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Es un requesito constitucional al haber cumplido la mayoría de edad

El príncipe Felipe de Borbón es proclamado por el Congreso de los Diputados heredero al trono jurando la Constitución al alcanzar la edad reglada para ello

HECHOS

El 30.01.1986, tras cumplir la mayoría de edad, el príncipe Don Felipe de Borbón juró la Constitución ante el Congreso de los Diputados.

La sesión estuvo presidida por el presidente del Congreso de los Diputados, D. Gregorio Peces Barba, que manifestó sus mejores deseos al futuro jefe del Estado en presencia de los padres de este, los reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía.

FelipeLealMonarquia1986 D. Felipe González, presidente del Gobierno y líder del PSOE reiteró el apoyo oficial de su partido a la monarquía constitucional.

30 Enero 1986

La Jura del Heredero

ABC (Director: Luis María Anson)

Hoy jura la Constitución el heredero de la Corona, en un acto solemne, presidido por el Rey, en presencia de su abuelo, el Conde de Barcelona. El Príncipe de Asturias sellará su compromiso con la nación ante la misma institución que lo hicieron sus mayores, desde Fernando el Católico y Carlos I: ante las Cortes, símbolo de la voluntad popular. Las instituciones de la nación, los embajadores de todo el mundo y los representantes del poder espiritual serán testigos de ese compromiso solemnísimo del futuro Rey con la Constitución democrática, libremente adoptada por los españoles.

La continuidad dinástica ha sido mantenida por encima de los azares y la terribles dificultades que ha atravesado la nación desde la Edad Media y de forma particular a lo largo de los últimos ciento ochenta años. No nos interesa tanto la dinastía en sí cuanto su significado de elemento de estabilidad nacional, de continuidad y permanencia del fundamento de la nación. Nos parece fuera de lugar el sentimentalismo monárquico. No nos interesa el brillo superficial que a veces comporta la realeza. Nos importa, sobre todo, la virtualidad funcional de la Monarquía, su poder instrumental para favorecer, en una sociedad proclive a los sobresaltos y los maximalismos, el diálogo y la concordia.

Creemos que toda abstracción teórica sobre la superioridad de la Monarquía como forma de Estado carece ahora de sentido; pero pensamos también que los dogmatismos sobre la significación de la República son, en España, demasiado superficiales. Uno de los líderes de la izquierda histórica se declaraba este verano en favor de un completo cambio constitucional: su ideología le llevaba a defender la conveniencia de convertir al Rey en el ‘primer funcionario de la República española’, ya que es mejor un funcionario que se pueda elegir cada seis años que no uno que lo sea por razón de herencia’. La propuesta de aquel comunista español, se basaba, digámoslo con tdo respeto, en una interpretación excesivamente simple de la realidad nacional. España ha pasado por un largo periodo de poder personal, por una guerra civil, un fracasado ensayo republicano, un destronamiento, una dictadura, otra revolución… Hemos padecido cambios de régimen, golpes militares y enfrentamientos armados que han dividido a la nación. El aislamiento, el atraso, la incultura y la pobreza han sido el precio a pagar por esta errática conducta colectiva. Sin contar el más temible de todos los costes: el de la sangre y la pérdida de libertad.

Las ocho Monarquías que mantienen su arraigo en el Occidente de Europa tienen un denominador común que conviene recordar hoy. Se trata en todos los casos de una instancia suprema de moderación y arbitraje que sirve, en medio de los cambios de la sociedad industrial, para superar conflictos, defender la equidad y promover acuerdos.

El pasado verano escribíamos: En el último cuarto del siglo XX no hay nadie con mediano rigor político que plantee con simplismo el problema de las formas de Gobierno. Lo único que realmente importa es su contenido. Hay Repúblicas execrables como la chilena o la cubana. Hay Monarquías rechazables, como algunas del Tercer Mundo. Hay Repúblicas excelentes como la suiza o la federal alemana. Hay Monarquías admirables, como la inglesa o la holandesa.

Cuando la forma de Gobierno – sea Monarquía, sea República – garantiza el pluralismo democrático y la soberanía de la voluntad popular, cumple su objetivo en España, la forma de Gobierno que ha sido capaz de dar esa garantía al pueblo español, con una Constitución democrática, es la Monarquía.

Desde 1905 este periódico defiende la unidad de la Monarquía como poder moderador, como instancia arbitral y suprema institución garantía de la unidad de la nación. Hay desacuerdos graves entre Cataluña y Madrid, desconfianzas profundas en el País Vasco, respecto del poder central. Confiamos en que el papel moderador del Rey evite que imponga una legislación injusta. Cuando dictamos sentencia lo hacemos en su nombre”. En un país atravesado por tantas tensiones se entiende perfectamente la función de la Corona y, por eso, se reconoce hoy a izquierda y a derecha el valor práctico de esa institución cuyo futuro titular jura hoy en las Cortes.

Es fácil hablar de funcionarios elegidos cada seis años: pero nosotros pensamos que el problema requiere un análisis histórico menos simplista. Sociedades tan sabias como Gran Bretaña o Japón han conservado sus Monarquías en un intento de integración nacional que va más allá de lo simbólico. La sociedad abierta de Occidente ha conservado la herencia como una de las grandes instituciones de la vida civil. Pero aquí, en ese caso, no se trata de heredar bienes, ni comodidades materiales, ni privilegios. Se trata de lograr que el árbitro pueda llevar la pesada carga de su responsabilidad con el margen máximo de independencia; que no deba su puesto a este partido o a tal mayoría pasajera, sino a un mecanismo automático, auna convención libremente aceptada por la gran mayoría. La causalidad o la providencia – según cada cual quiere creer – coloca al heredero en un puesto de enfrentamiento desde sus primeros años y le permite llegar a la cúspide del Estado con un excepcional equipamiento de experiencia y una razonable inclinación al ejercicio prudente del poder moderador. Hoy vemos cómo media Francia discute al presidente de la República el ejercicio de su suprema magistratura. ‘No se comporta usted como un jefe de Estado – acaba de escribir Alain Peyrefitte al presidente Mitterrand – sino como el jefe de una facción. No representa usted a Francia, sino a un partido contra los demás. Está usted haciendo campaña electoral en el Elíseo y degradando su papel constitucional’. Para el ejercicio de esa autoridad es mejor la independencia de un poder histórico que la fragilidad de un poder electivo. El poder de las Monarquías en las democracias europeas es un poder histórico, fraguado en la sabiduría de la experiencia y de los siglos. No creemos que la monarquía sea un recurso mágico para resolver los ingentes problemas de la nación. Pero sabemos (y la última experiencia en el invierno de 1981 no está aún lejana) lo que es el peso de la Corona en horas de emergencia nacional. No entraremos aquí en el terreno de las emociones: aunque la emoción individual o colectiva ean un componente, a veces noble, de la Historia. ABC no podrá evitar hoy una corriente de satisfacción que sacudirá a esta Casa, desde la memoria de sus ordenadores hasta el cimiento de las rotativas, cuando a las once de la mañana, en presencia de su abuelo y de su padre y ante millones de españoles, la voz del Príncipe pronuncie el juramento.

30 Enero 1986

La Monarquía del futuro

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

El mismo día en el que alcanza la mayoría de edad, el príncipe Felipe de Borbón y Grecia, heredero de la Corona según el orden de sucesión dinástica establecido por la Constitución, comparece ante las Cortes para prestar el juramento que ésta exige. El Príncipe de Asturias asumirá el compromiso de guardar fidelidad al Rey y de «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas». La esencia de nuestro sistema de gobierno se resume simbólicamente en esta ceremonia, que tendrá como actores principales al futuro titular de la Monarquía parlamentaria -«forma política del Estado español»- y a los diputados y senadores de las Cortes Generales, representantes del pueblo, en el que «reside la soberanía nacional» y «del que emanan los poderes del Estado».Diez años después de iniciada la transición desde la dictadura al régimen pluralista, el juramento constitucional del Príncipe heredero muestra que las instituciones diseñadas por las Cortes elegidas en 1977 y refrendadas por el pueblo español en 1978 funcionan normalmente. La circunstancia de que el acto tenga lugar con un Gobierno socialista, cuyo partido es oficialmente republicano, no hace sino realzar el significado del acontecimiento. La vigorosa personalidad política de don Juan Carlos, que hizo posible primero la recuperación de las libertades de los españoles y las afianzó después -el 23 de febrero de 1981- con su valiente respaldo del ordenamiento constitucional frente a los militares rebeldes, permitió la plena reconciliación histórica de las fuerzas democráticas con la Corona. El compromiso hoy adquirido por Felipe de Borbón para guardar la Constitución y respetar los derechos y las libertades de los españoles proyecta hacia el futuro la continuidad de ese demorado encuentro y lo afianza sobre bases institucionales.

La significación del acto ha estado amenazada por la confluencia de los recelos electoralistas de la derecha autoritaria -temerosa de la intervención del presidente del Gobierno y miope ante las implicaciones históricas de que Felipe González sea secretario general del PSOE- y las emulaciones protocolarias del presidente del Congreso, que a punto ha estado de personalizar vanidosamente y de manera exclusiva el acontecimiento. La sesión parlamentaria de hoy se reduce artificialmente a una intervención de Gregorio Peces-Barba y a la toma de juramento del Príncipe (desprovisto del uso de la palabra), como resultado de la politización del acto promovida por el sectarismo reaccionario y de los excesos litúrgicos del presidente del Congreso. El absurdo planteamiento de la sesión parlamentaria ha forzado, en aras del sentido común, a prolongar el acto del Congreso con una segunda ceremonia en el palacio Real, donde el Príncipe de Asturias recibirá del Rey el Gran Collar de la Orden de Carlos III. Es responsabilidad primordial del presidente del Congreso que ese nuevo acto reste protagonismo a las Cortes y establezca una diferencia entre la sede de la representación popular y la residencia simbólica de la Corona, cuando ésta ha defendido y servido valientemente, y por repetidas veces, el carácter parlamentario del régimen. Pero al menos la recepción en el palacio de Oriente permitirá que el príncipe Felipe de Borbón y el presidente del Gobierno hagan lo que la combinación de los reaccionarios de derecha y de izquierda no les habían permitido realizar dentro del hemiciclo: subrayar con sus palabras la trascendencia del acontecimiento.

Ésta, por lo demás, es obvia: la Monarquía y la democracia se funden en un proceso de continuidad y de futuro para este país. En el entendimiento actual del valor de las instituciones: poniendo el protocolo al servicio de la política y la política al servicio de los ciudadanos. Hoy la modernidad estará encarnada por el príncipe Felipe en el palacio de Oriente.

31 Enero 1986

Una reflexión personal

José María de Areilza

Contemplé con emocionado interés las ceremonias del juramento del Príncipe de Asturias, tan altamente significativas. Unas Cortes Generales rebosantes testimoniaban con su presencia la condición parlamentaria que conlleva la democracia española. La dinastía histórica de nuestro país, largo artífice de nuestra identidad nacional en el curso de muchos siglos realizaba una vez más el simbólico pacto del Rey con su pueblo. El entendimiento popular de lo que presenta la institución, difundido a través de una hora de ‘pequeña pantalla’ supera en eficacia y extensión a lo que fueron aquellos siglos de identificación entre la Corona y la sociedad hispana que dura hasta bien entrado el siglo XIX.

En diez años de reinado, Don Juan Carlos I ha logrado asentar firmemente la Monarquía sobre las bases del texto constitucional. Ella ha devuelto la soberanía a la voluntad popular y al imperio de la ley emanado de los órganos legislativos. El Rey ejerce un poder supremo, arbitral y simbólico, definido en normas precisas. Pero ¿quién podrá ignorar la existencia de esa otra autoridad que emana de su firme conducción del timón de la nave desde el comienzo de la transición, cuando la entera responsabilidad del Estado durante el interregno recaía sobre su espalda?

Fue un periodo culminante de nuestro siglo XX, que resultó asombroso para muchos historiadores y universitarios extranjeros interesados en la política española. ¿Quién – en una fantasía retrospectiva – hubiese aceptado como verosímil, como posible, como probable, contemplar en un vídeo en 1931, en 1940, en 1960 las celebraciones de ayer? Lo habría calificado de sueño delirante.

Y, sin embargo, fue posible. Al escepticismo de muchos, dentro y fuera de España, se sumaba el tópico de que la Monarquía era una forma de Estado antigua, reñida con la modernidad. También son instituciones antiguas el Municipio, o el Derecho Civil, o el matrimonio. Pero tienen de común la propiedad de arraigarse en la condición humana y en las relaciones fundamentales del hombre con sus semejantes. La segunda guerra mundial fue la prueba de fuego que dejó en pie las dinastías europeas reinantes que supieron adaptarse a la nueva era que se iniciaba en el mundo. Ninguna dejó de reconocer la necesaria calidad democrática de su contenido funcional en una homologación indiscutible dentro de las variedades accesorias que caracterizan a cada nación.

Ha sido útil para la reconciliación nacional – el más importante de los objetivos que se planteó, a sí misma, la Monarquía actual, desde sus pasos iniciados – el hecho fortuito de que el acto del juramento del Príncipe a su mayoría de edad se haya producido bajo un Gobierno y unas Cámaras de signo socialista mayoritario. La entera normalidad con que se han llevado a cabo las liturgias en el Parlamento y el Palacio y los mensajes respectivos de los presidentes Peces Barba y Felipe González en esa ocasión, demuestran la absoluta viabilidad del sistema alternativo de poder por la vía electoral en una órbita precisa y constitucional, que para nada interfiere con el dinamismo histórico de la continuidad dinástica.

Creo que habrá muchos monárquicos de convicción que no dejarán de reconocerlo lealmente sean cuales fueren sus preferencias ideológicas. La Monarquía moderna no está comprometida ni con la derecha ni con la izquierda, sino con el servicio al país; con la proyección hacia un futuro estable y con las libertades del hombre empezando con la libertad de opinión.

En la cúpula de nuestro Estado democrático reside una Familia española que se siente depositaria de una ancestral tradición que le vincula con los destinos nacionales en las horas de exaltación y en los periodos de contratiempo. Y que conviene la filiación hereditaria en el hilo conductor de un porvenir de promesas y de esperanzas.

José María de Areilza

31 Enero 1986

Don Felipe y el futuro de la Monarquía

Francisco Bustelo

Yo soy un republicano de toda la vida que ha acabado monárquico. Primero, por importancia o resignación, cuando se vio a la muerte de Franco que la República soñada era imposible. Luego, por la razón, al comprobar que en la peculiar pero positiva transición a la democracia la monarquía era una pieza maestra. Más tarde, por agradecimiento en el 23 de febrero. Por último, con el corazón, al sentir respeto y afecto por la eficacia y simpatía con que el Rey y la Reina se desempeñan en su dificil oficio.Pienso que lo que me ocurre a mí sucede a muchos, y es una suerte que así sea. No obstante, como es una gran novedad en nuestra historia que el Monarca sea un elemento tan favorable para la estabilidad y convivencia de la sociedad -pues en lo pasado, al menos en los últimos 200 años, fue más bien lo contrario-, hay que preguntarse qué sucederá en lo futuro. ¿Seguirá la Monarquía contando con el apoyo unánime, o casi, que tiene hoy? ¿Evolucionaremos los españoles desde nuestro juancarlismo actual y sin reservas a un monarquismo definitivo y también indiscutido?

Los republicanos -mayoría en España en los últimos 50 o 60 años y hasta hace bien poco- lo eran fundamentalmente por dos motivos. El primero, fortísimo en 1931, por considerar al monarca un obstáculo para el progreso y verlo como rey de sólo una parte de los españoles. Es obvio que tal razón ha desaparecido. El segundo, por entender que en una sociedad que tiende hacia la igualdad no está muy justificado que la jefatura del Estado se herede. Este último argumento, teóricamente vigente, ha de ser contrarrestado por la ventaja que puede suponer en la práctica democrática eliminar la elección presidencial. Es verdad que algunas repúblicas, como la alemana occidental, han reducido al mínimo la perturbación que siempre entraña tal elección. En otras, en cambio, como la francesa, aquélla complica sobremanera el discurrir político.

¿Puede conseguir un país acrecentar las ventajas y disminuir

os inconvenientes de la monarquía parlamentaria?

Como es bien sabido, un monarca constitucional tiene un cometido en apariencia sencillo y en realidad delicado y complejo. No puede ni debe inmiscuirse en la vida política -condición sine qua non para poder ser el rey de todos-, pero al mismo tiempo «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», tal como dice nuestra Constitución.

Por otro lado, el rey está sometido, desde que nace hasta que muere, caso único entre todos, a la permanente atención pública. Ésta es la paradoja de la monarquía constitucional. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, ninguna función pública depende tanto para su continuidad del comportamiento de quien la ejerce. Un error y las consecuencias son gravísimas. Como a un monarca no se le puede cambiar, si se quiere hacerlo sólo cabe una salida: acabar con la institución.

De aquí la fragilidad de las monarquías y el que tantas hayan desaparecido. De aquí la importancia de que los príncipes herederos cuenten con la mejor formación posible.

De nuestro Rey no se puede decir que recibiera una educación idónea para un monarca constitucional. Se benefició, sin embargo, de la influencia, por fortuna muy superior a la de algunos educadores, del conde de Barcelona, el primer Borbón español, desde Carlos III, con sentido de la historia. También, a juzgar por los resultados, ha acertado don Juan Carlos, desde que estuvo en sus manos elegirlos, con sus consejeros y personas de confianza.

Don Felipe goza de grandes ventajas respecto de su padre. Educado en familia, en una España democrática, todo parece indicar que su preparación es la idónea. Después del acierto de enviarle un año a Canadá, su paso, que debería ser relativamente rápido, por las academias militares, además de obligado, contribuirá a su formación, al someterle a una disciplina que luego, más adelante, sólo él mismo podrá autoimponerse. Habrá de completar su formación intelectual en la Universidad y estudiar algo, lo que sea -eso sí, conviene que sea una carrera completa-, con provecho, y no sólo para cubrir el expediente. (Su ejemplo, por cierto, podía ser imitado por nuestros futuros oficiales, cuya formación específica debería ir acompañada de estudios civiles, como se hace en tantos países).

No hay que olvidar que monarquías quedan pocas y hay que cuidarlas si se quiere que perduren. Las que sobreviven, en los países occidentales al menos, cuentan en su favor con generaciones y generaciones de monarcas que actuaron en bien de supaís. Por eso pueden permitirse el lujo de ser objeto de críticas sin que pase nada.

España no está todavía en ésas. Porque mirando al pasado muchos españoles tenderíamos a ser republicanos. Viendo el presente somos monárquicos. Para el porvenir, mucho dependerá de los futuros monarcas. Ojalá sean todos como don Juan Carlos y doña Sofía.

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