benévola de un ángel del cielo o algo así, porque, hoy por hoy, no veo otra manera de que eso -tan necesario, tan urgente- ocurra.

Alfonso Sastre es dramaturgo.