El misterioso secuestro María Angels Feliu: La farmacéutica de Olot es liberada tras 492 días de secuestro por uno de sus ‘carceleros’

LA LIBERACIÓN de Maria Ángels Feliu -la farmacéutica de Olot secuestrada hace 16 meses- en la madrugada del domingo cierra felizmente un suceso que ha mantenido en vilo a todo el mundo: a su familia y amigos, en primer lugar, pero también a numerosos españoles. No obstante, la conclusión de la tragedia deja abierta la puerta a varios interrogantes, el principal de los cuales es la autoría del secuestro y si detrás del mismo hay una organización especializada en este tipo de delitos. Que Maria Ángels Feliu haya aparecido viva y sin que haya mediado en su liberación la actuación policial induce a pensar que los autores del secuestro son unos bien organizados profesionales que han podido controlar en todo momento la situación.Dos personas, Xavier Bassa y Joan Casals, permanecen en prisión por su supuesta implicación en el secuestro, pero no parece que el juez que lleva el caso disponga de más indicios para inculparlos que la declaración de un tercero, Francisco Evangelista, supuestamente invitado por aquéllos a participar en el delito. La actitud de Evangelista, en paradero desconocido desde hace una semana, y algunas contradicciones en que ha incurrido restan, aunque no eliminan, verosimilitud a sus afirmaciones.

Pero no son éstas las únicas incógnitas. El portavoz de la familia Feliu, el abogado Joan Capdevila, asegura que no se ha pagado ningún rescate y que el último contacto con los secuestradores se remonta al lejano mes de diciembre de 1992. Pero sorprende, si esa falta de información es real, que la familia no haya creído nunca en los indicios de culpabilidad que recaían sobre Bassa y Casals. Además, si se confirma la hipótesis de que los autores del secuestro son unos profesionales, sorprendería que hayan puesto en libertad a la víctima sin recibir nada a cambio y cuando la presión policial era prácticamente inexistente. El momento invita a la alegría, pero ésta no debe hacer olvidar que las principales incógnitas siguen abiertas, especialmente la de si la inquietante industria del secuestro se ha instalado en España. La respuesta a alguno de estos interrogantes podría echar luz sobre la también sorprendente desaparición de la joven Anabel Segura, secuestrada hace más de 11 meses en Madrid.

A los seis años largos del secuestro de la farmacéutica de Olot, la Guardia Civil ha logrado identificar a sus más destacados autores y carceleros. Ayer fue detenido el «menos malo» de todos ellos, a juicio de la secuestrada, el que fue su guardián durante los 492 días de cautiverio y que, según parece, decidió liberarla por su cuenta y riesgo. La presencia de un guardia municipal y el guardaespaldas de un alcalde entre los secuestradores, el suicidio por sobredosis de otro de los supuestos implicados, el contraste entre la vulgaridad de los móviles y las historias misteriosas que la imaginación popular tejió en torno al caso configuran un mundo cerrado propio de ciertos relatos literarios.Hay que felicitar a los guardias por el esclarecimiento del caso, aunque los seis años transcurridos son una eternidad si se considera que uno de los delincuentes estuvo fugazmente en el punto de mira de las primeras investigaciones. Se trata del policía municipal de Olot que a los pocos días de producirse el secuestro fue denunciado por un vecino que sospechaba de sus merodeos por la casa de Maria Àngels Feliú. La Policía Nacional transmitió en su momento la pista al juez del caso, que, sin interesarse por sus pormenores, la trasladó, a su vez, a la Guardia Civil. No hubo más indagaciones, que se sepa. Una pista inédita, hace pocas semanas, resucitó las sospechas sobre Antoni Guirado.

Maria Àngels Feliú pasó 492 días secuestrada. Si no fuera por el respeto que merece su tragedia, por el castigo físico y moral que representó para ella y su familia, a la vista de lo que ahora se sabe, muchos podrían hablar de esperpento. En esta cruel narración aparecería una Administración de justicia ineficaz, una relación escasamente fluida entre los cuerpos de seguridad del Estado y un respeto gremial que, por lo visto, hace más natural que sea sospechoso, pongamos por caso, un fontanero que un guardia municipal. Hay que añadir una más que laxa administración local y algún que otro alcalde que da sin muchos miramientos pistola y uniforme a delincuentes. Porque no se trata sólo de que uno de los autores del secuestro sea policía, sino que su supuesto cerebro, que tuvo en su casa a la prisionera, era el escolta del alcalde de Sant Pere de Torelló.

No es habitual que el alcalde de un pueblecito necesite protección. Así que no está claro si el supuesto secuestrador, Ramón Ullastre, el hombre del bosque, experto en convencer por las buenas o por las malas, estaba contratado para protegerlo o para vigilar a una población que no acababa de tragar los manejos urbanísticos de su regidor, por los que ha acabado en los tribunales. El empeño de unos guardias civiles permite hoy hablar con más certeza que hace cinco años de presuntos culpables. Al margen del desenlace penal, de este caso sobrevivirán las imágenes de una policía que no quiere creer que uno de los suyos pueda ser un delincuente y la de una instrucción judicial cuando menos tambaleante. Y aunque el esclarecimiento del caso se haya demorado largamente, su final demostraría que «el criminal nunca gana». Como corresponde a una historia tan de los años cincuenta.

Hay casos que por su especial naturaleza se convierten rápidamente en el centro de la atención pública. El secuestro de la farmacéutica de Olot tenía desde el principio los ingredientes necesarios para ello. Diez años y una semana después de haberse cometido el secuestro de Maria Àngels Feliu, el caso llega por fin a la fase de juicio oral y, en este tiempo, no sólo se ha mantenido como fenómeno mediático, sino que se ha convertido en un paradigma de algunos de los males endémicos que aquejan al sistema judicial español.

Tras dos años de investigaciones policiales, en algunos momentos rocambolescas, el secuestro se resolvió inesperadamente, no se sabe aún si porque se pagó un rescate o por el cansancio de los secuestradores. En esa azarosa investigación, que llegó a dar por muerta a la secuestrada, la instrucción pasó por las manos de tres jueces y a veces tomó direcciones incomprensibles. La dilación de la causa, que se ha prolongado durante más de ocho años, ha dado pie a situaciones estrambóticas. Por ejemplo, que los acusados del secuestro pudieran pasearse tranquilamente por Olot, e incluso encararse con su víctima, durante años.

Es bueno que la justicia recurra con mesura a la figura de la prisión preventiva como instrumento para reducir la alarma social que puede generar un delito, especialmente cuando la justicia se aplica con tanta lentitud. Pero es evidente que, en este caso, la libertad condicional de que han disfrutado los acusados y la demora judicial no han hecho sino agravar el daño sufrido por la víctima. Maria Àngels Feliu no sólo sufrió un encierro infernal durante 492 interminables días, sino que luego ha tenido que soportar ocho años de una instrucción tormentosa para ella.

Con estos antecedentes ha hecho bien el magistrado Fernando Lacaba en intentar atajar lo que tenía visos de convertirse en un juicio paralelo en los medios de comunicación. El juez ha pedido mesura en el tratamiento informativo y han sido numerosas las voces que se han alzado para evitar que la vista se convierta en un esperpento mediático, como fue el juicio por el asesinato de las niñas de Alcàsser. Sería deseable que todos contribuyéramos a no agravar el daño sufrido por la víctima y el desprestigio de la justicia.