El Tribunal Constitucional admite las candidaturas de Bildu (coalición entre Eusko Alkartasuna, Alternatiba y la ilegal Sortu) y permite que la izquierda abertzale vuelva a las Instituciones

Bildu podrá concurrir a las próximas elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. El Tribunal Constitucional ha dado vía libre a todas candidaturas de la coalición en una decisión sin precedentes que supone dar de lado a los postulados jurídicos que sostuvieron hace solo cinco días los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Finalmente, la mayoría del pleno del Constitucional ha inclinado la balanza a favor de los que veían complejo bloquear el paso a una coalición formada por dos partidos legales (Eusko Alkartasuna y Alternatiba) e independientes procedentes de la izquierda abertzale. A la espera de un análisis profundo del fallo, parece evidente que los magistrados tampoco han tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil presentado en el último momento sobre la supuesta reunión mantenida en 2009 entre EA y ETA que la primera formación ha desmentido. Es un informe del que cabe esperar las explicaciones oportunas.

El fallo, adoptado por una apretada mayoría de seis contra cinco, revela la misma división ideológica, y no solo jurídica, que se registró el domingo pasado entre los magistrados del Supremo. La decisión supone, en todo caso, un rechazo a la doctrina preventiva que el Supremo aplicó al entender que las listas respondían a una estrategia de ETA.

La cuestión de fondo que debía dirimir el Constitucional era determinar si la prueba que llevó a 9 de los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo a anular las 254 candidaturas de Bildu -documentos atribuidos a ETA y a la ilegalizada Batasuna de los que se deduciría que tanto Bildu como Sortu responden a un designio suyo- tenía suficiente solidez como para negar a sus componentes el derecho constitucional a la participación política y al sufragio pasivo. El fallo revela, en línea con la postura mantenida por la minoría de magistrados del Supremo, que esa prueba era una hipótesis de trabajo no sustentada en hechos e indicios contrastados, además de no tener en cuenta los últimos movimientos habidos en la izquierda abertzale a favor de las vías politicas y democráticas y en contra de la violencia. Frente a quienes temen que los terroristas hayan logrado finalmente participar en las elecciones, como esgrime una parte de la derecha, cabe interpretar también que los jueces dejan la puerta abierta a la izquierda abertzale más moderada que se ha distanciado de la violencia y ha pactado sus candidaturas con dos partidos legales de incuestionables principios democráticos.

Puede haber dudas sobre si políticamente es acertado abrir en este momento las instituciones a gentes de la izquierda abertzale o no habría sido mejor esperar. Pero el dilema ha sido resuelto en el ámbito jurídico, donde estaba planteado, y lo que cabe esperar de la decisión es que la aprovechen sus beneficiarios para persistir en su empeño de utilizar las vías democráticas y ganarse esa credibilidad que muchos siguen cuestionando.

LA SENTENCIA del Constitucional sobre Bildu nos parece un gravísimo error por muchas razones. Pero la primera y la principal es que implica la vuelta a las instituciones de una opción política que representa a ETA. Bildu incluye a Batasuna y actuará en sintonía con ETA por muchas matizaciones que se quieran hacer sobre su grado de dependencia. Por tanto, lo correcto es hablar, como venimos haciendo, de Bildu-Batasuna.

El fallo supone que el nuevo brazo político de la banda va a estar presente en el Parlamento navarro, va a gobernar decenas de ayuntamientos del País Vasco y Navarra -probablemente más de 40- y va a tener representación en varios centenares. Ello comporta la posibilidad de obtener dinero, acceso a los datos del censo y los privilegios y la cobertura legal que proporciona el poder municipal.

No es extraño, por ello, que cuadros de la lucha antiterrorista expresaran ayer su decepción a nuestro periódico, subrayando que «se han tirado 13 años de trabajo contra ETA», los transcurridos desde que, a finales de los 90, se empezó a investigar a la banda como un complejo entramado de organizaciones de toda índole.

A los terroristas les ha salido gratis

Si ETA hubiera entregado las armas y hubiera hecho un gesto de arrepentimiento de sus crímenes nada podríamos objetar al fallo del Constitucional. Pero lo peor de todo es que la legalización de Bildu-Batasuna le ha salido gratis a la banda, que no ha abandonado la lucha armada, ni ha hecho la menor autocrítica ni se ha comprometido a nada. Por el contrario, ETA decía en su último comunicado de hace 15 días que quiere tutelar el proceso político que, según sus designios, tiene que desembocar en la hegemonía de una izquierda abertzale que conduzca a la independencia.

ETA es la gran beneficiaria de la sentencia del Constitucional, que no sólo va a contribuir a reforzar políticamente a los terroristas, sino que además va a engrandecer la imagen de la banda, pues no tardará en apuntarse la legalización de las listas como una victoria. De hecho, Bildu se mofó ayer del Constitucional, presentando su resolución como un apaño partidista.

Que ETA va a ser la gran ganadora de la legalización lo sabe todo el mundo y, sobre todo, lo sabe el Gobierno porque él mismo lo ha dicho por boca de la Fiscalía, la abogacía del Estado y los informes de las Fuerzas de Seguridad que han llegado a la conclusión de que la coalición era un artificio creado por la banda para poder volver a las instituciones. Esta afirmación se basa sobre hechos concretos como la reunión entre ETA y EA y no sobre especulaciones.

Nada más producirse el fallo, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que reafirma su respeto por la independencia del Tribunal y subraya su neutralidad respecto a las decisiones de los jueces. Rubalcaba aseguró que «se siente cómodo» con la sentencia porque siempre ha respetado los fallos de los tribunales. Ambas manifestaciones son una falacia que pone en evidencia el doble juego del Gobierno: decir una cosa y hacer otra.

No es cierto que el Ejecutivo y el PSOE hayan estado en contra o al margen de la resolución del Constitucional, como lo demuestran una serie de acciones y declaraciones de las que hemos ido informando. Hagamos un repaso para refrescar la memoria de los olvidadizos: el PSC expresó públicamente su «extrañeza» por el fallo del Supremo respecto a Bildu que calificó de «no adecuado»; dirigentes tan significativos del PSE como Eguiguren, Pastor y Zabaleta abogaron abiertamente por la legalización de las listas; el propio lehendakari, Patxi López, dijo que confiaba en que la Justicia «garantizara» los derechos de quienes figuraban en las candidaturas de Bildu; los líderes peneuvistas Erkoreka y Ortuzar sugirieron una posible resolución favorable del Constitucional tras las conversaciones mantenidas por Iñigo Urkullu con Zapatero y Rubalcaba, y el diputado socialista Eduardo Madina se fue de la lengua ante sus compañeros a quienes anticipó el fallo del Tribunal.

Jueces con disciplina de voto

Si había un amplio sector socialista que quería la legalización y no lo ocultaba, el argumento definitivo que certifica que el Gobierno deseaba que Bildu pudiera estar en las elecciones es el comportamiento de los magistrados afines al PSOE en la Sala del 61 del Supremo y en el Constitucional.

Todos los que votaron a favor de la legalización de las listas habían sido promovidos a sus cargos directamente por el Gobierno o por el PSOE -en el caso del Constitucional- o por el sector llamado «progresista» del Consejo General del Poder Judicial -en el Supremo-. ¿Acaso fue por casualidad?

De forma simétrica, casi todos los que votaron en contra de las listas eran magistrados propuestos por el PP, lo que revela que estamos ante un fallo político, decidido con criterios partidistas y no jurídicos. Ha quedado de nuevo en evidencia que los Altos Tribunales toman sus decisiones en función de intereses políticos con las honrosas excepciones de magistrados como Dívar, Aragón y O’Callaghan, que han demostrado su independencia. Este fallo ahondará el desprestigio del TC, poniendo de nuevo sobre el tapete la necesidad de reformarlo.

La España multinacional

La pregunta es por qué Zapatero y el PSOE han optado por favorecer la presencia electoral de Bildu. Ello es el resultado de la combinación de los intereses del Gobierno a corto plazo para garantizar su mayoría parlamentaria con la falta de un proyecto político coherente a largo plazo. Sea por la crisis ideológica de la izquierda, por su incapacidad de gestionar la economía o por otros factores, da la sensación de que el Gobierno va dando bandazos y poniéndose en manos de quienes le ayudan a sobrevivir, al margen de cuál sea su grado de radicalismo nacionalista.

Parece claro que el interés por contar con los cinco escaños del PNV para poder terminar la legislatura ha condicionado a Zapatero. Urkullu fue muy claro al respecto. Pero también es posible que la cúpula socialista, con Zapatero y Rubalcaba a la cabeza, sueñe con un pacto con la izquierda abertzale que le permita al PSOE configurar una alianza hegemónica en el País Vasco, siguiendo el modelo del tripartito catalán. Eso encaja mucho con sus visiones de una España plural y multinacional en la que el PP estaría condenado a jugar el papel perdedor de una fuerza política identificada con la derecha intolerante. Pero de lo que no se ha dado cuenta Zapatero es de que su estrategia le lleva al desastre, además de conducir a España a la condición de una nación ingobernable y sometida al chantaje de los nacionalistas.

Resta por saber cómo va a afectar la sentencia al Pacto Antiterrorista, que ya de por sí se ha quedado en una carcasa vacía, y si el PP va a seguir apoyando parlamentariamente al Gobierno de Patxi López. El partido de Rajoy debería seguir respaldando al PSE, aunque no se lo merezca, porque no deja de ser en estos momentos la menos mala de todas las opciones. Ello no obsta para que el PP tenga también que hacer autocrítica por haber sido engañado por el PSOE y por haber pactado unas reformas jurídicas que no sirven para casi nada después de la sentencia. Pero al menos los populares han sido coherentes con sus principios, lo que no se puede decir de un PSOE que se ha comportado de forma irresponsable y egoísta en una cuestión de Estado, haciendo un tremendo daño a las víctimas y provocando un notable retroceso en la lucha contra ETA.