El Tribunal Constitucional anula las principal condenas a exdirigentes del PSOE en el Caso de los EREs pese a haberse acreditado el desvío de dinero público

El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente la condena por prevaricación a la exministra y exconsejera de Hacienda de Andalucía Magdalena Álvarez en el caso de los ERE. Por una mayoría de siete a cuatro, los magistrados consideran que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo incurrieron en un error de bulto al sancionar penalmente a Álvarez, quien puso en marcha hace más de dos décadas el sistema de pago de ayudas sociolaborales para empresas en crisis en la Junta andaluza. Este sistema era aprobado cada año por el Parlamento autonómico en la ley de Presupuestos de la comunidad sin que la oposición presentase objeciones. Aunque el Constitucional analizará cada recurso individualmente, es probable que la doctrina se aplique a otros excargos de la Junta condenados que han recurrido, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El caso de los ERE, cuyas pesquisas empezaron en 2011, fue un grave episodio de corrupción que gangrenó la Consejería de Empleo durante una década y que fue decisivo para la erosión electoral del PSOE en Andalucía. La instrucción del evidente pillaje de fondos públicos tuvo una derivada política que acabó con la condena de la cúpula socialista de la Junta. La investigación inductiva que la jueza Mercedes Alaya hizo de esta rama del caso fue avalada, no sin la sorpresa de numerosos juristas, tanto por la Audiencia de Sevilla como por el Supremo.

Más de una década después, el pronunciamiento del Constitucional establece lo obvio: en democracia las leyes no delinquen, en todo caso se someten a un juicio de constitucionalidad. El amparo que ha recibido Álvarez restablece el equilibrio en la separación de poderes que se quebró cuando se estimó que el sistema, aprobado por la Cámara autonómica, era ilegal, cuando lo realmente perverso y, en su caso, delictivo, fue el uso espurio que se hizo de él.

Igualmente relevante será la decisión que adopte el Constitucional sobre el amparo de los condenados por malversación, entre ellos Griñán, a quien se le impuso una pena de seis años de prisión por la gestión en su etapa en la Consejería de Hacienda. Pese a que el desfalco se produjo de forma indiscutible en el departamento de Empleo, el Supremo concluyó que “desde criterios de racionalidad y sentido común” Griñán tenía que ser consciente de las irregularidades como consejero de Hacienda. Además de abrir una sorprendente vía para actuar contra los responsables de Hacienda en cualquier administración ante un caso de corrupción (ya sea un concejal, un consejero o un ministro), la inferencia que hizo el Supremo dista de ser una prueba irrebatible. La Intervención General de la Junta de Andalucía alertó del procedimiento con el que se estaban dando las ayudas, pero nunca hizo un informe de actuación, que sí advierte del menoscabo de fondos públicos y que obligatoriamente tenía que haber sido entregado al titular de Hacienda.

En este sentido, las dos magistradas del Supremo que discreparon de la sentencia del caso ERE subrayaron que los cinco condenados por malversación que no pertenecían a la Consejería de Empleo debieron ser absueltos de este delito porque ninguno tuvo conocimiento de las irregularidades. Su condena, añadieron, era un “salto al vacío” que ahora busca reparación en el Constitucional.

A la espera de los recursos pendientes, el pronunciamiento del alto tribunal viene a poner orden, mediante una cuidada argumentación técnica, en un caso de corrupción en el que la depuración de las responsabilidades políticas y las penales se entrelazaron fuera de la lógica.

Los siete magistrados del Constitucional designados a propuesta del PSOE consumaron ayer la práctica impunidad del mayor desfalco clientelar de la historia europea al anular las condenas de sus máximos responsables políticos: precisamente los ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El órgano de garantías procede así al borrado de los ERE, el despilfarro sin control de 680 millones de euros de los parados que sin embargo fueron destinados a comprar voluntades. La voluntad del PSOE será conducirse ahora como si semejante escándalo nunca hubiera sucedido. No sólo eso, su intención será la de tratar como héroes a sus protagonistas, consagrando el patriotismo de partido como base fanática de la democracia sentimental de Pedro Sánchez.

Este atropello arbitrario representa un rejón de muerte sobre la credibilidad del órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido. No hay precedentes de semejante invasión de las competencias del Tribunal Supremo: es a los jueces independientes a quienes corresponde interpretar los tipos penales y evaluar la prueba y no a los magistrados de extracción política, porque de esta forma se corre el riesgo de convertir el Constitucional en una cámara de impunidad en la que el Gobierno y sus afines se aseguren un blindaje respecto de sus casos de corrupción. A Pumpido se le atribuye un prestigio que sin embargo ha puesto al servicio de la destrucción del crédito de las dos instituciones del Estado que ha dirigido, una y otra al descarado servicio del poder cuando él ha estado al frente. Por ese motivo se le recordará siempre.

Hasta 15 jueces constataron que el Gobierno andaluz del PSOE creó un sistema para repartir con «absoluto descontrol» 679 millones destinados a comprar la paz social para perpetuarse en el poder. Eludieron conscientemente los órganos de supervisión cuya función es impedir que los fondos se despilfarren sin atender a los requisitos para que llegue a quien lo necesita. Porque se trataba de comprar voluntades, premiando arbitrariamente a los afines. No podrán borrar los hechos.

Con este aval, Sánchez presenta hoy en el Congreso su paquete de «regeneración democrática», en realidad medidas para intimidar a los medios de comunicación, ideadas tras saber que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por un juez. El Gobierno que ha dilapidado el prestigio del gozaban instituciones como el CIS, antaño un respetuoso centro de referencia de estudios sociológicos y hoy sumido en el descrédito y la burla por Tezanos; el Gobierno que mantiene a un fiscal general que está al borde de la imputación; el Gobierno que propone a ministros en activo para dirigir el Banco de España, un supervisor que requiere autonomía, rigor y transparencia; el presidente cuya esposa y hermano están siendo investigados por una sospecha de conflicto de intereses; y así un sinfín de movimientos de similar índole en organismos tan delicados y llamados al consenso como RTVE o el Consejo de Estado. ¿Qué credibilidad tiene para establecer estándares de ética quien comete estos abusos de poder?