El suicidio del joven tetrapléjico Vincent Humbert, ciego y mudo, con ayuda de su madre reabre el debate sobre la eutanasia

La muerte compasiva a manos de su madre del joven tetrapléjico francés de 22 años, ciego y mudo, Vincent Humbert, ha vuelto a plantear en toda su crudeza y complejidad jurídico-moral el debate de la eutanasia. El joven, «muerto en vida» tras sufrir un accidente de coche hace tres años, según describe él mismo en un libro-testamento degarrador, había pedido a su madre ayuda para morir y ésta le inyectó el miércoles pasado una dosis masiva de barbitúricos que acabó con su vida. Ningún juicio moral cabe hacer sobre la conducta de esta madre. Y es de esperar que la justicia encuentre una causa de excepción penal a una conducta que, digan lo que digan los códigos, poco o nada tiene que ver con un homicidio propiamente dicho.

Pero este caso, como antes el de Ramón Sampedro en España o el de Diana Pretty en el Reino Unido, es un nuevo aldabonazo no sólo a la conciencia, sino a la responsabilidad política de gobernantes y legisladores. En las sociedades de Occidente, envejecidas y con una conciencia cada vez más aguda entre sus miembros de los llamados derechos de personalidad, incluido el de «morir con dignidad» en situaciones terminales o extremas de la existencia, en las que la vida deja de asimilarse al concepo de vida humana, urge dar una respuesta legal y humanitaria a situaciones que, con diversos matices, son cada vez más frecuentes.

De no hacerlo, no podrá evitarse el recurso cada vez mayor a una eutanasia clandestina que ofrezca esa respuesta a escondidas y a la desesperada, con el concurso de una mano amiga pero inexperta y no con el de la ciencia médica. Ni el peregrinaje de quienes tengan medios a países como Suiza, donde se puede encontrar ayuda en esas circunstancias extremas sin causar problemas legales a los médicos y sin comprometer a los familiares.

En España, el Gobierno del PP sigue negándose en redondo a consensuar nada referente a la eutanasia con el conjunto de las fuerzas políticas. Y ello a pesar de que la sociedad se muestra cada vez más abierta y sensible a la cuestión, según las encuestas. Resulta sencillamente irresponsable seguir rehuyendo un debate política y socialmente necesario por motivaciones ideológicas o religiosas.

LA muerte de Vincent Humbert, ese muchacho francés que quedó tetrapléjico, mudo y sordo de resultas de un accidente de tráfico, nos enfrenta abruptamente con el dilema moral de la eutanasia, como hace años ocurriera con la muerte de Ramón Sampedro. Humbert, como Sampedro, no se ha dejado morir, sino que ha requerido la ayuda de una persona querida para que forzara su muerte. Ambos, antes de consumar su designio, habían pedido a la autoridad que reconociese su derecho a poner fin a una vida anegada por el dolor; en realidad, lo que ambos reclamaban era más bien que se exonerase de responsabilidad a la persona que iba a asistirlos en su suicidio. Una petición que choca frontalmente con los principios rectores de cualquier ordenamiento jurídico, cuya misión primordial consiste en preservar la vida de quienes se hallan sometidos a su imperio, no en disponer instrumentos que coadyuven a su destrucción. La madre de Humbert, al disolver una dosis mortal de barbitúricos en el suero que ayudaba a mantener prendido a la vida al desgraciado joven, ha incurrido en un delito tipificado como tal en cualquier ordenamiento jurídico; otra cosa es que las circunstancias especiales en que tal delito ha sido cometido puedan aminorar la responsabilidad de esa mujer, que seguramente actuó con un propósito piadoso, incapaz de soportar por más tiempo los padecimientos innombrables de su hijo.

Creo que la solución a este dilema irresoluble sólo puede abordarse desde la particular consideración de cada caso. Arbitrar instrumentos jurídicos que legalicen la cooperación al suicidio sólo contribuiría a crear un ámbito de indefensión jurídica. Ni siquiera la mediación del consentimiento de quien desea dimitir de la vida puede actuar como justificación del delito, pues a nadie se le escapa que la interferencia del dolor puede alterar la voluntad del agonizante. Muchos suicidas que han fracasado en su propósito se arrepienten luego de una decisión -por suerte fallida- que adoptaron ofuscados por el infortunio que entenebrecía sus días y su cordura. Por otro lado, no debemos olvidar que personajes tan lóbregos como el doctor inglés Harold Shipman o la enfermera austriaca Waltraud Wagner, acusados de dispensar una «muerte dulce» a cientos de personas, realizaban sus crímenes con una intención misericordiosa, compadecidos del sufrimiento de sus pacientes. Aunque a la postre sus métodos execrables acabaran convirtiéndose en una orgía de muerte sin discriminación, ambos han confesado que comenzaron aplicándolos tan sólo a aquellos pacientes que expresaban voluntariamente su deseo de morir. No creo, pues, que la prestación de un consentimiento por parte del enfermo sea argumento suficiente para justificar una conducta en sí misma delictiva.

Por lo demás, abordar el dilema de la eutanasia a la luz de casos tan extremos -y excepcionales- como el del joven Humbert no creo que contribuya a la ecuanimidad del debate. Antes deberíamos esforzarnos por considerar la naturaleza verdadera del dolor. Se habla de la eutanasia como «derecho a morir dignamente», cuando las dolencias que soportamos impiden llamar vida a la tortura cotidiana que nos aflige. Pero olvidamos una cuestión fundamental: el dolor, la decadencia, el sufrimiento, el menoscabo paulatino de nuestras facultades también forman parte de la vida. Por mucho que el hedonismo imperante pretenda negarlo, lo cierto es que el dolor y, en general, la depauperación de nuestra salud constituyen pasajes ineludibles de la vida, en especial de la vida humana, por ser consciente y capaz de enfrentarse a ese dolor que la dignifica.

El juramento hipocrático -deber de sanar y salvar la vida del paciente en toda circunstancia- ha sido esgrimido por el estamento médico como un límite deontológico insalvable para prestar su apoyo a la práctica de la eutanasia e incluso para fundamentar la objeción de conciencia al aborto. Pero este principio básico de la ley médica, invocable siempre, se enfrenta a una realidad social que, inexorablemente, lleva a una relectura actualizada del mismo: poblaciones sobreenvejecidas en las que son cada vez más frecuentes las situaciones terminales y en las que la propia ciencia médica ha diagnosticado en un tiempo cierto el fin irreversible de quienes las padecen.

La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas a instancias del Senado entre 1.057 médicos sobre su actitud frente a la eutanasia muestra la evolución de este estamento profesional, muy matizada, respecto de una cuestión que afecta de lleno a la práctica médica. El dato más destacable es que seis de cada diez médicos españoles son favorables a la legalización de la eutanasia activa, aunque sólo una minoría se muestra dispuesta a aplicarla. Esta opinión, en principio contradictoria, se explica por la convicción médica, basada en la experiencia profesional, de que muchas peticiones de eutanasia no se plantearían si existieran suficientes centros de cuidados paliativos de enfermos terminales. En todo caso, los propios médicos parecen admitir que el debate entre cuidados paliativos y eutanasia no es excluyente, como se desprende de su apoyo mayoritario a la legalización de esta última, en claro reconocimiento del derecho del paciente en situación terminal a decidir sobre la finalización de su vida.

Con todas las matizaciones que se quiera, los médicos españoles siguen la estela del sentir mayoritario de la sociedad sobre la eutanasia y de las fuerzas políticas favorables a su regulación. Parece esbozarse, pues, un consenso, todavía en ciernes, entre la ciencia, la opinión pública y una parte al menos del estamento político para no considerar un atentado a la dignidad humana ahorrar en determinadas circunstancias, legalmente establecidas, médicamente diagnosticadas y socialmente aceptadas, sufrimientos añadidos a enfermos sin esperanza de vida y facilitarles una muerte digna si ésa es su voluntad libre y fehacientemente expresada. ¿Seguirá el Gobierno del PP, depués de esta encuesta, cerrándose a cal y canto a un debate sobre la eutanasia como quiere el Senado y le exige la mayoría de las fuerzas políticas? De momento, su actitud ha sido más bien ignorarla y ocultarla a la sociedad.