El Parlamento Vasco aprueba una declaración en defensa de la autodeterminación con los votos del PNV, EE y Eusko Alkartasuna

Prisioneros de su propia dinámica de emulación; intimidados por la demagogia de HB, los partidos nacionalistas vascos no violentos rubricaron ayer con sus votos la imprudente iniciativa de declarar que el pueblo vasco es titular de un derecho de autodeterminación, atributo inseparable de una supuesta soberanía que la Constitución sólo reconoce al conjunto del pueblo español – del que el pueblo vasco es parte – ni es posible deducir que ninguna indagación histórica.

La peculiaridad institucional vasca que tuvo su traducción jurídica en la foralidad trae remota causa de la ‘voluntaria entrega’ de las que hoy son provincias vascongadas a la Corona de Castilla, en los albores del siglo XIII. Muchos historiadores subrayan que esta irreversible integración fue buscada, precisamente, por los vascos como garantía de la tutela efectiva de sus libertades, mucho más amenazadas por la nobleza feudal local. Este lejano antecedente explicaría los ejemplos innumerables de lealtad, de abnegación, de heroísmo protagonizados por el conjunto del pueblo vasco y por sus hijos más preclaros al servicio del común destino español. La andadura está tan densamente entrecruzada de corresponsabilidades que sólo una falsificación quimérica puede desmentirla. La autonomía vasca es la traducción contemporánea de unos derechos históricos cuyo amparo y respeto proclama la Constitución.

La autonomía vasca tiene, pues, una nobilísima prosapia. La autodeterminación es buena para batasunos y namibios. Pero debería herir la sensibilidad de los vascos amantes de su tierra y conocedores de su historia.

Cabría otorgar a los impulsores de la iniciativa el beneficio de la buena intención de arrebatar al terrorismo y a su brazo político el más llamativo de sus estandartes, de no ser porque el despectivo abandono de HB, al tiempo de producirse la votación y los propios términos de su intervención, ilustran elocuentemente sobre lo ilusorio de ese propósito. Lejos de contribuir a la pacificación, la iniciativa enriquece de munición propagandística y pseudoideológica al separatismo, certifica el fallecimiento del ‘bloque democrático’, convierte el Gobierno vasco en un mero matrimonio de conveniencias y – lo que es más grave – puede introducir una grave fisura, una más, en el seno de la sociedad vasca.

No podríamos dejar de anotar como positivas las alusiones a la Corona, a la Constitución y a las Fuerzas Armadas en el discurso del portavoz del PNV, de no inscribirse tales referencias en el contexto de un mero dato objetivo, fáctico y externo. La democracia española, tiene derechos para reclamar del PNV algo más que el acatamiento: la lealtad.

Por el camino de asumir – para desactivar – los puntos de la alternativa KAS, el nacionalismo no violento puede acabar siendo un mero instrumento de los violentos. El terrorismo es execrable. El independentismo, que es utópico, no lo eliminaría. En un País Vasco independiente gobernado por la mayoría del PNV, el terrorismo continuaría y acrecentado, hasta derribar al Gobierno democristiano e imponer la minoría violenta de HB. Esta es la pura, la escueta, la terrible realidad. Para reflexión del PNV.

Los partidos nacionalistas vascos democráticos han ofrecido una. interpretación relativamente moderada del principio de autodeterminación, y esa interpretación ha sido sancionada por el Parlamento de Vitoria. Moderación relativa porque si bien se admite que cualquier eventual modificación del marco institucional habría de producirse con respeto a los procedimientos legales establecidos, se afirma simultáneamente, en contradicción con el espíritu y la letra de la Constitución, la existencia de una soberanía del pueblo vasco para decidir unilateralmente su situación político. Entonces, el riesgo de que la proclamación aprobada por la Cámara vasca pueda servir un día para interpretaciones no moderadas de la autodeterminación es real.Sin ir más lejos, así lo hace ya Herri Batasuna, cuyo mensaje central es que, habiendo una contradicción entre la soberanía reconocida al pueblo vasco y la imposibilidad de plasmarla en las instituciones actuales, éstas son inútiles para satisfacer las auténticas aspiraciones vascas. La mención hecha por el portavoz de ese partido a la negociación con ETA como única salida a esa contradicción es transparente respecto a la rentabilidad que los violentos se proponen obtener de la sesión del jueves. Por ello, el argumento según el cual la iniciativa del nacionalismo democrático serviría para arrebatar al radicalismo antidemocrático la principal bandera esgrimida por éstos para legitimar el recurso a la violencia resulta bastante discutible.

Sobre todo porque con esta iniciativa es la credibilidad de la autonomía lo que se pone en cuestión. Arrebatar a los violentos sus banderas pasa por acreditar, y no relativizar, la capacidad del Estatuto para responder a las aspiraciones de los ciudadanos. Pero si se sostiene la necesidad de completar el marco estatutario con el reconocimiento de la autodeterminación, se está afirmando la insuficiencia de ese instrumento. Lo que se siembra es frustración, con independencia de que la versión que se ofrezca de tal principio sea moderada o radical. Algunos nacionalistas lo vieron así, y de ahí su esfuerzo por identificar el proceso de autodeterminación con el proceso autonómico. Pero esa identificación es justamente la que se ha caído del texto inicial del PNV y de Euskadiko Ezkerra en aras del consenso con Eusko Alkartasuna.

Consenso que, tal como estaban las cosas, era, de todas formas, imprescindible para evitar un mal mayor: la artificial ruptura del nacionalismo democrático y pacífico -PNV y EE, por un lado; EA, por otro- y el consiguiente reforzamiento del radicalismo violento. Así, lo que se demuestra es que el asunto se planteó mal desde el principio. La «construcción nacional de Euskadi» a que alude el texto aprobado sólo puede significar el proceso por el que los heterogéneos componentes culturales, políticos y sociales de la plural sociedad vasca se integran en torno a los valores democráticos y de autogobierno plasmados en las instituciones emanadas del Estatuto. Sin embargo, al introducir la autodeterminación como criterio diferenciador, la frontera entre los que defienden la autonomía y quienes la rechazan -que es la misma que separa a los pacíficos de los violentos- se sustituye por otra ideológica. Ya no se tratará de construir una Euskadi nacional, sino una Euskadi nacionalista. No una nación plural, sino una comunidad ideológica.

Con todo, e independientemente de su discutible plasmación parlamentaria, tal vez el debate que ha precedido al pleno del jueves haya servido para que el nacionalismo democrático renueve su caudal de argumentos y su código de identificación. Viéndose enfrentado no ya tanto al viejo centralismo reaccionario -aunque algunas torpes reacciones lo hayan recordado- como al constitucionalismo democrático abierto a la autonomía, los nacionalistas han tenido que afinar los viejos dogmas, y en primer lugar el de la estatalidad. El tiempo dirá hasta qué punto esto acaba plasmándose políticamente, pero es significativo que su discurso ponga ahora el acento más en el contenido (la garantía de respeto a la singularidad vasca) que en la forma de alcanzarla (la independencia). Y si bien hay una contradicción entre esa evolución y la desgraciada iniciativa de la autodeterminación, el rastro de aquélla aparece en conceptos incorporados, pese a todo, al texto final. Así, la consideración según la cual la aspiración nacional se plasma en un proceso dinámico integrado por el conjunto de decisiones democráticas adoptadas por los ciudadanos en el tiempo. Lo que sólo puede significar: mediante su participación en las diferentes elecciones y consultas. Pero aceptar eso supone reconocer la compatibilidad de las aspiraciones nacionalistas con el marco institucional definido por la Constitución y el Estatuto. Que es lo que la reticencia residual manifestada en la iniciativa autodeterminista trataba de cuestionar.