El Rey de España, Felipe VI, retira la pensión vitalicia a su padre Juan Carlos y renuncia a cualquier herencia que este pueda dejarle

El comunicado emitido por la Casa de Su Majestad el Rey por el que Don Felipe renuncia a la herencia de Don Juan Carlos y le retira su asignación económica es inédito en la historia de nuestra Monarquía. La decisión del Rey es tan drástica y dura -especialmente desde la esfera personal- como ejemplar. Incluso con España en plena incertidumbre y sometida a estado de alarma por la anomalía causada por el coronavirus, Don Felipe acierta porque no tenía más alternativa en defensa de la Monarquía, de la estabilidad y del rigor institucional para garantizar su futuro. Las investigaciones judiciales en torno a las graves acusaciones que pesan contra Don Juan Carlos por la gestión de dos fundaciones, y por la supuesta percepción de cantidades millonarias en paraísos fiscales, no dejaban más margen de maniobra a Don Felipe. Por eso, el sacrificio personal que supone romper de facto con su padre no es solo demoledor, sino una forzosa obligación basada en la necesidad de la Casa Real de dar ejemplo y prestigiar a la institución, que ya se vio zarandeada durante los últimos años de reinado de Don Juan Carlos por escándalos que dañaron su credibilidad. Hoy, los hechos investigados revisten tal gravedad como para que sea Don Felipe quien haya dictado sentencia, moral e institucional, más allá de lo que puedan fallar en el futuro los tribunales.

En 2011, Don Felipe tomó una primera decisión solvente al romper con su cuñado Iñaki Urdangarin, y más tarde, en 2015, actuó con una determinación sin precedentes cuando retiró el título de Duquesa de Palma a su hermana Cristina. Don Felipe impuso la lógica por el riesgo de pérdida de legitimidad que amenazaba a la Monarquía, y más aún en momentos de un populismo en alza. Ahora, la protección de la imagen de la Corona y la necesidad de expresar públicamente, sin evasivas ni matices, que el Rey siempre estará al servicio de los españoles imponían la contundencia demostrada por Don Felipe, que por supuesto ha renunciado a ser el beneficiario de las cantidades gestionadas por las dos fundaciones vinculadas a Don Juan Carlos. Cantidades de origen posiblemente turbio de las que además Don Felipe no sabía nada. El caso está en manos de la Justicia, y más allá del recorrido procesal que pueda tener en los próximos meses, Don Felipe ha hecho un encomiable alarde de integridad, honestidad y transparencia porque con el sacrificio de la figura de su propio padre refuerza su lealtad a la Corona por encima de cualquier otro interés o persona.

Don Felipe accedió al reinado con un compromiso ineludible de regeneración, sin ataduras emocionales y con la exclusiva prioridad de anteponer su deber a cualquier otra consideración o privilegio. Y así está reinando, con una recuperación muy notable, por cierto, del índice de confianza en la Corona. En una sociedad cada vez más necesitada de liderazgos, como lamentablemente lo demuestra la clase política gobernante en estas circunstancias de severo peligro para la salud pública, el Rey lo ejerce con entereza, dignidad y aplomo. Lo demostró en octubre de 2018, cuando el separatismo catalán puso en riesgo la unidad de España y promovió la fractura de la soberanía nacional, y lo demuestra ahora, con la ciudadanía necesitada de decisiones eficaces. Nadie podrá dudar de los innumerables servicios prestados por Don Juan Carlos a los españoles, pero en la medida en que también sus actos son necesariamente sometidos al escrutinio público y se perciben como graves, Don Felipe ha ofrecido una lección moral a toda la clase política. Nunca en democracia ningún partido político actuó con la rapidez, severidad y ejemplaridad pública con que lo ha hecho ahora Don Felipe en el seno de su propia familia ante la investigación de irregularidades difícilmente explicables. Por eso el Rey aporta un valor incalculable a su reinado y deja claros cuáles son los compartimentos estancos existentes en la Monarquía desde cualquier perspectiva ética.

La inmunidad jurídica de la que goza el Rey en España no puede convertirse en una pantalla que justifique conductas aparentemente abusivas, arbitrarias o directamente contrarias a la legalidad. Don Juan Carlos tiene, por supuesto, la legitimidad de defenderse si así se lo reclamasen los jueces, y mantiene intacto el derecho a la presunción de inocencia. Pero Don Juan Carlos es el primero en asumir conscientemente que su hijo no podía actuar de otro modo. La Monarquía parlamentaria que rige en España, las previsiones constitucionales sobre la Corona, y el propio sentido común no podían aconsejar otra cosa al Rey. España le debe mucho a la Monarquía en estos casi 45 años de democracia. Y se lo seguirá debiendo en años venideros porque Don Felipe no hace sino reforzar y endurecer a la institución.

La Casa del Rey difundió el domingo un comunicado en el que Felipe VI hacía pública la renuncia a la herencia de su padre, don Juan Carlos, y retiraba a este la asignación económica prevista en el presupuesto de la Jefatura del Estado. Estas decisiones responden a las informaciones publicadas sobre la existencia de dos fundaciones en el extranjero en las que el Rey emérito aparece como beneficiario y no declaradas en España, una de las cuales habría recibido pagos de Arabia Saudí y en la que, sin su conocimiento, aparecería el rey Felipe VI, también como beneficiario. La gravedad de unos hechos presuntos sobre los que ya trabaja la justicia no puede ser minimizada con la excusa de proteger el sistema constitucional de 1978. Antes por el contrario, proteger el sistema constitucional, incluida la Monarquía como forma de gobierno que hoy encarna Felipe VI, exige que, según él mismo reclama, el Estado de derecho se aplique con escrupuloso rigor.

Desde el punto de vista político significa, además, que bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan. Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas. Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene.

Atenerse en las reacciones públicas ante el caso a las diferencias entre las instituciones y las personas será determinante para que el país y el sistema constitucional salgan de esta nueva prueba fortalecidos en lugar de debilitados. Los hechos recién conocidos, y de los que el rey Felipe VI se ha distanciado con acciones inequívocas, han producido conmoción e indignación entre los ciudadanos. Conviene no perder de vista, sin embargo, que, sea cual sea el itinerario judicial que aguarde al caso, se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos.

Este último tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época. El respeto y el prestigio que supo ganarse entre los ciudadanos y los Gobiernos de todo signo deberían haber sido suficiente recompensa para quien, como él, desempeñó un papel político insustituible para dejar atrás la dictadura. Exigir que comparezca ante la ley si así lo estiman los jueces y lo permite la interpretación legítima de las normas no es incompatible con seguir reconociéndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequívoco compromiso con una Constitución que tanto le debe, y con sus instituciones.

La difícil pero inevitable decisión tomada por don Felipe VI a última hora de la tarde de ayer -en una de las situaciones más dramáticas por las que está pasando la democracia española a causa de la crisis sanitaria que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma- es una nueva muestra de la altura de estadista de un Monarca que, en sus pocos años de reinado, ha demostrado su firme compromiso con la ejemplaridad que debe caracterizar a la primera institución del Estado. Y que la promesa hecha en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 de «preservar» el «prestigio» de la Monarquía y «observar una conducta íntegra, honesta y transparente» en el desarrollo de sus funciones constitucionales no es retórica vacía sino un empeño por el que está dispuesto a realizar sacrificios de íntimas consecuencias familiares.

Ya lo demostró cuando como reacción al caso Nóos, en el que la Infanta Cristina compareció como imputada por los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, tuvo que limitar la Familia Real a su figura, la de la Reina Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y sus padres, el Rey Juan Carlos I y doña Sofía. Aquella decisión supuso un enorme esfuerzo personal adoptado para proteger a la Corona del desgaste que supondría vincularla con graves acusaciones de corrupción.

Ahora, ante las informaciones aparecidas en diferentes medios nacionales e internacionales y la investigación abierta por la Fiscalía suiza sobre presuntas actividades irregulares de su padre, que lo vinculan con el cobro de 100 millones de euros de Arabia Saudí cuando aún era Jefe del Estado, Felipe VI ha tenido que responder con la misma firmeza -y seguro que con el mismo desgarro personal- rompiendo los vínculos con el Rey Emérito y negando cualquier relación con los hechos. La publicación de nuevos datos en el británico The Telegraph, según los cuales Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de esos pagos a través de una fundación offshore, ha precipitado una decisión que se vendría madurando desde que el 12 de abril de 2019 Felipe VI acudió a un notario para manifestar que desconocía el dinero que su padre podía tener en paraísos fiscales y que en caso de constar su nombre o el de su hija como beneficiarios, habría sido don Juan Carlos el que actuó «sin su consentimiento ni conocimiento» y manifestó «no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro».

Ayer, en un comunicado de la Casa Real, Felipe VI hizo pública dicha decisión al declarar que «el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona». Además, y para explicitar su ruptura con la figura del Rey Emérito, se comunicaba que «S.M. el Rey Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey» y que en los últimos ejercicios rondaba los 195.00 eruos. Se trata, sin duda, de una decisión valiente de la que no existen antecedentes históricos.

Con ella, Felipe VI cumple con su compromiso de regeneración de las instituciones del Estado, de la que deberían tomar nota una parte importante de la clase política. Su honestidad, ejemplaridad y dignidad son el complemento de la inequívoca responsabilidad asumida en la defensa de la unidad de la nación y los principios constitucionales, como demostró con su valiente discurso del 3 de octubre de 2017, tras el golpe independentista en Cataluña. En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de contar con un Rey ejemplar, honesto y responsable.

Nada de lo que está pasando con Juan Carlos de Borbón se entiende sin el papel de la prensa, por su falta de fiscalización. Durante décadas, el rey de España ha estado fuera de control. Era inviolable en la Constitución. No podían juzgarlo los tribunales ni tampoco rendir cuentas ante el Congreso. A partir del 23F, del miedo a una involución militar, los principales medios de comunicación españoles llegaron a un pacto no escrito: proteger al rey para proteger la democracia, o al menos así lo quisieron presentar.

Además de inviolable, el rey se convirtió en impublicable. No le tosía ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial ni tampoco el cuarto poder, la prensa. La inviolabilidad del rey se transformó en una absoluta impunidad.

Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que ha pasado en estos años con Juan Carlos de Borbón.

En negrita, recojo algunos de los argumentos en defensa de la monarquía de los últimos editoriales sobre el rey de El País, El Mundo y ABC. Entre líneas, mis respuestas.

EL PAÍS: «Bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan».

Es justo al revés. Si hay una institución inseparable de las personas y de su comportamiento individual esa es la monarquía. Porque la única persona que aparece citada con su nombre y apellido en la Constitución (artículo 57) es Juan Carlos de Borbón. El «legítimo heredero de la dinastía histórica», lo llama el texto constitucional. Su apellido, su persona y su familia son, por tanto, una institución. Una, indisoluble de las personas que la forman, y que cuentan con más derechos que los demás.

EL PAÍS: «Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas»

La única responsabilidad que el orden constitucional establece para la figura del rey es que es irresponsable ante la ley. Artículo 56: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Es cierto que, desde que Juan Carlos de Borbón abdicó, perdió su inviolabilidad penal. Pero aún así no se le va a poder juzgar por nada previo al año 2014. Precisamente porque el orden constitucional no tiene previsto nada más que la inviolabilidad –y por tanto la impunidad– si el rey hubiera cometido un delito, como hay indicios que pudo cometer.

En cuanto a los procedimientos parlamentarios, pues tampoco parecen ser una vía a tomar. El Tribunal Constitucional sentenció, a cuenta de un intento de comisión de investigación en el Parlament catalán, que la inviolabilidad del rey también impide a los parlamentos actuar.

ABC: «Don Felipe accedió al reinado con un compromiso ineludible de regeneración, sin ataduras emocionales y con la exclusiva prioridad de anteponer su deber a cualquier otra consideración o privilegio. Y así está reinando, con una recuperación muy notable, por cierto, del índice de confianza en la Corona».

No sabemos cómo de alta es esa recuperación. O si existe siquiera. Entre otros motivos, porque el CIS no pregunta por la monarquía desde el año 2015. Probablemente, porque los resultados no saldrían demasiado bien.

El PAÍS: «Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene».

La gran diferencia es que, cuando un cargo electo no tiene un comportamiento ejemplar, se le puede cambiar. No es así con el rey.

ABC: «Don Felipe ha hecho un encomiable alarde de integridad, honestidad y transparencia porque con el sacrificio de la figura de su propio padre refuerza su lealtad a la Corona por encima de cualquier otro interés o persona.

Lástima que llegue al menos un año tarde. Según la propia versión de la Casa Real, fue en marzo de 2019 –y no este fin de semana– cuando Felipe descubrió que le habían designado como heredero de los bienes ocultos en un paraíso fiscal, a través de una opaca fundación.

EL MUNDO: «En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de contar con un Rey ejemplar, honesto y responsable».

Ese es justo el problema que sufrimos hoy. Que en un momento tan terrible como el que estamos pasando, la ciudadanía se encuentra con que el rey emérito –que también nos vendieron como ejemplar, honesto y responsable– es un presunto gran corrupto y defraudador.

El PAÍS: «Se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos».

El artículo 56 de la Constitución establece que el rey es «el jefe del Estado, símbolo de su unidad». Simbolizar el Estado y ejercer «su más alta representación» obliga a una mínima responsabilidad. Que la institución monárquica tenga hoy su reputación deteriorada, como consecuencia de los actos de Juan Carlos de Borbón, claro que afecta a su capacidad para servir a toda la nación.

Que el rey emérito presuntamente se enriqueciera con el cargo, hiciera negocios privados aprovechando la jefatura del Estado y ocultara una fortuna millonaria en paraísos fiscales es algo que deteriora en grado sumo su capacidad de simbolizar nada que no sea la corrupción.

ABC: «Don Felipe ha ofrecido una lección moral a toda la clase política. Nunca en democracia ningún partido político actuó con la rapidez, severidad y ejemplaridad pública con que lo ha hecho ahora Don Felipe en el seno de su propia familia ante la investigación de irregularidades difícilmente explicables».

La rapidez de un año después. Porque la primera reacción de Felipe de Borbón cuando se enteró fue ocultar lo que sabía a la opinión pública. Solo cuando el escándalo ha llegado a los medios, un año más tarde, ha tomado medidas más drásticas y ha anunciado las que antes tomó y no contó. Exactamente igual que han hecho muchos otros partidos pillados en situaciones equivalentes. No desde luego mucho mejor.

EL PAÍS: «La Constitución y las leyes garantizan la libertad de expresión, pese al estado de alarma, y, en este sentido, quienes participaron en la protesta y en la reclamación ejercieron un derecho inalienable. Pero que ejercieran un derecho no quiere decir que cumplieran mejor que el resto el compromiso cívico que en este momento se espera de cada cual, y más cuando se ejercen responsabilidades políticas. No reconocer las evidentes prioridades e ignorar el sentido de la oportunidad, mezclando unos problemas con otros, solo puede ser prueba de oportunismo. Y no es oportunismo lo que exige este tiempo, ni lo que conviene al país, ni, tampoco, lo que merece la actuación irreprochable del Rey.»

Es un derecho inalienable que, en protestas similares, ha quedado limitado por el delito de injurias a la Corona, que en España protege a la monarquía de forma excepcional. Es un delito cuya interpretación rigurosa ya ha costado a España varias sentencias en contra en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, amparando la libertad de expresión.

Y si ambos problemas se han mezclado es porque fue el rey Felipe, y no los «oportunistas» que protestan, quien decidió comunicar este domingo algo que ya sabía hace un año y tomar en este preciso momento las decisiones que tomó.

ABC: «España le debe mucho a la Monarquía en estos casi 45 años de democracia».

¿Y a cuánto asciende esa deuda con Juan Carlos de Borbón? ¿Con cien millones de dólares en Suiza es suficiente, o hace falta un pago aún mayor?

EL PAÍS: «(El rey Juan Carlos) tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época».

El «espejismo de una época» no sirve para disculpar las comisiones presuntamente cobradas por el rey en todo tipo de negocios. Ni su patrimonio millonario, oculto en paraísos fiscales a través de testaferros y fundaciones opacas que investiga la fiscalía suiza. Ni el presunto fraude fiscal. Ni que recibiera ‘donaciones’ millonarias de Arabia Saudí, no se sabe muy bien a cambio de qué. Ni que le sobraran millones para regalar a sus amantes, por lo bien que le cuidaron.

No ha habido ninguna época en las cuatro décadas de reinado de Juan Carlos de Borbón en la que utilizar el puesto para lucrarse indebidamente haya estado bien visto por ningún código ético o moral de los comúnmente aceptados por la mayoría social española. El único espejismo fue el de tantos medios de comunicación que, durante décadas miraron hacia otro lado, ignoraron las evidencias y blanquearon la figura del rey por un mal entendido sentido de la responsabilidad. Ahora –oh, sorpresa– hasta su propio hijo descubre de repente que su comportamiento no ha sido el más honesto ni ejemplar.

El Rey Juan Carlos forjó parte de su leyenda con su papel en el 23F, a pesar de que sus despectivos comentarios sobre Adolfo Suárez a los militares pudieron haber avivado esa intentona golpista protagonizada por su exsecretario general, Alfonso Armada. Pero en esa crisis, una parte importante de la ciudadanía asumió que la monarquía podía tener sentido por lo que algunos ‘juancarlistas’ calificaron «la reserva de fuerza» del rey, su capacidad de actuar en momentos críticos para España y encarrilar la situación.

En la crisis del coronavirus, el papel de la monarquía ha sido justo el contrario. La prioridad de la institución –y de las personas que la forman, que lo mismo son– ha sido lavar los trapos sucios. Protegerse de ese nuevo caso aislado en la familia real. Anteponer los intereses reales a los de todo el país. Por eso primero llegó el comunicado sobre el rey emérito y, tres días más tarde, el mensaje sobre el coronavirus por televisión.

Nadie hereda los pecados de su padre. Tampoco el rey Felipe. La responsabilidad no es hereditaria –aunque la jefatura del Estado tampoco lo debería ser–. Pero si la prensa no cumple con su papel, fiscalizar al poder, dentro de cuarenta años podríamos estar ante el mismo problema que tenemos hoy. Y nos volveríamos a preguntar el porqué.

Pregunta.– Días antes del comunicado del Rey Felipe, usted decía en una entrevista que ponía la mano en el fuego por Don Juan Carlos, ¿lo haría aún?

Respuesta.– Esa misma pregunta me la hicieron cuando aposté por la honradez de la Infanta Cristina. El Rey Felipe VI la desposeyó del título de Duquesa de Palma y las autoridades judiciales la sentaron en el banquillo. Tras varios años angustiosos, el Supremo la declaró inocente, fue la primera víctima de una vasta operación contra la Monarquía española, financiada por la dictadura venezolana como respuesta al «¿por qué no te callas?» del Rey Juan Carlos al dictadorzuelo Hugo Chávez en la Cumbre Iberoamericana de Chile. La operación contra Don Juan Carlos tiene un objetivo final: destruir la Monarquía española. Con relación al Rey padre, lo menos que puede hacerse es esperar a que se pronuncie la Justicia.

P.– El Rey emérito, como todos, tiene derecho a la presunción de inocencia, pero Don Felipe, con su gesto, parece que asume que su padre efectivamente tiene cuentas multimillonarias de origen opaco en el extranjero… ¿Qué sensación le provoca a usted, tan próximo a la institución monárquica como miembro que fue del Consejo Privado de Don Juan?

R.– Felipe VI ha acertado con el comunicado porque, ante una maniobra, tan copiosamente financiada, contra la Corona, era necesario establecer un cortafuegos por muy doloroso que haya sido para el Rey.

P.– ¿Cómo valora el movimiento de Don Felipe, su decisión de romper amarras con su padre?

R.– Don Felipe es un hombre sereno, tranquilo y estudioso. No ha roto amarras con su padre, con el que sigue teniendo una relación fluida. Ha tomado una medida, tal vez imprescindible, para salvar a la Monarquía de la maniobra articulada desde el extranjero por algunos españoles antisistema.

P.– Desde muchos sectores se reclaman al Rey más pasos, ¿usted qué cree que debe hacer el actual titular de la Corona para preservar la institución?

R.– Lo que está haciendo: cumplir con la Constitución en lo que la Constitución le exige. El Rey está para el pueblo, no el pueblo para el Rey. Y la voluntad general libremente expresada por el pueblo español estableció en la Constitución sus funciones y deberes.

P.– ¿Qué opina de quienes reclaman una comisión de investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I?

R.– Tienen todo el derecho a reclamarla y dependerá de las leyes el que esa comisión pueda ir adelante.

P.– ¿Qué cree que dirá la Historia de Juan Carlos I? ¿Hasta qué punto estos hechos ensuciarán su legado?

R– Juan Carlos I encarna, junto a Carlos I, Felipe II y Carlos III, uno de los cuatro grandes reinados de la Historia de España. Ni las amantes de Carlos I ni las aristas de Felipe II con su hijo Carlos ni ciertas veleidades de Carlos III en su política italiana han empañado la grandeza de esos reinados. A Juan Carlos I se debe sustancialmente que España se trasvasara sin traumas desde una dictadura de 40 años, encarnada por el amigo de Hitler y Mussolini, hasta una democracia pluralista plena. Bien aconsejado por Torcuato Fernández-Miranda, Juan Carlos I consiguió lo que su padre Juan III había defendido durante su largo exilio: que el papel de la Monarquía restaurada era devolver al pueblo español la soberanía nacional secuestrada en 1939 por el Ejército vencedor de la guerra incivil.

P.– ¿Se puede desligar la acción de Don Juan Carlos como Rey de su comportamiento personal, en algunos aspectos tan poco ejemplar?

R.– La ejemplaridad de Don Juan Carlos ha consistido en permanecer sin desmayo al servicio del pueblo español durante su extenso reinado. A veces con fiebre alta, a veces con lesiones físicas graves, nunca sin embargo dejó de asistir, a lo largo de 40 años, a los actos a los que se había comprometido. Nunca dejó de pronunciar un discurso anunciado ni de cumplir con las funciones que exige la Jefatura del Estado. Y eso fue así en todo el mundo. Juan Carlos I ha hablado ante el Parlamento británico y ante la Duma de la Unión Soviética; ante el Congreso de EEUU y ante la Asamblea de la China comunista; ha recorrido varias veces el mundo, llevando a todas las naciones la mejor imagen de España. Sandro Pertini, el presidente de Italia que compartió celda con Gramsci, encarcelados ambos por Mussolini, me dijo: «Si una disputa internacional exigiera un arbitraje para su solución, el árbitro sería el Rey Juan Carlos. Todos estaríamos de acuerdo». Ante sus méritos extraordinarios en cuestiones sustanciales y de máxima altura política, resulta absurdo pretender fragilizar al Monarca con minúsculas anécdotas personales. El Rey padre no es perfecto. Habrá cometido errores. Pero la gestión es abrumadoramente positiva para el pueblo español y hay que ser muy miserables para quedarse, como hacen algunos, en las anécdotas menores, desdeñando la categoría.

P.– En una de sus últimas canelas finas en EL MUNDO hablaba de «secuaces de la conspiración» contra la Monarquía, ¿estamos ante una campaña espúrea?

R.– Desde la izquierda radical de Carlos Fuentes al liberalismo de Vargas Llosa, una parte considerable de los intelectuales iberoamericanos aplaudieron el «¿por qué no te callas?» de Don Juan Carlos a Chávez. A su regreso a Caracas, el dictadorzuelo aseguró a los suyos: «Se va a enterar». Y financió generosamente una campaña para desprestigiar al Rey y fracturar la Monarquía por él encarnada.

P.– ¿Qué hubiera dicho Don Juan de todo esto?

R.– No tengo la menor duda. Don Juan se hubiera puesto al lado de su hijo. Cuando Don Juan Carlos, cumpliendo lo que su padre siempre había defendido, convocó elecciones libres en 1977, Don Juan decidió abdicar sus derechos dinásticos en una emocionante ceremonia en el Palacio de la Zarzuela. Después nos reunió a una veintena de consejeros y nos pidió que trasvasáramos nuestra lealtad a su hijo.

P.– ¿Qué opinión le merece la actitud de Doña Sofía cuando ya era vox populi la existencia de Corinna?

R.– Doña Sofía ha sido una Reina admirable, siempre al lado de su Rey, muy por encima de las insidias y los cotorreos. España ha tenido mucha suerte al contar, tras la dictadura de Franco, con una Reina tan entregada a su pueblo y a sus deberes constitucionales.

P.– La Corona atraviesa un momento muy delicado. ¿Usted cree que se puede revertir la situación, podrá recuperar la institución prestigio perdido?

R.– Es verdad que la Monarquía ha perdido una parte del prestigio que había acumulado, pero conserva todavía un alto grado de ese prestigio y de aceptación popular. Y España tiene un Rey joven, serio y responsable, que si cumple con lo que la Constitución le exige podrá superar campañas y conspiraciones.

P.– Muchos van a aprovechar lo ocurrido, en cuanto pase la crisis del coronavirus, para azuzar el debate sobre el fin de la Monarquía…

R.– Los falangistas se reían de Don Juan Carlos y le llamaban Juanito El breve. François Mitterrand escribió: «Heredero de Franco. Bonita pierna para un cojo que corre hacia el vacío». Pues bien, Don Juan Carlos ha ocupado la Jefatura del Estado democrática más tiempo que Franco la Jefatura del Estado dictatorial. Durante su reinado, muchos políticos se declararon juancarlistas para afirmar a continuación que con Don Juan Carlos se terminaría la Monarquía. Cuando Don Felipe se casó con nuestra admirable Reina actual, Doña Letizia, muchos políticos y algunos de nuestros compañeros se reían diciendo que ella nunca llegaría a ser Reina. La sucesión, sin embargo, se ha hecho de manera impecable, sin traumas y con el apoyo del pueblo español. El 86% del Congreso y el 90% del Senado apoyaron la ley de Abdicación. Mire usted, mi querido Eduardo, cuando cayó el Rey Faruk de Egipto, la Secretaría General del Movimiento multiplicó en todos los medios de comunicación del franquismo esta frase: «En el año 2000 solo quedarán cinco Reyes, el de Inglaterra y los cuatro de la baraja». Estamos en el año 2020 y las Monarquías democráticas permanecen consolidadas y se encuentran entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas. Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, España, Japón, Australia o Canadá se enorgullecen de su forma de Estado, que resulta especialmente útil en un sistema parlamentario y que permiten a sus pueblos ejercer en plenitud la soberanía nacional. En la última clasificación de la ONU sobre los países del mundo por su grado de desarrollo y libertad, entre las 10 primeras naciones, figuran siete Monarquías parlamentarias.

P.– En otras monarquías de nuestro entorno ha habido crisis, escándalos, ¿se puede empezar a cuestionar la existencia misma de la institución en el mundo?

R.– Si usted me pregunta qué prefiero, la República de Alemania o la Monarquía de Arabia Saudí, le contestaría que la República alemana. Pero si yo le pregunto a usted qué prefiere, la Monarquía danesa o la República de Pinochet, es seguro que me contestará asegurando que prefiere la Monarquía danesa. Lo importante en la forma de Estado es el contenido. Las monarquías democráticas como las repúblicas democráticas son aceptables. Hay, sin embargo, muchas monarquías e incontables repúblicas que no son democráticas y, por lo tanto, resultan rechazables.

P.– ¿Veremos a Leonor en el trono?

R.– Sí, después de su padre. Dentro de 30 o 40 años, Doña Leonor será Reina de España.

P.– ¿Qué le pareció el Mensaje a la Nación del Rey por el coronavirus? ¿Imaginaba la cacerolada?

R.– Las caceroladas fueron un fracaso estrepitoso. En Madrid no llegaron a 400 los edificios en que se produjeron y con la mitad de los balcones vacíos. Eso sí, algunos medios reiteraron hasta la náusea las caceroladas, poniéndolas al mismo nivel que el discurso del Rey, que tuvo una audiencia máxima.

P.– Hablemos de la crisis del coronavirus, ¿cómo valora usted la gestión que está realizando hasta ahora el Gobierno?

R.– Fue una catástrofe la autorización de las manifestaciones del 8-M, que Pedro Sánchez podía haber aplazado tres meses, porque las feministas tienen derecho a manifestarse y además me parece conveniente que lo hagan para la salud de la sociedad española. Después de ese inmenso error, el Gobierno no ha sido desbordado y ha tomado las medidas necesarias, al margen de la crítica suscitada por el divismo de Pedro Sánchez, que ha pretendido hacerse propaganda electoral aprovechando la pandemia.

P.– ¿Qué valoración le merece el liderazgo que está ejerciendo el presidente?

R.– Por el momento mi valoración es negativa, pero es necesario esperar para tener suficientes elementos de juicio y no perder la objetividad.

P.– Usted siempre ha valorado la sagacidad de Pablo Iglesias, pero ahora se ha puesto a buena parte del país en contra por no respetar la cuarentena…

R.– Me parece una cuestión menor y anecdótica. Iglesias está ejerciendo su vicepresidencia con seriedad, con responsabilidad y sin aspavientos.

P.– Esta crisis ha dejado al descubierto muchas fallas del sistema, ¿cree que saldremos reforzados de esto o es la espita que lo va a dinamitar todo?

R.– Antes de que el coronavirus nos amenazara, se había firmado con el nuevo Gobierno, en enero, el fin de la Transición. Entre 1976 y 1978, se consiguió superar la pandemia de las dos Españas, la de los vencedores y los vencidos. La Transición estableció la concordia y la conciliación entre los españoles, y cuando, dos años después de la muerte del dictador Franco, Pasionaria presidió el Congreso de los Diputados, acompañada en el hemiciclo por Rafael Alberti y por el inolvidado líder de Comisiones Obreras Marcelino Camacho, estaba claro que la Monarquía de todos, defendida desde el exilio por Don Juan y establecida por su hijo Don Juan Carlos, era un hecho. Cuarenta años después, el espíritu de la Transición está liquidado y las nuevas generaciones pondrán en marcha una España diferente como corresponde al devenir de la Historia.

P.– ¿Y qué le parece el modo en que están abordando la pandemia los medios de comunicación?

R.– Nuestros compañeros en los periódicos impresos, hablados, audiovisuales y digitales están haciendo, en líneas generales, una excelente labor al administrar un derecho ajeno: el que tienen los ciudadanos y ciudadanas a recibir información.

P.– Los medios, y en especial sectores como la prensa, ya estaban en una situación muy precaria, rematada ahora por esta terrible crisis…

R.– Creo que Antonio Fernández-Galiano tiene toda la razón y es necesario exigir a Pedro Sánchez la adopción de aquellas medidas que contribuyan a mantener a los medios de comunicación. La libertad de expresión es el cimiento sobre el que se asienta el entero edificio de la democracia. Y sin periódicos libres e independientes, impresos, hablados, audiovisuales y digitales, se resquebrajaría el entero edificio democrático.

P.– Luis María, para acabar, en este momento tan crítico, recomiéndenos sus lecturas imprescindibles para sobrellevar mejor este terrible confinamiento…

R.– Recomiendo cuatro libros que he leído últimamente: España, de José Varela Ortega; En defensa de España, de Stanley G. Payne; la novela Tiempos recios, de Vargas Llosa, y Los desnudos, libro de poemas de Antonio Lucas. Ah, y que vuelva el teatro cuanto antes.

Estoy preguntándome perplejidades desde hace tres días sobre el llamado funeral de Estado por las víctimas del Covid y no salgo ni de mi asombro ni de mis dudas, en mi ignorancia. Empezando por la invitación. Si el acto era en el Patio de la Armería del Palacio Real, ¿por qué no invitaba el Rey? Lo lógico y normal es que la cédula de convite hubiese puesto lo de rúbrica: «Su Majestad El Rey (q.D.g.) y en su nombre el presidente del Gobierno, invitan a…» No. Aquí invitaba el presidente del Gobierno en una casa que además no era la suya. Vamos, como el que te convida a comer en Casa Ciriaco. ¿Cómo para un acto en Palacio se dice en la invitación, y muy de pasada, que «asistirá Su Majestad el Rey»? Y además, ¿el funeral de Estado verdaderamente dicho, con una solemnísima misa de Réquiem, no se había celebrado ya, frente, en la Catedral de la Almudena? ¡Ah, es que ahora se trataba de un funeral civil! Ya hemos inventado las bodas por lo civil, los entierros por lo civil, y algunos padres incluso piden que sus niños hagan la primera comunión por lo civil. Pero si no invitaba el Rey y era en Palacio, ¿por qué ese sitio y el rito, dicen que completamente masónico, que se siguió? El símbolo de la muerte que a todos nos iguala no era allí la Cruz redentora, sino la llama de un pebetero. Más propia de la tumba del soldado desconocido que de los que han querido reducir a números de una estadística, pero son muertos con nombres y apellidos, con familias, con vacíos dejados en un hogar, como recordó en sus certeras palabras el hermano de José María Calleja.

Si de tal se trataba, me sigo preguntando, ¿por qué no se celebró mejor en el Templo de Nebod, que hubiera quedado mucho más apropiado, más druida, en el solar de las que fueron ruinas del Cuartel de la Montaña? ¿Y por qué ese coletudo vicepresidente del Gobierno que se pone de esmoquin con todos sus avíos para ir a los premios Goya acudió descobatado, despechugado? ¿Es más democrático así, y se siente más el dolor por los fallecidos a causa del Covid cuyo número nunca le cuadran a Fernando Simón, que se presentó con una mascarilla decorada con tiburones? ¿Y la presidenta del Senado, dónde me la dejan? Si va ataviada así para los solemnes funerales de Estado por las víctimas mortales del Covid, ¿qué vestido va a dejar para la fiesta de Nochevieja?

Ah, y Octavio Paz. No van a leer un texto sagrado de las Escrituras, faltaría más. En estas parodias de lo religioso, como en las bodas civiles, siempre se tiene a mano un poema para sustituir a un texto evangélico. Pero digo yo: con la de poetas que hay en España, de la generación del 98, de la generación del 27, de la generación de los 50, ¿no había ningún autor español para leer sus versos y teníamos que tirar de un texto de Octavio Paz?

¿Y las impresentables sillas de plástico en tan histórico lugar, dispuestas en un círculo, con perdón, como del corro de la patata? Y la Bandera de España, como una autonómica más. Menos mal que nos quedaba, como siempre, el Rey. Don Felipe VI lo tiene que estar pasando muy mal en estos días, porque cada vez son más los que van directamente a su yugular y a la de la Institución Monárquica. Lo apartan de todo cuanto pueden. Con la de días que hay en el año, ponen el acto el 16 de julio, en la Virgen del Carmen, Patrona de la Armada y de la mar. Cuando el Rey entregaba tradicionalmente los despachos a los nuevos oficiales en la Escuela de Marín. Pero es que este año el Rey no entrega despacho alguno en Academia militar ninguna, con la excusa gubernamental del Covid. Mientras los que están contra la Monarquía aprovechan a una pelandusca de lujo y a un policía corrupto para intentar acabar con ella, lo peor son los que tanto le deben a la Corona y, debiendo ser su honor y su deber defenderla, callan. Cuando están en juego ni más ni menos que España, su Constitución y la Monarquía Parlamentaria.