El Presidente José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la Comisión de Investigación del 11-M para replicar al ex presidente Aznar

En su comparecencia ante la comisión del 11-M, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, eligió un tono frío, apoyado en datos e informes de los servicios de información de la policía, para hacer frente a las acusaciones e insinuaciones más bien calientes del portavoz del PP, Eduardo Zaplana, sobre el comportamiento del propio Zapatero y su partido antes y después de los atentados. El resultado fue poner en evidencia la inconsistencia de la estrategia de deslegitimación que ha venido desplegando el PP desde el día siguiente al de su derrota electoral: primero, ligando esa derrota a comportamientos desleales de los socialistas en las horas que siguieron a los atentados; más tarde, acusando al nuevo Gobierno de no querer investigar la pista etarra, lo que constituye en sí mismo una deslegitimación de las instituciones democráticas. Frente a las insidias, Zapatero cumplió con el deber de aportar información.

Una importante revelación de Zapatero fue la de sus conversaciones consecutivas con Aznar y Rajoy, el 11-M por la mañana. De ellas se deduce que Aznar optó deliberadamente por asumir de manera unilateral la convocatoria de la manifestación del día siguiente, en términos muy reveladores de su mentalidad y también de su actitud: «Yo convoco y el que no quiera que no venga». El propio Rajoy aceptó dar una respuesta a la sugerencia de Zapatero de reunir a la Diputación Permanente del Congreso o, al menos, a los firmantes del Pacto Antiterrorista. Pero no hubo tal respuesta, y tampoco a las ulteriores gestiones del diputado Rubalcaba en el mismo sentido. Esto contradice la versión que dio Aznar en su comparecencia. Zapatero citó una entrevista periodística de Rajoy en la que éste reconocía que el entonces líder de la oposición le había sugerido convocar el Pacto. Muchas de las cuestiones en debate sobre aquellos días se entienden mejor a la luz de esa negativa de Aznar a compartir -como se hizo, por ejemplo, tras el golpe del 23-F- la respuesta democrática al desafío.

Zapatero sostuvo que desde la tarde del día de los atentados -tras la aparición de la furgoneta con la cinta coránica- no había dos pistas, una de las cuales sería más verosímil, sino sólo una: la del terrorismo islamista; y que, por tanto, a partir de ese momento el Gobierno promovió un interesado «engaño masivo». Los responsables policiales que declararon ante la comisión fueron menos categóricos; dijeron que a partir de la noche de ese día la sospecha principal se había desplazado de ETA a Al Qaeda. El problema es que Acebes mantuvo esa hipótesis como prioritaria hasta la noche del 13, pese a que, como reconoció luego en una entrevista, no había ningún indicio que la avalase.

Zaplana hizo suya la obsesión por una segunda oportunidad, en el sentido de sugerir que se estaba evitando investigar cualquier pista sobre la posible conexión de los autores materiales con ETA. Se trata de una acusación grave, que no sólo afecta al Gobierno, sino a los jueces y a las fuerzas de seguridad. Evitando entrar en un debate de hipótesis, y beneficiándose de la posibilidad de todo Gobierno de contar con documentación de los servicios del Estado, Zapatero leyó varios informes de la Comisaría de Información en los que se concluye que no hay datos que acrediten esa conexión. Los informes sonaron muy profesionales: ETA no necesitaba comprar explosivos por aquellos meses; no roba coches en colaboración con delincuentes habituales; los contactos en prisión fueron personales, etcétera. Zapatero concluyó diciendo que, efectivamente, como dijo Aznar, los cerebros del atentado no estaban en desiertos lejanos, sino «aquí cerca: en Lavapies o en Leganés». Más tarde añadió un argumento nuevo: los terroristas actúan para que se sepa que actúan; es absurdo pensar que ETA organizó un atentado para que lo reivindicaran otros.

El futuro del Pacto

El presidente reconoció varias veces los aciertos del anterior Gobierno en la lucha contra ETA y recordó su propia insistencia en suscribir el Pacto Antiterrorista y la utilidad que el mismo había tenido. Pero consideró incoherente, a la luz de los hechos, el empecinamiento de Aznar y los suyos en no reconocer fallo alguno en relación al terrorismo islamista. Para hacer frente a ese terrorismo propuso un pacto de todos los partidos democráticos. El portavoz de CiU, Jordi Jané, volvió a sugerir que se aprovechase la oportunidad para abrir el actual Pacto Antiterrorista a otros partidos, eliminando los contenidos «que excluyen a formaciones nacionalistas». Uno de los efectos más positivos del Pacto fue, según dijo Zapatero, la Ley de Partidos, que permitió sacar de la legalidad a Batasuna. El PNV, ERC y otros no firmantes del Pacto no sólo estuvieron contra esa ley, sino que exigen su derogación. Tiene razón Zapatero al proponer un nuevo pacto frente al terrorismo islamista con participación de todos los grupos parlamentarios. Esto debería permitir que PSOE y PP mantuvieran el pacto existente contra ETA.

Zaplana no consiguió que Zapatero pronunciara la palabra «condena» en relación a las concentraciones de la víspera de las elecciones ante las sedes del PP, pero sí que expresara varias veces que su partido ni convocó, ni apoyó, ni alentó esas movilizaciones, y que nunca habría promovido algo así. Incluso indicó que al conocer lo que estaba ocurriendo telefoneó al secretario de organización del PSOE, José Blanco, para indicarle que «en absoluto podía el PSOE respaldarlo». Y si no salió a decirlo en público fue porque consideraba que un candidato no debía hacer declaraciones en la jornada de reflexión. Sí lo hizo su contrincante político, Mariano Rajoy, y en respuesta a esa intervención Rubalcaba replicó entonces que los españoles no se merecían «un gobierno que les mienta», lo que el PP interpreta como un aval al acoso. Zapatero insistió ayer en que la obsesión del PP por culpar al PSOE le está impidiendo reflexionar serenamente sobre por qué tantas personas se movilizaron exigiendo la verdad.

La participación en la guerra de Irak incrementó el riesgo de atentados islamistas en nuestro país. Afirmarlo así no es desplazar la responsabilidad de los terroristas al Gobierno. Se trata de algo que no sólo dijo en su momento la oposición, sino todos los servicios de información e inteligencia. Lo que resulta contradictorio es afirmar a la vez que los terroristas comenzaron a planificar su atentado mucho antes de la participación en esa guerra, y que su objetivo era un vuelco electoral. La existencia de nuevos planes tras la retirada de las tropas españolas demuestra que tal vez los atentados se habrían producido con o sin intervención; pero también desmiente que el objetivo fuera cambiar el signo del Gobierno. Zaplana llegó a situar en el mismo plano los tres siguientes efectos de los atentados: asesinar a 192 personas, dejar 1.500 heridos y provocar un cambio de mayoría en las elecciones. Una de las pocas veces que Zapatero elevó ayer la voz fue para decir que hay un exceso de presunción en los políticos que consideran que la gente no tiene criterio y vota porque alguien les teledirige o porque el miedo les hace votar en un determinado sentido.

Aznar fue quien sostuvo esa teoría ente el secretario de Defensa de Estados Unidos, según reveló en su momento el propio Donald Rumsfeld. Sin embargo, lo que indicaron los sondeos a que se refirió Zaplana fue que mucha gente que no pensaba votar decidió hacerlo tras los atentados, como habían pedido muchos dirigentes políticos; precisamente para legitimar las instituciones que salieran de las urnas, a fin de que pudieran combatir con la máxima eficacia al nuevo peligro. Sería bien paradójico lamentar que los ciudadanos les hicieran caso aquel día. Los resultados dieron la victoria al PSOE, pero también dieron más de nueve millones y medio de votos al PP: para que Gobierno y oposición contaran con la máxima representatividad para concertarse, con pacto formal o sin él, contra el terrorismo.