El progresista Pascual Sala será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el conservador José Luis Manzanares será el nuevo Vicepresidente

Obedientemente, los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han elegido como presidente al candidato del partido del Gobierno. El hecho de mantener la buena conciencia mediante la presentación formal de varias candidaturas, e incluso de que se hayan dado algunos votos testimoniales para ellas, no hace sino resaltar que todo, quizá hasta la disidencia controlada, estaba previsto.Es probable que el elegido no desmerezca de otros candidatos. Pero debería preocuparle que nunca se sepa si en su elección ha contado de modo determinante su valía profesional y personal y su adecuación a los requisitos legales exigidos para el ejercicio de la función, o, por el contrario, el compromiso expreso o tácito previamente adquirido por sus electores a cambio de su inclusión en la lista parlamentaria de consejeros.

Esta falta de autonomía para la libre designación del presidente culmina un proceso de elección parlamentaria del CGPJ gravemente desfigurado por los criterios de cuotas de poder y afinidad ideológica impuestos por los partidos. El resultado es que el nuevo CGPJ nace con un déficit de legitimidad ante los jueces sobre los que ha de ejercer sus facultades. Inevitablemente, esta falta de autoridad repercutirá en la deslegitimación del poder judicial ante la sociedad.

Las fuentes de legitimación democrática del poder judicial -sujeción estricta a la ley y capacidad para hacerla cumplir- nada tienen que ver con la voluntad de la mayoría, que es la base legitimadora del Legislativo y del Ejecutivo. Pero el gobierno de dicho poder, dada su dimensión constitucional y no corporativa, debe trascender de quienes son sus titulares y vincularse de alguna manera a la soberanía popular. La elección parlamentaria garantiza en principio esa vinculación, pero a condición de que sea tal -es decir, por órganos parlamentarios propiamente dichos y previo debate público sobre los méritos y cualidades de los candidatos-, y no una mera componenda urdida en los despachos de las ejecutivas de los partidos.

La principal tarea del CGPJ es velar por la independencia de los jueces en el cumplimiento de su función jurisdiccional y por la máxima adecuación de ésta a los valores constitucionales. ¿Pueden los jueces esperar razonablemente que vele por su independencia un órgano que ha dado muestras de haber hecho dejación de la suya? Y, sin embargo, esta relación de confianza es imprescindible para que el CGPJ ejerza con éxito sus tareas de gobierno, que desbordan las puramente disciplinarias.

Por trece votos contra cuatro, Pascual Sala es desde ayer el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Los votos minoritarios fueron para Clemente Auger y los dóciles y mayoritarios para el candidato pactado por los partidos políticos que se repartieron los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Nada podía fallar. Y por si había alguna duda, Martín Toval, por parte del Partido Socialista, y Rodrigo Rato por el Popular, cenaron horas antes de la votación con sus comisarios políticos a fin de convencerles de que no era su misión debatir el nombre del presidente; sólo votar al candidato previsto. A la luz de los resultados, ciertamente los convencieron. Y fue tal el poder de convicción de los políticos que incluso hubo un vocal que defendió la candidatura de Sala con el peregrino argumento de que rechazarlo sería como ceder a las presiones de los medios de comunicación. Y la farsa se consumó

NO YERRA mucho el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares, cuando diagnostica que este organismo está moribundo, por falta de competencias. Es algo constatable para quien quiera ver y es, desde luego, la impresión general existente en los medios judiciales. También en los políticos. Los vocales que han planteado la reprobación de Manzanares deberían haber aprovechado el revulsivo de esas declaraciones, independientemente de la ideología de quienes las han hecho, para suscitar un debate serio sobre la cuestión y ver la forma de sacar a la institución de su letargo. La actitud de la mayoría del CGPJ, que ha desaprobado las declaraciones de su vicepresidente, es difícilmente entendible si no se considera como una reacción en defensa propia, aunque se puedan alegar razones de inoportunidad en las palabras de Manzanares.Tampoco puede tildarse de incoherente la actitud del vicepresidente del CGPJ de no dimitir de un organismo que juzga inoperante. Incluso si su diagnóstico fuera incierto tendría otro tipo de responsabilidades que la obligación de dimitir; entre otras, la de procurar cambiar la situación. La función de vocal del CGPJ no responde a ningún nombramiento de confianza, sino que está vinculada, aunque de forma indirecta, con el mandato popular mediante su designación parlamentaria. Los vocales del CGPJ se deben exclusivamente a este mandato en la defensa de sus posiciones sobre la justicia. Nadie consideraría obligada la dimisión de un diputado por el hecho de criticar el funcionamiento del Parlamento.

Por otra parte, no sería deseable que la denuncia hecha por el vicepresidente del CGPJ derivase, interiormente, en una guerra partidista entre los vocales elegidos a propuesta del PSOE y los propuestos por el PP, el más relevante de los cuales es precisamente Manzanares. Sería tanto como dar la razón a quienes descalifican la designación parlamentaria de los vocales del CGPJ aduciendo que ello politiza la justicia, enfeudando la institución a los intereses y a las tácticas de los partidos.

Es cierto que la derecha judicial fue reticente, primero, ante la creación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano concebido por el movimiento de Justicia Democrática en las postrimerías del franquismo e incluido en la Constitución con el aval de los partidos de la oposición democrática a la dictadura. Y que, una vez que copó la totalidad de las vocalías atribuidas al estamento judicial en el primer Consejo General del Poder Judicial (1980-1985), intentó hacer de esta institución una especie de baluarte frente a las políticas reformistas de los Gobiernos de UCD y del PSOE.

Precisamente, para evitar la utilización corporativista por parte de los jueces del órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado -el judicial- los socialistas establecieron en 1985 la designación por el Parlamento de todos sus miembros. Pero paralelamente redujeron drásticamente sus competencias. Desde entonces acá la contradicción es inocultable: la institución ha reforzado su legitimidad de origen, es más representativa, pero incide poco en el ámbito de la política judicial.

Esta incoherencia es, justamente, lo que señala el diagnóstico del vicepresidente del CGPJ. Todos los vocales deberían estar interesados en resolverla con fórmulas institucionales, más oportunas que el voluntarismo bienintenciado de algunos de ellos, y no permitir que esta tarea -razonable y constitucionalmente exigible- sea monopolizada por otras fuerzas y opciones políticas.