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El magistrado progresista, Manuel Aragón, votó junto a los conservadores

El Tribunal Constitucional legaliza Sortu, la última denominación de Batasuna por seis votos contra cinco

HECHOS

El Tribunal Constitucional, por seis votos contra cinco, aprobó el 20.06.2012 la legalización de la formación política Sortu.

LOS JUECES CLAVE EN LA VOTACIÓN

pascual_Sala D. Pascual Sala (Progresista) era el presidente del Tribunal Constitucional al producirse aquella votación. Votó a favor.

elisa_perez_Vera Dña. Elisa Pérez Vera (Progresista) fue la redactora de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional legalizó Sortu. La presidenta de la Comunidad de Madrid consideró irónicamente la ‘casualidad’ de que fuera ella misma, puesto que también fue la redactora de la sentencia que aprobó el Estatut.

francisco_jose_hernando El ex presidente del Tribunal Supremo (TS), D. Francisco José Hernando (Conservador), lideraba a los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. Todos ellos (cuatro de once) votaron en contra de la legalización de Sortu por considerar que era una formación pro-terrorista.

Manuel_Aragon D. Manuel Aragón Reyes (Progresista), al contrario que sus seis compañeros progresistas se opuso a la legalización de Sortu, por considerar que la formación estaba ligada al terrorismo y votó junto a los conservadores.

24 Marzo 2011

Sortu: por ahora, no

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El Supremo no ve pruebas suficientes de ruptura definitiva con el pasado compartido con ETA

El Tribunal Supremo respalda el criterio del Gobierno de no inscribir a Sortu, la nueva marca electoral de Batasuna, en el registro de partidos. A la espera de conocer la fundamentación jurídica de la sentencia, de los testimonios oídos en la vista pública y de su valoración por las partes se deduce que el tribunal se atiene a lo obvio, la continuidad organizativa entre Batasuna y Sortu, sin que aprecien razones suficientes para aceptar que ha habido una ruptura de los vínculos que la izquierda abertzale mantenía con ETA.

Así lo sostuvieron los agentes policiales que comparecieron como testigos, si bien no presentaron pruebas fehacientes de su principal conclusión: que el distanciamiento de ETA por parte de Sortu, incluyendo el compromiso de condenar eventuales atentados futuros, había sido pactada con la propia banda; se trataría entonces de una aceptación formal de las exigencias de la Ley de Partidos con la intención real de burlarla: un fraude de ley. Frente a esa conclusión el abogado Iruin invocó el debate interno de la izquierda abertzale cuyo resultado habría sido dejar sin espacio político a ETA. Sobrentendiéndose que esa era la condición para que ETA optara por disolverse.

Es un buen argumento que se enfrenta, sin embargo, con la evidencia de que ETA no lo comparte, lo que podría dar lugar a una situación en la que fuera compatible el rechazo del terrorismo con la existencia de una banda que no renuncia a atentar: que se mantiene como amenaza latente. Entre la presentación de sus estatutos y la sentencia de ayer, Sortu ha sido incapaz de aclarar algunos puntos esenciales: si renuncia a la negociación que ETA sigue considerando eje de su estrategia; si su renuncia a la violencia incluye la condena de la que durante 30 años ha justificado en nombre de esa estrategia; si exige la disolución de ETA.

Ante esa situación, el tribunal parece haber optado por un criterio prudencial (y poco comprometido): de momento, no. Es decir, no a la legalización mientras el transcurso del tiempo no confirme o desmienta los indicios contradictorios existentes. Con la posibilidad de que la decisión definitiva la ofrezca el Tribunal Constitucional. La prueba del tiempo será decisiva para el desenlace, se produzca este por desistimiento de ETA o por pruebas más convincentes de que Sortu está dispuesta a dejar a la banda sin terreno en el que aplicar su estrategia.

21 Junio 2012

La peligrosa ingenuidad del Constitucional

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

TAL Y COMO adelantó este periódico en su edición de ayer, el Tribunal Constitucional ha legalizado Sortu, la formación a la que el Supremo situó fuera de la ley por considerar que era un artificio político de ETA para suceder a la ilegalizada Batasuna. La sentencia, dictada con seis votos a favor y cinco en contra, estima el amparo solicitado por los miembros de Sortu, anula el auto de la Sala del 61 y concede al partido el derecho de inscripción en el registro. El tribunal ha fallado de acuerdo con el contenido de la ponencia de Elisa Pérez Vera, que sostiene que «la eficacia de la rotunda condena de la violencia en los estatutos y en las declaraciones de los promotores del partido no puede estar sometida al dilema de la mayor o menor sinceridad del sujeto». Esta muestra de credulidad, aparte de ser muy sospechosa, no va acompañada de refutación alguna de los elementos de convicción de la sentencia del Supremo, y éstos no se fundaban en juicios de intenciones -como parece sostener el TC-, sino en el hecho cierto de que Sortu no ha condenado los atentados de ETA y en documentos de la banda que marcaban los criterios de actuación de la izquierda abertzale después de la ilegalización de Batasuna. Ello llevó al Supremo a concluir que «ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido, así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia».

La propia sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ratificó la ilegalización de Batasuna aseguraba, en la misma línea, que «el programa de un partido político no puede ser tenido en cuenta como el único criterio para determinar sus objetivos e intenciones», sino que es necesario compararlo «con los actos y tomas de posición de sus miembros y dirigentes». Ninguno de los dirigentes de Sortu ha condenado los atentados ni ha pedido a la banda que se disuelva.

El fallo del Constitucional es un retroceso a la situación anterior a la Ley de Partidos y no puede desvincularse del alto el fuego «permanente» decretado por ETA el pasado año, a pesar de que la banda ni se ha disuelto ni muestra intención alguna de hacerlo. Nadie puede negar la legitimidad de la composición del tribunal sentenciador, pero tampoco se puede ignorar que hay magistrados cuyo mandato ha expirado tiempo ha e incluso un fallecido en 2008 que no ha sido sustituido. Dado que parece que el acuerdo PP-PSOE para la renovación del TC está al caer, es muy significativo que la sentencia haya sido decidida por el tribunal en su actual composición, que no se corresponde con las previsiones constitucionales. En este sentido, hay que señalar que la actuación del Gobierno ha sido, cuando menos, ambigua y sospechosa.

Como es lógico, las asociaciones de víctimas han considerado vergonzosa la legalización. Es cierto que el TC abre un pequeño resquicio a que Interior pueda rechazar la inscripción de Sortu en el registro si no cumple «los demás requisitos legales» de la Ley de Partidos. Pero para entender por qué el fallo puede ser considerado como una afrenta, basta ver la reacción de Batasuna. Pernando Barrena fue claro: «Hoy Sortu, mañana presos vascos a casa».

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