El Parlamento Catalán aprueba una defensa del Derecho a la autodeterminación con los votos de CiU, ERC, IC y CDS

La conmemoración de los diez años de Estatut es oportuna. Nunca en la historia moderna habíamos gozado de diez años de vigencia ininterrumpida de unas instituciones con raíces seculares. La Generalitat que bajo el reinado de Pedro el Ceremonioso hacía en 1359 como organismo colegiado y delegado de las Cortes Catalanas, se ha visto como el símbolo de una personalidad histórica. Sus funciones estaban, sin embargo, lejos de tener la eficacia y ambición de la Generalitat de hoy. Pero con razón el nombre de esta institución histórica fue recogido por el precedente más inmediato de la actual Generalitat, la de la segunda República, con el Estatut que luego, en la transición política que siguió a la muerte de Franco se vio como esperanzado objetivo.

Si hay opiniones para todos los gustos respecto a la sventajas y desventajas de los respectivos estatutos – el de los años treinta y el de los setenta – lo que resulta indiscutible es que no cabe siquiera comparación entre las incertidumbres, sustos, interrupciones y vaivenes que sacudieron el curso de la Generalitat republicana – con el 6 de octubre del 34 en medio – y la serena continuidad y constante presencia de la Generalitat surgida al amparo de la Constitución de 1978 y el Estatut que sancionó el Rey Juan Carlos el 18 de diciembre de 1979 como Ley Orgánica del Estado. El 12 de diciembre lo había ratificado el Senado.

La conmemoración ha tenido, sin embargo, un relieve inferior al merecido. Se ha aprovechado simplemente para poner de manifiesto en el pleno del Parlament las actitudes de los diversos grupos políticos respecto a un somero balance de esos diez años. Las opiniones básicas son dos. Para CiU, estamos lejos del espíritu que habría que recuperar para dejar atrás la aplicación restrictiva que el Gobierno socialista viene haciendo del mismo según el presidente Pujol. Para el PSC, la alusión a la mentalidad centralista, sin ser falsa, no explica la realidad, sino que hay que tener presente cómo se ha gestionado el Estatut, y ahí las críticas de los socialistas apuntan a la Generalitat convergente. Son lógicas discrepancias políticas, que corresponden a las funciones de Gobierno y oposición en Madrid y Barcelona. Muy natural.

Mejor tranquilizador es el episodio de la proposición no de ley que anteayer aprobó una comisión del Parlament y de la que ayer no se habló siquiera en el pleno. El fondo de la cuestión es el uso de la palabra autodeterminación. La comisión aprobó, con la ausencia del PP y la oposición del PSC, que no había que renunciar a ella. Nadie hablaba de renunciar a nada, pero la comisión quiso poner la palabra en circulación. Así como en 1979 no se hablaba de nación catalana y sin embargo hoy se hace; hasta hoy, sólo grupos radicales hablaban de autodeterminación. Hoy no sólo la Esquerra de Colom pone la palabra encima de la mesa parlamentaria, sino que la Convergencia de Cahner y Subirá – a quien pertenece la explicación apuntada – suscriben la oportunidad de ese uso, aprovechando que los países bálticos también hablan de eso. El presidente Pujol no parecía enterado cuando los periodistas le interrogaron en Madrid, ni quiso tampoco manifestarse sobre el asunto en su discurso en el pleno.

El viento del Báltico no parece sin embargo homologable con una democracia parlamentaria en la que el Parlament – que en los treinta sólo se eligió una vez – se ha elegido y reelegido libremente varias, sin que los partidos que han sacado más votos hayan hablado nunca de autodeterminación. Los ciudadanos se autodeterminación pacíficamente en el marco de una democracia que para sí quisieran – y quieren – los países del Este. ¿Y qué fue el referéndum del Estatut, sino una forma solemne de autodeterminación en un momento históricamente propicio?

Quizás el Estatut no despierta el entusiasmo de hace diez años, pero nadie quisiera volver atrás. Diez años de autogobierno estatutario pueden ser juzgados diversamente , pero nadie niega que son los diez años seguidos en que la Cataluña moderna ha tenido una vida política más libre. Un aniversario oportuno.

A los 10 años de la aprobación del estatuto de autonomía, el Parlamento catalán ha aprobado una declaración política según la cual el pueblo de Cataluña «no renuncia» al derecho de autodeterminación. Ha sido una declaración por sorpresa, vergonzante, mediante una simple proposición no de ley sacada de la manga en una comisión que trata de asuntos administrativos y no en un pleno. Un procedimiento muy barato para un asunto tan significativo.La argucia procedimental ha posibilitado un contenido tan pobre de espíritu como aparatoso e inconcreto, y, aunque enunciada en negativo, significa claramente la reivindicación de la necesidad, en un futuro indeterminado, de que el pueblo catalán se pronuncie sobre la independencia, algo que en realidad ya viene rechazando en las urnas desde 1977. No es eso lo peor del caso, sino el fraude que casi todos los partidos que la han apoyado han cometido con la ciudadanía. Salvo la recientemente batasunizada Esquerra Republicana, ni Convergencia i Unió ni el CDS ni la federación nacionalista-comunista Iniciativa per Catalunya han sometido a sus electores en las últimas convocatorias a urnas nada semejante a la independencia ni tampoco a ese derecho a definirse sobre ella que es la autodeterminación.

Cabe defender ambas propuestas dentro de esta Constitución, que garantiza la libertad de expresión a todos los españoles. Pero no se trata de propuestas constitucionales y estatutarias, como falazmente defiende la polémica declaración parlamentaria, puesto que ambos textos legales se refieren nítidamente a la unidad de una España que se reconoce plurinacional. Para que sean constitucionales debería reformarse el estatuto y la Constitución.

Que defienda esa tesis Esquerra Republicana, copada por un sector atrabiliario del irredentismo fundamentalista, entra dentro de la lógica política, como entra dentro del patetismo oportunista que lo hagan el CDS o los comunistas, inmersos en el sarcasmo de propugnar la lituanización de la vida política catalana. El apoyo del representante de Convergència i Unió, coalición que gobierna en solitario en Cataluña y que en su día se opuso a esa vía en el debate constitucional, supone, por el contrario, una insuperable muestra de incoherencia. En aquel debate, los nacionalistas catalanes defendieron que la autonomía no era un paso previo hacia la independencia o la autodeterminación, sino otra vía diferente de garantizar el respeto de la identidad nacional de Cataluña.

De ahí la incoherencia de la resolución aprobada en el Parlamento catalán y del apoyo convergente a la misma. ¿Es un patinazo del grupo parlamentario autonómico de CiU o un gol al presidente de la Generalitat en un día en que estaba de viaje? ¿Es un mentís a la reciente manifestación de Jordi Pujol de que haría «todo lo posible» por la unidad de España? ¿O es más bien la respuesta a la pregunta que Miquel Roca se formulaba a sí mismo en el debate de investidura sobre si no habría sdo mejor votar en contra de la Constitución? Resulta ciertamente desconcertante que el nacionalismo conservador catalán se deje llevar por esa mentalidad según la cual la obtención de concesiones por parte del poder central -justificadas o no- depende de la capacidad de presión resultante de amenazar con dejar paso libre a los radicales.

Quienes se acojan a esta lógica del chantaje y mantengan un permanente cuestionamiento del marco constitucional debieran reflexionar sobre el calibre moral de esa actitud. El presidente de la Generalitat dispone ahora de una magnífica oportunidad para reforzar la credibilidad de sus propias manifestaciones desautorizando solemnemente la actuación de su grupo parlamentario y despejando las actuaciones sobre la doblez del lenguaje político de su partido. Pero esta oportunidad debe aprovecharla.

La reciente celebración jubilosa del undécimo aniversario  de la vigencia del texto constitucional ha tenido el sombrío contrapunto del incongruente acuerdo del Parlamento de Catalunya en el que se proclama la no renuncia del Principado a un pretendido ‘derecho a la autodeterminación’. La iniciativa del independentista Colom, responsable por su extremismo de la voladura de la veterana Esquerra Republicana, gozó del incomprensible apoyo del partido del Gobierno catalán, Convergencia y Unión, y arrastró la adhesión atolondrada de otras minorías en respaldo de la demagógica iniciativa. Estimulando por el afán emulativo, el PNV anuncia su propósito de impulsar una iniciativa similar en el Parlamento vasco, lo que puede significar una agudeza prueba para el precario Gobierno y una amenaza cierta para la solidez del ‘bloque democrático’.

La torturada prosa del acuerdo parlamentario – adoptado además a través de un mecanismo reglamentario inusual – no puede engañar a nadie sobre su alcance, pese a la enrevesada ambigüedad tendente a sostener lo insostenible: la supuesta compatibilidad del derecho a la autodeterminación con el acatamiento al marco constitucional y estatutario.

No podemos por menos de acoger con alivio algunas precisiones y puntualizaciones posteriores del presidente Pujol, interpretativas de la declaración con una clara intención limitativa, ni dejar de recordar que, apenas hace un mes, en el propio ámbito parlamentario, Pujol se manifestaba dispuesto a hacer todo lo necesario en pro de la unidad de España. En favor del presidente Pujol habrá, pues, que otorgar, más que el beneficio de la ambigüedad, el beneficio de la contradicción.

Porque las palabras quieren decir lo que quieren decir. No es lícito dejar sembrado el campo de la convivencia nacional con palabras que tienen mucha más carga destructora que el más letal de los ingenios explosivos y pretender luego desactivarlos a fuerza de matizaciones. El derecho a la autodeterminación tiene uno perfiles doctrinales y conceptuales bien concretos y determinados. Tiene también un linaje y un contexto histórico bien conocidos. Y tiene una expresión jurídica, acogida en el Derecho Internacional, que equivale a reconocer que los pueblos en favor de quienes se predica tal derecho se encuentran en una situación colonial, sojuzgados por una potencia exterior y con votación de a la independencia. Eso, y no otra cosa, es el derecho a la autodeterminación. Y, naturalmente, como sólo desde la paranoia, la sinrazón histórica o desde la voluntad deliberada de humillar a vascos y catalanes, puede sostenerse cualquier analogía entre Cataluña o el País Vasco con Namibia, quienes emplean dicha apelación con tan manifiesta y peligrosa impropiedad están emplazados a aclarar que es lo que realmente quieren decir – si es que quieren decir algo – o si les parece lícito utilizar la artillería gruesa de la amenaza quizá para encarar desde posiciones de ventaja cualquier negociación subalterna de competencias o financiación.

Paradójicamente, en el debate constitucional fueron los portavoces del nacionalismo catalán y vasco quienes con más lúcido denuedo combatieron el derecho de autodeterminación: los catalanes por avizorar el radical antagonismo de fondo entre semejante derecho y la concepción de la autonomía que defendían; los vascos, por estimar que desnaturalizaba los derechos históricos de lo que pretendían deducir su acogimiento diferencial en la Constitución. El que once años más tarde unos y otros parezcan revisar aquellas posturas, nos merece la consideración de un penoso retroceso de inequívoca significación reaccionaria.

Nada tiene de paradójico, en cambio, que las organizaciones paraterroristas Herri Batasuna y el Movimiento de Defensa de la Tierra [Terra Lliure] hayan acogido con expresiones de alborozo el acuerdo del parlamento catalán.

Un acuerdo en el que se relativiza y desprestigia el texto constitucional al presentarlo no como lo que realmente fue – la expresión libre y soberana de la voluntad de un pueblo al que la Corona había restituido el libre dominio de su albedrío colectivo – sino como mero ‘resultado del proceso de transición política desde la dictadura hasta la democracia”; un acuerdo en cuya defensa se argumentó con temeraria frivolidad apelando a la reunificación del pueblo alemán (sic) o al desmoronamiento de los sistemas totalitarios comunistas del Este. Y en cuya defensa, en fin, con manifiesta falta de respeto, el parlamentario de CiU Max Cahner tergiversó, sacándolas del marco de rechazo a la violencia en que se insertaban, las propias palabras de SU Majestad el Rey en la solemne sesión de apertura de la legislatura.

Parece superfluo reiterar que ‘no hay acogimiento ni compatibilidad conceptual posible entre autodeterminación y Constitución. España no es una creación constitucional. Su unidad está sustentada por el sufragio universal de los signos. La España unida existía antes de 1978; unos cuantos siglos antes, por cierto. En puridad, no era necesario que la Constitución proclamase la unidad de España, porque era la propia España unida la que se dictaba así misma la Constitución. Pero es que, además, la Constitución la proclama y consagra, en su artículo segundo, como límite metaconstitucional de la propia ley fundamental al reconocer que la ‘Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española’. La unidad es, pues, presupuesto y fundamento de la Constitución; no a la inversa. Por eso, cualquier incremento del autogobierno que pueda pretenderse – en desarrollo del Título Octavo de la Constitución – no tiene sus límites, como dice le extemporáneo acuerdo, en lo que el Parlamento catalán crea conveniente, sino en la salvaguarda de la unidad nacional.

Pero es triste y estéril y empobrecedor situar este debate en el terreno de la interpretación jurídica. Porque lo que de verdad se requiere no es mostrar a los particularismos nacionalistas lo que no pueden hacer; o que el Tribunal Constitucional se lo tenga que recordar periódicamente. Lo que el Gobierno de la nación, y otras instituciones, y los grandes partidos de implantación nacional deben hacer es promover una magna, sostenida afirmación del sentido global, integrador de la común cultura nacional española; salir sistemáticamente al paso de las gruesas tergiversaciones – informativas, culturas y educativas – a que está siendo sometido nuestro glorioso pasado común.

La realidad, dudosamente polémica, de la pluralidad cultural de España no puede exhibirse agresivamente con la pretensión de negar la existencia del hecho nacional común e integrador. Por largo tiempo, un centralismo asfixiante sofocó aquella diferencialidad. Con audacia y generosidad, el Título Octavo de nuestra Constitución pretendió darle respuesta política. Ahora, ya no sería justo tildar de ‘separadores’ a los defensores del papel de los poderes del Estado central. Los nacionalismos no pueden continuar instalados en la permanente tensión reivindicativa de límites finales deliberadamente inciertos. Ni la Constitución ni nuestro pueblo soportan ni merecen ese asedio.

El Rey, símbolo de la unidad y permanencia de España, dijo en una ocasión: “Yo quiero uniros a todos en un abrazo unánime, como el sol abraza al trigo juntando la paz, el diálogo, el amor. Diciendo, una y otra vez, la palabra que significaba el sueño de nuestros siglos: España, España”. Y añadía: “Debemos caminar hacia la modernidad, sin abandonar ninguna de nuestras conquistas anteriores, y como primera de ellas, la de la unidad profunda, inalterable, fecunda, ilimitada de nuestra propia patria”.

Ciertamente, el menoscabo de la unidad, esa atávica sensibilidad unidimensional al requerimiento de la tribu, en una época en la que hace crisis la misma noción de soberanía estatal, puede ser exhibida como cualquier otra cosa menos como rasgo de modernidad.

Por real decreto de su BOE, Pujol ha dado orden de que en todos los territorios de habla catalana, sólo se haga caso a las normas lingüísticas dictadas por el Institut d ´Estudis Catalans. Todos, desde el primero al último, debe acatarlos. Don Jordi pasa de la Universidad y luego echa a los valencianos en cara que no sigan las normas dictadas por los filólogos de la Universidad.

Vaya con don Jordi