Nace CANAL NOU, televisión pública de la Comunidad Valenciana, que utilizará la frecuencia que TV3 venía usando en esa comunidad

EL GOBIERNO ha decidido que la televisión autonómica valenciana utilice la frecuencia que hasta ahora servía para que el canal catalán TV-3 se recibiera en la Comunidad Valenciana. El hecho supone una grave limitación a la libertad de expresión, porque todas las razones, técnicas y legales, que ahora puedan aducirse por parte del ministro Barrionuevo, si tan definitivas son, podrían haberse argumentado -e impedir la consolidación de TV-3 en Valenciacuando se inició la penetración del canal catalán.Si no hay cauce técnico bastante ni la ley permite que una televisión autonómica desborde el marco de su comunidad autónoma, no tiene sentido que se haya aplazado la decisión de cierre por oportunismo político. El hecho de que en el País Vasco y Cataluña existan dos canales autonómicos de la propia comunidad hace incomprensible la tesis gubernamental de que en la Comunidad Valenciana no caben también dos, aunque uno de ellos sea catalán. Todo huele, pues, a una decisión partidista del Gobierno -que, sin embargo, ayer ofreció sintomas de querer remplantear- a la que habría coadyuvado el Ejecutivo catalán, que con el nuevo Canal 33 tapa cautelarmente la entrada de las televisiones públicas de otras autonomías, demostrando más interés en reforzar la emisión de sus mensajes en su territorio que en favorecer el intercambio de voces plurales. Entre tanto, el ciudadano valenciano puede apretar un botón menos. Una pena.

LA DIRECCIÓN del canal público de televisión valenciana, Canal 9, ha decidido prohibir unos 500 vocablos por encontrarlos «demasiado catalanistas». En su lugar impone claras, o supuestas, variantes dialectales del catalán hablado en Valencia. Los profesionales han reaccionado, con razón, en contra de este dogmatismo lingüístico. El director de Canal 9, Amadeu Fabregat, que no es un gramático, ha dado una orden de oídas, quizá preocupado por contentar a ese sector de la derecha regional que vive un perpetuo conflicto edípico-político con Cataluña, comunidad hermana con la que se definen por las diferencias que hay entre ambas y por las que se inventan, entre ellas la lengua. Todas las autoridades académicas, incluso la Española, han dejado sentada la unidad de la lengua catalana en los territorios donde se habla.El problema del dictado fabreguiano no es que introduzca variantes dialectales. El propio Pompeu Fabra, que fijó la normativa del catalán, aunque no de manera exhaustiva, fue receptivo a esa riqueza de la lengua. Lo criticable del diccionario de Canal 9 es que prohíbe otras palabras igualmente vivas en Valencia. Decir ret (red) no es ninguna herejía lingüística, pero sí lo es prohibir su sinónimo xarxa cuando en los puertos de Gandía se utiliza de manera genuina este vocablo. Si algunas veces se ha culpado al Institut d’Estudis Catalans, auténtica y poco ágil academia de la lengua catalana, de preferir, a la hora de fijar el idioma, los contagios franceses a costa de los obvios y vivos contagios del castellano, Fabregat hace lo propio y rechaza algunos términos, no porque no sean valencianos, sino porque se parecen al catalán de una parte de Cataluña. Una miserable razón. En su orden, Fabregat acompaña las palabras impuestas con una cita del diccionario que las revalida, pero no se trata de que tales palabras existan en un diccionario. También las prohibidas lo están. Se trata de que sean palabras vivas en la Comunidad Valenciana, y eso les ocurre a muchas de las censuradas. Eso, al margen de la inclusión de castellanismos en términos cultos.

Los medios de comunicación, y más los audiovisuales, deben mantener una exquisita tutela del idioma que utilizan y sería estúpido que las televisiones en catalán utilizaran arcaismos académicos que no hicieran reconocible el idioma a sus propios usuarios.

Es, por tanto, positivo que incluso vayan por delante de las academias, tantas veces adormecidas en la convalidación del idioma vivo, pero la normativa de Canal 9 -que contradice la política lingüística del propio Gobierno regional y la lengua que se enseña en las escuelas valencianas- es una invención sin otro sustento aparente que el ideológico y, lamentablemente, las lenguas muchas veces han sufrido esta contaminación política, una contaminación inútil porque el hablante genuino, en última instancia, es el auténtico propietario y creador de esa lengua y, tarde o temprano, le deben ser reconocidos sus derechos. Los libros de estilo no son un dogma perenne, y como toda obra humana, pueden contener errores que, por tanto, pueden corregirse. Lo lamentable de Canal 9 es que no se trata tanto de una metedura de pata lingüística como de un dogmatismo de tintes políticos.