Redada anticastrista en Cuba: EL régimen de Fidel Castro detiene a 80 opositores y condena al periodista y poeta Raúl Rivero a 20 años de cárcel junto a Héctor Palacios

Fidel Castro mantiene encarcelados desde hace dos semanas a unos 80 opositores a la dictadura, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, a los que acusa, todavía no formalmente, de intrigar con Estados Unidos. El Gobierno cubano, que inició la aparatosa redada coincidiendo con el comienzo de la guerra en Irak, sostiene que los detenidos están vinculados a actividades conspirativas del jefe de la sección de intereses de Washington en La Habana, James Cason. Si se les aplica la ley mordaza de 1999 pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

Desde su llegada a la isla en septiembre pasado, Cason mantiene abierta su oficina a la oposición y ha asistido a reuniones en diferentes partes del país. Castro le acusa de organizar y financiar la disidencia y ha amenazado con cerrar la misión de EE UU, pero por el momento se contenta con restringir los desplazamientos de sus miembros. La redada castrista, la más seria en la última década, forma parte de la escenificación de la ira del dictador cubano en tiempos económicamente malos, y en el momento en que crece en la isla la expectación y el debate sobre el inevitable cambio político. El puñado de disidentes que hace años recibía un trato casi folclórico es ahora un movimiento organizado de miles de personas que exigen el final de la dictadura. A los opositores cubanos no les ayuda precisamente el pésimo momento de las relaciones entre La Habana y Washington, agravadas estos días por el secuestro de dos aviones -el segundo ayer mismo-, cuyos autores han conseguido tras diversas vicisitudes aterrizar en Florida.

La Habana conoce por igual lo indefendible de sus argumentos y la repercusión internacional de sus medidas represivas, condenadas ya por la OEA, la Unión Europea, el Departamento de Estado y cualificadas organizaciones pro derechos humanos. La oleada represiva lanzada por un oportunista tan consumado como Castro tiene mucho que ver con la coyuntura internacional. Sabe el dictador que todos los ojos están girados hacia Oriente Próximo y quiere aprovecharlo para sacar tajada política sobre la indefensa oposición.

Si el Gobierno cubano entiende que el encargado estadounidense viola sus leyes, puede expulsarlo del país. Tratar de castigarle sobre las espaldas de quienes legítimamente pretenden la apertura de un proceso democrático revela a la vez su debilidad y su desprecio total por los derechos humanos.

Con la nocturnidad que podía deparar el conflicto de Irak y la alevosía de un criminal concepto de la legalidad, Fidel Castro lanzó el 18 de marzo una oleada de detenciones seguidas de juicios sumarísimos contra 78 acusados, en su gran mayoría periodistas, sobre los que van a caer penas de entre 11 años de cárcel y cadena perpetua. El texto de apariencia legal invocado en gran parte de los casos es la Ley de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba, de 1999. Su enunciado lo dice todo: cualquier opinión escrita en medios extranjeros o en Internet que no plazca a las autoridades es susceptible de considerarse «actividades conspirativas», habitualmente «al servicio de Estados Unidos».

Con este bochornoso remedo de legalidad se va a condenar a 20 años o pena similar al periodista y poeta Raúl Rivero, al que se acusa de trabajar para «la agencia subversiva francesa» Reporteros sin Fronteras, en una muestra de la genial ignorancia del mundo exterior que reina en la isla antillana. Y el de Rivero es sólo el más destacado de los simulacros de juicio de la media docena que ya han quedado vistos para sentencia.

El arrebato represor contrasta con la calculada pasividad, que no tolerancia, con que se permitió al disidente más conocido en el mundo, Oswaldo Payá, recoger más de 11.000 firmas el año pasado y presentarlas ante el Parlamento cubano para pedir un referéndum sobre el cambio político, así como autorizarle la salida de la isla para recoger el Premio Sájarov, concedido por el Parlamento Europeo, y entrevistarse con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell.

Con el peculiar sentido de la oportunidad de las autocracias, parece que la respuesta a aquella audacia llega ahora. No son, sin embargo, los grandes disidentes, con la excepción de Rivero, los que van a ir a parar a las sentinas carcelarias de La Habana. Pero sí se trata de un aviso que hace temer que está en peligro incluso lo más notable de una oposición sólo semitolerada como válvula de escape y para no negarse el acceso a determinadas ayudas internacionales. En las circunstancias bélicas actuales, en que Washington endurece su política exterior, es una respuesta, por tanto, a Payá y a Estados Unidos.

A la UE no le queda otra forma de presión sobre el régimen castrista que la revisión de sus programas de ayudas, pero aun ello habría de meditarse cuidadosamente, puesto que es la sociedad más que el sistema quien pagaría los platos rotos. Europa debe protestar, sin embargo, tan alto como pueda. Poco más cabe hacer, mientras Castro reta a los blindados de Bagdad