19 junio 1996

Ocupaba el cargo de Gobernador Civil de Guipúzcoa en el momento en el que los GAL hicieron desaparecer a Lasa y Zabala

El juez Gómez de Liaño encarcela al ex Delegado del Gobierno, Julen Elgorriaga (PSOE) por su vinculación al Caso GAL

El juez Gómez de Liaño encarcela al ex Delegado del Gobierno, Julen Elgorriaga (PSOE) por su vinculación al Caso GAL

Hechos

El 19.06.1996 El juez D. Javier Gómez Liaño ordenó la prisión incondicional a D. Julén Elgorriaga.

Lecturas

El 19 de junio de 1996, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño Botella ordenó el ingreso en prisión incondicional y comunicada de José Julián Elgorriaga Goyeneche, antiguo gobernador civil de Guipúzcoa entre 1982 y 1987 y delegado del Gobierno en el País Vasco entre 1987 y 1989, por su presunta participación en el secuestro, torturas y asesinato de José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, dos integrantes de ETA desaparecidos en Bayona en octubre de 1983 y cuyos cadáveres fueron hallados enterrados en cal viva en Alicante. Elgorriaga, de 48 años, acudió a la Audiencia Nacional con una maleta preparada ante la posibilidad de ser encarcelado y terminó ingresando en la prisión de Soto del Real. En un auto de 26 folios, Gómez de Liaño lo procesó como autor de dos delitos de detención ilegal, cooperador necesario en dos delitos de torturas y autor por comisión por omisión de dos asesinatos. El magistrado consideraba que el antiguo gobernador había participado en la planificación del secuestro, facilitando el uso del palacio de La Cumbre, residencia dependiente del Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde las víctimas habrían permanecido cautivas y sido sometidas a interrogatorios y malos tratos. Según la tesis judicial, Elgorriaga conoció las torturas, las consintió y no intervino para impedir que los secuestrados fueran asesinados, pese a que su posición institucional le imponía un deber especial de protección. Los principales indicios procedían de las declaraciones del policía Ángel López Carrillo, antiguo colaborador del Gobierno Civil; del contrabandista Pedro Luis Miguéliz Dabadie, «Txofo»; y de otros policías y testigos protegidos que situaban a Elgorriaga en contacto con los responsables de Intxaurrondo o lo relacionaban con visitas a detenidos. López Carrillo había afirmado que, la noche de la desaparición, escuchó al entonces comandante Enrique Rodríguez Galindo comunicar al gobernador que habían capturado a dos sospechosos. Elgorriaga negó las acusaciones y cuestionó la credibilidad de los testimonios. El fiscal Jesús Santos y la acusación popular solicitaron su encarcelamiento por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga u ocultación de pruebas, mientras el juez fijaba una fianza de 100 millones de pesetas para asegurar posibles responsabilidades civiles. Elgorriaga se convertía así en el quinto encarcelado de la causa, después del general Galindo, el teniente Pedro Gómez Nieto y los antiguos guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. La misma resolución alcanzó al exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera Fernández-Huidobro, procesado por un presunto delito de encubrimiento, aunque permaneció en libertad.

Para Elgorriaga, el encarcelamiento suponía también el regreso al primer plano de un político socialista que llevaba años apartado de los puestos de responsabilidad: había sido cesado como delegado del Gobierno en noviembre de 1989, después de enfrentarse al Ministerio del Interior por impedir que periodistas del diario Egin accedieran a la Delegación durante la noche electoral. Ahora, siete años después de abandonar aquel cargo, volvía a encontrarse en el centro de una controversia de alcance nacional.

JUEZ LIAÑO CONTRA JUEZ BUEREN

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La actuación de Gómez de Liaño se producía, además, en un ambiente de creciente tensión dentro de la Audiencia Nacional. El magistrado había asumido el Juzgado Central de Instrucción número 1 tras la marcha de Carlos Bueren Roncero, quien había dirigido anteriormente la investigación del caso Lasa-Zabala, y en pocas semanas había adoptado medidas de enorme repercusión pública. Pero el enfrentamiento entre ambos jueces no se limitaba a ese sumario: Gómez de Liaño había cuestionado la legalidad de intervenciones telefónicas ordenadas por Bueren en una investigación sobre narcotráfico, llegando a anularlas, decisión que fue posteriormente revocada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 19 de junio, coincidiendo con el encarcelamiento de Elgorriaga, se conoció que Gómez de Liaño había ofrecido a una persona sometida a aquellas escuchas la posibilidad de ejercer acciones legales, mientras reclamaba al Consejo General del Poder Judicial una inspección de los asuntos pendientes que su antecesor había dejado en el juzgado, al negarse a dar por buena la relación de procedimientos heredados. El conflicto entre magistrados añadía así una controversia institucional a una investigación que ya había sacudido a la Guardia Civil y al antiguo Ministerio del Interior.

El Análisis

Del sector crítico del PSE a los GAL

JF Lamata

La entrada en prisión de Julen Elgorriaga representa un nuevo y amargo episodio en la trayectoria de uno de los dirigentes socialistas vascos más controvertidos de los años ochenta. Militante del PSOE desde 1974, gobernador civil de Guipúzcoa tras la victoria socialista de 1982 y posteriormente delegado del Gobierno en Euskadi, Elgorriaga pertenecía al sector del partido que defendía una política de seguridad especialmente firme frente a ETA y que encontraba su principal referente político en Ricardo García Damborenea. En las luchas internas del PSE-PSOE se alineó con los críticos frente al sector oficialista encabezado por Ramón Jáuregui Atondo y José María Benegas Haddad, especialmente durante el congreso de 1988, en el que Damborenea resultó derrotado por escaso margen. Aquella derrota contribuyó a debilitar su posición política, aunque su salida del Gobierno no se produjo inmediatamente. El detonante llegó en octubre de 1989, cuando Elgorriaga impidió el acceso de periodistas del diario Egin a la Delegación del Gobierno durante la noche electoral, desobedeciendo las instrucciones del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral. El ministro José Luis Corcuera ordenó su cese, formalizado el 3 de noviembre, en una decisión que culminaba años de enfrentamientos políticos, discrepancias sobre la política antiterrorista y conflictos con sus propios compañeros. Elgorriaga quedó apartado del poder precisamente cuando comenzaba a declinar la influencia de la corriente de Damborenea. Su encarcelamiento en 1996 devuelve al primer plano a un hombre que había participado en una de las etapas más difíciles de la lucha contra ETA, pero que ahora debe responder ante la Justicia por hechos de una gravedad excepcional. Su condición de antiguo responsable de la seguridad del Estado no puede servir para presumir su culpabilidad, del mismo modo que los servicios prestados contra el terrorismo tampoco pueden dispensarle de responder a los indicios reunidos por la investigación judicial.

Pero en el caso de Elgorriaga existe, además, una dimensión personal que demuestra hasta qué punto las investigaciones de los GAL pueden entrecruzarse con antiguas relaciones de confianza, enemistades y resentimientos. Uno de los principales testigos de cargo es Ángel López Carrillo, policía que trabajó en el entorno del Gobierno Civil de Guipúzcoa y que sostiene haber conocido detalles del secuestro de Lasa y Zabala. Elgorriaga, sin embargo, niega que existiera entre ambos la relación de confianza que describe el agente y atribuye sus acusaciones a una enemistad personal. Según la explicación que el antiguo gobernador desarrollaría públicamente durante el juicio de diciembre de 1999, López Carrillo habría mantenido una relación sentimental con Bárbara Dührkop, viuda del senador socialista Enrique Casas, asesinado en 1984 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA, y habría responsabilizado a Elgorriaga de aquella ruptura porque este había expresado a Dührkop su desaprobación de la relación. Ya en mayo de 1996, la defensa había promovido un careo entre Dührkop y el policía para cuestionar la supuesta proximidad de López Carrillo al antiguo gobernador. Naturalmente, una explicación basada en un posible resentimiento no demuestra que las declaraciones del testigo sean falsas, como tampoco su condición de testigo de cargo garantiza por sí sola que sean verdaderas. Corresponde a los tribunales contrastarlas con los demás indicios y determinar su credibilidad. Pero el episodio recuerda que detrás de los grandes sumarios sobre terrorismo de Estado no aparecen únicamente ministros, generales, jueces y decisiones políticas: también existen antiguas amistades, relaciones sentimentales, rivalidades y conflictos personales que pueden condicionar las versiones de los protagonistas. En ocasiones, la historia judicial de un país acaba atravesada por circunstancias privadas que parecen propias de una novela.

JF