El líder del PP, Mariano Rajoy, propone que todos los inmigrantes que quieran entrar en España tengan que firmar antes un contrato en el que garanticen su integración en el país

Mariano Rajoy ha desvelado algunas medidas que contemplará el programa de su partido en materia de inmigración. Entre ellas, el denominado «contrato de integración», firmado entre el Estado y cada trabajador extranjero. En virtud de este documento, los inmigrantes adquirirían compromisos tan dispares como cumplir las leyes, respetar las costumbres de los españoles, aprender la lengua, pagar los impuestos, trabajar para integrarse o regresar a su país de origen si no encuentran empleo al cabo de un año.

A tenor de lo expuesto por el líder del PP, cabe suponer que sería un nuevo requisito burocrático para quienes se proponen entrar de forma legal en el país, no una medida contra la ilegalidad. Por el simple hecho de hacer esta propuesta, Rajoy imagina que ha identificado un problema donde no lo hay, sugiriendo que los inmigrantes regulares que respetan las leyes no cumplen, sin embargo, unas vagas pautas de adaptación al país.

La amalgama de compromisos que contiene el «contrato de integración» lleva a la sorprendente conclusión de que, en unos casos, Rajoy parece conceder más importancia a la firma de un candidato a inmigrar que a las normas que aprueba el Parlamento. No es preciso que ningún ciudadano, sea nacional o extranjero, se comprometa por escrito a cumplir las leyes para que le sea exigible su cumplimiento, y lo mismo sucede con los impuestos. En otros casos, sin embargo, Rajoy parece olvidar que no todo es exigible mediante una ley democrática, como es el caso de las costumbres. Entre otras cosas, porque es difícil establecer mediante una norma en qué consisten. Y, si se estableciera, sería al precio de dejar fuera a muchos españoles, convirtiéndolos en poco integrados o en directamente sospechosos, como hacía la Ley de Peligrosidad Social del franquismo. Por lo que se refiere al aprendizaje de la lengua y al esfuerzo por integrarse, las dificultades que presenta la medida no se resuelven creando una agencia nacional, según anunció Rajoy. El problema reside en cómo se establecen los niveles de lengua o de integración, no en quién los verifica.

El programa del PP también incluirá la aprobación de una ley restringiendo el uso del velo en las escuelas. Resulta incongruente que un partido que defiende la enseñanza obligatoria de la religión católica proponga limitar los símbolos de otros credos. Adoptada desde una concepción laica, la prohibición del velo puede discutirse pero obedece a una lógica. Adoptada desde la confesionalidad, se confunde con una afirmación del catolicismo como única religión admitida en la escuela.

Si alguna materia se había librado hasta ahora de las simplezas prodigadas durante la precampaña, era la inmigración. Rajoy ha venido a colmar esta laguna con propuestas poco respetuosas con los principios democráticos. Que se inspiren en medidas adoptadas por Sarkozy no las hace incuestionables; sencillamente, suscitan idénticas reservas.