El presidente de la Generalitat catalana, Pasqüal Maragall acusa de corrupción a CiU en el Parlament: «Su problema se llama 3%»

El conceller de Política Territorial i Obres Públices, Joaquín Nadal, comparecerá hoy ante el parlament para tratar sobre las responsabilidades de todo lo sucedido en el Carmel. Se espera que difunda conclusiones sobre qué pasó, anuncie ceses y acepte la creación de una comisión de investigación.

El Pulso partidista. En el pleno, previsiblemente el actual Gobern acusará al de CiU, que decidió, proyectó e hizo los presupuestos y adjudicaciones de la obra, de que en esa fase se gestaron los problemas que han provocado el hundimiento. Ante eso, es casi seguro que los convergentes dirán que el desastre se ha producido durante la construcción propiamente dicha, ya con el tripartido, y que ahí están las culpas.

Si las cosas van así, lo peor que podría hacerse es una comisión de investigación exclusivamente parlamentaria para dilucidar las responsabilidades. Sus señorías no tienen – con perdón – suficiente credibilidad como para que se crea que puedan actuar sin partidismo en un pulso entre partidos. Por ello, sería mejor que hoy se acordase una comisión de personalidades independientes con criterio técnico y prestigio reconocido, que actuase en el Parlament, rindiese cuentas ante la Cámara e hiciese públicos sus debates y conclusiones.

Las Explicaciones pendientes. Esperamos conclusiones y propuestas sobre dos cuestiones sobre las que todos sabemos que han existido errores.

1)      El sistema de gestión de las obras públicas de la Generalitat a través de la empresa GISA ha carecido de mecanismos de control sobre la calidad del trabajo de las empresas constructoras. Hay que examinar el alcance de esos fallos y deben cambiarse los mecanismos actuales.

2)      Han existido defectos en el proceso de construcción. Se debe determinar si el ahorro económico en materiales y en elementos de seguridad responde a negligencias profesionales, o a que posibles comisiones ilícitas iniciales o subcontrataciones abusivas han desviado de la obra parte del dinero necesario para efectuarla correctamente.

Llega la hora de investigar, por ejemplo, si todo lo que dice en Catalunya sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas de la obra del Carmel. También es la hora de lamentar que la nueva Administración catalana esté tardando tanto tiempo en sentar, de una vez, unas nuevas reglas de juego en las adjudicaciones.

No tengo ningún empacho en asegurar que hoy siento una profunda vergüenza ajena. Quizá porque aún me queda algo del amor por la vida parlamentaria, o porque los protagonistas no me son ni lejanos ni extraños, lo que ocurrió en el Parlament me sonó a magno bofetón en la cara de todos nosotros, como si nos insultaran, como si fuéramos niños de pecho mirando embelesados los extraños juegos de los adultos. Como si fuéramos lo que piensan que somos, unos imbéciles. Nos disponíamos a contemplar un importante debate parlamentario, surgido de las entrañas de una crisis social de mucha envergadura y mucha más tragedia. Queríamos las preguntas adecuadas y todas las respuestas exigibles. Había hambre de sangre en la atmósfera, y los augures cantaban dimisiones de perfil bajo, no fuera que esto pareciera una crisis política. En la tribuna, los vecinos, perplejos y dolidos, la mayoría viviendo su bautizo parlamentario. En todas partes, los periodistas, intuyendo nombres, analizando la palabra dicha a voleo, interpretando signos como si fueran druidas leyendo las entrañas de los peces. En medio del escenario, ellos todos, nuestros parlamentarios, protagonistas de la fiesta democrática que toda sesión parlamentaria representa. ¿Fiesta? Más que fiesta, nuestras queridas señorías nos dieron un sopapo colectivo que aún nos tiene amoratada la cara, y no lo digo por las horas hablando del Carmel sin hablarlo todo. Ni siquiera lo digo por esas dimisiones anunciadas de «técnicos magníficos» (según expresión del jefe Nadal), caídos en desgracia solamente porque el personal exige carne viva. Podría decirlo por el bajo tono de algunas intervenciones, subsidiarias ellas del núcleo duro del debate. Hasta podría decirlo por el frontón del tú más que marcó las pautas de algunos discursos centrales. Todo esto, todo, sería motivo de análisis crítico, pero no sería el motivo de la honda indignación que hoy nos embarga a muchos.

Hay quien asegura que bastan sólo tres minutos para que se acabe el mundo. El jueves, nuestro mundo parlamentario se acabó en esos tres minutos de rifirrafe entre dos grandes de la política catalana. Dice el sabio Francesc Sanuy que cuando dos elefantes se pelean, la que sale perdiendo es la hierba. Pues la hierba catalana, ese jueves nada santo, quedó como un solar al viento, un día de huracán polar. Estas son las ráfagas que helaron el momento, el tiempo y, a mi parecer, la conciencia de muchos. La primera ráfaga, el cuerpo a cuerpo de Artur Mas, tan sediento de palabra presidencial que olvidó pronto que su problema político no era el problema del debate, y que a los vecinos del Carmel les importaba tres pepinos que él quisiera vivir su minuto de gloria machacando a Maragall. La segunda ráfaga, más helada, la acusación sonora, brutal y alegre que el presidente lanzó, en sede parlamentaria, al jefe de la oposición. «Ustedes tienen un problema y se llama 3%». Y los micrófonos se congelaron, zum… Tercera ráfaga, la amenaza al presidente, al Parlament, a los partidos políticos, al Estatut y a toda la legislatura que lanzó Artur Mas cuando exigió una rectificación bajo pena de ruptura institucional. Y la última ráfaga, hielo polar puro, cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña, después de hacer una acusación de corrupción en sede parlamentaria, retiró dicha acusación exclusivamente para no paralizar el Estatut, convertido éste en moneda de cambio de las vergüenzas de cada cual.

Mis queridos amigos Maragall y Mas, ¿me quieren explicar como vamos a convencer a los ciudadanos de que esto de la política vale la pena, es honesto, tiene crédito y etcétera? ¿Se puede acusar a alguien de corrupción, en el Parlament, y luego pelillos a la mar, que para eso somos vecinos y residentes en el mismo patio? ¿Se puede basar la acusación en un rumor? ¿Puede un líder de la oposición supeditar su colaboración al silencio sobre sus vergüenzas? ¿Se puede hacer, todo ello, sin pudor, sin complejos y ante las cámaras del mundo? ¿Se creen ustedes dos que es un espectáculo emocionante? ¿Cómo van a decir a los ciudadanos que la corrupción no es una moneda de cambio? Y, más aún, ¿qué hacemos ahora con la insinuación, lanzada al viento, de que el drama del Carmel se debe al abaratamiento de las obras por culpa de las comisiones que cobraba Convergència? Porque si algo queda claro es que una denuncia como ésta marca un antes y un después en la crisis del Carmel, en la política catalana y en toda la legislatura.

Personalmente, creo que fue uno de los espectáculos más penosos que ha vivido el Parlamento catalán. A la sospecha de corrupción de otros tiempos, se añade ahora la sospecha del pacto sobre el silencio de dicha corrupción, con un añadido terrible: la sensación generalizada de que la familia política es un gremio endogámico, opaco y autoprotegido. Muy mal Maragall en todas las posibilidades: acusando sin pruebas; acusando con pruebas pero no enseñándolas; acusando con o sin, pero retirando la acusación para no tener problemas. Muy mal Artur Mas también coralmente: supeditando su colaboración no a la transparencia informativa y a la demostración de la acusación, sino a la retirada, el silencio y el pacto. Muy mal un Parlament que dio tal espectáculo ante un colectivo de vecinos cuyo agujero físico en el centro de sus vidas se está convirtiendo en un agujero negro que engulle parte de la credibilidad, dignidad y honestidad de nuestra vida política. El Carmel empieza a parecer un espejo en manos de Dorian Gray. Éramos bellos hasta que nos miramos en él…

El Parlamento catalán solemnizó ayer la extendida sospecha sobre una corrupción generalizada en la adjudicación de obras públicas de Cataluña. Durante el pleno sobre el desastre del Carmel, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, imputó a los anteriores gobiernos de CiU el cobro de comisiones ilegales del 3%. Ésta es una acusación muy grave que no se puede lanzar sin pruebas y que obliga a quien la formula a dirigirse a los tribunales. La respuesta del líder convergente, Artur Mas, derivó hacia el territorio del chantaje político: o retiraba la imputación o daba por terminado el consenso alrededor del nuevo Estatuto. El presidente catalán culminó la cadena de despropósitos retirando la acusación, con el argumento de que la reforma estatutaria es lo más importante. Después de la frivolidad de acusar sin pruebas, la de aceptar un mercadeo público entre una reforma legal y una cuestión de moralidad pública.

Esta salida de Maragall ha neutralizado los efectos positivos de la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, y de la batería de medidas que ofreció para atajar la crisis del Carmel. De su relato se deduce una verosímil responsabilidad compartida y sucesiva entre el Gobierno de CiU, que inició la obra con un «clamoroso vacío de documentación», y el tripartito, que la continuó dando por buena esa mala herencia y sin apenas cambiar métodos ni responsables. El hundimiento del túnel tuvo, según su versión, varias concausas: el mal método constructivo, las continuas variaciones de la obra sin las preceptivas aprobaciones y la falta de refuerzos en el túnel. Pero no documentó su tesis de que la restricción financiera primase sobre la seguridad ni lanzó un verdadero mea culpa por la opacidad informativa.

Nadal dio a conocer su aceptación de dos dimisiones de sendos altos cargos, la rescisión de los contratos de las cinco empresas implicadas en la obra, la presentación de demandas judiciales contra ellas, una reforma del sistema de concursos y de adjudicaciòn y una reestructuración de la empresa pública Gisa. No está mal. Pero no anula la apertura de una comisión de investigación que actúe con profesionalidad e independencia. Esto es, no debería ser una mera prolongación de la representación parlamentaria, porque se convertiría en un pim-pam-pum entre los dos grupos mayoritarios. Esta comisión tiene ahora una tarea adicional ineludible: investigar si efectivamente en Cataluña se ha venido cobrando a los adjudicatarios de obras públicas una comisión del 3%.

La crisis del Carmelo ha servido de espoleta para una bomba que llevaba tiempo armada. La barriada barcelonesa es el símbolo de esa Cataluña excluida, nunca asimilada por la otra Cataluña que ayer se tiraba los trastos a la cabeza en el Parlamento. El antaño robusto equilibrio catalán nacido al calor de la restauración de la Generalidad se ha resquebrajado. Las consecuencias son imprevisibles e invitan a una reflexión pausada. La democracia en Cataluña puede ganar mucho, los catalanes más.

A Pasqual Maragall, ¿se le calentó la boca por la crisis del Carmel? Si se borra del mapa de la política catalana una escena clave que ocurrió mientras se festejaba la Navidad y la Nochevieja de 2004, se podría contestar tan afirmativa como unívocamente. Pero esa escena aporta elementos de comprensión muy relevantes.

A finales del año, la Generalitat hizo público un amplio informe sobre la gestión de los Gobiernos de Jordi Pujol. Durante varios días, los medios de comunicación dieron cuenta de algunos detalles y conclusiones.

Varios departamentos de la Generalitat describían, a lo largo de 352 páginas, unas prácticas a partir de las cuales el lector atento se planteaba una duda. ¿Se trataba de incompetencia pura o existían bases para el dolo? La Generalitat, en el mismo informe, señalaba que no tenía intención de depurar responsabilidades penales.

Durante varios días, entre la Nochevieja y Reyes, la Generalitat ofreció información. Así trascendió, por ejemplo, una noticia relevante. Según se afirmaba, el presidente Pasqual Maragall decidiría en tres meses si era procedente presentar demandas contra altos cargos de los Gobiernos de CiU.

Fuentes jurídicas han señalado que el extenso informe de gestión de CiU es una radiografía muy reveladora con datos de gran relevancia. «No sabría ahora calificar si existía una base para presentar una o varias querellas. Pero como mínimo un fiscal debería leérselo y tomar abundantes notas», dijo una de esas fuentes.

Con todo, a primeros de enero, el consejero de Economía, Antoni Castells, salió a escena para tranquilizar los ánimos. «A mí no me gusta insinuar, ni dejar caer afirmaciones insidiosas». Y añadió: «Para que no exista ninguna sombra de duda, deseo afirmar con toda claridad que de las actuaciones llevadas a cabo para la elaboración del informe no se desprende ninguna ilegalidad».

Lo que sí había es lo que ayer el consejero Joaquím Nadal calificó como «un clamor latente», una frase que al menos le debe en un porcentaje importante a Josep Piqué, presidente del partido Popular en Cataluña, quien dijo en el Parlament, el pasado jueves, que «el clamor de la sociedad catalana se había confirmado por boca» de Maragall. A juzgar por las palabras de Piqué, al presidente Maragall no fue al único al que se le calentó la boca.

La crisis del Carmel, y la temeraria agresividad de CiU con el Gobierno de Maragall, han hecho el resto. Los tres meses que Maragall se había tomado para pensarse si se presentaría alguna denuncia o querella no han pasado todavía. Pero, a partir del jueves pasado, la decisión ya no estará sólo en manos de Maragall y su Gobierno. José María Mena, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, y su equipo se pondrán manos a la obra.

La moción de censura que ha presentado el PP de Cataluña no pretende cambiar al Gobierno de la Generalitat. La aritmética parlamentaria es muy clara. Quince diputados frente a ciento veinte desaconsejan pensar que Josep Piqué puede ser presidente de la Generalitat el próximo viernes. La moción de censura que, finalmente, se discutirá este jueves -un día antes del aniversario de los terribles atentados del 11M- debe configurarse como un instrumento que sacuda y remueva el llamado oasis catalán. No podemos seguir permitiendo que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña continúen alejándose de la política pensando que todos los políticos son iguales. Debemos levantar las alfombras y abrir las ventanas para que entre aire fresco en un escenario político que, tras 25 años de hegemonía nacionalista y socialista, huele demasiado a naftalina.-

La denuncia realizada por Maragall no puede quedar borrada con una disculpa o enterrada bajo cientos de kilos de hormigón, como el Gobierno ha hecho con el túnel de maniobras del Carmelo. No podemos seguir viviendo de espaldas a la realidad y perdernos en los falsos consensos, haciendo responsables de todos nuestros fracasos a los otros. Maragall es un auténtico irresponsable. No asume ninguna responsabilidad ni ninguna culpa. Cuando Carod se reunió con ETA, Maragall culpó al diario ABC por publicarlo; cuando se produjo un motín en la cárcel de Quatre Camins, Maragall culpó al Gobierno del PP por hacer reformas que llevaban a los delincuentes a la prisión; cuando el Carmelo se hunde, Maragall acusa a CiU de cobrar comisiones por la obra pública. Maragall sólo sabe equivocarse. Resulta patético y antidemocrático que Maragall compare la presentación de una moción de censura con un golpe de Estado o que se atreva a decir con una sonrisa en los labios que su Gobierno se siente como una mujer maltratada.
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La acusación de Maragall y el chantaje de Mas de no aprobar el Estatuto ha puesto de manifiesto que lo que esconde el llamado oasis catalán es un gran desierto ético. Los catalanes, al menos los que han votado a los quince diputados del PP, están ya hartos de los falsos acuerdos. No queremos ni podemos vivir bajo la sombra de la corrupción. Nadie entendería que renunciásemos a conseguir un mayor nivel de autogobierno para Cataluña por el llamado 3% ni que avanzásemos en este autogobierno inyectando cemento sobre el 3%.

Han pasado ya quince meses desde la firma del llamado «Pacte del Tinell» que tenía que traer a Cataluña un nuevo gobierno, de izquierdas y catalanista que acabara con los vicios de 23 años de pujolismo. Quince meses después de la constitución del nuevo gobierno, Cataluña se encuentra en una situación de parálisis general.Hasta ahora, el escenario político ofrecido por el nuevo gobierno de la Generalitat se ha limitado a mostrar con total nitidez y crudeza las crecientes contradicciones y discrepancias que se producen en el seno del gobierno tripartito. No tuvimos ni que esperar 100 días para asistir a la primera crisis de Gobierno con el cese del Conseller en Cap. Una crisis y una dimisión que dio paso a una serie de discrepancias y contradicciones que han llevado al gobierno a perder buena parte de su tiempo a dirimir sus problemas internos. La reforma de la organización territorial de Cataluña, la ley electoral, el Estatuto de Autonomía, la financiación de Cataluña, el co-pago de la sanidad, la ecotasa, la deslocalización, las selecciones deportivas, y un largo etcétera, son algunas de las contradicciones más evidentes de este gobierno. La falta de coordinación entre los tres partidos del tripartito así como la renuncia del Conseller en Cap a ejercer plenamente sus funciones como máximo responsable de la coordinación y armonización de la actividad de los distintos departamentos ha cristalizado de forma evidente en la gestión de la crisis del Carmelo. El PPC no ganará la moción de censura, pero logrará poner al descubierto las miserias de 25 años de reparto del poder entre CiU y PSC.