10 diciembre 2018

La configuración queda congelada hasta 2021

El primer concurso para la elección de la presidencia y consejo de RTVE acaba con una cadena de recursos por parte de los candidatos derrotados

Hechos

El 10 de diciembre de 2018 el BOE publica el resultado del concurso de RTVE.

Lecturas

En el año 2016, a instancias de Ciudadanos, la cadena pública Telemadrid realizó un concurso público para la elección de su director general. El proceso acabó con la elección de José Pablo López, apadrinado por José Miguel Contreras, como mandamás de la televisión pública, en un movimiento no exento de polémica, en especial por el papel atribuido por Mari Pau Domínguez a favor de López. Desde entonces, Ciudadanos y Podemos insistieron para hacer algo equivalente en RTVE, y el PSOE, que ya había incluido en su programa electoral de 2016 esa vía, estuvo de acuerdo.

Dos días antes de que el Congreso de los Diputados ratificara el nombramiento de Mateo como administradora provisional, la web de RTVE anunció que los partidos políticos habían designado un tribunal de expertos para desarrollar el primer concurso público que eligiera a los diez consejeros de la CRTVE y a su presidente. El tribunal, primero, elegiría veinte candidatos, entre los casi cien seleccionables; y el Con- greso de los Diputados, a los diez definitivos, incluido su presidente. Es decir, al tribunal lo designaba el mismo Congreso de los Diputados, por lo que la despolitización brillaba por su ausencia.

El tribunal de expertos estaba presidido por el progresista Diego Carcedo, director de Informativos en la etapa de Felipe González. Su composición fue la siguiente:

Miembros del tribunal a propuesta del PSOE+UP

  • José Manuel Diego Carcedo (PSOE) – PRESIDENTE
  • Enrique Bustamante Ramírez (Podemos) – SECRETARIO
  • Carmen Caffarel Serra (PSOE)
  • Francisco Sierra Caballero (Podemos) Josep Lluís Micó (PSOE-PNV-Podemos)
  • Isabel Tajahuerce (PSOE-Podemos-PNV-NC)

Miembros del tribunal a propuesta de PP+Cs;

  • Andrés Martín Velasco (PP) Mauricio Fernández (PP) María José del Pilar (PP)
  • Jesús María Mellado Morales (PP) Juan Roldán (PP).
  • Isabel Fernández Alonso (Ciudadanos) Sandra Fernández (PP + Ciudadanos)

Miembros del tribunal de partidos nacionalistas:

  • Estefanía Jiménez Iglesias (PNV). Toni Folguera (PDeCAT)
  • Enric Marín Otto (ERC)
  • José María Noguerol (Nueva Canarias)

Los miembros del tribunal de expertos evaluaban el proyecto de cada candidato sin conocer su identidad, así como su currículum (que difícilmente podría hacerse a ciegas). La puntuación final era la media de las dos notas, la del proyecto y la del currículum.

Los jueces que aceptaron formar parte del tribunal de expertos lo hicieron de manera altruista, porque no cobraron por su labor. En el caso de Carmen Caffarel pagó un precio alto. En ese momento era consejera de Telemadrid a propuesta del PSOE. El presidente del Consejo de Administración de la citada cadena, Alfonso Morales, declaró que su labor de jueza en TVE era incompatible con seguir en Telemadrid y logró que fuera destituida. Lo lógico habría sido requerir que renunciara a su puesto no remunerado en el tribunal y no echarla de su puesto remunerado en Telemadrid, lo que sí parecía indicar una incompatibilidad, pero aquel cese obedecía a un deseo de Morales por librarse de una consejera que le resultaba molesta.

Entre los candidatos al primer concurso público de TVE había catedráticos con años de estudio de la historia de la televisión o exdirectivos como Ramón Colom. Primeros espadas del sector mayoritario de Torrespaña, como los veteranos Alicia Gómez Montano y Miguel Ángel Sacaluga, la expresidenta del Consejo de Informativos, Yolanda Sobero, o el exvicepresidente Roberto Lakidain. Relevantes miembros del sector minoritario, como Carmen Sastre, Jenaro Castro o María Eizaguirre. Dispuestos a volverlo a intentar como Juan José Baños Loinaz (PNV) o Concepción Cascajosa (PSOE). Y también el excandidato de UPyD derrotado en 2014, Francisco Javier Montemayor.

Del equipo directivo de RTVE, liderado por Mateo, solo había una persona, Elena Sánchez Caballero, que como secretaria general de RTVE aceptó la petición que le hicieron compañeros de que se presen- tara y formalizara su candidatura. Fran Llorente, también animado por compañeros para ello, declinó. Le interesaba el rótulo de presidente por unanimidad, pero sabía que el PP nunca le daría su confianza. Ni siquiera la oferta de Eladio Jareño de que «hicieran tándem» para dar imagen de transversalidad le convenció de participar. OkDiario o Periodista Digital denunciaron que Sánchez Caballero era la tapada del concurso («El PSOE quiere que presida RTVE Elena Sánchez, la periodista cuyo marido negocio “el pelotazo” de Prado del Rey», tituló OkDiario el 25 de septiembre, deslizando la idea de que todo era un paripé que terminaría con ella de presidenta.

El resultado del concurso no fue precisamente favorable para la secretaría general, dado que los veinte candidatos finalistas, tras la selección del tribunal de expertos, fueron los siguientes:

  1. Alicia Gómez Montano – 83,6 puntos (su proyecto, 21,3).
  2. Francisco Javier Montemayor Ruiz – 83,3 puntos
  3. Rafael Camacho Ordoñez – 79,2
  4. José Manuel Pérez Tornero – 75,5
  5. Manuel Ventero Velasco – 75,5
  6. María Eizaguirre Comendador – 74,4 puntos (su proyecto, 21,5).
  7. Francisco Moreno García – 74,4
  8. Agustín García Matilla – 74,1 puntos (su proyecto, 22,4 puntos).
  9. Juan Manuel Romero Marín – 74 puntos
  10. Eladio Jareño Ruiz -73,4 puntos
  11. María del Carmen Sastre Bellas – 73 puntos (proyecto, 17,50 puntos).
  12. Vicente Sanclemente García – 73
  13. Juan Jesús Buhigas Arizcun – 72,8 puntos (su proyecto, 24,6).
  14. Miguel Ángel Martín Pascual – 69
  15. María Isabel Raventós Armengol – 69,8
  16. Francisco Lobatón Sánchez de Medina – 66,5
  17. Roberto Lakidain Zabalza – 66
  18. Juan Roberto Mendés Barbudo – 65,5 puntos (proyecto, 27).
  19. Joaquín Cuixart Valero – 65,5
  20. Laureano García Hernández – 65,1

Los telediarios de TVE, el 10 de diciembre, presentaron a los veinte con más nota como los finalistas. El Congreso debía elegir a los diez integrantes del Consejo de Administración y a su presidente de entre estos.

El resultado aportaba un dato que daba gran satisfacción al sector mayoritario de Torrespaña: Alicia Gómez Montano, reina madre del sector progresista, aparecía como inminente presidenta de la Corporación. Pero entre los candidatos mejor valorados estaban también dos de las figuras más detestadas por ellos: María Eizaguirre y, especialmente, Carmen Sastre, cuyos tuits de Diario de una cesada lograron sacar de quicio al entorno del Consejo de Informativos.

El supuesto nombramiento de Elena Sánchez Caballero, denunciado por los digitales derechistas, quedaba en entredicho. De ser cierta la teoría del paripé, en todo caso la tapada sería Gómez Montano y no ella. El desarrollo del concurso despertó muchas dudas sobre los participantes. Algunos de los candidatos protestaron por no tener acceso al estado de cuentas de RTVE. El concurso exigía desarrollar un plan de negocio de RTVE por seis años (el mandato del presidente). Los que tenían acceso a las cuentas tenían ventaja sobre el resto. Otros denunciaron una ampliación de plazos indebida y sospechosamente irregular, que se acomodaba a la ley. También que hubo cambios forzados del proyecto de gestión para favorecer a determinados candidatos.

Entre los derrotados en el concurso figuraba Juan José Baños Loinaz, que, con sesenta y cinco puntos, fue el número veintiuno, al límite del suspenso. En el puesto veintidós estaba Ramón Colom, con una valoración de 63,8 (y un proyecto valorado en dos puntos). En el veintitrés, María Consuelo Aparicio (54,3 y un proyecto de 10,3). En el veinticuatro, Jenaro Castro (53,5 y un proyecto de cero puntos). En el veinticinco, José Manuel Martín Medem (48,6 y un proyecto de 9,67). En el veintiséis, la mencionada Sánchez Caballero (con un 46,5 y un proyecto de 5,5). En el puesto veintisiete, Concepción Cascajosa (con un 23,5 y un proyecto de seis puntos). Por detrás de ellos,Yolanda Sobe- ro y su compañera Francisca González como las aspirantes veintinueve y treinta.

Para los suspensos, además, hubo escarnio público. El Boletín Oficial del Estado (BOE) no publicó las propuestas de los candidatos, ni las identidades del juez que evaluó cada programa. Pero sí quedaron reflejados los comentarios de los jueces que, en algunos casos, eran de una crueldad propia de Risto Mejide en los tiempos de Operación Triunfo.

De Ramón Colom: «Diagnóstico general nulo y escaso de CRTVE; mediocre desarrollo (…) son cuatro apuntes sin ningún orden».

Sobre Elena Sánchez Caballero: «Parece un manual copiado de Wikipedia».

Acerca de Concepción Cascajosa: «No hace diagnóstico del sector. No hay diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades (…), Proyecto sin estructurar».

De Miguel Ángel Sacaluga: «Pobre (…). Ca- rente de propuestas (…). Deficiente (…). De muy baja calidad (…), sus propuestas son escasas o inexistentes».

Y sobre Benigno Moreno Castaño: «Proyecto muy inconsistente (…), con deficiencias formales, incluidas faltas de ortografía».

Era sorprendente ver tanta ferocidad por parte de los jueces hacia algunos de los profesionales con mayor prestigio. Era como si aquel tribunal pretendiera anular cualquier esperanza.

Tres candidatos tuvieron un cero: Jenaro Castro, Ignacio Bazarra y Alicia Serrano. Los buitres de pasillo especulaban si el cero de Castro era porque había aportado como propuesta sus artículos publicados en El Mundo. Varios de los derrotados sometidos a aquel escarnio anunciaron recursos, como Sacaluga, que dijo que llevaría el caso al Tribunal Constitucional.

Hubo un problema mucho mayor para que el Congreso votara a los diez finalistas. Según la legislación vigente, el nuevo Consejo de Administración de la CRTVE debía ser paritario y entre los veinte aprobados por los jueces «a ciegas» había dieciséis hombres y cuatro mujeres. Aquello fue la excusa perfecta para bloquear el nombramiento del Consejo. El PSOE era el primer interesado, al menos hasta que hubiera una nueva composición del Congreso de los Diputados. Así que hasta entonces todo quedó aparcado. Sastre y Eizaguirre asumieron que, cuando llegara el momento de formar el Consejo, entrarían en él por ser mujeres y estar aprobadas. Los hechos demostrarían que una de ellas estaba equivocada.

10 Septiembre 2018

Elena Sanchez Caballero es la candidata a presidir RTVE tras el concurso público

M. Abad

Olvídense de Rosa María Mateo: estas son las dos mujeres que más mandarán en la TVE soviética de Sánchez

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Carmen Caffarel sigue siendo en la sombra una de las personas de confianza del PSOE de Pedro Sanchez para RTVE, además de controlar la facción progresista del comité de expertos, reuniéndoles a ellos previamente y dándoles instrucciones.

«Es la persona junto con Fran Llorente que ejercen de comisarios políticos en RTVE», afirman fuentes internas de TVE a Periodista Digital.

Caffarel, recordada por entregar las audiencias a La Sexta y Cuatro, fue la ‘madre’ del expediente de regulación de empleo (ERE) de RTVE que se saldó en 2007 con 4.150 trabajadores en la calle. La factura del plan para menguar la plantilla adoptado durante el mandato de Carmen Caffarel costó 1.722 millones a las arcas públicas hasta 2022. Más de 1.051 millones ya se han desembolsado.

El ERE permitió a los empleados de más de 52 años jubilarse con hasta el 92% del salario neto. Más de 3.300 trabajadores afectados por el ERE recurrieron a la justicia.

Entre 2006 y 2013, RTVE convirtió en fijos a 866 empleados contratados frente a los 450 previstos. «El 58% de ellos no reunía los requisitos». Tras adelgazar su plantilla, RTVE convocó 1.006 plazas. Una medida que permitió la incorporación de 39 trabajadores mayores de 50 años y seis que superaban los 60.

Para coger poder en la nueva TVE, Caffarel ha colocado de nuevo en RTVE a Raquel Galán Seguí, como asesora de Rosa Maria Mateo. Raquel Galán fue asesora personal de Carmen Caffarel en su etapa de Directora General de RTVE y posteriormente se fue con ella cuando fue nombrada directora del Instituto Cervantes.

Otra persona que quiere colocar Carmen Caffarel es Águeda Bejarano como nueva directora de RRHH, en sustitución de Paloma Urgoiti.

Águeda Bejarano es personal de RTVE, y ocupó el puesto de directora de RRHH en época de Caffarel y también se fue con ella al I Cervantes como directora de RRHH, incorporándose a RTVE cuando Caffarel fue cesada de dicho instituto. En el I Cervantes tuvo actuaciones comprometidas y polémicas.

Otro nombramiento producido en las últimas horas ha sido el de la nueva directora de la asesoría jurídica, Verónica Olle Ses, jueza de lo social en Tarragona.

EL ASCENSO DE ELENA SÁNCHEZ

Fuentes internas de RTVE apuntan a que ha sido Elena Sanchez Caballero quien la ha propuesto. Lo que viene a confirmar que es la candidata a presidir RTVE, teniendo ahora un papel más discreto a la espera el comité de expertos decida.

Elena Sánchez Caballero entró en TVE por el área de Deportes. Luego presentó telediarios durante varios años y ha estado al frente de espacios informativos y programas.

Su reciente nombramiento como Defensora del Espectador, el Oyente y el Usuario de Medios Interactivos de RTVE representa la elevación de algo que se designaba como una Oficina al nuevo título de Institución. Al frente de aquella Oficina estaba Manuel Sánchez Erausquin, con una amplia trayectoria en TVE y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

A finales del 2007, el marido de Elena Sánchez, Pedro Pablo Mansilla, había sido contratado a dedo para llevar a cabo la lucrativa operación urbanística proyectada para vender doscientos mil metros cuadrados de las propiedades de RTVE en Madrid y comprar los solares para una nueva sede.

Mansilla, que fue director general de Prisiones y empresario de la ya cerrada librería madrileña Fuentetaja, con Felipe González al frente del Gobierno, planteó la construcción de 19 cárceles. Después, convertido en promotor inmobiliario, creó varias sociedades con esa dedicación

25 Septiembre 2018

El PSOE quiere que presida RTVE la periodista cuyo marido negoció el ‘pelotazo’ de Prado del Rey

M. A. Ruiz Coll

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La periodista Elena Sánchez Caballero es la tapada del PSOE y Podemos para presidir el nuevo consejo de administración de RTVE, según las fuentes socialistas consultadas por OKDIARIO. Hace dos meses, se incorporó al equipo de la administradora de RTVE, Rosa María Mateo, como secretaria general del ente público.

PSOE y Podemos quieren cerrar cuanto antes la elección de los miembros del consejo de administración de RTVE, que ahora está en manos de un comité de expertos designado por las Cortes. De este modo, el PSOE se garantizará el control del ente público durante los próximos seis años, ante la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez se vea abocado a convocar elecciones anticipadas.

Elena Sánchez Caballero inició su trayectoria profesional en la Agencia Efe, Diario 16 y Antena 3 Radio. En 1984 comenzó a trabajar en TVE, primero como redactora del área de Deportes y luego como presentadora de TeleDeporte en la 2. También ha presentado una de las ediciones del Telediario (entre 1986 y 1996), ha sido reportera de Informe Semanal y Defensora del Espectador, el Oyente y el Internauta de TVE.

Su marido, Pedro Pablo Mansilla, fue director general de Instituciones Penitenciarias en el Gobierno de Felipe González. En este cargo, fue el responsable de impulsar un plan para construir 19 nuevas prisiones. Abandonó la política en 1994 para iniciar su trayectoria como promotor inmobiliario.

Bien relacionado con Jaume Roures

El entonces presidente de RTVE, Luis Fernández, encargó en 2007 a Pedro Pablo Mansilla gestionar y negociar la mayor operación inmobiliaria puesta en marcha por el ente público: la venta de 200.000 metros cuadrados de suelo, incluyendo las instalaciones históricas de Prado del Rey.

La operación resultó especialmente polémica ya que, para llevarla a cabo, Luis Fernández designó a dedo y sin concurso a un empresario estrechamente ligado al PSOE. Ahora, su esposa, la periodista Elena Sánchez, se perfila como la candidata de los socialistas y Podemos para presidir RTVE.

Pedro Pablo Mansilla mantiene una excelente relación con la actual dirección del PSOE, ya que ha sido socio de Miguel Barroso, quien fue secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde 2009, Barroso trabaja como alto directivo de una empresa participada por el grupo Mediapro, el gigante audiovisual del millonario Jaume Roures, que aspira a obtener contratos millonarios de la nueva RTVE. Como ha informado OKDIARIO, Roures ya intentó colocar el pasado mes de junio al frente de RTVE a una periodista de su entera confianza, la directora del diario podemita PúblicoAna Pardo de Vera.

Durante las últimas semanas, han resultado especialmente tensas las reuniones del comité de expertos designado por las Cortes para elegir a los miembros del nuevo consejo de administración de RTVE, entre los 101 candidatos presentados. A medida que crecen las dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez, la mayoría formada por el PSOE y Podemos apremia a los miembros del comité para cerrar la designación del nuevo consejo de administración.

El PSOE controlará RTVE durante 6 años

Ante la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez se vea abocado a convocar elecciones anticipadas, el PSOE quiere garantizarse así el control del ente público durante los próximos seis años.

El punto de inflexión se produjo hace dos semanas, cuando el presidente del comité de expertos, Diego Carcedo, y Carmen Caffarel (que dirigió el ente público durante el primero Gobierno de Rodríguez Zapatero) convocaron sólo a los miembros designados por el PSOE, Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, en un conocido restaurante de Madrid, Casa Manolo, para pactar la selección de candidatos al consejo de RTVE.

En las dos últimas reuniones del comité de expertos, Diego Carcedo se ha negado a dar explicaciones sobre este encuentro, alegando que fue estrictamente “privado”: “era una cena entre amigos”, ha asegurado. Para el resto de miembros del comité de expertos, ha quedado claro que en la reunión de Casa Manolo quedó atada la estrategia del bloque liderado por el PSOE para hacerse con el control del ente público.

Mientras tanto, se ha visto cuestionado el papel de Carmen Caffarel como miembro del comité de expertos (fue elegida a propuesta del PSOE). Caffarel es consejera de TeleMadrid, un cargo que según los estatutos de la televisión autonómica sería incompatible con su labor en el comité de expertos de RTVE, según ha denunciado el PP.

El PSOE mete prisa al comité

El comité de expertos debe seleccionar –atendiendo a su currírulum profesional y su proyecto presentado para gestionar el ente público– a 20 de los 101 aspirantes que han presentado su candidatura para ocupar un puesto en el consejo de administración de RTVE. El Congreso y el Senado escuchará luego en comisión a estos 20 preseleccionados, para elegir a los 10 miembros del consejo de administración.

Pese a las prisas que el PSOE intenta imprimir a sus trabajos, la labor del comité de expertos se va a demorar debido a que las Mesas del Congreso y el Senado, asistidas por sus correspondientes letrados, deben resolver todavía los recursos que han presentado tres aspirantes, que quedaron inicialmente excluidos por no cumplir los requisitos del concurso.

02 Octubre 2018

Una misión difícil pero vital

Enrique Bustamante

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El éxito del comité de expertos de RTVE abriría un camino de independencia para todas las actividades del servicio público

En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.

Desde agosto, hemos intentado trabajar discretamente, sin remuneración alguna, sin apenas apoyo administrativo salvando el trabajo de una eficiente letrada del Congreso, para desarrollar la labor de regeneración, responsabilidad y rigor del servicio público de RTVE encomendada. Y nuestros debates han sido educados, llegando sin muchas dificultades a acuerdos unánimes o generales sobre el baremo a aplicar para ayudar a seleccionar de entre el casi centenar de candidatos.

Para entender la novedad de nuestra labor, es preciso recordar que desde el Estatuto de 1980 hasta la ley de 2006, los partidos se repartieron el consejo de administración por cuotas políticas y los Gobiernos, de UCD, el PSOE o el PP, nombraron a dedo a los directores generales, primando a los militantes fieles, aunque no tuvieran formación ni experiencia en el audiovisual. El resultado no fue solo la manipulación y la censura sistemáticas sino también etapas nefastas de gestión que deterioraron el servicio público, en su imagen pública y en su eficacia de gestión y su situación financiera. Con el corto paréntesis del Gobierno de Rodríguez Zapatero (2006-2011) en que la exigencia de dos tercios de los votos obligó al consenso entre Gobierno y oposición, aunque las cuotas partidistas continuaran, la contrarreforma del Gobierno de Rajoy al permitir otra vez los nombramientos por mayoría gubernamental propició un nuevo período de manipulación y deterioro de la autonomía y prestigio de RTVE.

El comité de expertos para RTVE constituye un notable precedente para solucionar esa enfermedad endémica. Aunque propuestos por los grupos parlamentarios, muchos de nosotros no militamos en ningún partido, y entendemos que nuestra función no es primar a los candidatos preferidos por ninguno de ellos sino elegir a los mejores, a los más capacitados —de todo el abanico ideológico—, para la gestión del servicio público y su control.

Sin embargo, nuestra labor está siendo dificultada por acontecimientos que no podemos ni debemos silenciar. Contra toda doctrina del concurso público, se han dado nuevos plazos de subsanación de los currículos de los candidatos e incluso de los proyectos de gestión que debían presentar cuando ya se había publicado el baremo. Y, sobre todo, la Mesa del Congreso y del Senado ha aceptado contradictoriamente la reclamación de tres candidatos que no cumplían la condición esencial del concurso, estar en posesión de un título universitario, lo que, además de retrasar nuestro trabajo, puede propiciar una avalancha de recursos e impugnaciones. Pero el Parlamento que nos nombró tampoco nos ha brindado apoyo jurídico y moral ante los ataques a la “plena autonomía” que nuestro mandato legal promete.

Nuestra tarea se está viendo entorpecida por una campaña de cierta prensa, digital y analógica, que deja traslucir múltiples intereses para impedir esta reforma democrática de RTVE. Se agitan supuestas fracturas en el comité, se levantan increíbles acusaciones de incompatibilidad de algunos de sus miembros, se propugnan teorías conspiratorias que pretenden paralizar nuestra labor. En particular, se ha desarrollado un aluvión de falsas noticias contra Carmen Caffarel por aceptar un “cargo político” e incluso por evaluar a sus compañeros del consejo de administración de RTVE-Madrid. La inmediata reacción en esta entidad, por desorientación o mala fe, parece peregrina desde una radiotelevisión pública autonómica que debería intentar superar una larga historia de gubernamentalización, de partidismo y manipulación.

Más allá de los antecedentes internacionales del servicio público, nuestro precedente fundamental es el código de buenas prácticas de los museos y centros de arte, que exige patronatos de expertos y miembros de la sociedad civil y directores elegidos por expertos en concurso público, condiciones que, aun con resistencias, se están aplicando ya generalizadamente al mundo del arte. Pero el servicio público de comunicación es tan delicado y socialmente trascendental como la cultura. El éxito de nuestro comité abriría un camino inédito de independencia y regeneración para todas las actividades del servicio público.

Es justamente este valor el que parece molestar a algunos intereses inconfesables, políticos y económicos, que prefieren con mucho el antiguo régimen de designaciones gubernamentales y partidistas. Quizás para poder seguir acusando al servicio público de falta de independencia, mientras esperan su vuelta al poder.

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y miembro del comité de expertos de RTVE.