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La familia del piloto fallecido durante el accidente del Monte Oiz, consideró que las expresiones de los periódicos (en el caso de DIARIO16 le calificaban de ultra y 'cachondo mental') eran ofensivas

El Constitucional condena a Pedro J. Ramírez y absuelve a Juan Luis Cebrián por los artículos contra el piloto siniestrado José Luis Patiño

HECHOS

  • El 22.11.1990 el Tribunal Constitucional hizo pública la sentencia los responsables de las informaciones sobre el piloto fallecido José Luis Patiño en el diario EL PAÍS (D. Jesús Polanco y D. Juan Luis Cebrián) y en el periódico DIARIO16 (D. Juan Tomás de Salas, D. Pedro J. Ramírez y D. Fernando Baeta) absolviendo a los primeros y condenando a los segundos.

patiño

 Tanto el periódico DIARIO16, dirigido por D. Pedro J. Ramírez, como el periódico EL PAÍS, dirigido por D. Juan Luis Cebrián, publicaron perfiles del piloto del avión Boeing 727 siniestrado en el Monte Oiz. En diario EL PAÍS lo tituló ‘José Luis Patiño, un piloto aristócrata’ (20.02.1985) y DIARIO16 lo tituló ‘El Último vuelo del comandante Patiño’ (23.02.1985).

Ambos periódicos recogía la información de que el Sr. Patiño había mantenido una pelea física con otro piloto. En octubre de 1985 ambos periódicos fueron condenados a indemnizar a la familia Patiño. El Tribunal Constitucional anularía en noviembre de 1990 la condena al Sr. Cebrián y a EL PAÍS, pero ratificaría la condena al Sr. Ramírez y a DIARIO16.

El motivo es que en la crónica de DIARIO16, firmada por D. Fernando Baeta, se acusaba al Sr. Patiño de ser un derechista ‘bebedor de cerveza y lector de ABC, de ideas muy conservadoras, un ‘cachondo mental’, al que le encantaba supervisar las pruebas de las auxiliares femeninas de vuelo para poder verlas nadar. Que ‘agarró por las solapas’ a un pasajero cuando este le protestó por un retraso, porque era ‘agresivo y violento’. Por todas estas expresiones DIARIO16 debería indemnizar con cinco millones a la familia Patiño.

PUYAS DEL EL MUNDO Y ABC CONTRA EL PAÍS

El diario EL MUNDO que dirige ahora el condenado D. Pedro J. Ramírez reprodujo un recuadro el día 23.11.1990 en el que insinuaba que el trato diferente entre su caso y el del Sr. Cebrián se debía que el ex director de EL PAÍS y ahora CEO del Grupo PRISA era un periodista ‘más cómodo’ y el Sr. Ramírez era más incómodo. El diario ABC de D. Luis María Anson reprodujo el artículo el día 24.11.1990. El diario EL PAÍS respondió a las isinuaciones de ambos en su editorial del día 25.

El artículo publicado por EL MUNDO y ABC contra Tomás y Valiente (presidente del TC) y contra EL PAÍS:

La caprichosa y arbitraria discriminación contenida en la sentencia por la que, en base a unos mismos hechos, el Tribunal Constitucional ampara a Juan Luis Cebrián -entonces director de EL PAÍS- y condena a Pedro J. Ramírez -entonces director de DIARIO16 – tiene la suficiente gravedad como para requerir una reflexión mucho más profunda y extensa. Baste decir como anticipo de urgencia que si el Alto Tribunal considera aceptable calificar a un ciudadano de «exaltado, cambiante e irascible», pero atentatorio a su honor recoger opiniones ajenas que lo tildan de «cachondo mental y maleducado», entonces Tomás y Valiente y sus colegas estan dando vía libre a la instrumentación política de la Justicia en contra de la libertad de expresión. A caballo de tan tenues fronteras semánticas será fácil arropar a los periodistas cómodos y acosar -ante sus empresas y ante el conjunto de la sociedad- a los incómodos. Condenar, por otra parte, a un director por el contenido de un artículo firmado no puede tener otro objetivo sino el de convertirle en censor de su propio periódico, tal y como hacían las leyes franquistas.

24 Noviembre 1990

El doble rasero del Tribunal Constitucional

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Al emitir dos sentencias diferentes sobre sendos recursos de amparo, aceptando el de Juan Luis Cebrián y rechazando el de Pedro J. Ramírez, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto a dos informaciones de cariz diferente, sino que ha emitido dos apreciaciones diferentes respecto a una información esencialmente idéntica. El Tribunal Supremo condenó a ambos periodistas por las informaciones publicadas en sus entonces respectivos periódicos -EL PAÍS, que dirigía Cebrián, y DIARIO16, que dirigía Ramírez- sobre el comandante de Iberia José Luis Patiño, que pilotaba el avión que se estrelló en el Monte Oiz de Bilbao. El TC acepta como pertinentes expresiones alusivas al carácter exaltado e irascible del aviador -las de EL PAÍS, mientras que considera como una «intromisión ilegítima en el honor del comandante Patiño» expresiones -las de DIARIO16- como «cachondo mental» y «maleducado». Igualmente juzga como lesivas para su honor, por tratarse de una «persona privada», y sin «conexión ninguna con la información sobre el accidente», las alusiones del periódico dirigido entonces por Ramírez al hecho de que el fallecido comandante, según múltiples testimonios de su entorno, tuviera afición a la bebida y viviera -pese a estar casado y con hijos- con una azafata que se encontraba embarazada. Es un síntoma de lamentable desconexión con la mentalidad actual que la expresión «cachondo mental» -de carácter positivo en el lenguaje coloquiallesione, en opinión del TC, el honor de una persona o que el dato objetivo de una relación sentimental extramatrimonial -comúnmente aceptada en la sociedad de hoy- pueda afectar al honor de alguien. Sin embargo, lo publicado por DIARIO16, más allá de los calificativos -de calibre semejante a los emitidos por EL PAÍS- aportaba datos veraces destinados a aclarar la situación personal del comandante Patiño, protagonista de un suceso no privado sino de alcance nacional, al que, según una investigación de su compañía aérea, se atribuyó el «error humano» causante de la tragedia. De esta doble sentencia, que separa interesadamente y al gusto del Gobierno los periodistas «buenos» de los periodistas «malos», sólo puede desprenderse la significativa y preocupante conexión del TC con la intención gubernamental de amedrentar a la prensa, argumentando, con sofismas inescrutables, las sutiles diferencias entre los constitucionales derechos a opinar e informar verazmente. Anteriores sentencias del TC sobre la prensa revelan el carácter mutante, zigzagueante y aún contradictorio de su doctrina jurídica, que, por otra parte, no duda en recurrir a la superada y obsoleta Ley de Prensa e Imprenta de 1966, virtualmente derogada por la Constitución y la práctica democrática, a la hora de atribuir en cascada a los directores responsabilidades que son contrarias a la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Carta Magna. Cabe confiar en que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo -ante el que recurrirá el Grupo 16- será sensible al desamparo en el que se encuentra la prensa independiente en España.

25 Noviembre 1990

Informar e insultar

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

Como no es infrecuente entre quienes sucumben a la pasión de los amores tardíos, el que algunos aparentan sentir ahora por la libertad de prensa comienza a nublarles la razón. No es extraño, por ello, que carezcan de una percepción clara sobre lo que representa esta conquista fundamental de las democracias y que envilezcan su ejercicio confundiéndolo sin más con la impunidad para mentir, insultar y manipular sin medida y a su antojo.El Tribunal Constitucional ha dictado sentencias distintas en los recursos de amparo planteados por EL PAÍS y DIARIO16 contra las respectivas condenas de cuatro y seis millones de pesetas -confirmadas en su día por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo- por las informaciones publicadas sobre José Luis Patiño, piloto del avión de Iberia que sufrió un accidente en el monte Oiz, cerca de Bilbao, en 1985, y en el que perecieron 148 personas. En la referente a EL PAÍS, el Tribunal Constitucional anula la condena por estimar que la información publicada fue veraz y no insultante, mientras que confirma la de DIARIO16 por considerar que en este caso la información (elaborada en la anterior etapa del periódico, con un director distinto [Pedro J. Ramírez] ) fue vejatoría y constituyó una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad del piloto fallecido, por tanto, no amparada por el derecho preferente a la libertad de información. Estos amantes tardíos de la libertad de prensa, alguno de ellos con un sobresaliente historial de degradantes e impunes violaciones de la intimidad de la persona en su haber, pretenden explicar la aparente contradicción no en virtud del análisis de los fundamentos de las sentencias, sino en la clave de favoritismos y dobles raseros, que tanto les sirve en su actividad cotidiana. El Tribunal Constitucional habría sido ejecutor, según esa alucinante teoría, de directrices gubernamentales destinadas a amedrentar a los medios de comunicación mediante una arbitraria discriminación entre periodistas cómodos e incómodos para el poder. Naturalmente, quienes de tal guisa razonan se incluyen entre los gloriosos representantes del segundo grupo, vigilantes celadores de la libertad de expresión, mientras que quienes se niegan a seguirles por el terreno de la injuria o la demagogia lo harían por inconfesables motivos. En significativo contraste con esa argumentación manipuladora, el propio periódico perjudicado por la sentencia, DIARIO16, atribuía ayer, en un editorial muy sensato, la disparidad de pronunciamientos a la intervención de ponentes diferentes en cada uno de los recursos.

Si fuera acertada esa explicación, habría que lamentar que los posibles criterios dispares no hayan sido integrados en una jurisprudencia única. Pero, más allá de esa disparidad, habría que considerar si la existencia de diferencias en el tratamiento dado a la información en cuestión. Justifica resultados también distintos de la aplicación de una misma doctrina. Desde hace años, el Tribunal Constitucional ha ido tejiendo una doctrina progresiva y abierta sobre la libertad de información. Así, ha admitido su carácter preferente sobre otros derechos fundamentales -al honor y a la intimidad, entre otros- cuando se trata de personas o de asuntos públicos o de interés general, y en cuanto contribuye a la formación de la opinión pública, esencial en un régimen democrático. De acuerdo con esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha considerado que el tratamiento informativo dado por EL PAÍS a la personalidad del piloto fallecido -referencias a su carácter «irascible», a sus depresiones o a que estuviera pasando una «mala racha personal»- no han constituido una intromisión ilegítima en su honor e intimidad, mientras que sí lo han sido expresiones tales como «cachondo mental» o «maleducado y grosero» y referencias a que «vivía con otra mujer», contenidas en la otra información. El tribunal razona que, mientras las expresiones de EL PAÍS están vinculadas al hecho informativo -el accidente- y tienden a la formulación de una explicación racional sobre sus causas, no ocurre así en las de DIARIO16, lo que las hace innecesarias y gratuitas. Se esté o no de acuerdo con esta interpretación, una cosa parece clara: el Constitucional amplía los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo sobre la libertad de prensa, y ello debería ser aplaudido por todos los defensores sinceros de este derecho. Que no lo haya hecho en los términos deseados por algunos es otra cuestión, pero no puede negarse que el Tribunal Constitucional avala su postura con argumentos razonados. Algo que no quieren quienes pretenden hacer creer -en una clara distorsión del oficio de periodistas- que da lo mismo decir ocho que ochenta y ocho, -y que vale igual usar una expresión que otra para calificar a las personas. Es decir, que todo vale. Que es lo mismo informar que insultar.

27 Noviembre 1990

El Tribunal Constitucional cambia de opinión

Enrique Gimbernat

EL Tribunal Constitucional había ido estableciendo en los últimos años una jurisprudencia sobre la libertad de prensa caracterizada, en primer lugar, por el establecimiento de unos criterios precisos que garantizaban la seguridad jurídica, y, en segundo lugar, por una orientación progresista. Se garantizaba la seguridad jurídica porque en materias de interés general los únicos límites que se imponían al periodista era el de que no se utilizaran expresiones formalmente injuriosas y el de que no se hiciera alusión a datos deshonrosos, cuando éstos eran innecesarios por no guardar relación con la información que se transmitía. Y la orientación era progresista porque, al declarar prevalente la libertad de expresión sobre el derecho al honor, se posibilitaba que los ciudadanos pudieran formarse una opinión fundamentada sobre los asuntos públicos.

Repentinamente, y a partir de la sentencia dictada en junio de este año en el recurso de amparo interpuesto por el periodista José María García, el Tribunal Constitucional ha iniciado un inconfesado cambio de orientación cuya última manifestación la constituye la sentencia de 12 de noviembre de 1990 en la que se considera una intromisión en el honor y en la intimidad del comandante Patino un artículo publicado por el periodista Fernando Baeta en DIARIO16: al informar sobre el accidente de aviación del monte Oiz que costó la vida a 148 personas, Baeta, comentando la personalidad de Patiño, piloto del Boeing siniestrado, aludía a que a éste unos le consideraban un «cachondo mental» y otros «un maleducado y un grosero», así como a sus supuestos problemas económicos y con la bebida, y a que, estando casado, convivía con una azafata que se encontraba embarazada. El TC deniega el amparo solicitado por Baeta fundamentándolo en que el periodista hace referencia en su artículo a datos innecesarios para la información y en que utiliza epítetos insultantes y vejatorios. Pero ninguna de estas dos afirmaciones del TC se tiene en pie. En primer lugar, porque si ante un accidente aéreo surgen dudas fundadas -investigadas posteriormente por Aviación Civil- sobre supuestas irregularidades de la tripulación, naturalmente que, para que la opinión pública pueda estar informada sobre todos los aspectos de un suceso que la conmociona, es absolutamente necesario saber cuál era la personalidad y el estado de ánimo del piloto que dirigía la tripulación, y hasta qué punto los eventuales problemas de orden económico, sentimental o de costumbres de una persona que, aunque haya sido a su pesar, se ha convertido en noticia pueden haber afectado a su capacidad para conducir el avión que se le había confiado. El primero en reconocer la necesidad de esa información es el propio TC que, en una sentencia dictada el mismo día en otro recurso de amparo planteado por EL PAÍS , establece que no hay intromisión ilegítima en el honor ni en la intimidad de Patino, aunque se diga de él -como decía EL PAÍS- que era una persona «exaltada», «cambiante», «irascible» y «conflictiva», que caía en «frecuentes estados de depresión», y que «volaba de forma irreflexiva»; si todas estas expresiones objetivamente deshonrosas para Patino están justificadas, como afirma el TC, porque son imprescindibles para que los lectores puedan formarse una opinión sobre una materia de evidente interés general, entonces no se entiende por qué no ha de regir lo mismo para el artículo de DIARIO16, dónde no se hace otra cosa que aludir a los mismos rasgos de la personalidad del piloto, aportando ulteriores datos que pueden ayudar a explicar la razón de esos rasgos.

En segundo lugar, no se comprende tampoco cómo el TC puede mantener que las expresiones utilizadas por Fernando Baeta son formalmente injuriosas y vejatorias. Hasta ahora, el TC y los Tribunales que habían seguido la orientación jurisprudencial de aquél habían atribuido ese carácter únicamente a epítetos abiertamente insultantes como «canalla» o «bellaco» y a las numerosas imprecaciones de origen obsceno que conoce nuestro idioma. Y todo ello, ademas, sólo dentro del marco de la crítica a personas privadas. Porque cuando la controversia afectaba a políticos el margen de tolerancia se ampliaba, hasta el punto de no considerarse atentatorio contra el honor vincular al Jefe del Estado con el adjetivo «fascista» (sentencia del TC de 15 de febrero de 1990), ni llamar al Presidente del Gobierno «cretino» y «torturador» (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1990). A la vista de todos estos antecedentes, decir ahora que la expresión «cachondo mental» aplicada a un personaje, que ciertamente no es un político, pero que se ha convertido en público en contra de su voluntad por su implicación en un trágico accidente, es también «vejatoria» supone dar a este concepto un contenido completamente distinto al que tenía hasta entonces y romper, con ello, con toda la línea jurisprudencia) trabajosamente establecida en los últimos ocho años.

La conclusión de todo lo expuesto no puede ser más alarmante. En sus últimas sentencias sobre conflictos entre el honor y la libertad de expresión, el TC ha pasado a considerar ilícitos la exposición de datos necesarios para la formación de la opinión pública en noticias de alcance general y el empleo de vocablos no vejatorios. Ello significa que ha sustituido los anteriores criterios por otros nuevos que no se sabe muy bien cuáles son, que a partir de ahora es imposible de predecir dónde está el limite entre lo lícito y lo ilícito en materia de libertad de expresión y de opinión, y que hemos entrado, por consiguiente, en el caos de la más absoluta inseguridad jurídica.

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