El líder serbio Vojislav Seselj acusado de promover la ‘limpieza étnica’ en Yugoslavia es liberado por el Tribunal de La Haya tras ser condenado a 10 años

La condena a diez años de prisión de Vojislav Šešelj constituye una rectificación significativa de la absolución pronunciada dos años antes por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. El antiguo dirigente del Partido Radical Serbio había sido acusado de contribuir, mediante la organización de voluntarios nacionalistas y una propaganda favorable a la creación de una Gran Serbia, a los crímenes cometidos contra poblaciones croatas y musulmanas durante las guerras yugoslavas. Sin embargo, en marzo de 2016 la Sala de Primera Instancia consideró que la Fiscalía no había demostrado suficientemente su responsabilidad penal por los delitos imputados. La absolución provocó controversia, especialmente por el tratamiento judicial de unos discursos que reclamaban abiertamente la expulsión de poblaciones no serbias. La sentencia de apelación de abril de 2018 modifica parcialmente aquella conclusión: los magistrados han determinado que el discurso pronunciado por Šešelj en Hrtkovci el 6 de mayo de 1992 no fue una simple manifestación de hostilidad política, sino una intervención que instigó la persecución, deportación y traslado forzoso de habitantes croatas. La condena reconoce, por tanto, que determinadas palabras pronunciadas por un dirigente político pueden constituir una contribución penalmente relevante a una campaña de expulsión étnica cuando concurren los elementos exigidos por el derecho internacional.

Pero la decisión también obliga a distinguir entre la responsabilidad política, la influencia ideológica y la culpabilidad penal. Šešelj no ha sido condenado por todos los crímenes que la Fiscalía le atribuía. La Sala de Apelaciones no ha establecido su participación en una empresa criminal conjunta de alcance general para expulsar a las poblaciones no serbias de extensas zonas de Croacia y Bosnia-Herzegovina, ni lo ha declarado culpable de los asesinatos, torturas, saqueos y destrucciones incluidos en la acusación. La condena se concentra en los hechos de Hrtkovci, aunque los magistrados han reconocido que formaban parte de un contexto más amplio de ataques contra civiles no serbios. Este resultado demuestra tanto la posibilidad de corregir errores de una primera sentencia como la necesidad de que la justicia internacional no confunda el extremismo político con la prueba automática de participación en cualquier crimen cometido por quienes compartían esa ideología. Las declaraciones de Šešelj podían contribuir a crear un clima de hostilidad, pero solo allí donde quedó acreditada su relación con conductas criminales concretas pudo establecerse su responsabilidad penal.

El desenlace deja, no obstante, una paradoja difícil de ignorar. Después de un procedimiento que se ha prolongado durante quince años, con más de once de detención preventiva, Šešelj recibe una condena que se considera íntegramente cumplida y no tendrá que regresar a prisión. La absolución inicial ha sido revocada parcialmente, pero el resultado práctico de la apelación es fundamentalmente declarativo: la justicia internacional establece su culpabilidad por la persecución de civiles croatas en Hrtkovci sin imponerle un nuevo período de encarcelamiento. Para las víctimas, la sentencia supone el reconocimiento de unos hechos que habían quedado sin sanción en primera instancia; para el Tribunal, constituye un recordatorio de las dificultades de enjuiciar a dirigentes políticos cuya participación en los crímenes se produjo mediante discursos, movilización ideológica y apoyo a organizaciones armadas, y no necesariamente a través de órdenes militares directas. La condena de Šešelj no lo sitúa en el mismo plano de responsabilidad penal que Radovan Karadžić o Ratko Mladić, procesados por operaciones criminales de mucha mayor amplitud. Pero sí establece un principio de alcance general: cuando la incitación a expulsar a una comunidad se traduce en persecución y desplazamiento forzoso, la responsabilidad puede alcanzar también al dirigente que alentó aquellos actos, aunque no empuñara personalmente las armas.

JF