El Tribunal Constitucional considera legal el matrimonio homosexual derrotando al recurso del Partido Popular

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado su visto bueno a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo al considerar que es acorde con la Constitución y que no vulnera ninguno de sus artículos. La sentencia aporta sosiego y normalidad en momentos en los que, a la crisis económica que se abate sobre la sociedad, se superponen iniciativas legales de motivación más bien ideológica en materias percibidas por una poderosa mayoría de la sociedad como una ampliación de derechos que debe estar al margen de intolerancias.

El fallo ha obtenido una mayoría clara, lo que da a entender que en su motivación han prevalecido los argumentos jurídicos sobre los de otro tipo. Hay que resaltar como jurídica y éticamente coherente la abstención del magistrado Francisco J. Hernando por haber avalado un informe contrario al entonces proyecto de ley de matrimonios homosexuales del gobierno de Zapatero cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Además de sus efectos jurídicos, el fallo ha tenido una incidencia social inmediata de primer orden: ha acabado con la incertidumbre que planeaba sobre los casi 22.500 matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados desde la entrada en vigor de la ley, en junio de 2005. Tres meses después, el PP presentó su recurso, intranquilizando a quienes se acogían a la nueva ley, una situación que el Constitucional ha prolongado en exceso con un inexplicable retraso incluso para los tiempos judiciales a los que acostumbra.

Huelga decir que el Gobierno y el PP aceptarán y acatarán el fallo. Habrá, además, quienes se sentirán satisfechos, como Esperanza Aguirre, que se mostró desde el principio a favor de la iniciativa sobre la total equiparación legal —incluido el matrimonio— entre parejas homo y heterosexuales, y el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que siempre mantuvo la constitucionalidad de la ley. Efectivamente, el Constitucional ha estimado que la ley encaja en el artículo 32 de la Constitución que ampara el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, dejando a una ley orgánica la regulación de las distintas formas del matrimonio. Rechaza, pues, un concepto de matrimonio en exceso tributario de su origen histórico, atribuyéndole una finalidad exclusivamente procreadora.

Como toda institución jurídica, la del matrimonio también está sujeta a la evolución del tiempo: su forma puede cambiar sin que pierda su rango más esencial: la unión libre de dos personas en un proyecto de vida en común que, cualquiera que sea su sexo, merece la máxima protección legal del Estado. Contra los agoreros que tras la entrada en vigor de la ley de matrimonio homosexual anunciaron todos los males posibles sobre la familia, esta sigue siendo en sus diversas formas y encajes jurídicos lo que ha sido hasta ahora: un espacio de relación personal y de convivencia, a veces no exenta de tensiones, entre personas unidas por el afecto.

Muchos hombres han querido legislar contra la naturaleza. Cuenta Herodoto que el rey Ciro II de Persia, en campaña contra Babilonia, tuvo que cruzar el río Gyndes, que hoy se llama Diyala, entre Irán e Irak. Tan fuerte era el caudal que se llevó agua abajo al caballo preferido del rey. Entonces Ciro, furioso, decidido condenar al río por su insolencia: sentenció a muerte al Gyndes y ordenó excavar acequias para desecar su cauce. Ciro cruzó el río, reducido ahroa a un hilillo, contemplando con ojos triunfales la ejecución de su sentencia. ¿Victoria? No. El Gyndes tardó muy poco en volver a su anterior caudal. La naturaleza siempre es más fuerte que el hombre. Por eso es ridículo legislar contra la naturaleza. Como pretendió Ciro II. Y como pretende el Tribunal Constitucional

EL FALLO del Tribunal Constitucional que confirma la legalidad del matrimonio homosexual ratifica la ampliación de los derechos civiles en nuestro país y, por ello, la valoración de esa resolución tiene que ser positiva. EL MUNDO siempre ha defendido que los derechos deben ser los mismos para todas las personas y, evidentemente, no pueden estar sujetos a la orientación sexual de cada uno. Ése ha sido el criterio de los miembros del Tribunal, que han dado un rotundo aval al matrimonio homosexual. Aunque habrá que esperar a conocer en detalle la argumentación jurídica y los votos particulares para analizar mejor el fallo, el resultado de ocho a tres revela un amplio consenso e indica que magistrados propuestos por el PP han votado a favor de la constitucionalidad de la norma.

Antes de aprobarse la ley del matrimonio gay había un vacío legal que dejaba desprotegidas a parejas que no existían para la Administración, puesto que su unión no podía quedar registrada. EL MUNDO reclamó desde un principio que se acabara con esa discriminación. Pero el periódico también discrepó de la fórmula nominal elegida en su día por Zapatero para aprobar las uniones entre gays y lesbianas. Existía la opción de haberlas denominado «unión conyugal», pero el PSOE se negó a pactar con el PP cómo plasmar ese reconocimiento legal. Prefirió quedar bien con los colectivos más militantes antes que buscar el consenso con el primer partido de la oposición en un asunto ciertamente sensible desde el punto de vista social.

Había argumentos para que el PP recurriese la ley al Constitucional y no se le puede demonizar por hacerlo. No es ya que la Constitución hable del derecho del «hombre y la mujer a contraer matrimonio», es que el Consejo de Estado expresó sus dudas en el dictamen que le pidió el Gobierno, e incluso sugirió que sería «preferible» utilizar una «denominación diferente» a la de «matrimonio». También el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe en el que aseguraba que abrir el matrimonio a las parejas homosexuales «adulteraba» el contenido de esta institución. Por todo ello, presentar ahora al PP o a quienes han propuesto una regulación distinta de los derechos de los homosexuales como «homófobos» o exigirles -como ayer reclamaba la socialista Elena Valenciano- «que pidan perdón» es injusto y es un exceso. Países de mayor tradición democrática como Francia y Gran Bretaña regularon la igualdad de derechos de los gays sin modificar la institución del matrimonio. ¿Son las sociedades francesa y británica y sus líderes políticos retrógados por ello? Lo que es terrible es que el Constitucional haya tardado siete años en resolver, alargando así la incertidumbre. Ello revela una vez más la necesidad de reformar esta institución.

Desde que la norma entró en vigor, en 2005, el número de matrimonios homosexuales es de unos 3.000 al año. Está claro que la calidad democrática de un país no se mide por los números, pero el hecho de que menos del 2% de todas las bodas sean entre personas del mismo sexo ayuda a comprender que el ruido que acompañó a esta iniciativa ha contado con amplificadores extraordinarios. El Constitucional ha zanjado la polémica y, al hacerlo como lo ha hecho, otorga un reconocimiento a Zapatero y a su apuesta por los derechos de las minorías. Es de justicia subrayarlo.