18 diciembre 2007
Aunque la fiscalía rechazó presentar cargos contra el obispo, el caso salió adelante por la acción del demandante, el cura que acusaba al obispo de haberle coaccionado tras haberle destituido como canónigo, retirarle de la cátedra de la Facultad de Teología prohibirle impartir misa.
El obispo de Granada, Francisco Javier Martínez es condenado a pagar una multa por injurias al sacerdote Javier Martínez Medin
Hechos
- El 9.12.2007 el arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, fue condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Granada al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra el sacerdote D. Javier Martínez Medin
Lecturas
COMUNICADO DEL OBISPO TRAS SU CONDENA:
A todos los fieles católicos de Granada y a quienes pueda interesar:
Aunque el mismo lunes día diez tuve conocimiento telefónico de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número Cinco de Granada en el Juicio que se ha seguido contra mi por la acusación formulada por el presbítero Don Francisco Javier Martínez Medina, cuando estaba de camino para el Líbano, ha sido ayer, a mi regreso a Granada, cuando he podido conocer en detalle su contenido. Por ello, y en relación con este asunto, siento que es mi deber manifestar a los fieles católicos de Granada, y a la opinión pública en general, lo siguiente:
1.- Respeto escrupulosamente las decisiones de los Tribunales de Justicia. En este caso, y precisamente desde ese mismo respeto y confianza hacia la Administración de Justicia, debo manifestar también que discrepo legítimamente de la Sentencia.
2.- Reitero que soy inocente del delito y de la falta por los que he sido condenado, y anuncio que interpondré contra la Sentencia los recursos que el ordenamiento jurídico me permite para defender mi inocencia. Por respeto a la independencia de los Tribunales de Justicia, además, debo abstenerme de exponer públicamente las razones de mi discrepancia con la Sentencia, al corresponder su conocimiento a los Tribunales de Justicia.
3.- También agradezco muy de corazón los muchos testimonios de comunión, de afecto y de amor a la Iglesia que he recibido, a lo largo de todo este doloroso proceso, de los fieles cristianos granadinos, de la Conferencia Espiscopal, y de muchos otros pastores y fieles de otras partes de España y de fuera de España. Igualmente agradezco las muestras de comprensión y de respaldo que he recibido de otras personas no pertenecientes a la Iglesia Católica.
4. Por último, quiero recordaros que en el corazón de nuestra fe está el que todos los acontecimientos, incluso aquellos que nos resultan difíciles de comprender, forman parte de un designio providencial del amor de Dios para bien de todos los hombres, sin dejar a nadie fuera, y que Jesucristo viene siempre a nuestro encuentro en todas las circunstancias. La vida es libre y bella cuando acogemos este don supremo que es Cristo. Por ello, vuelvo a suplicar a los católicos de Granada y a otros que puedan conocer esta nota, que sigan rogando a Dios por la Iglesia, por el sacerdote que ha puesto la querella, y por mí mismo, para que también en estas circunstancias pueda resplandecer en todos nosotros el rostro salvador de Cristo. Que este tiempo de adviento prepare nuestros corazones al gozo inmenso de su venida, unica esperanza de paz y de alegría verdadera para nosotros y para el mundo.
† Javier Martínez
Arzobipo de Granada
04 Diciembre 2006
Obispos y jueces
No es lo mismo predicar que dar trigo. La reciente instrucción pastoral del episcopado contiene una loable exigencia a los poderes públicos: que respeten «escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces». No había pasado una semana y el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, dejó claro que es más fácil proclamar orientaciones morales que cumplirlas. Preguntado sobre el proceso abierto en Granada contra el arzobispo Francisco Javier Martínez, por presuntos delitos de injurias y calumnias, acoso moral, coacciones y lesiones psicológicas, el portavoz replicó que «no es competencia de los jueces gobernar a la Iglesia». Si su anunciado recurso a la Audiencia no lo evita, el arzobispo de Granada será el primer prelado español que se siente en el banquillo. Con el Concordato de 1953 eso no hubiera sido posible. Pero el episcopado sabe que aquellos privilegios están derogados. Los obispos son ciudadanos españoles -cobran sus salarios con cargo al Ministerio de Hacienda, que cada mes los ingresa en una cuenta de la Conferencia Episcopal- y están bajo el imperio de las leyes españolas, previa «comunicación» a la autoridad eclesiástica competente.
Otra prueba de que al episcopado le cuesta asumir la Constitución se desarrolla en los tribunales canarios, donde la diócesis de Las Palmas y el Gobierno autonómico llevan perdidos decenas de pleitos, cinco de ellos por despedir sin razón, año tras año, a la profesora
Nereida del Pino Díaz. Un sexto despido, el del curso pasado, se sustancia el próximo día 12. Las cuatro primeras sentencias de los juzgados de lo social ya han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Canarias, que, además, elevó al Constitucional otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por la extravagancia de lo pleiteado.
Los enseñantes de religión católica están contratados y pagados por el Estado, pero son los obispos quienes los seleccionan cada año, pudiendo prescindir de ellos sin motivo alguno, o por causas como casarse con un divorciado o participar en una huelga legal. Es lo que le ha ocurrido a la profesora canaria. Las sucesivas sentencias, inapelables, declaran que el obispado prescindió de ella a causa de su actividad sindical, es decir, violando «derechos fundamentales». La diócesis persiste en ignorar a la justicia.
Existía la esperanza de que la nueva Ley Orgánica de Educación remediase este tipo de abusos, haciendo indefinidos los contratos de los profesores de religión católica y advirtiendo de que los posibles despidos deben someterse «a derecho». No parece suficiente. Como demuestra la actitud de su portavoz, los obispos parecen en algunos aspectos anclados en los privilegios que les otorgó el derogado Concordato de 1953.