El Tribunal de La Haya condena a general serbo-bosnio Radislav Krstic por el genocidio de Srebrenica, siendo la primera persona condenada por esta causa

La condena del general Radislav Krstić representa un punto de inflexión en la investigación de los crímenes cometidos durante la desintegración de Yugoslavia. Por primera vez, un tribunal internacional ha declarado que las matanzas de Srebrenica constituyeron un genocidio y ha condenado por ese delito a un alto mando del Ejército serbobosnio. El fallo establece que no se trató simplemente de excesos militares ni de muertes inevitables en combate, sino de una operación organizada para eliminar a los varones musulmanes de Srebrenica y destruir la supervivencia de aquella comunidad en el enclave. La sentencia, recurrible, atribuye a Krstić una responsabilidad penal concreta, pero plantea inevitablemente la cuestión de quién decidió las ejecuciones y quiénes facilitaron su realización. El general Ratko Mladić, comandante en jefe de las fuerzas serbobosnias, y el antiguo presidente Radovan Karadžić continúan eludiendo las órdenes de detención internacionales. La condena de uno de sus subordinados aporta elementos para examinar la estructura militar y política en la que se desarrolló el genocidio, aunque no sustituye la necesidad de probar individualmente las responsabilidades de sus superiores. El Tribunal ha conseguido juzgar a un general, pero su capacidad para esclarecer toda la cadena de mando dependerá de que consiga llevar ante sus magistrados a quienes ocupaban los puestos más elevados del poder serbobosnio.

La colaboración de las nuevas autoridades de Belgrado presenta, mientras tanto, un balance contradictorio. La caída de Slobodan Milošević en octubre de 2000 y la llegada al poder de Vojislav Koštunica en la presidencia federal yugoslava y de Zoran Đinđić al frente del Gobierno de Serbia han abierto una etapa diferente. El hecho decisivo se produjo el 28 de junio de 2001, cuando el Ejecutivo serbio ordenó entregar a Milošević al Tribunal de La Haya, donde ingresó al día siguiente. Por tanto, la posibilidad de que la justicia internacional alcance al antiguo dirigente serbio ya no es una hipótesis: Milošević se encuentra detenido en La Haya y pendiente de juicio. Sin embargo, su entrega reveló las profundas divisiones de las nuevas autoridades: Đinđić defendió la cooperación con el Tribunal como una condición para superar el aislamiento internacional y acceder a la ayuda económica, mientras Koštunica denunció la extradición como ilegal e inconstitucional. La detención de Krstić, por otra parte, no fue resultado de la colaboración serbia, sino de una operación de las tropas internacionales desplegadas en Bosnia en diciembre de 1998. Estos antecedentes permiten hablar de una cooperación real, pero todavía parcial, desigual y condicionada por la presión exterior.

El principal obstáculo pendiente es la situación de Karadžić y Mladić. Su permanencia en libertad demuestra que la sustitución de Milošević por gobiernos democráticamente elegidos no ha desmantelado automáticamente las redes políticas, militares y de seguridad que durante años protegieron a los dirigentes serbobosnios. Belgrado y las autoridades de la República Srpska deberán demostrar si están dispuestos a cumplir sus obligaciones internacionales también cuando afecten a figuras que conservan apoyos nacionalistas. La entrega de Milošević demuestra que ningún antiguo gobernante tiene garantizada la impunidad, pero la condena de Krstić plantea una exigencia adicional: que la justicia no se detenga en los mandos intermedios mientras los principales dirigentes permanecen fuera de su alcance. Tampoco puede darse por anticipada la culpabilidad de Karadžić, Mladić o Milošević: sus responsabilidades deberán establecerse en procesos independientes y con todas las garantías. La credibilidad de La Haya dependerá tanto de su capacidad para perseguir a los acusados de mayor jerarquía como de su disposición a distinguir rigurosamente entre responsabilidades políticas, militares y penales.

JF