El PP de Mariano Rajoy presenta un recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatut catalán que acaba de ser ratificado en referéndum

El PP ha presentado recurso contra el Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional. En su batalla contra el texto ya acudió con anterioridad a esta instancia con la pretensión, fracasada, de que lo examinara antes de concluir todo el trámite que llevó a su aprobación. La apelación al Constitucional es siempre legítima. Ocurre, sin embargo, que el PP llega hasta él tras haber naufragado en la batalla parlamentaria. Los populares suelen pugnar por trocar sus derrotas políticas en victorias judiciales, lo que tensa el sistema y redunda en la hiperpolitización de la justicia.

El partido de la derecha ha mostrado una incoherencia continua en este asunto. Al inicio del debate estatutario en el Parlamento catalán se incorporó al bloque legislativo por iniciativa de Josep Piqué. Paradójicamente, a medida que el trámite en las Cortes suprimía o modificaba los artículos de más difícil encaje constitucional, más estentórea hizo su oposición. No sólo aventuró que se rompía España y que se abría paso a la poligamia y la eutanasia, sino que combinó los augurios catastrofistas con una campaña orientada a incitar el desapego entre comunidades y el recelo mutuo con detalles como un despliegue publicitario en Andalucía de tintes catalanófobos.

Algunas de las preocupaciones centrales del PP sobre el Estatuto soslayan los continuos filtros de constitucionalidad que a éste se le han aplicado. La ampliación y más clara definición de competencias de la Generalitat, siendo considerable, de ningún modo pone en cuestión el mantenimiento de las funciones básicas del Estado, también en Cataluña. No asoma en el esquema de financiación nada que tenga que ver con el sistema de concierto, y todo lo allí contenido es generalizable. Tanto que una comunidad gobernada por los populares, como Baleares, ya ha tomado nota de la fórmula para su propio texto estatutario. El capítulo de derechos no rompe la igualdad básica de todos los españoles, pues se limita a consagrar o detallar aquellos que tengan que ver con las competencias de la autonomía, etcétera.

El PP coincidió con ERC en propugnar el no en el referéndum. Perdió, y por goleada. Su persistencia en el rechazo le aísla en Cataluña y obstaculiza sus alianzas con vistas a regresar al Gobierno central. Su intento de desgastar, a cuenta del Estatuto, al Ejecutivo de Zapatero, con un alarmismo perjudicial para la cohesión territorial de España, probablemente termine convirtiéndose en un bumerán. Entre otras razones, porque de todo este episodio ha salido pujante también una fuerza conservadora alternativa, como es CiU, visualizando que efectivamente hay un camino a la derecha: pero un camino marcado desde la moderación y no desde la crispación.

El Partido Popular debería explicar ante el Tribunal Constitucional (TC) lo que no ha aclarado hasta la fecha en el ámbito político: por qué recurre por inconstitucionales unos artículos del Estatuto catalán que no se diferencian de los de otros estatutos, en especial el de Andalucía, y que, sin embargo, cuentan con su aval político y con sus votos. La petición de esa aclaración ha sido hecha por la Abogacía del Estado, lo que ha bastado a algunos para descalificarla y atribuirle propósitos dilatorios. Pero el hecho de que una mayoría cualificada de magistrados -siete de los 11 habilitados para resolver el recurso del PP contra el Estatuto catalán, tras la recusación de Pérez Tremp- la hayan considerado procesalmente razonable refuerza el valor jurídico de la decisión. Se trata, además, de un pronunciamiento que rompe la supuesta división del TC en dos bloques contrapuestos y prácticamente iguales respecto del Estatuto catalán. El PP no tiene obligación legal de responder, pero resulta del máximo interés para los ciudadanos que lo haga.

La petición de la Abogacía del Estado no es desde luego habitual. Como tampoco lo es encontrarse con un recurso de inconstitucionalidad que impugna artículos de un texto legal que figuran en otros de igual rango y que, sin embargo, son considerados por el recurrente constitucionalmente intachables. Tiene sentido, pues, que el PP exponga a la Abogacía del Estado y a la Generalitat de Cataluña -partes intervinientes en el recurso y que se han opuesto- las razones de esa supuesta contradicción y que las debatan entre sí, antes de la decisión que pueda adoptar el tribunal al respecto.

Si quedara claro que los artículos del Estatuto catalán impugnados son iguales que los del andaluz u otros ya aprobados o en elaboración, como el de Canarias, lo coherente por parte del PP sería retirar la impugnación de dichos artículos. La lógica contraria debería llevar al PP a recurrir explícitamente esos mismos artículos allí donde se encuentren, sea en el Estatuto andaluz o en otros, pues resulta incoherente recurrir unos y dejar de hacerlo con otros o viceversa.

Esa aclaración respecto al desarrollo estatutario que se demanda resulta obligada, pues es difícil imaginar que el PP mantenga una estrategia encubierta, como sería la de pretender que una posible inconstitucionalidad del Estatuto catalán se proyectara en cascada sobre el andaluz y otros estatutos, haciéndoles caer, como fichas de dominó, en la misma tacha de inconstitucionalidad. Habría entonces más motivos para exigirle la explicación que se le pide y que agradecerían los ciudadanos, especialmente catalanes y andaluces, por más que esa inconstitucionalidad sobrevenida de textos estatutarios, por la que parece apostar también el Defensor del Pueblo, resulte jurídicamente endeble.