EL MUNDO y el PP airean la teoría de la llamada ‘trama asturiana’ para asegurar que el PP fue víctima de una conspiración en la investigación del 11-M

Lo que ha ido sabiéndose estos días sobre la trama asturiana de tráfico de explosivos que terminaron empleándose el 11-M confirma, como mínimo, el juicio del ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, en su comparecencia de la semana pasada: efectivamente, fue «un desastre», un auténtico «disparate» el comportamiento de algunos responsables de seguridad, que debieron haber detectado la gravedad potencial de lo que se estaba tramando.

Los datos conocidos revelan, de un lado, que en Asturias, entre 2001 y 2004, el tráfico de explosivos era considerado un problema comparable al del contrabando de tabaco, lo que hacía desdeñar el riesgo de conexión terrorista, y, de otra, que la descoordinación entre fuerzas de seguridad, o entre sectores de un mismo cuerpo, eran moneda corriente, hasta el punto de colapsar investigaciones que podían haber llevado a interceptar a tiempo las conexiones que hicieron posibles los atentados de marzo. Todo esto es muy grave, y no debería banalizarse con discusiones colaterales de bajo vuelo. Hay que recordar que el objetivo central de la comisión parlamentaria no es dar o quitar la razón a uno u otro partido, sino identificar los errores cometidos y las medidas convenientes para dificultar la repetición de una tragedia como la de marzo.

Pero lo extraordinario del caso es que el PP, partido gobernante cuando ocurrieron los hechos, ha reaccionado conforme al principio «grita fuerte contra tus propios errores para que no te los reprochen»: el portavoz Zaplana no sólo exige una investigación «hasta el final», sino que acusa al Gobierno del PSOE de tener miedo a hacerlo para que la gente no «relacione su victoria con los atentados». Los socialistas, dijo ayer, «tienen complejo de falta de legitimidad».

Que el 11-M influyó en los resultados es una posibilidad inverificable, pero defendible. Pasar de esa posibilidad a la deslegitimación de los resultados es un salto que no dio el PP en su momento, pero que ahora tienta a muchos de sus dirigentes. El propio Zaplana dijo el domingo en Valencia que fue un «atentado teledirigido para hacernos perder las elecciones». Así, lo que parecía una obsesión algo enfermiza de Acebes -la búsqueda de una gran conspiración que explicase lo inexplicable- ha sido luego interiorizada incluso por personas que habían demostrado poca tendencia a la paranoia, como Astarloa, cuya reconstrucción de lo ocurrido refuta la hipótesis de la autoría de ETA.

Acebes defiende que no mintió, pero ni la trama asturiana ni los contactos carcelarios entre islamistas y etarras constituyen una prueba de ello. La idea de que hay que investigar más, para que se evidencie que ETA sí tenía algo que ver, está poniendo al PP en ridículo y creándole dependencias tóxicas de la propia nube venenosa que está inventando para tapar sus errores: cada día espera una nueva revelación que demuestre que en realidad no perdió las elecciones y que si las perdió no fue por deméritos propios. Pero sí las perdió. Algo debió hacer mal para que así fuera, y cuanto más tarde en asumirlo, más tardará en cumplir con eficacia su papel de oposición.