El Partido Socialista Andaluz de Alejandro Rojas Marcos solicita oficialmente que se reconozca a Andalucía como ‘nacionalidad’ con los mismos derechos que Cataluña

EL NOTABLE éxito del Partido Socialista Andaluz en las elecciones legislativas y municipales de marzo y abril de 1979, que, al parecer, ha tenido, en los últimos meses, un efecto multiplicador, constituye un dato nuevo en el panorama político español que no puede ser ni infravalorado ni satanizado. El talante, muchas veces demagógico, de su principal líder, ya dedicado a la política antes de abrazar el andalucismo, y las sospechas de un tacto de codos entre el PSA y UCD antes de los comicios, fortalecidas por su voto favorable a la investidura del presidente Suárez, pero debilitadas por su entrada en los ayuntamientos de izquierda, han contribuido a deteriorar la imagen de veracidad de un partido definido por sus criticas a los nacionalismos catalán y vasco, al centralismo estatal y a los partidos de izquierda -PSOE y PCE-, acusados de practicar el sucursalismo en Andalucía.Tampoco las elucubraciones tercermundistas, la mitológica reconstrucción de una esencia histórica nacida de los tartesos y alimentada por el Califato, y los elogios a El Gadafi o Jomeini contribuyen a dar seriedad al Partido Andaluz y a excluir los temores de que su nacionalismo

Posiblemente, el avanzado nivel de desarrollo económico, en términos comparativos, de Cataluña y el País Vasco y el papel de la burguesía en la formación de la conciencia nacionalista en ambas comunidades expliquen que, a diferencia de Galicia, la identidad lingüística y cultural haya servido de base a un movimiento político y popular de ese signo. En cualquier caso, el hábito de concebir, dentro de España, la cuestión nacional como algo característico de dos comunidades industrializadas y ricas, receptoras de trabajadores expulsados por el hambre y por el paro de los territorios económicamente atrasados de la Península, y como fenómeno vinculado a la existencia de idiomas diferentes al castellano justifica que, sin que signifique menosprecio, se utilice el término «región» para otras futuras comunidades autónomas. La intransigencia del PSA al convertir en una cuestión de principio la inclusión dé la palabra «nacionalidad» en el Estatuto de Carmona no tiene más apoyo teórico que algunos textos de Blas Infante. ¿Se trata de un debate bizantino o, como ha señalado Alfonso Guerra, de una «cortina de humo » destinada a ocultar o borrar los perfiles de los verdaderos problemas de la autonomía andaluza? ¿O lo que está en juego es tan sólo el ensanchamiento de la base de apoyo del PSA, convencido, tras las pasadas elecciones, que la bandera blanquiverde y el andalucismo son mucho más rentables políticamente que las consignas socialistas de su programa?

El principio de las nacionalidades, ese huracán de romanticismo político nacido en el siglo XIX, que alteró las fronteras de Europa, derribó imperios y edificó Esta ,dos, está demasiado asociado a las singularidades idiomáticas, a la discriminación de las poblaciones autóctonas por los ocupantes y a la aspiración a constituir organizaciones políticas propias, como para dar entrada en su seno, aun ensanchando al máximo sus lindes, a las ocho provincias andaluzas. Quizá por esa razón el anda lucismo del PSA aspira a obtener su fuerza política no sólo del atraso, el paro y la penuria de su tierra y de las presuntas responsabilidades del poder central y del desarrollo industrial del Norte y del Noreste en su pobreza, sino también de la población traba adora emigrada a Cataluña y al País Vasco y situada en j los escalones más bajos de la estructura social di ambas comunidades. Lasdeclaraciones del señor Rojas Marcos a Diario de Barce. lona son a este respecto sintomáticas.El líder del PSA muestra, en el comienzo de la entrevista, una elogiable voluntad de situarse en el punto de vista de los catalanes. «Si somos serios y objetivos, hemos de ver que el catalanismo, no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse, ha de digerir a toda velocidad a la emigración. Y además están obligados a ello, pues, de lo contrario…. los altres catalanes casi son la misma cifra que los catalanes, y en unos diez o veinte años pueden llegar a ser muchos más. » Pero esta reflexión es sólo una parte de sus respuestas. Junto a las fantasías de rigor sobre la historia andaluza, y al lado de sensatas observaciones sobre las peculiaridades de su pueblo y sus pavorosos problemas sociales y económicos, el señor Rojas Marcos define al Estatuto de Sau como una agresión contra la población emigrada, y acusa a los partidos catalanes (socialistas y comunistas incluidos) de haber puesto en marcha una dinámica discriminatoria contra los trabajadores de habla castellana que viven en el Principado. El corolario del razonamiento es la posibilidad de que el PSA asuma la representación política de esos inmigrantes y se,constituya en una opción electoral independiente dentro de Cataluña. De la lectura literal de esas declaraciones se pueden extraer elementos tanto para fundamentar la sospecha de una manipualción demagógica de problemas reales como para pensar que, acertada o erróneamente, el PSA teme de verdad que la emigración andaluza en Cataluña sea lesionada en sus intereses vitales por el futuro régimen de autonomía. La debilidad de su postura es que, hasta ahora, los trabajadores inmigrados han votado al PSC y al PSUC, han respaldado sus plataformas autonomistas y no han mostrado recelos, pública y organizadamente, ante lasperspectivas dibujadas por el Estatuto. Es precisamente la izquierda socialista y comunista la que acusa de neolerrouxismo al señor Rojas Marcos y su partido. En cualquier caso, no parece que las reacciones, puramente defensivas e imprecatorias, ante los temores y suspicacias de los díscrepantes sean la respuesta más adecuada que puedan dar’ los demócratas catalanes, que llegan a tildar de fascistas a los que se proclaman herederos del «españolismo» liberal de Manuel Azaña y de folletos propagandistas del Imperio hacia Dios a los órganos de opinión que, publican sus artículos. La negativa al diálogo, la renuncia a la discusión, la trasmutación en calumnias de las críticas y la sustitución de los argumentos por los insultos son las herramientas con las que se abren los fosos ‘de incomprensión entre las comunidades y los grupos. La única posibilidad histórica para el neolerrouxismo no anida en los libros de los escritores ni en las proclamas de los lideres, sino en la eventual e indeseable insatisfacción de la población inmigrada ante el funcionamiento de las instituciones de autogobierno en Cataluña. Cosa que nadie desea, que la izquierda catalana descarta. y que algunos temen. A esos temores no hay que cubrirlos de injurias, sino convertirlos, con argumentos y con datos, de lo injustificado de sus vaticinios.

Parece que no sabemos definir Andalucía. Los escarceos bautismales de la etapa preconstitucional -patria andaluza, país andaluz, pueblo andaluz- perdieron efic.acia «constItutiva» ante el reto del artículo segundo de la Constitución («Nacionalidades y regiones»). Más tarde, los Estatutos vasco, catalán y gallego no dudaron en la calificación de sus respectivas realidades como «nacionalidad», no sin antes intentar, vascos y catalanes, introducir la expresión «realidad nacional», que la Comisión Constitucional y las instancias políticas decisorias desestimaron por no se sabe qué razones «fácticas» o formales. Ya tenemos, pues, tres nacionalidades en nuestra «patria común e indivisible». ¿Será la cuarta -en el orden cronológico del bautismo estatutario- Andalucía? Los andaluces esperábamos una cierta claridad y, de pronto, la querella política lo ha oscurecido todo. Personalmente, a fuerza, de querer entender todas las posiciones, he terminado por no entender casi nada.El escenario es Carmona, donde el «ciego, sol» manuelmachadiano daba tremendas lanzadas el 14 de agosto, penúltimo día de los trabajos de la ponencia para urdir y entramar un buen anteproyecto de Estatuto andaluz. En la mañana de ese día, los miembros de la ponencia, urgidos por el presidente de la Junta de Andalucía y por sus respectivos. partidos, nos aprestábarnos a intentar una fórmula de avenencia, un artículo consensuado, sobre las señas de identidad que movían al pueblo,andaluz a constituirse en comunidad autónoma. Primero fue el debate ideológico; más tarde, el político; finalmente, el regateo. ¿Por qué llamamos nacionalidad? ¿Qué es una nacionalidad? ¿Cuáles serían las ventajas de la denominación?, ¿cuáles los inconvenientes de,no adoptarla?

Todos los miembros de la ponencia estuvimos de acuerdo en que el articuí lo primero del Estatuto debería contener las siguientes proposiciones: el pueblo andaluz, en el pleno ejercicio de su derecho al autogobierno, se constituye en comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto; éste aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de la igualdad y la solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España; los poderes de la comunidad autónoma andaluza emanan de la Constitución, del pueblo andaluz y del Estatuto. Sin embargo, la fórmula quedaba coja, como «desalmada». ¿En virtud de qué señas de identidad, en nombre de qué realidad colectiva, el pueblo andaluz, como tal, estába legitimado para ejercer plenamente «su» derecho al autogobierno? ¿Cuál era la legitimación extra o metaconstitucional de ese derecho? Un ponente aventuré que la identidad histórica, cultural y social del pueblo andaluz. Dos ponentes insistieron en que tales identidades proyectaban la existencia de una nacionalidad y había que decirlo. Alguien afirmaba que los factores cultural y social quedaban subsumidos en la identidad histórica, igual que otros no citados (geográfico, económico, etcétera). Estrujando las posibilidades -por demás escasas- de avenencia, un ponente propuso la fórmula eidentidad histórica y política», que fue aceptada.

Pero el tema de la nacionalidad seguía tan erguido como al comienzo. ¿Por qué no decir «con las demás nacionalidades y con las regiones de España»? No, era tanto como abrir una puerta falsa al bautismo de Andalucía en cuanto nacionalidad. Además, ¿qué ventajas reales se obtendrían con la denominación? Algún ponente adujo los términos «sospechosos» del artículo 150 de la Constitución, por el que las Cortes pueden atribuir «a todas o a alguna de las comunidades autónomas» la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal. ¿No sería sólo a las nacionalidades? Otros ponentes respondían que no, que la mayor o menor plenitud de la autonomía en nada se relacionaba con el hecho de ser, o declararse, una nacionalidad. Salió a relucir -cómo no- la reciente disputa de los partidos en los medios de comunicación; la ruptura Casares-Ronda en el homenaje a Blas Infante; la necesidad política de que en el borrador de Estatuto no aparecieran fórmulas que aptintaran a la existencia de vencedores o vencidos; la conveniencia de una fórmula de compromiso en la que cupieran todos los criterios sobre el tema, y la oportunidad de no ser, ni parecer, miméticos respecto a Cataluña o el País Vasco.

Nadie argumentó seriamente por qué Andalucía no era una nacionalidad. A los argumentos político-ideológicos en favor de tal consideración, se respondía con con presuntas razones de pragmatismo y oportunidad. Dentro del clima cordial, pero riguroso, de los debates, no surgió razón alguna contundente que explicara por qué Cataluña, el País Vasco y Galicía sí y Andalucía no, por qué se aceptaba por unanimidad que el pueblo andaluz tiene una indudable identidad histórica (cultural, social, económica) y política y, sin embargo, no era, o no se quería poner que era una nacionalidad. Nadie opuso argumentos de carácter étnico (faltaría más) o idiomático (existen naciones, no nacionalidades, con idioma común).

Personalmente, pienso que no tallaba la sensibilidad andaluza y política de los ponentes, sino la de algunos engranajes partidistas, tradicionalmente lentos y cautos para la asimilación de nuevas realidades. Que no se había profundizado lo suficiente en el «plus» de identidad nacional que supone la realidad de un pueblo cada vez más firme en su conciencia de que el expolio, la marginación, la explotación y los agravios padecidos por la permanente traición de sus oligarquias, en connivencia con las instancias centralistas y con las oligarquías de otras comunidades españolas, sólo terminarán mediante el enraizamiento de esa identidad y la autogestión de Andalucía por su pueblo. Que no se había calibrado con rigor la tremenda fuerza movilizadora de un pueblo que se sabe acreedor de tantas cosas sustanciales frente al Estado capitalista, programador sistemático del subdesarrollo andaluz, y frente a las burguesías hegemónicas, inspiradoras y ejecutoras de tal programa. Y que, de desaprovecharse la irrepetible oportunidad histórica del Estatuto, habremos «enterrado» legalmente lo que el pueblo andaluz hará vivo y real en cada momento: su identidad nacional.

Ojalá que la negociación política -todavía abierta- entre las fuerzas políticas andaluzas supere los recelos, las susceptibilidades, la dialéctica vencedores-vencidos, y las irracionalidades, los tópicos y el puerilismo que fatalmente acompañan a todo nacionalismo emergente y se abran paso la lógica y la racionalidad. Confío en que así sea y expreso asimismo mi confianza en la capacidad aglutinadora y arbitral de ese excelente compañero socialista y andalucista que es el presidente de la Junta de Andaucía, Rafael Escuredo. El sabe, como yo, que no se puede apostar a la posibilidad de que, en un futuro no lejano, se produzca a nivel an daluz ese terrible divorcio entre lo oficial y lo real, que ha envenenado siglos enteros de convivencia española. Y que el pueblo andaluz, como en la farsa tenoriesca, no tenga que decir a sus políticos, cuando su nacionalidad vibre y se manifieste con la vida de lo «fieramente real», «Los «muertos» que vos matáis gozan de buena salud.»