20 enero 2011

El catalán Eugeni Gay será el nuevo Vicepresidente del alto organismo

El progresista Pascual Sala se convierte en el nuevo presidente del Tribunal Constitucional poniendo fin a la era Casas

Hechos

El 20.01.2011 el juez D. Pascual Sala – ex presidente del Tribunal Supremo – fue elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

Lecturas

El 20.01.2011 el juez D. Pascual Sala – ex presidente del Tribunal Supremo, cargo que ocupó entre 1990 y 1996 – fue elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Sustituye en el cargo a Dña. María Emilia Casas, que ocupó el cargo desde 2004 en un mandato caracterizado por la tensión en torno a la sentencia del Estatut.

El mandato del Sr. Sala al frente del Tribunal Constitucional finalizaría en junio de 2013, cuando fue reemplazado por el Sr. Pérez de los Cobos.

Al finalizar el mandato de Dña. María Emilia Casas Baamonde como presidenta del Tribunal Constitucional es elegido nuevo presidente del tribunal D. Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Es considerado un juez progresista, afín al PSOE al igual que la Sra. Casas Baamonde, y partidario del Estatut.

D. Eugene Gay Montalvo, también juez progresista, asumirá la vicepresidencia. En el tribunal hay siete progresistas frente a cuatro conservadores.

La votación arrojó seis votos para el Sr. Sala, cuatro votos en blanco y 1 para el conservador D. Ramón Rodríguez Arribas. Su elección supone una derrota para D. Manuel Aragón Reyes, que también había sido propuesto para el cargo. El Sr. Aragón era un juez progresista pero contrario al Estatut.

MANUEL ARAGÓN, EL GRAN DERROTADO

Manuel_Aragon El magistrado del Tribunal Constitucional, D. Manuel Aragón, que había sido señalado como aspirante del PSOE para asumir la presidencia del TC fue el gran derrotado. Perdió gran parte de apoyos después de ser uno de los magistrados que más se opuso al planteamiento inicial del Estatut.

13 Enero 2011

Gracias, María Emilia Casas

Inmaculada Montalbán

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Lucía había dedicado gran parte de su vida a la atención de menores con discapacidad. Un día terminó su contrato de trabajo y se registró como demandante de empleo en la administración. Tuvo un hijo y un clic informático la desplazó a la casilla de «incapacidad temporal para el trabajo por baja maternal». Ocurrió en esos días que una empresa necesitaba personas con experiencia en menores con discapacidad. Lucía no fue llamada porque estaba encasillada como incapacitada. Reclamó ante la administración. Se le dijo: la ley protege la maternidad y no permite trabajar en los meses siguientes al parto. No puedes ser candidata para el empleo. No se resignó. Pleiteó, agotó todas las instancias judiciales y llegó a nuestro Tribunal Constitucional…que declaró la existencia de una acción discriminatoria, tras explicar que la aparente neutralidad de las normas no puede justificar un resultado discriminatorio e injusto.

Ciertamente esta decisión, en nuestra jerga filosófica jurídica, se calificaría «de equidad» o ejemplo de la justicia del caso concreto. Está ajustada a los valores constitucionales y a las expectativas que tiene la ciudadanía de una justicia social.

Una decisión, además, argumentada y generada con «perspectiva de género», esto es, que advirtió y evitó los resultados discriminatorios y perjudiciales que pueden conllevar aplicaciones automáticas de normas aparentemente neutrales.

Es un ejemplo, uno solo, de los muchos que ha tenido que abordar nuestro Tribunal Constitucional cuya presidencia deja María Emilia Casas, por vencimiento del tiempo para el que fue nombrada.

Si de justicia era el caso de Lucía, también es de justicia destacar el trabajo de este Tribunal en el ámbito de la violencia de género y del derecho antidiscriminatorio. Durante la Presidencia de Casas avaló la constitucionalidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Reconoció las características específicas de este fenómeno criminal, las necesidades de protección de la víctima y el mayor reproche social de las agresiones contra la esposa o pareja. En la aplicación del derecho antidiscriminatorio, ha seguido el camino marcado por los compromisos contraídos por nuestro país a nivel internacional y europeo. Unos compromisos que han sido fruto del esfuerzo social y político realizado por las mujeres y los movimientos sociales para avanzar en la promoción de la igualdad.

Esto ha permitido una avanzada doctrina constitucional orientada a erradicar los obstáculos que impiden la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la promoción de la co-responsabilidad de hombres y mujeres y la eliminación de estereotipos y prejuicios que siguen justificando la discriminación.

Leyes como la de impacto de género (2003), contra la violencia de género (2004) o de igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007) son de enorme importancia en una época como la actual, en la cual la mayoría de los países sufrimos un complejo proceso de transformación para ajustarnos a las exigencias del nuevo modelo económico (la globalización) y a un nuevo modelo social (la sociedad del conocimiento). Por primera vez, profesionales del derecho nos vemos sometidos a criterios de competencia, eficacia, eficiencia y utilidad, objetivos que nos resultaban extraños hace poco tiempo.

Documentos tan importantes como el Tratado de Lisboa recomiendan profundizar en las políticas de igualdad para mejorar la competitividad y productividad de nuestras economías, porque ello supondrá el aprovechamiento de los mejores esfuerzos de toda la ciudadanía. En el marco del estado constitucional, todos los poderes del Estado son piezas clave en el proceso de modernización social. En España, además, tenemos el mandato constitucional de hacer lo posible para «dar el salto» desde la igualdad formal hasta la igualdad real o material.

A pesar de las dificultades actuales y aunque «la crisis económica tiene género», como dijo el periodista Oscar Subijana, el objetivo constitucional de sociedades más democráticas, justas, solidarias merece todo nuestro esfuerzo….Por la parte que te corresponde, gracias María Emilia Casas

21 Enero 2011

Un presidente que ZP no quería ni de magistrado

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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LA ELECCIÓN de Pascual Sala como presidente del Constitucional -con la silla vacía de los cuatro magistrados cuya elección corresponde al Congreso- devuelve a una alta magistratura del Estado a un jurista plenamente identificado con el PSOE o, mejor dicho, con el felipismo. Sería prolijo explicar aquí los numerosos favores que Sala prestó a los gobiernos de Felipe González en los casos relacionados con la guerra sucia. El regreso de Sala no puede desligarse de los actuales avatares de la política y, en particular, del declive del liderazgo de Zapatero, cuyo hueco está siendo aprovechado por la vieja guardia socialista para tomar posiciones. Hay que recordar que Zapatero nunca quiso a Sala de magistrado en el Constitucional porque prefería a Conde-Pumpido, lo que no pudo ser. La elección de Sala no contribuirá a devolver a este Alto Tribunal el prestigio perdido.